Un juez había ordenado cinco días de arresto en centro carcelario y el pago de una multa de más de 13 millones de pesos en contra del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, por no haber efectuado el nombramiento de una funcionaria que ganó su puesto en un concurso de méritos; sin embargo, la administración departamental informó que dicho nombramiento sí se hizo y que la sanción del juzgado fue desestimada.La Gobernación del Atlántico informó que, si bien la funcionaria Carmen Elisa Luna Rodríguez ganó un concurso para asumir un cargo de carrera técnico administrativo y un fallo de tutela exigió su nombramiento desde noviembre de 2023, a este no se le dio cumplimiento inmediato porque “solo hasta el 9 de febrero del presente año, llegó la autorización de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) para proceder al nombramiento de la persona”."La Gobernación del Atlántico no podía proceder al nombramiento hasta tanto no se tuviera la autorización previa de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)", explicó el secretario jurídico de la Gobernación, Rachid Náder.Según Náder, la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) aseguró que la persona no cumplía en su momento con los requisitos impuestos por el organismo, debido a esto, la administración anterior y la actual no habían efectuado el nombramiento."Nosotros procedimos a darle cumplimiento al fallo, el nombramiento es contrario a las normas, pero lo estamos haciendo en cumplimiento de una orden judicial, porque somos respetuosos de esas decisiones", dijo el secretario.
Consternados se encuentran los habitantes del municipio de Malambo, Atlántico, tras la trágica muerte de un bebé, de tan solo tres años, quien falleció incinerado luego de que la vivienda en la que dormía ardiera en llamas en medio de un aparente corto circuito.Según el relato de testigos, desde hace algunos días un transformador venía amenazando con explotar y, pese a los llamados que realizaron para que fuera revisado, terminó provocando la fuerte conflagración luego de explotarse."Yo había estado en la vivienda una media hora antes de la tragedia pero me fui para la casa, pues yo vivo aquí a pocas cuadras. Pasados casi 30 minutos, fue que los vecinos me llamaron informándome que la casa se estaba prendiendo, pero como yo tengo el pie lesionado, no pude correr con la rapidez que necesitaba para venir a ayudar", contó uno de los familiares del menor a un medio local de Malambo.Otro de los testigos, quien sí logró ingresar a la vivienda cuando ardía en llamas, contó a ese mismo medio local que "alcancé a entrar pero ya todo estaba completamente consumido por el fuego; entonces, fue allí, cuando intenté entrar a la habitación pero fue imposible, pues el nivel de las llamas era muy alto y no facilitaba la labor de rescate".El lamentable hecho se presentó en la calle 11A con carrera 7sur, en el barrio Gladiador de esa población. Así mismo, se conoció que el pequeño respondía al nombre de Yeiner Mesquizo Beltrán, al tiempo que aún se desconoce si se encontraba solo en la vivienda o no pudo ser rescatado por sus familiares en medio de la fuerte conflagración.El incendio produjo la pérdida total del inmueble, según señaló el Cuerpo de Bomberos de Malambo, que atendió la tragedia. "Tal vez pudo corresponder a un corto circuito pero eso estará bajo investigación de la autoridad competente", señaló un alto oficial.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
Con un plantón frente a las instalaciones de la Alcaldía de Bucaramanga, el cuerpo de bomberos de la ciudad se unió a la jornada nacional de protesta en contra del concurso de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil, porque no tiene en cuenta la experiencia de quienes llevan años en provisionalidad.“Estamos en esta jornada porque el concurso no es el más indicado, no tiene garantías para que los bomberos que están en provisionalidad tengan la oportunidad de participar y no tiene en cuenta la experiencia”, manifestó Fabio Larrota, presidente del Sindicato de Bomberos.En el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga hay 82 bomberos de los cuales 33 están en provisionalidad, algunos con más de 15 años.Yelitza Oliveros, directora de Bomberos de Bucaramanga, dijo que la entidad respalda a los bomberos y considera que el concurso está mal estructurado.“Debe ser un concurso con reglas claras y con experiencia que sea válida, también que tenga en cuenta la capacitación que se le ha brindado al personal. Lo que queremos decirle a la Comisión Nacional del Servicio Civil es que nos escuche y los escuche", expresó Oliveros.Oliveros también denunció lo siguiente: "En la etapa de estructuración estuvimos y les hicimos ver las deficiencias del concurso y no nos hicieron caso, por el contrario, firmaron el acuerdo de manera unilateral y lo hicieron llegar a la entidad con las bases del concurso. Llevamos dos años en la lucha, lo que podemos decir es que la carrera bomberil tiene muchos vacíos", puntualizó.Le puede interesar:
La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) abrió convocatorias para el proceso de Entidades del Orden Nacional 2022, la cual trae 3.500 ofertas de empleo en 11 entidades. Desde el 1 de agosto hasta el próximo 25 los interesados podrán aplicar a las vacantes.Los salarios oscilan entre $1.047.282 y $ 8.879.305 dependiendo del nivel (asistencial, técnico o profesional). Además, se ofertan 369 vacantes que no requieren experiencia, y así los recién egresados logren su primer empleo en Colombia.Las vacantes se dividen en tres categorías: asesor, profesional, técnico y asistencial. Asimismo, varia el total de salario y requerimientos.Estos son los puestos que ofrece cada categoría:Asesor: son siete puestos como asesor. El salario está entre $3.225.993 y $ 8.811.600.Profesional: jefe de área protegida, profesional especializado y profesional universitario. El salario oscile entre: $ 1.998.523 a $ 8.879.305Técnico: analista de sistemas, auxiliar de técnico, oficial de catastro, técnico, técnico administrativo, técnico operativo y topógrafo. El salario está entre $1.047.282 y $ 3.291.615.Asistencial: auxiliar administrativo, auxiliar de servicios generales, conductor mecánico, operario calificado, secretario y secretario ejecutivo (entre $1.047.282 y $ 2.476.410).¿Cómo participar?El proceso de inscripción se podrá hacer a través de la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Así mismo, deben cancelar el valor de los derechos de participación, que para el nivel técnico y asistencial es de $ 33.350.“Para pagar en el Banco Itaú, la fecha límite es el 23 de agosto, mientras que, por PSE, es el 25 de agosto, siendo la opción más rápida y que refleja el pago inmediatamente en el sistema”; indica la entidad.Le puede interesar: Al pelo con Tata
Por medio de un comunicado, la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) informó de las 1.662 ofertas de trabajo disponibles para trabajar con el Estado, a las que puede aplicar cualquier ciudadano mayor de 18 años.Las vacantes ofertadas, que estarán abiertas hasta el próximo 11 de agosto, son para los niveles de asesor, asistencial, profesional, técnico de Gobernaciones, Alcaldías, Institutos, Personerías y Concejos.Los 1.662 puestos de trabajo, distribuidos en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Caldas, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander y Risaralda, se dividen de la siguiente manera:Dos ofertas laborales para el nivel de asesor.565 ofertas laborales para el nivel asistencial.720 ofertas laborales para el nivel profesional.375 ofertas laborales para el nivel de técnico.¿Qué requisitos y funciones tienen las ofertas de trabajo?Para el nivel asistencial, los sueldos oscilan entre $1.042.803 y $3.038.369 y el CNSC explicó que las principales funciones son:Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y financiero en los diferentes medios dispuestos por la entidad.Atender personal y telefónicamente a los usuarios de la dependencia.Recibir, clasificar, confrontar y archivar documentos de conformidad con las tablas de retención documental.Mientras que, para el nivel técnico los salarios van desde $1.709.700 hasta $3.068.818 y pueden aplicar:Técnico profesional en: Administración de Empresas, Contaduría y procedimientos judiciales.Tecnología en: Administración de Empresas, Contaduría Pública. En algunos casos, terminación y aprobación del pensum académico de educación superior en Administración, Contaduría, Contaduría Pública o Economía.Por último, para los niveles de profesional y asesor los sueldos se encuentran entre $2.128.624 y $8.278.300. Pueden aplicar profesionales en:Administración de EmpresasAdministración PúblicaContaduría PúblicaDerechoEconomíaIngeniería IndustrialPsicologíaTrabajo SocialArquitecturaEnfermeríaMedicina¿Cómo aplicar a las ofertas de trabajo?Quienes deseen aplicar a alguna de las ofertas de trabajo deben tener en cuenta que solo podrán inscribirse a a una única vacante dentro del proceso de selección, además, de cancelar el valor de los derechos de participación: para nivel técnico y asistencial es de $ 33.350, para el nivel profesional y asesor es de $50.000, luego de haberse inscrito al Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (Simo).Aquí puede ver el paso a paso para hacer el registro y aplicar: Le puede interesar: ¿Qué significa la llega de Iván Velásquez al Ministerio de Defensa?
Siete docentes que habían sido asignados a colegios urbanos y rurales de Ituango tuvieron que ser trasladados definitivamente luego de recibir amenazas directas por parte de grupos ilegales.Las intimidaciones, que habrían sido enviadas por disidencias de las Farc, comenzaron a conocerse desde febrero pasado cuando a través de panfletos en los que decían no permitir el ingreso de ningún docente que no sea del municipioParadójicamente, las asignaciones de estos profesionales llegaron luego de un concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil para beneficiar a 19 municipios de Antioquia ubicados en zonas afectadas por el conflicto armado.Luz Rendón, subsecretaria administrativa de Educación de Antioquia, indicó que están evaluando además las condiciones de seguridad de otros 41 docentes que estarían en riesgo.Según la funcionaria, hay otros dos problemas que agravan la situación: uno de ellos es que no tienen disponibilidad de otras plazas similares a las creadas en Ituango.“Como están en periodo de prueba, solo los podemos trasladar a municipios en zonas de posconflicto, por que ese fue el concurso que ganaron y hoy no tenemos las plazas disponibles. Hemos hecho dos solicitudes a la Comisión para plantear esta situación y pedir que puedan ser asignados en otras zonas del país”, detalló Rendón.El otro obstáculo es que no se ha solucionado el problema de raíz y es la situación de orden público.“Estamos acompañando a los maestros y dándole las garantías. Pero las amenazas no son contra una persona u otra, sino porque son de otros municipios. Y eso se puede volver una puerta giratoria, los podemos trasladar a todos, escoger a otros, pero a estos también los van a amenazar y los que se verán afectados son los niños”, aseveró Rendón.Por ahora, agregó la subsecretaria, no se han interrumpido significativamente las clases teniendo en cuenta que Ituango ha estado en las últimas semanas bajo el modelo de alternancia.“Estamos gestionando el reemplazo para cuando los niños regresen a las aulas tengan sus jornadas completas. Pero igual necesitamos una respuesta por parte de la comisión pues esta situación se volvería insostenible”, puntualizó la funcionaria.
Hasta el viernes, 26 de marzo, la Comisión Nacional de Servicio Civil tiene abierta la convocatoria para inscribirse a una de las 1.596 vacantes de la convocatoria del INPEC.De acuerdo con la información, publicada en la página web del organismo, esta convocatoria tiene 96 empleos de ascenso para los servidores públicos de carrera administrativa del Inpec. Así mismo, 1.500 vacantes para el cargo de dragoneante, en 12 ciudades de 12 departamentos del país.En la convocatoria pueden participar jóvenes entre los 18 y 24 años y no requiere experiencia laboral.“Los aspirantes a una de estas vacantes, tendrán que pasar varias pruebas como una escrita de personalidad y de estrategias de afrontamiento, una físico atlética (dragoneantes), una valoración de antecendentes y una valoración médica”, aclara la CNSC.Deberán cancelar un valor por concepto de derechos de participación; estos son:Para los empleos pertenecientes a los niveles Técnico y Asistencial: la suma de treinta mil trescientos pesos ($30.300).Para las vacantes pertenecientes a los demás niveles jerárquicos: la suma de cuarenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos ($45.450).Para participar en este y en cualquiera de los procesos de la CNSC, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos generales:Leer los acuerdos de cada proceso de selección.Registrarse en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO).Cumplir con los requisitos mínimos del empleo que escoja el aspirante, señalados en la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC), de cada una de las entidades.Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en los acuerdos del Proceso de Selección.
Las fuertes y más recientes lluvias han dejado graves emergencias en el Cesar, donde más de un kilómetro de la vía que comunica a los municipios de La Gloria y La Mata se encuentra totalmente inundado producto del desbordamiento del río San Alberto.En videos aficionados compartidos a través de redes sociales, quedó registrado el momento en el que la fuerza del agua rompió una especie de muralla que, tiempo atrás, había sido instalada para evitar emergencias por desbordamientos.“Nos encontramos en el río San Alberto y Caño Oscuro, mire como rompió la muralla, toda esa agua se nos metió”, se escucha en el video.Por otra parte, un fuerte aguacero que se extendió por más de cuatro horas generó graves inundaciones en diferentes zonas de Valledupar, entre las que se encuentran la Terminal de Transportes, la carrera cuarta con el barrio Los Mayales y el sector conocido como Cola de Caballo.Y es que, dada la crisis invernal que se registra desde hace varias semanas en en este departamento, las autoridades mantienen las alertas encendidas por riesgo de avalanchas en por lo menos 11 municipios, seis de ellos bajo alerta roja. Petrona Romero, directora de la Oficina de Gestión del Riesgo del Cesar, confirmó que en el departamento sigue activa la Sala de Crisis (PMU) y los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo por emergencias.“Desde el pasado viernes se activó la Sala de Crisis, que es como un PMU, contando con la participación de las autoridades locales, departamentales y militares. Desde ese día mantenemos también los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo activos bajo coordinación permanente por las emergencias”, manifestó Romero.Además, en el río Cesar tuvo que ser declarada la alerta roja ante el riesgo por posibles desbordamientos, lo que también mantiene bajo especial atención al río Guatapurí que, a su vez, ha generado alertas en los asentamientos Nueve de Marzo, San Juan, Pescaito, Zapato en Mano, entre otros.
Un juzgado especializado condenó este viernes a Edwin Raúl Murcia Rodríguez y Kevin Sebastián Hernández Socha por el delito de terrorismo agravado, tras comprobarse su responsabilidad en el ataque al CAI del barrio La Aurora, sur de Bogotá, durante el estallido social, la noche del 4 de mayo de 2021. En el lugar se encontraban refugiados 15 policías y los agresores emplearon piedras, palos y bombas incendiarias para llevar a cabo el ataque.La sentencia se basó en pruebas contundentes presentadas durante el juicio. Los videos de las cámaras de seguridad, el reconocimiento fotográfico y los testimonios de las víctimas señalaron a Murcia Rodríguez y Hernández Socha como los responsables del ataque. Además, se encontró que los artefactos explosivos incautados en la vivienda de Murcia Rodríguez coincidían con las sustancias empleadas contra las instalaciones policiales.El juez desestimó las pruebas presentadas por la defensa y las calificó de inconsistentes y, contradictorias. En su fallo, afirmó que quedó demostrado “más allá de toda duda razonable” que los acusados actuaron con dolo y que las conductas punibles fueron ejecutadas con premeditación y violencia.El Ministerio Público también respaldó la condena. El procurador enfatizó que no se trató de una protesta social, como argumentaba la defensa, sino de un acto deliberado de terrorismo destinado a intimidar y generar temor. “Se comprobó la materialidad de las conductas y la responsabilidad penal de los procesados”, afirmó, añadiendo que el allanamiento realizado en la vivienda de Murcia Rodríguez cumplió con todos los protocolos legales.
La Superintendencia Nacional de Salud encabezada por Giovanni Rubiano, ha decidido adelantar la toma de posesión de la EPS Coosalud en Cartagena tras ordenar su intervención forzosa para la administración. Esta medida se fundamenta en una serie de hallazgos que según la entidad evidencian serias falencias, esta EPS tiene a más de 3.3 millones de afiliados.La intervención llega en el momento en el que Coosalud se encuentra dentro de las cuatro EPS que están siendo investigadas por la Fiscalía General de la Nación, a raíz de las denuncias presentadas por Luis Carlos Leal, el anterior superintendente por presunta corrupción.En un contexto de grandes reformas al sistema de salud, el presidente Gustavo Petro había declarado con firmeza durante la posesión de Giovanni Rubiano como nuevo superintendente, que la vigilancia de las EPS es una de las tareas cruciales en el marco de la reforma al sector. "Antes de la aprobación del proyecto de reforma a la salud, la Superintendencia debe vigilar las EPS" había dicho el mandatarioY es que recordemos que durante esta posesión el mandatario solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar a fondo nuevas denuncias sobre corrupción en EPS. Al respecto, se refirió a la EPS Coosalud "Esta EPS no responde a las intervenidas, hoy por hoy es privada, aunque en mi opinión debería ser intervenida", señaló PetroLa intervención de Coosalud es la octava de este tipo y es la primera intervención ordenada por Rubiano desde su nombramiento. Durante la intervención el superintendente posiciono como agente interventor a Mauricio Camaro Fuentes. Coosalud es una de las EPS más grandes del país, ocupando la quinta posición en número de afiliados, con un total de 3.369.583 personas cubiertas bajo su servicio.
Un accidente de tránsito dejó tres personas lesionadas, dos de ellas de consideración grave, en un choque múltiple que involucró tres motocicletas y un bus. El incidente ocurrió en el kilómetro 14+180 de la vía Medellín-Bogotá, en el sector conocido como Peñolsito.De acuerdo con las primeras versiones y un video difundido en redes sociales, el accidente se presentó en condiciones de baja visibilidad debido a la niebla. En el siguiente video se observa cómo un bus se detiene en la vía, momento en el que uno de los motociclistas no logra frenar a tiempo y choca contra la parte trasera del vehículo. Tras el impacto, el motociclista cae sobre la calzada, provocando que las otras dos motocicletas que venían detrás también se estrellaran y terminaran en el suelo.Las autoridades de tránsito acudieron rápidamente al lugar para atender la emergencia y coordinar el traslado de los heridos a centros asistenciales cercanos. Se informó que dos de los lesionados presentan heridas de consideración y están bajo observación médica, mientras que el tercero sufrió lesiones menores.El tráfico en el sector se vio afectado durante varias horas mientras se realizaban las labores de atención y limpieza de la vía. Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para extremar las precauciones, especialmente en condiciones de baja visibilidad, y recordaron la importancia de mantener distancias seguras y respetar los límites de velocidad para evitar este tipo de accidentes.
La Sección de Apelación de la JEP decidió declarar improcedente la solicitud de nulidad que presentó el general en retiro Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército, quien fue imputado por su responsabilidad en casos de falsos positivos que se registraron en Antioquia mientras él comandó la Brigada Cuarta.“La Subsala consideró que tenía bases suficientes para señalar, entre otros, al compareciente MONTOYA URIBE como máximo responsable en calidad de autor por crímenes de guerra de homicidio en persona protegida y desaparición forzada y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada, en su calidad de comandante de la Brigada IV del Ejército Nacional, dada su posición de garante por competencia institucional y en atención al ejercicio de tal calidad en la configuración de los patrones macrocriminales analizados por la SRVR en el ADHC”, explicó la JEP.Montoya pidió anular dicha imputación y en una primera medida esa solicitud fue negada, por lo que su abogado volvió a apelar.“Mediante escritos del 17 y 24 de mayo de 2024, el representante judicial del compareciente interpuso de forma oportuna el recurso de apelación contra el auto 024 del 6 de mayo de 202445. Fundamentó su inconformidad en cuatro ejes temáticos: (i) Sobre la imputación como autor por instigación a título de dolo, cuestionó la decisión de la SRVR pues en su criterio los títulos de “autor” e “Instigador” usados por la Sala de justicia implican una mixtura de figuras legales, en tanto el primer vocablo alude al dominio del hecho y el segundo no. Situación que resulta confusa, incoherente e incomprensible para el compareciente y deviene en un vicio del consentimiento de cara a una posible aceptación46. (ii) La falta de enunciación de los hechos” explica la JEP.La defensa aseguraba que algunos hechos imputados se encuentran fuera del rango temporal en el que Montoya ejerció la comandancia en dicha Brigada y que habría violaciones a los derechos en el proceso.“ninguno de los disensos que elevó el representante judicial del señor MONTOYA URIBE configura una violación a sus garantías y derechos fundamentales, pues de lo conocido por la SA en el trámite, no es posible acreditar los principios, reglas y subreglas que regulan las nulidades ante la JEP. Por un lado, esta Sección referirá que lo alegado respecto al ADHC son aspectos sustanciales que no pueden ser objeto de nulidad pues hacen parte de la esfera valorativa de la SRVR, lo que deviene inevitablemente en una improcedencia de la solicitud de nulidad respecto a la controversia tanto en la imputación realizada por la Sala de Justicia como por la forma en que relacionó los hechos jurídicamente relevantes en el ADHC. Luego de analizar los argumentos de disenso, el a quo consideró que el procedimiento dialógico adelantado cumplió con las garantías procesales que le asisten al compareciente y que, contrario a lo sostenido por el recurrente, no hubo afectación de los derechos fundamentales al debido proceso. Como quedó reseñado, en la solicitud de nulidad se realizó una amplia serie de reproches, por lo que cabe aclarar que la SA sólo se ocupará de verificar el cumplimiento de los requisitos para la procedibilidad de los cargos de nulidad, en los que se insiste en la vulneración de garantías procesales por la indebida valoración de ciertos elementos materiales probatorios y por otra parte, debido a la ausencia de traslado de algunas versiones voluntarias que lo incriminan”, resolvió la JEP.Ante esta situación la Sección de Apelación declaró desierta la solicitud de Montoya.“REVOCAR el numeral CUARTO del auto SUB-D SUBCASO ANTIOQUIA- 024 del 6 de mayo de 2024 y en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad presentada por el representante judicial del compareciente señor Mario MONTOYA URIBE, frente a los cargos de formulación de imputación, determinación de los hechos y conductas y valoración probatoria, por las razones anotadas en la parte motiva de este proveído.Segundo.- DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación interpuesto por el abogado del compareciente MONTOYA URIBE en relación con la vulneración del debido proceso por la ausencia de traslado probatorio deprecado, al no cumplirse por parte del apelante la carga argumentativa conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.Tercero.- En firme esta providencia, DEVOLVER las diligencias a la Subsala D de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, para lo de su competencia”, dice el auto.De esta manera el general en retiro Mario Montoya deberá enfrentar un juicio adversarial, de ser vencido podría pagar 20 años de prisión.
