La Superintendencia de Sociedades inició un proceso de sanción contra Conalvias luego de la condena contra el expresidente de la compañía Andrés Jaramillo por actos de corrupción. Las multas podrían ser monumentales.A Jaramillo lo condenó la justicia colombiana en segunda instancia este año por haber ofrecido sobornos al entonces director de la Unidad de Mantenimiento Vial de Bogotá a cambio de contratos.Según la ley, la Superintendencia de Sociedades podría imponer multas de hasta 200.000 salarios mínimos (más de 236 mil millones de pesos). También puede inhabilitar a Conalvias para contratar con el Estado o remover a los administradores, entre otras medidas.La paradoja es que hoy Conalvias está en liquidación judicial. Es decir que ni siquiera está operando y es incierto si podrá pagar sus deudas actuales y mucho menos una multa de este tipo.Conalvias además tiene en la lista de pendientes el pago de una condena de la Contraloría General de la República por responsabilidad fiscal por el carrusel de la contratación en Bogotá.Le puede interesar:
Iván Moreno, exsenador condenado por carrusel de la contratación, no logró tumbar la pena de 14 años de prisión ante la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal le dio un no definitivo.La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le negó la acción de nulidad que interpuso Iván Moreno ante este alto tribunal al considerar no se le había vulnerado todos sus derechos procesales, que era lo que el exsenador alegaba en su petición.En el entonces carrusel de la contratación, Iván Moreno habría aprovechado que su hermano Samuel era el Alcalde Mayor de Bogotá y manejaba la cesión de algunos contratos viales de Bogotá, por lo que Iván Moreno fue condenado a 14 años de prisión y pese a sus múltiples peticiones no logró tumbar la condena que le impuso la Corte Suprema de Justicia.Vea también:“En cumplimiento de estos convenios en interés particular y de terceros, los funcionarios del IDU en complot y con la participación del aforado, juntamente con su hermano Samuel, a través de Emilio Tapia Aldana y demás miembros del grupo ya descrito, adjudicaron los contratos tanto de valorización como de interventoría aludidos, amañando los procesos contractuales incluyendo el trámite, evaluación y selección de las propuestas favorecidas”, señala el proceso en su contra.Además señala que junto con su hermano Samuel, participaba como determinador, a través de Emilio Tapia, en el convenio a que habrían llegado el representante legal de CONALVÍAS, Andrés Jaramillo, con el mismo grupo integrado por funcionarios del IDU encabezados por Liliana Pardo, el Contralor y el Personero Distrital, concejales de la ciudad y particulares, entre otros, de aceptar los últimos del primero, la promesa de pago de 30.000 millones de pesos como comisión, si el IDU autorizaba la cesión del contrato No. 137 de 2007 que finalmente hizo la UT TRANSVIAL a CONALVIAS, el 17 de febrero de 2010.Recordemos que el exsenador fue condenado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, enriquecimiento ilícito de particulares e interés indebido.Escuche el Podcast Cómo Como:
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia negó el recurso de impugnación que había sido presentada por la empresa Conalvías contra una multa de $173.000 millones impuesta por la Contraloría por irregularidades en la Fase III de TransMilenio.El alto tribunal analizó los argumentos que presentó Conalvías y consideró que las actuaciones de la Contraloría estuvieron ajustadas con las investigaciones en las que se evidenciaron sobrecostos cuando esa firma tenía el control de las obras en ese tramo del sistema de transporte masivo de Bogotá.De igual forma, se estableció dentro del fallo que Conalvías se equivocó frente al recurso presentado advirtiendo que, si hubo vulneración de derechos con la sanción y publicación de fiscal de la Contraloría, debió presentar otro mecanismo jurídico.Vea también: Queda en libertad Andrés Jaramillo, expresidente de ConalvíasAsimismo, la Corte analizó la decisión que tumbó el concepto de la Superintendencia de Sociedades a favor de Conalvías, por la que concedió una reconfiguración de la empresa y como consecuencia no podía ser objeto de ningún cobro.Esta determinación atentaba contra la sanción de la Contraloría y ponía a Conalvías en el escenario de asumir la responsabilidad fiscal por el detrimento patrimonial que se generó por cuenta de las irregularidades que se registraron en el marco del denominado “carrusel de contratos” de Bogotá.Para la Corte, la sanción de la Contraloría “no es una simple cautela destinada a garantizar la satisfacción de las condenas impuestas en el fallo de responsabilidad fiscal, pues también busca proteger al Estado de entablar cualquier tipo de relación con quienes le causaron detrimento patrimonial”.
En libertad quedó Andrés Jaramillo López, expresidente de Conalvías, quien era procesado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer por haberse beneficiado, según los argumentos de la Fiscalía, de cerca de 269.000 millones de pesos. Vea también: "Queda en libertad Miguel Antonio Rico, alcalde de Pitalito, HuilaLa decisión la tomó el juzgado 20 de conocimiento de Bogotá, quien se negó a prorrogar la medida de aseguramiento pedida por la Fiscalía en contra de Jaramillo López.Así las cosas, el juez ordenó la inmediata libertad del empresario, procesado por presuntos hechos de corrupción en el llamado ‘Carrusel de la contratación’ de Bogotá. Cabe recordar que el pasado 25 de octubre de 2017 la Fiscalía General de la Nación anunció una nueva imputación de cargos a Jaramillo, relacionada con captura en Boyacá del empresario Víctor Manuel Vargas, representante legal de la fundación ‘Bogotá un espacio para amar’, que, según el ente investigador, se prestó para esconder más de 13 mil millones de pesos. La fiscal Luz Ángela Bahamón, jefe de la unidad de lavado de activos, explicó en su momento que el dinero era proveniente del anticipo para construir la obra de la calle 26, fase III del Sistema Transmilenio. Cabe señalar que este contrato inicialmente fue otorgado al Grupo Nule, pero por los ya conocidos incumplimientos en la construcción, fue cedido a Conalvías por el IDU y la administración del entonces alcalde Samuel Moreno.
La Fiscalía General de la Nación anunció una nueva imputación de cargos a Andrés Jaramillo, exgerente de Conalvías, por el delito de lavado de activos en el denominado ‘Carrusel de la contratación de Bogotá’. La nueva imputación a Jaramillo está relacionada con la reciente captura en Boyacá del empresario Víctor Manuel Vargas, representante legal de la fundación ‘Bogotá un espacio para amar’, que, según la Fiscalía, se prestó para esconder más de 13 mil millones de pesos. La fiscal Luz Ángela Bahamón, jefe de la unidad de lavado de activos, explicó que el dinero era proveniente del anticipo para construir la obra de la calle 26, fase III del Sistema Transmilenio. Cabe señalar que este contrato inicialmente fue otorgado al Grupo Nule, pero por los ya conocidos incumplimientos en la construcción, fue cedido a Conalvías por el IDU y la administración del entonces alcalde Samuel Moreno. Esta es la tercera imputación en contra de Jaramillo, que ya fue presentado ante un juez por los casos de la malla vial y la calle 26, y ahora enfrentará el próximo 31 de octubre cargos por lavado de activos en este nuevo proceso del ente acusador.
La Contraloría alertó sobre el recurso presentado por Conalvías, con el que la polémica empresa busca evitar el pago de más de 173 mil millones de pesos por su responsabilidad dentro del escándalo del carrusel de Bogotá. Acudiendo a varias argucias jurídicas, según la Contraloría, Conalvías ha buscado que se retracte el proceso de cobro para recuperar el daño fiscal causado por los sobrecostos de las obras del Transmilenio de la calle 26. Justamente frente a eso, la firma constructora presentó ANE el Tribunal Superior de Bogotá una acción de tutela pidiendo se cancele su inscripción en el Boletín de Responsables fiscales y que, además, no se haga efectiva la inhabilidad que hoy tiene para contratar con el estado. El contralor Edgardo Maya rechazó la herramienta judicial y manifestó que se trata de un nuevo bloqueo que se pretende a las competencias del ente de control. “Defenderemos las facultades de la CGR ante los estrados judiciales y la autonomía que le fue dada para declarar la responsabilidad fiscal y hacerla exigible a través del cobro coactivo”, dijo. Cabe recordar que a finales de enero, la Contraloría alertó entonces sobre la posibilidad de que la firma Conalvías lograra liberarse de fallo de responsabilidad fiscal del 20 de diciembre de 2016 que le obliga a pagar $173.908 millones de pesos por los sobrecostos de las obras del Transmilenio de la calle 26. Según la Contraloría, su intención es suspender todos los efectos que se derivan de este fallo, cómo lo es el desembargo de la maquinaria por valor de $130.000.000 millones, medida que se le aplicó que desde hace 5 años cuando se declaró responsables al ex Alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, y otros (entre ellos los integrantes del llamado Grupo Nule). El contralor también se refirió a una decisión de la Superintendencia de Sociedades, que abrió la posibilidad de que la empresa involucrada en este caso de corrupción escape a la acción de la Contraloría General de la República para recuperar los dineros públicos perdidos.La Contraloría alertó sobre el recurso presentado por Conalvías, con el que la polémica empresa busca evitar el pago de más de 173 mil millones de pesos por su responsabilidad dentro del escándalo del carrusel de Bogotá.
Tras conocerse el traslado del expresidente de Conalvías, Andrés Jaramillo, al centro de estudios de la Policía Nacional (Cespo), el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ordenó revertir la orden emitida por el Instituto Nacional Penitenciario en relación al traslado de Jaramillo desde el búnker de la Fiscalía a Cespo. Martínez aseguró que es un "pésimo mensaje que Clubes oficiales sirvan de centros de reclusión para indiciados o condenados por corrupción”, y a su vez, ordenó que se detenga el traslado. Cabe recordar que Andrés Jaramillo es uno de los funcionarios públicos investigados por el ‘Carrusel de la Contratación’, escándalo de corrupción por el contrato de adecuación del sistema Transmilenio en la Calle 26.
En la celda del búnker de la Fiscalía en la que permanece recluido desde febrero pasado por el 'carrusel' de la contratación, rinde interrogatorio el expresidente de Conalvías, Andrés Jaramillo López. Esta vez la citación corresponde a las investigaciones que se adelantan por las posibles irregularidades que se habrían cometido durante la adjudicación del contrato del tercer carril vía Bogotá - Girardot. La denuncia la presentó el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, por un posible pacto entre oferentes para quedarse con el contrato. La Agencia Nacional de Infraestructura adjudicó un contrato por el monto de contrato 2.4 billones de pesos, el 12 de agosto del 2016 al Consorcio Estructura Plural Vías a Girardot de la que hacen parte Concocreto SAS y Conconcreto Internacional. Lo que tendrá que investigar la Fiscalía es si este consorcio se cartelizó con el otro competidor: Concesionaria Vías del Desarrollo, conformada por Benton SAS y China Gezhouba Group Company Limitd Sucursal. El consorcio chino presentó una oferta el 68,8% más baja del valor propuesto. El abogado Jaime Granados manifestó qué Jaramillo es víctima en este proceso "nosotros somos las víctimas y los denunciantes, me refiero a las empresas que represento como abogado de Conalvias e Infracom”. "En el caso específico de Andrés Jaramillo, él tuvo una anticipación en la estructuración del proyecto, pero en el proceso licitatorio ya no era el presidente de Conalvias”, dijo Granados. De igual forma, sostuvo que las evidencias en este caso hablan por sí solas y ya están en manos de la Superintendencia de Industria y Comercio. “Hubo al parecer una colusión entre quien resulto adjudicado Conconcreto y otros proponentes como los que se están investigando. Ese tema lo tiene la Superintendencia de Industria y Comercio y ahora la Fiscalía está indagando y Andrés Jaramillo está respondiendo”, señaló Granados. Por este mismo proceso, la Fiscalía también citó a interrogatorio a Juan Luis Aristizabal Vélez, presidente de Conconcreto.
La Fiscalía General de la Nación citó a interrogatorio de indiciado a los representantes legales de Conalvías y de la Constructora Conconcreto por posibles irregularidades cometidas en la adjudicación del proyecto para el diseño y construcción del tercer carril de la vía Bogotá- Girardot. Dentro del proceso, la Fiscalía citó a interrogatorio a Andrés Jaramillo López, presidente de Conalvías, y a Juan Luis Aristizabal Vélez, presidente de Conconcreto, quienes son investigados por posible colusión. Jaramillo López fue citado para el 31 de marzo de 2017, mientras que Aristizabal Vélez para el próximo 4 de abril.
Jaramillo fue detenido la semana pasada por los delitos de cohecho e interés ilícito en la celebración de contratos. Según la Fiscalía, Jaramillo autorizó un soborno de más de 3.000 millones de pesos a tres exconcejales y al exdirector de la Unidad de Mantenimiento Vial, en los tiempos de la alcaldía de Samuel Moreno Rojas, para obtener un jugoso contrato de reparcheo de las calles bogotanas por un valor de 43 mil millones de pesos en el año 2010. Varios testigos aseguraron que desde hace años, Andrés Jaramillo ha intentado silenciarlos a través de ofertas económicas. Eso, además de que la Fiscalía estableció que pretendía salir del país con su familia. BLU Radio conoció las intimidades de una explosiva declaración que entregó a la justicia uno de esos testigos. Se trata del exdirector jurídico del IDU Inocencio Meléndez, el hombre que prendió su ventilador hace años al revelar cómo operó el carrusel, cómo se amañaron contratos o se amarraron licitaciones, las coimas que le pidieron los hermanos Samuel e Iván Moreno y las actuaciones de la exdirectora de esa entidad Liliana Pardo y el exconcejal José Juan Rodríguez. Según su declaración, sí hubo plata para repartir sobornos y asegurar contratos, también para silenciar testigos. Inocencio Meléndez declaró el pasado 25 de enero que sí ha sido objeto de presiones y ofertas para no incriminar al empresario. En su diligencia contó que hace algunos años, mientras estaba detenido, lo visitó dos veces un emisario de Liliana Pardo, hoy prófuga de la justicia, para pedirle que les ayudara a ella, al concejal José Juan Rodríguez y al propio Andrés Jaramillo. El testigo dijo, por ejemplo, que el objetivo de ese emisario era que Inocencio Meléndez cambiara sus denuncias sobre las irregularidades en la cesión de los contratos de los Nule a Conalvías para el desarrollo de la fase tres de TransMilenio. Eso y la adición al contrato que las autoridades calculan en sobrecostos de casi 180 mil millones de pesos. Según la declaración, este emisario, que también era el ‘razonero’ entre el grupo Nule y Liliana Pardo en el IDU, a cambio de su silencio le prometieron mandarle expedientes para que él los estudiara desde los calabozos del DAS donde se hallaba detenido y que por su asesoría le pagarían un dinero. Meléndez dijo que el exconcejal Rodríguez lo amenazó con destruirlo y que Miguel Nule, ya condenado a 14 años por este caso, alguna vez le confesó que le daba miedo declarar en contra del empresario Andrés Jaramillo porque era un hombre muy poderoso, con mucho dinero y contactos políticos. El nombre de Jaramillo fue asociado al carrusel hace más de cuatro años y, sin embargo, solo hasta la semana pasada fue imputado en uno de los tres casos que la justicia adelanta en su contra. Tiene otros dos procesos pendientes y vienen imputaciones: uno por la cesión del contrato de la calle 26 en Bogotá y el otro por giros de varios miles de millones a una fundación del exconcejal Rodríguez. Fuentes de la Fiscalía revelaron que si Jaramillo habla se formaría un pequeño Odebrecht: dicen que tiene toda la información de las coimas pagadas en Colombia por todos los ‘cacaos’ de la ingeniería. Al margen de eso, este explosivo testimonio que hoy revelamos fue una de las piezas claves de la justicia para pedir la captura de uno de los llamados zares de la infraestructura en Colombia, Andrés Jaramillo, quien también en está en la mira del FBI de los Estados Unidos por cuenta de negocios y presunto pagos de sobornos a miembros del carrusel de la contratación en Bogotá.
