El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) emitió un pronunciamiento alarmante sobre la situación fiscal del país y advirtió que el país enfrenta un riesgo muy alto de incumplir con la regla fiscal. Este diagnóstico se fundamenta en el significativo desbalance entre los ingresos tributarios y los gastos de la nación.Contexto y cifras preocupantesSegún el CARF, el recaudo tributario en 2024 será $15 billones inferior a la meta ajustada establecida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y $72 billones por debajo de los ingresos tributarios proyectados en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de este año.A pesar de los esfuerzos del Gobierno nacional, que incluyeron ajustes en el gasto fiscal por más de $28 billones, la situación financiera sigue siendo crítica. El cumplimiento de la regla fiscal en 2024 requerirá medidas adicionales de $40 billones, equivalentes al 2,4 % del PIB, lo que pone de manifiesto la magnitud del desafío.Liquidez en mínimos históricosOtro de los puntos destacados por el CARF es el deterioro de los niveles de caja del gobierno, los cuales se encuentran en $6,4 billones, cerca de su mínimo histórico. Esta posición refleja una inconsistencia estructural entre el gasto programado y la capacidad del país para generar ingresos sostenibles.Perspectivas para 2025: un ajuste fiscal monumentalDe cara a 2025, las proyecciones no son más alentadoras. El CARF estima que será necesario un ajuste fiscal de $52 billones para cumplir con la regla fiscal. Esta cifra supera ampliamente las expectativas iniciales del gobierno y refleja la urgencia de adoptar medidas estructurales. Adicionalmente, la falta de aprobación de la Ley de Financiamiento ha reducido las expectativas de ingresos en $12 billones, complicando aún más el panorama.Pronunciamiento N°14 del Comité Autónomo de la Regla Fiscal El cumplimiento sostenido de la regla fiscal requiere medidas estructuralesComité Autónomo de la Regla Fiscal, CARFBogotá, diciembre 19 de 2024El CARF ha venido alertando sobre los requisitos del cumplimiento de la regla fiscal en 2024 (ver pronunciamientos 11, 12 y 13). El gobierno nacional enfrenta retos fiscales, presupuestales y de caja, en un contexto de recaudo tributario por debajo de los niveles programados en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2024.En 2024, el CARF estima que el recaudo tributario en 2024 se ubicará COP 15 billones por debajo de la meta actualizada en el MFMP publicado en junio, y COP 72 billones inferior a los ingresos tributarios programados en el PGN 2024.En respuesta al mal desempeño del recaudo en lo corrido del año, el gobierno nacional hizo ajustes importantes en el gasto fiscal, a través de decretos de aplazamiento y de recorte, y de un ajuste en el Plan Anual de Caja (PAC). En el agregado, las medidas de aplazamiento y recorte han contribuido a un ajuste de gasto fiscal de COP 20,6 billones frente al PGN 2024.Con la información a la fecha, el CARF estima que cumplir con el gasto fiscal consistente con el cumplimiento de la Regla Fiscal (COP 289 billones) requiere medidas adicionales por alrededor de COP 40 billones (2,4pp del PIB). Estas medidas incluyen no solamente un mayor recorte sino un manejo del PAC, dentro de la medida de lo posible, entre otras acciones posibles. En el Pronunciamiento 13 el CARF estimaba que se requería un ajuste fiscal adicional de COP 31 billones, sobre la base de que el recaudo tributario se ubicaría COP 10,4 billones por debajo de la meta y el decreto de recorte generaba un impacto fiscal adicional (frente al decreto de aplazamiento de junio) de COP 13 billones. Sin embargo, en anuncios posteriores del gobierno se confirmó que el decreto de recorte se ejecutaría por COP 28,4 billones, lo que implica una disminución adicional del gasto fiscal de COP 8,4 billones.Los datos de ejecución con corte a noviembre siguen reflejando un rezago frente al mismo periodo de 2023. En efecto, la relación entre obligaciones y apropiaciones entre enero y noviembre de 2024 se ubica en 71,1%, 8,3 puntos porcentuales (pp) por debajo del nivel observado en ese periodo 2023.No obstante, el CARF ha adelantado ejercicios que sugieren que alcanzar el gasto primario requerido para cumplir con la regla fiscal luce retador. Haciendo la conversión de ejecución de gasto del PGN a ejecución fiscal del Gobierno Nacional Central (GNC) se observa que el gasto fiscal primario a noviembre se ubicó en COP 283,6 billones. Eso implica que en diciembre el gasto primario deberá situarse en COP 5,4 billones para cumplir con la regla fiscal. Sin embargo, históricamente, el gasto fiscal primario en diciembre ha sido 32% superior al observado, en promedio, entre enero y noviembre y el gasto primario promedio mensual en 2024 ha sido cercano a COP 26 billones.El CARF advierte que los niveles actuales de caja en pesos suponen riesgos de liquidez. Con corte al 6 de diciembre, la caja se ubicó en COP 6,4 billones, cerca del mínimo histórico (entre 2012 y 2023) para ese mes. La débil posición de caja es un espejo de la inconsistencia entre la programación de gasto y la capacidad de generación de ingresos estructurales. Esta situación genera preocupaciones sobre la posición de caja para 2025 y, posiblemente, señala dificultades estructurales de liquidez.Para 2025, el CARF estima que se requiere un ajuste fiscal de COP 52 billones (2,9pp del PIB) para cumplir con la regla fiscal respecto del PGN 2025. Los indicadores fiscales finales de este año impactarán la situación de 2025. La brecha entre el recaudo previsto y la meta de ingresos tributarios de 2024, que fue utilizada para programar el PGN 2025, se traduce en una menor base de ingresos con respecto a lo que había sido proyectado. En concreto, el CARF estima que la menor base de recaudo de 2024 reducirá los ingresos de 2025 en COP 17 billones. A eso se le suma que el CARF estima que los ingresos por gestión de la DIAN serán inferiores en COP 22,6 billones a los incluidos en el PGN 2025; mientras que la no aprobación de la Ley de Financiamiento reduce la expectativa de recaudo en COP 12 billones frente al presupuesto que será decretado.Se espera que el gobierno realice el ajuste fiscal correspondiente a inicios de 2025. Una vez el gobierno actualice el Plan Financiero de 2025, momento en el que se prevé que también se publique el cierre fiscal de 2024, el CARF se pronunciará nuevamente sobre la situación fiscal y su implicación para la sostenibilidad de las finanzas públicas.Nota institucional: El marco normativo de la responsabilidad fiscal en Colombia se ha fortalecido en las últimas dos décadas con la inclusión del criterio de sostenibilidad fiscal en la Constitución, para que la dirección de la economía y la hacienda pública se haga en un marco de sostenibilidad fiscal. Este criterio aplica al Plan Nacional de Desarrollo y al Presupuesto General de la Nación, que deben orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público. Con la Ley 1473 de 2011, se introdujo una Regla Fiscal de balance estructural para el Gobierno Nacional Central. Esta regla se fortaleció con la Ley 2155 de 2021, que además modificó las metas cuantitativas y vinculó las a deuda neta; creó el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) como un organismo técnico permanente e independiente para realizar seguimiento a la Regla Fiscal buscando garantizar la sostenibilidad financiera.Entre las funciones del CARF se identifican cuatro principales responsabilidades:Pronunciarse sobre: El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y el informe sobre cumplimiento; proyecciones macroeconómicas; sostenibilidad a largo plazo; seguimiento a cláusulas.Emitir concepto técnico sobre: MFMP; metodologías para indicadores fiscales; ciclos petrolero y económico.Efectuar análisis consistentes entre: metas fiscales; PGN; Plan Plurianual.Proveer insumos técnicos para calcular ciclo económico: PIB tendencial; elasticidades del recaudo al PIB.
Una vez más, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) le está advirtiendo al Gobierno Nacional serios problemas con el Presupuesto General de la Nación de 2025, que ya radicó en el Congreso Nacional.Una de las preocupaciones tiene que ver con los ingresos que proyecta el Gobierno y el recaudo a través de impuestos, pues para el Comité son ingresos inciertos.“El comité identifica riesgos sobre la expectativa del Gobierno en el recaudo esperado por gestión de la Dian, debido a que la incorporación de la planta de personal y las inversiones para la mejora de los sistemas de información tomará más tiempo del inicialmente previsto, según lo informado por la entidad”, explicó el comité como uno de los argumentos.Es decir que para el Comité el Gobierno está haciendo cuentas con dinero que no tiene asegurado si va a ingresar y que el desfinanciamiento del Presupuesto sería superior a los $12 billones que ha señalado el Ministerio de Hacienda, enfrentando la necesidad de un nuevo plan de austeridad como ocurrió en 2024.“El potencial de recaudo por gestión, calculado por el Carf en cerca de $6 billones, se ubica por debajo de los $28,6 billones incluidos en el PL del PGN 2025. (...) Lo anterior implica que se requeriría una reducción del gasto de alrededor de $ 22,6 billones para cumplir con la Regla Fiscal en 2025”, alertó el comité.El Carf finalmente emitió varias recomendaciones, además de revisar el proyecto presentado ante el Congreso: una de ellas es que el gobierno programe en 2025 el gasto por el déficit causado en 2024 por congelar la tarifa de los combustibles, es déficit estimado en cerca de $8 billones.La insistencia para que el Gobierno acelere la revisión de estas falencias es que aumentan las necesidades funcionamiento, pasando de $120 billones en 2024 a $140 billones en 2025.“El Carf encuentra que, al igual que en 2024, el Gobierno programa gastos con cargo a ingresos inciertos. Esta práctica implica riesgos sobre el cumplimiento de la meta de Balance Primario Neto Estructural, lo cual aumenta la incertidumbre, dificulta la programación fiscal y obligaría a realizar recortes de gasto posteriores para cumplir con la Regla Fiscal”, criticó el comité de expertos.
El recorte al presupuesto se quedó en pañales y hoy está en riesgo el cumplimiento de la regla fiscal para 2024 y 2025, a menos que el Gobierno haga nuevos ajustes, advirtió el Comité Autónomo de la Regla fiscal (Carf).Solo para empezar, las propias cifras que ha entregado el Gobierno al país no cuadran. Mientras en el marco mediano plazo dice que se necesita un recorte 51 billones de pesos en gastos este año, el decreto que firmó el presidente Gustavo Petro solamente aplaza, es decir, congela, 20 billones de pesos.Además, hay riesgos adicionales en el camino. Las cuentas que hoy tiene el Gobierno nacional podrían no cumplirse, porque existe el riesgo de que la Dian no logre una gestión tan eficiente y que no se recaude tanto dinero de las personas naturales. Si eso pasa, el Gobierno además tendría que recortar 5,3 billones de pesos adicionales.El panorama para 2025 no es mejor. Según los cálculos del comité, hay que hacer recortes importantes al gasto en 2025 (de unos 42 billones sin contar con el subsidio a los combustibles) pero además no se incluyeron todos los gastos.Por ejemplo, no aparece por ninguna parte la implementación de la reforma pensional que en 2025 le va a costar al país 4 billones de pesos."En este contexto, y dadas las crecientes presiones por elevar los gastos de la Nación, incluyendo los impactos de reformas aprobadas y en discusión por el Congreso de la República, el cumplimiento de la regla fiscal y el logro de su objetivo último, que es la sostenibilidad de la deuda y de las finanzas públicas, están en constante tensión. Desviaciones en la senda de gasto por presiones adicionales reducen el margen de maniobra del gobierno. Es indispensable que en el techo de gasto, se incluya explícitamente la totalidad de los efectos de la reforma pensional sobre las finanzas del GNC, así como identificar y mitigar otras presiones de gasto adicionales a futuro", advierte el informe.Según la Carf el "cumplimiento de la regla fiscal en 2024 y 2025 y la estabilización de la deuda en 55 % del PIB en el mediano plazo necesitarían ajustes adicionales" y sugirió que hoy el cumplimiento de la regla fiscal no está garantizado.¿Gobierno presentará un presupuesto desfinanciado en 2025?El Gobierno nacional ya había anunciado hace unas semanas que llevará al Congreso la tributaria 2.0 que incluye un paquete de medidas en materia de estímulos a la economía, pero también medidas tributarias como la rebaja del impuesto a la renta para las empresas.Sin embargo, el presidente Gustavo Petro dejó escapar un detalle adicional en su cuenta de X: la ley tendría forma de ley de financiamiento."Ahora presentaremos un plan de reactivación económica al Congreso y una ley de financiamiento para reponer lo perdido en la reforma tributaria. Espero que la bancada del doctor Uribe ayude al país y no sabotee las medidas", escribió Petro.Las leyes de financiamiento en Colombia típicamente se presentan cuando llega al Congreso un presupuesto sin los ingresos suficientes. Para efectos prácticos, al final del día estamos hablando de leyes que cambian los impuestos, igual que una reforma tributaria, pero hay dos sutilezas importantes: Si el Congreso no las aprueba, se recorta automáticamente el presupuesto y, además, son tramitadas por un mayor número de congresistas.En el pasado, ministros de hacienda como Mauricio Cárdenas y Alberto Carrasquilla usaron las leyes de financiamiento para cerrar sus presupuestos y conseguir impuestos adicionales.
No hay espacio para imprevistos el próximo año: así de compleja está la situación fiscal del país, según el Carf (Comité Autónomo de la Regla Fiscal), que es la entidad encargada de evaluar si el Gobierno cumple, o no, con las metas de déficit fiscal establecidas en la ley.“Para cumplir con los objetivos de la regla fiscal sería necesario hacer un ajuste de gasto de entre COP 23 y COP 24 billones”, señala el documento.El descuadre no viene de la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la no deducibilidad de regalías, pues, según el comité, ese fallo no valdrá 6.8 billones, sino solamente 1.7 billones por cuenta de unos ajustes que puede hacer el Gobierno por el ciclo del petróleo y del hecho de que Ecopetrol podría terminar con mayores utilidades de las previstas.La mayor parte del faltante se centra en los litigios de la Dian. Según el Gobierno, con una mejor gestión de esos litigios va a recaudar 15 billones en 2024, pero para el Carf esos no son ingresos estructurales, sino plata que entra una sola vez.El lío es que las preocupaciones no paran ahí porque existe el riesgo de que los gastos sigan subiendo.“Este panorama se vuelve más complejo debido a que se identifican probables erogaciones que no estarían contenidas en el PGN, como los pasivos del sector salud, la presión de la inflación sobre los gastos de funcionamiento, y el gasto para atender las implicaciones de las decisiones tarifarias en lo relacionado con los peajes y la energía, entre otros”, agrega el Carf.Por poner un ejemplo, el presupuesto del año entrante no incluye todavía el gasto adicional por cuenta de la reforma al sistema de salud que se tramita en el Congreso.La preocupación sobre el recaudo de los litigios también la tiene el Gobierno nacional y por eso el Ministerio de Hacienda ya radicó ante el Congreso un proyecto de ley que permitiría agilizar los trámites de conciliación no solo en 2024, sino también hacia adelante. En varias oportunidades, el Gobierno ha dicho que considera que los ingresos por conciliaciones no son de única vez, sino que son recurrentes.El Carf espera que el Gobierno explique cómo abordará los desafíos en su revisión del Plan Financiero a finales del año. Por el momento, la entidad les dio el visto bueno a las cuentas de 2023 y concluyó que el país cumplirá sin inconvenientes la regla fiscal.De acuerdo Andrés Velasco, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), “la situación es que la deuda pública ha alcanzado unos niveles que necesitamos parar de bolas y necesitamos reducirla”.“El comentario que nosotros hacemos desde el Comité de la Regla Fiscal, es que esos recursos son de una sola vez y no servirían para ser recurrentes y para financiar ese gasto recurrente más adelante”, aseguró.“En la medida en que el gobierno sube los precios de los combustibles, cierra la brecha entre el precio de referencia, que es el precio internacional, y el precio regulado, y se disminuye la acumulación de ese déficit. En la medida en que ese déficit sea menor, las finanzas públicas claramente serían más sostenibles.”, explicó.Vea aquí la entrevista en Mañanas Blu:
La coyuntura económica del país es delicada después de los datos entregador por el Dane sobre crecimiento económico y de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro diera a conocer que está abierto a discutir la posibilidad de modificar la regla fiscal.“La gran duda es que, si uno se queda con ese aspecto de la regla fiscal, que es priorizar pagar la deuda pública, no recuperamos la economía”, explicó el ministro de Hacienda en diálogo con Mañanas Blu.En ese sentido y para referirse a esto que se propone el Gobierno y a la coyuntura económica que se vive en el país, se conectó a Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, la excodirectora del Banco de la República Carolina Soto.“El anuncio sobre una modificación a la regla fiscal es un anuncio desafortunado que genera ruido, que no va a poder materializarse ni alcanzar el propósito. En la coyuntura que vivimos es un anuncio que puede pesar más contra la percepción de riesgo que tiene el país”, inició expresando Soto.Después de que el Dane revelara que la economía colombiana se contrajo un 0.3 % en el tercer trimestre del año, el presidente Petro reaccionó a la noticia y habló sobre soluciones a la coyuntura del país, en las que volvió a pedir al Banco de la República que baje las tasas de interés.“El Banco de la República tiene la obligación, es su mandato único, de controlar la inflación, los demás autores y autoridades económicas tienen que contribuir desde su lado, la política fiscal, por ejemplo, a controlarla y reactivar la economía”, recordó Soto.Al respecto sobre si ve al Gobierno con el propósito de enviar señales de confianza a los gremios y a todos los protagonistas de la economía y de la política nacional, reconoció que han habido anuncios que generan temor, pero también hay otros de ministros o directores que tratan de dar confianza. "Muchos de los anuncios del señor presidente generan temor, incertidumbre y desconfianza. Cuando él anuncia que va a llevar este tipo de reformas, que va a hacer estos cambios, que va a modificar regla fiscal, que va a congelar tarifas, que va a regular precio, todos estos anuncios que por fortuna no los pueden materializar, generan incertidumbre y generan desconfianza", puntualizó.A principios de este año, el Fondo Monetario Internacional publicó un estudio que muestra las proyecciones económicas de América Latina y colocó a Colombia para el 2024 creciendo al 2.1 % y la inflación de en 3.2 %, por lo que la excodirectora habló sobre so coincide con esos números."Si continuamos con estos datos de desaceleración este año, o sea, si volvemos a decrecer en el último trimestre del año, es posible que la reactivación sea mayor el próximo. Si ya decrecimos tanto el tercer y cuarto trimestre, el 2024 podría acercarse al 2 %; es posible, pero hay que actuar; hay que tomar medidas", vaticinó."En cuanto a la inflación en 3.2 en el 2024 no lo veo. Vamos a cerrar este año con una inflación casi de 10 % y gradualmente va a ir disminuyendo el próximo año. Pero todas las expectativas y los analistas lo que esperan es que llegue alrededor de 6 %", sentenció.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo en entrevista con Mañanas Blu que el Gobierno del presidente Gustavo Petro está abierto a discutir la posibilidad de modificar la regla fiscal, que actualmente establece un tope máximo al pago de deuda pública.Bonilla explicó que la regla fiscal, tal como está diseñada, pone un énfasis excesivo en el pago de deuda y limita la capacidad del Gobierno para invertir en proyectos que impulsen la economía.“La gran duda es que, si uno se queda con ese aspecto de la regla fiscal, que es priorizar pagar la deuda pública, no recuperamos la economía”, dijo el ministro.En el presupuesto del 2024, el Gobierno redujo el pago previsto de deuda pública en 10 billones de pesos para destinarlos a inversión. Bonilla dijo que esta es una muestra de que el Gobierno está dispuesto a flexibilizar la regla fiscal.“La idea es que hay que generar un mecanismo que haga que sea, que flexibilice más el pago de la deuda pública y garantice mayor inversión”, dijo el ministro.Bonilla aclaró que el Gobierno no está planteando incumplir los pagos de deuda pública. Sin embargo, dijo que es necesario encontrar un equilibrio entre el pago de deuda y la inversión.“No estamos cambiando de parecer. Estamos diciendo: tenemos una inflexibilidad que tenemos que revisar y ese debate debemos hacerlo público, pero no estamos presentando ningún proyecto al Congreso para modificarlo”, dijo el ministro.El ministro agregó que, en este momento, no hay ningún proyecto de ley en curso para modificar la regla fiscal: “El presidente lo que dijo fue: esta discusión hay que abrirla”.¿Qué es la regla fiscal?La regla fiscal es un mecanismo que establece límites al gasto público y al déficit fiscal. Su objetivo es garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.La regla fiscal se puede definir como un conjunto de reglas o principios que deben cumplir los gobiernos en materia de gasto público y déficit fiscal. Estas reglas pueden ser de carácter legal o de carácter administrativo.La regla fiscal suele establecer límites al gasto público como porcentaje del PIB o al déficit fiscal. También puede establecer límites al crecimiento del gasto público o al aumento de la deuda pública.La regla fiscal puede tener un impacto positivo en la economía. Puede ayudar a reducir el riesgo de crisis financiera, a mantener la inflación bajo control y a fomentar el crecimiento económico.Beneficios de la regla fiscalLos beneficios de la regla fiscal incluyen los siguientes:Reducción del riesgo de crisis financiera: La regla fiscal puede ayudar a reducir el riesgo de crisis financiera al limitar el crecimiento del gasto público y el aumento de la deuda pública.Control de la inflación: La regla fiscal puede ayudar a controlar la inflación al limitar el crecimiento del gasto público.Fomento del crecimiento económico: La regla fiscal puede fomentar el crecimiento económico al garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.Desventajas de la regla fiscalLas desventajas de la regla fiscal incluyen los siguientes:Inflexibilidad: La regla fiscal puede ser inflexible y dificultar la respuesta del gobierno a situaciones imprevistas, como una crisis económica.Reducción de la inversión pública: La regla fiscal puede reducir la inversión pública al limitar el gasto público.Regla fiscal en ColombiaEn Colombia, la regla fiscal está establecida en la Ley 1473 de 2011. Esta ley establece que el déficit fiscal no debe superar el 3% del PIB. También establece que el crecimiento del gasto público no debe superar el 4 % del PIB.El gobierno del presidente Gustavo Petro ha propuesto modificar la regla fiscal para flexibilizarla. El gobierno argumenta que la regla fiscal actual pone un énfasis excesivo en el pago de deuda y limita la capacidad del Gobierno para invertir en proyectos que impulsen la economía.Vea la entrevista completa aquí:
El presidente de la República, Gustavo Petro, hizo una crítica contundente a la regla fiscal y propuso su eliminación. Esto tras las cifras negativas de la economía en el tercer trimestre del año.“El gobierno, que tiene la responsabilidad de bajar la inversión privada, debe crecer la inversión pública, con esto choco con que hay que reducir ambas, por eso el pensamiento neoliberal que tiene una estricta fórmula de marco fiscal que el que la construyó la violó, no debe mantenerse en Colombia, debe crecer la inversión pública y esa discusión la debe hacer el Congreso de la República aumenta la inversión pública ayudamos a crecer la economía”, expresó el jefe de Estado.Al respecto, en diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación de Empresarios de Colombia (ANDI), expresó su desacuerdo con esta propuesta, argumentando que sería "una muy mala idea"."La regla fiscal es crucial para la estabilidad financiera"Según Mac Master, la regla fiscal es esencial para garantizar la estabilidad financiera del país."La regla fiscal no es otra cosa que una decisión propia de los países de comportarse de forma que uno le pueda garantizar a los financiadores que le va a pagar su deuda. Y eso hace que los financiadores le cobren una tasa u otra", dijo.Para él, eliminar esta regla sería enviar un mensaje negativo a los mercados financieros, encareciendo la deuda y desalentando la inversión."La reforma tributaria tuvo efectos devastadores"El presidente de la ANDI también señaló los efectos negativos de la reciente reforma tributaria propuesta por el gobierno de Petro, la cual, según Mac Master, ha tenido un impacto devastador en la inversión privada."Esa reforma fiscal realmente, y lo habíamos advertido, tuvo un efecto realmente devastador, por ejemplo, sobre la inversión", afirmó. Señaló que la inversión cayó un 11 % en el último trimestre y un 24 % en el primer semestre del año."Generar confianza es fundamental"En cuanto a la confianza en los mercados, Mac Master subrayó la importancia de que el Gobierno genere confianza en lugar de inestabilidad."Creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo importante por generar confianza. El esfuerzo, el gobierno se ha esforzado mucho por generar inestabilidad, por generar dudas, por generar discusiones y grandes debates, y ha sido muy exitoso en eso", afirmó. Destacó que la incertidumbre afecta tanto a los hogares como a las grandes empresas, y llamó a que el gobierno sea más confiable en sus acciones y decisiones.Vea la entrevista completa aquí:
Varios sectores han reaccionado ante la posibilidad que surgió en las últimas horas de cambiar la regla fiscal del país. Fue el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González, quien presentó la propuesta que podría tener un impacto en el avance de la transición energética en Colombia y que implicaría también al Gobierno endeudarse más para financiar la lucha contra el cambio climático.Pero, ¿qué es la regla fiscal?En términos sencillos, la regla fiscal busca asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas del país y que, así, no se supere el límite establecido de deuda. La regla fiscal se estableció bajo la Ley 1473 del 2011, con el objetivo de expedir normas para garantizar la sostenibilidad, a largo plazo, de esas finanzas y que contribuya “a la estabilidad macroeconómica”.Según explicó el director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Andrés Velasco, la regla fiscal es una especie de “comportamientos discrecionales”, hecho para “proteger a la Nación” y que, a su vez, pueda ofrecer a los ciudadanos los bienes y servicios de forma permanente.De acuerdo con el Banco de la República, las reglas fiscales aumentan la “credibilidad en la política económica, permiten un manejo fiscal contracíclico y sostenible intertemporalmente”. Además, contribuyen a la “estabilidad y al crecimiento económico” del país.Dicho gasto contracíclico contribuye a que la economía retorne a su senda de crecimiento de largo plazo, según lo define la ley 1473, en el artículo seis.¿Para qué sirve?El Gobierno ha usado la figura de regla fiscal para “limitar el crecimiento del gasto y el endeudamiento de los entes territoriales”, según describió el BanRep. Esto, añadieron, es para “propiciar la transparencia y responsabilidad fiscal” de todo el sector público.Condiciones “difíciles”“El Gobierno nacional tiene una tasa de interés hoy en día efectiva de cerca del 9 %, del 8.5 al 9 %. Ya son condiciones, digamos, que son difíciles. Eso implica que la credibilidad y la sostenibilidad fiscal de Colombia todavía está, digamos, por ganarse y, por lo tanto, perseguir la posibilidad de tener un mayor endeudamiento, pues lo que va a hacer es que va a poner en riesgo un poco más de esa credibilidad y la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo”, explicó Velasco en diálogo con Mañanas Blu.
En Colombia, amanecemos con noticias económicas desfavorables. La economía del país disminuyó un 0,3 % en el tercer trimestre de este año y las proyecciones para el cuarto trimestre no son alentadoras. La inflación sigue siendo elevada, y de los doce subsectores económicos medidos por el Dane, doce de ellos registraron caídas, siendo la industria la más afectada con una contracción superior al 6 %. También experimentaron fuertes descensos el comercio, el transporte y la construcción, un sector crucial para la generación de empleo. Todos los indicadores apuntan a una situación económica en deterioro.La gravedad de la situación radica en que no se había observado un escenario así desde los tiempos de la pandemia. Sabremos a finales de año si ingresamos técnicamente en una recesión económica, definida por dos trimestres consecutivos de contracción. La caída es más pronunciada de lo pronosticado por el propio Gobierno, que buscaba un crecimiento leve al cierre de este año, según el informe del Dane presentado por el director Leonardo Trujillo.Ante este panorama, el presidente Petro propone una medida drástica: eliminar la regla fiscal, una suerte de restricción que limita al Gobierno a gastar únicamente lo que recauda a través de impuestos y deuda pública. Modificar esta regla implicaría un endeudamiento extremo para financiar planes asistenciales y gastos públicos. Petro plantea esta propuesta tras conocer la caída económica y aboga por aumentar la inversión pública, argumentando que, ante la disminución de la inversión privada, el Gobierno debe asumir un papel activo.El presidente también critica la rigidez de la regla fiscal y recuerda que durante la pandemia se suspendió temporalmente para permitir un aumento del gasto público necesario. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, respalda la propuesta de Petro. Sin embargo, expertos económicos, como el ex ministro José Manuel Restrepo, advierten que cambiar la regla fiscal podría aumentar los costos de la deuda del país, generando preocupaciones con organismos financieros y calificadoras de riesgos.Aunque Petro plantea llevar este debate al Congreso, existe la opción más inmediata de activar las cláusulas de escape de la regla fiscal, una medida utilizada en el pasado para situaciones excepcionales. Sin embargo, esta acción podría acarrear mayores costos en intereses de la deuda. La decisión sobre cómo enfrentar esta crisis económica se presenta como un dilema que requiere un análisis detenido y una evaluación de las consecuencias a largo plazo.
Una polémica propuesta que es estudiada por parte del Gobierno del presidente de Gustavo Petro, en cabeza del Departamento Nacional de Planeación (DNP), ha puesto en el ojo del huracán la posibilidad de cambiar la regla fiscal en el país.“Vamos a buscar cómo flexibilizar la regla fiscal con una regla fiscal verde”, señaló Jorge Iván González, director del DNP, explicando que esto se analiza para incluir un mayor gasto en el tema ambiental y la transición energética.Para hablar sobre esta posibilidad, se conectó a Mañanas Blu Andrés Velasco, director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, quien aseguró que hacer cambios en la regla fiscal generarían inestabilidad.“El Gobierno nacional tiene una tasa de interés hoy en día efectiva de cerca del 9 %, del 8.5 al 9 %. Ya son condiciones, digamos, que son difíciles. Eso implica que la credibilidad y la sostenibilidad fiscal de Colombia todavía está, digamos, por ganarse y, por lo tanto, perseguir la posibilidad de tener un mayor endeudamiento, pues lo que va a hacer es que va a poner en riesgo un poco más de esa credibilidad y la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo”, explicó Velasco.En ese sentido, el director del comité autónomo también entregó detalles sobre la realidad fiscal de Colombia a la fecha y contó los esfuerzos que se están llevando a cabo desde la entidad para reducir la deuda que tiene el país.“Colombia tiene una deuda que es alta. Nosotros estamos este año tratando de reducir la deuda a un nivel relativamente cercano al 57 %, 56 %, es una deuda que es alta, estamos pagando unas tasas de interés que son altas. Por cada 10 pesos que los colombianos pagamos en impuestos, estamos gastando 2.5 pesos en intereses”, comentó.Además, Velasco confirmó que lo que podría provocar este cambio en la regla fiscal es que los prestamistas presten a tasas más altas y destacó que lo que quieren desde el comité es que “los financiadores” crean más.“En un hogar pasa exactamente igual. Cuando usted tiene la tarjeta de crédito casi llena, el banco ya le ha dicho: ‘Mire, yo la verdad es que no le puedo prestar más en esta tarjeta de crédito’. (…) Precisamente lo que queremos en Colombia es que los financiadores nos crean más. Nosotros queremos bajar nuestro nivel de pensamiento a un nivel más sostenible y que nos presten pasos de interés más bajas”, puntualizó.Vea la entrevista completa en el audio adjunto:
