Este lunes 8 de julio, se desarrolló una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos humanos, CIDH, sobre el seguimiento a las recomendaciones que han hecho desde este organismo referente a las vulneraciones a los derechos humanos que se presentaron durante el paro nacional en Colombia. Durante la audiencia, el Gobierno confirmó que está trabajando en un decreto para esclarecer los crímenes que se cometieron durante el estallido social, en 2021."Hemos recibido la orden del señor presidente de impulsar una Comisión de la Verdad que ayude a esclarecer los crímenes que sucedieron en el marco del estallido social en la ciudad de Cali y el departamento del Valle. Aspiramos, entre este mes y el otro, culminar la concertación del mismo decreto y que este comisión pueda ponerse en funcionamiento”, señaló Franklin Castañeda, director de Derechos Humanos en el Ministerio del Interior.Por su parte, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos explicaron que a finales de 2021 documentaron un total de 46 muertes en el contexto de las protestas, además, tienen registro de 60 casos de violencia sexual y 24 lesiones oculares contra civiles. Insisten en que se debe garantizar la protesta pacífica de manera amplia.“Nos preocupa que a 3 años del paro nacional no se haya aún logrado ninguna condena por muerte de personas que participaron en las protestas. Se ha logrado individualizar e imputar alrededor de 3 integrantes de la fuerza pública y 21 casos se encuentran en etapa de juicio”, aseguró Juliette De Rivero, representante en Colombia del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se refirió al tema de la libertad de prensa en Colombia y a los recientes casos que se han registrado con la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, y la periodista María Jimena Duzán. En este pronunciamiento, la CIDH mostró su preocupación por los recientes señalamientos desde el Gobierno nacional."La CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión reconocen la legitimidad de la labor de la periodista María Jimena Duzán y la Flip, manifiestan su preocupación por los señalamientos y calificaciones proferidas en su contra desde la más alta autoridad del Gobierno y exhortan al Estado a brindar plenas garantías a su trabajo", aseguran desde la CIDH.Por otro lado, aseguran que los Estados deben asegurar un ambiente favorable para la deliberación pública."Los Estados deben asegurar un ambiente favorable a la deliberación pública; prevenir desde su discurso todo tipo de violencia contra la prensa; abstenerse de activar riesgo contra quienes ejercen la libertad de expresión y protegerlos ante amenazas", señala la CIDH.Manifiestan su preocupación por los señalamientos y calificaciones proferidas en su contra desde la más alta autoridad del Gobierno y exhortan al Estado a brindar plenas garantías a su trabajo.Petro critica la prensaEl presidente Gustavo Petro acusó a la prensa de mentir sobre su Gobierno y de querer destruirlo ante la opinión pública, ahondando así su enfrentamiento con el periodismo, del que dice que está alineado con "la extrema derecha".Así lo manifestó el presidente en un extenso escrito publicado en X en respuesta a una columna de la periodista Ana Bejarano en la revista Cambio, en la que defiende a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de los ataques del mandatario, de quien dice que está "en una cruzada contra la prensa" y que "necesita convertirse en la única fuente de la verdad"."El periodismo debe buscar siempre la verdad, por difícil que sea. Hoy, contrario a la verdad, se usa la mentira de manera generalizada, se ocultan fechas en titulares para endilgarle corrupción a este Gobierno cuando es de otros, o, peor, para hacer propaganda política en favor de la extrema derecha. Los grupos neonazis parecieran dominar el relato mediático", acusó Petro en X.
Los hermanos Omar y Cristian Hernández, testigos claves sobre el presunto apoyo de la criptomoneda Daily Cop a la campaña Petro Presidente, acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando protección especial en medio del proceso.Según el abogado Víctor Muñoz, sus clientes han sido víctimas de dos atentados.“Recuérdese que el señor Omar Hernández ha sufrido dos atentados contra su vida, sin que hasta el momento se hayan tomado las medidas necesarias que garanticen su vida”, dijo el abogado Víctor Muñoz.Asimismo, el abogado dijo que el Estado colombiano no ha dado las garantías suficientes a los dos hermanos que dicen ser víctimas en el proceso.Daily Cop: acusaron a los cinco presuntos ‘cerebros’ de la captación ilegal de la cripto“Esta defensa se ha propuesto a comunicar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud pidiendo medidas de protección que el Gobierno colombiano no ha querido establecer a favor de mi cliente y en favor de la defensa, porque sentimos que existe una polarización política muy importante que pueda afectar los testimonios y sobre todo la seguridad de mi cliente”, agregó.No obstante, el abogado reiteró que aún hay tiempo para brindar esas garantías, en días pasados el mismo defensor expresó sentir temor e incluso su familia por llevar este caso.El pasado lunes, 29 de abril y, tras varios meses de la imputación, fueron acusados formalmente por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos Cristian Hernández, Omar Hernández, Leydi Góngora, Leonardo Galindo y Juan Piedrahita, excolaboradores de Daily Cop, implicados en la captación ilegal de dineros de la criptomoneda.Hay que decir que en el escrito de acusación no se mencionan aportes a la campaña del presidente Gustavo Petro; sobre este tema ha existido una polémica luego de que el testigo Omar Hernández, le pidiera a la Fiscalía someterse a un principio de oportunidad tras la entrega de una matriz de colaboración con detalles que explican cómo los dineros irregulares de la criptomoneda habrían terminado en donaciones, las cuales, aparentemente, eran de conocimiento de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y el gerente de la campaña en 2022.La sombra de Daily Cop sigue pesando sobre la campaña de Gustavo PetroDurante la audiencia, una vez se realizó la acusación, tanto la Fiscalía como algunos representantes de víctimas estuvieron de acuerdo en que las próximas diligencias debían tener el carácter de reserva.Luego de escuchar a las partes, la jueza Sexta Especializada de Cali dio la orden de reserva del juicio, considerando que “la publicidad en medios de comunicación podría incidir en los testigos de ese proceso”. Frente a esta decisión, los acusados podrán presentar sus nulidades el 6 de junio a la 1:30 de la tarde y el próximo mes de julio se espera que se dé inicio a las audiencias preparatorias donde se presentarán las pruebas que entrarán a juicio.
El excanciller de Venezuela Asdrúbal Aguiar, quien además es un reconocido abogado y experto en derecho internacional, se pronunció sobre presunta violación al derecho internacional en el caso del asilo político en la Embajada de México en Quito, Ecuador. En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, profundizó en el tema y explicó los principales aspectos legales involucrados alrededor de esto.Cabe recordar que la crisis entre México y Ecuador comenzó el jueves pasado, cuando el Gobierno de Daniel Noboa declaró persona no grata a la embajadora mexicana, Raquel Serur, en respuesta a comentarios que López Obrador hizo el miércoles sobre el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio y sus consecuencias electorales.Según Aguiar, el asilo político debe ser otorgado de acuerdo a las normas del derecho internacional y no de manera arbitraria o discrecional por parte de los Estados involucrados. En el caso de Ecuador y México, ambos países “han violado las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención Interamericana contra la Corrupción al otorgar y recibir el asilo político del vicepresidente ecuatoriano”.Desde su experiencia en la Corte Interamericana, dijo que, cuando casos similares ocurrían, no solamente se fijaban en el hecho, sino que tenían “necesariamente que incorporar el contexto”. De acuerdo con su explicación, “el derecho de asilo así lo implica”.“Por una parte, la potestad del Estado que va a otorgar el asilo de acordarlo, pero no de acordarlo de manera arbitraria o discrecional, sino conforme a las normas del derecho internacional y el Estado que se ve afectado puede otorgar o no el salvoconducto para que un asilado salga o no salga del país. ¿Qué ha ocurrido aquí? Efectivamente, Ecuador, por la vía de los hechos violenta la sede diplomática, con lo cual afecta su inmunidad territorial, contrariando las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”, insistió.Violación del derecho internacional “de lado a lado”De acuerdo con el excanciller Aguiar, tanto México como Ecuador cometieron faltas en cuanto al derecho internacional. Esto, recalcó, es una parte de lo que viene sucediendo ya hace tiempo entre estos dos países, pues las relaciones “se venían deteriorando de una manera muy acelerada desde el momento en que el presidente López Obrador se inserta en los asuntos internos de Ecuador para cuestionar la validez de la elección del presidente”.“Por el otro lado, México, al otorgar al otorgar el asilo político al vicepresidente ecuatoriano, simplemente se cargó total, de una manera también directa, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de Palermo sobre el Crimen Transnacional organizado, porque necesitaba ver esos instrumentos para saber si podía o no conceder el respectivo asilo político. Así que estamos en una violación del derecho internacional de lado a lado”, detalló.
La Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos expulsó a Juan Fernando Petro. De acuerdo con Rodrigo Ricaurte, director de la entidad, “fue un gran error” el nombramiento de Petro, a esto agregó que su gestión fue nula.Hay que recordar que durante los últimos años Juan Fernando Petro ha sostenido reuniones en diferentes zonas del país gestionando acercamientos con el Gobierno nacional para resolver distintos problemas, especialmente en zonas apartadas o de conflicto.En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Juan Fernando Petro respondió y aseguró que su nombre fue usado por la comisión, "indiscutiblemente usaron mi nombre para ser utilizado por la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos". Además, calificó su salida como un boom mediático, el cual está siendo usado por Ricaurte, según lo dicho por el hermano del presidente Gustavo Petro."Lo que está haciendo el señor Rodrigo Ricaurte es generar un boom mediático, muy bajo es tratar a sus miembros de esa manera y tratar de ocultar las verdaderas razone por las cuales quisieron utilizarme", señaló. Reiteró que su trabajo ha sido junto a las comunidades, ir a los territorios, hablar y escuchar a la población. "No me he salido de mi filosofía de trabajar humanitariamente por las comunidades y los territorios. He ido a los territorios de las comunidades a hablar, a escuchar y eso es lo que estoy haciendo. No hay un solo periodista, investigador o alguien de la Fiscalía o alguien, alcalde o alguna ONG que diga que yo he ido a hacer negocios con las comunidades o en los territorios", defendió. En medio de esta controversia, Petro aseguró que continúa su trabajo en los territorios con el fin de generar visibilidad y apoyo para las comunidades que han sido históricamente olvidadas. Aunque reconoció que ser el hermano del presidente le ha dado una mayor visibilidad, enfatiza que su compromiso es personal y que busca generar un cambio en la sociedad.Escuche aquí la entrevista:
En las últimas horas, el congresista Pedro Suárez, del Pacto Histórico, radicó un proyecto de ley ante la Secretaría de la Cámara de Representantes para impedir que la Procuraduría General de la Nación inhabilite a elegidos por voto. La iniciativa consta de cuatro artículos, entre ellos, que el único que podría sancionar a estas personas serían un juez o en su defecto el Consejo de Estado, CNE."Busca poner a Colombia y a su legislación interna a tono con las normas internacionales en materia de derechos civiles y políticos, especialmente con las normas interamericanas con el sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las personas que sean elegidas por voto popular no pueden ser suspendidas o destituidas por autoridades administrativas", manifestó el representante del Pacto Histórico.Esto se da en medio del rifirrafe que han tenido el presidente Petro y la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, por las sanciones que este órgano de control a impuesto."Estamos dando cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros en el caso de Gustavo Petro Urrego contra el Estado colombiano y concretamente contra una decisión de la Procuraduría que le habría suspendido de su condición de alcalde de Bogotá”, expresó el representante.El último enfrentamiento entre el presidente Petro y la procuradora Margarita Cabello fue el pasado 27 de julio. El jefe de Estado le remitió un document de 24 página sobre su decisión. En mayo de este año, cuando la procuraduría ordenó investigar y suspender varios congresistas del Pacto Histórico también se presentó un altercado entre los altos funcionarios.Le puede interesar
Los integrantes de la bancada del Pacto Histórico, junto con los congresistas del Partido Comunes y la circunscripción indígena, anunciaron que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que este organismo internacional adopte medidas cautelares que protejan los derechos políticos de los congresistas de esta coalición debido a que, según ellos, hay un claro hostigamiento de la Procuraduría General de la Nación en su contra.“La evidente ilegalidad de las actuaciones de la Procuraduría se evidencia en que en forma obstinada se arroga, por sí y ante sí, competencia para desvincular funcionarios de elección popular a pesar de los precedentes prohibitivos de la CIDH y el contenido de la Sentencia C-030 de 2023 proferida por la Corte Constitucional. Como es sabido, estas instituciones señalan indubitablemente, que la Procuraduría, por ser un órgano netamente administrativo, carece de funciones jurisdiccionales para separar de sus cargos a los funcionarios de elección popular”, señaló el comunicado.Los congresistas también critican la investigaciones que adelanta el ente de control disciplinario en contra de congresistas del Pacto Histórico como Wilson Arias, Alexander Lopez, Maria Jose Pizarro y Susana Boreal; así como la sanción que profirió en contra del senador Alex Flores en recientes días.“Tenemos información de procesos que se están adelantando de manera inédita e irregular por parte de la Procuraduría. Nos hemos abocado a hacer esta alerta nacional e internacional por lo que es un claro hostigamiento por parte de la Procuraduría”, señaló el presidente de la cámara de representantes David Racero.Por su parte, a través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro respaldó el llamado del Pacto Histórico y los invitó a que la defensa de sus derechos políticos se haga también a través de las calles.“Es lamentable pero estamos en la misma situación de todos los países latinoamericanos. Usan la fiscalía y la procuraduría para resolver la política. Muy lamentable. Hay más de tres millones de electores que quisieron ser representados en el Congreso por el Pacto Histórico. Tienen derechos políticos y esos derechos son derechos humanos. No destruyan por favor, la democracia en Colombia. El Pacto Histórico debe saber que su defensa no es solo la CIDH y la justicia decente del país, su defensa es la convocatoria popular. No separarse del pueblo. Convocar las asambleas de inmediato en todos los municipios del país", dijo.Le puede interesar: Las noticias más importantes esta semana en el FPC
En la conmemoración del Día de las Víctimas en Colombia el defensor de Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado al Gobierno nacional para que en la construcción de la paz se incluya la superación de barreras institucionales para una adecuada implementación del enfoque diferencial y de género en la Ruta de Reparación Colectiva a las Víctimas del Conflicto Armado Interno, para garantizar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación y no repetición“Queremos reiterar nuestro llamado a priorizar en la Ruta de Reparación Colectiva a los sujetos pertenecientes a organizaciones de mujeres y en especial a los sujetos colectivos pertenecientes a poblaciones con orientación sexual e identidad de género diversa (OSIGD), entre ellas, las organizaciones Casa Diversa, San Rafael Crisálida y Carmen de Bolívar Diversa, tres grupos que hemos venido acompañando y haciendo seguimiento desde la Defensoría del Pueblo”, señalo el defensor del Pueblo.A corte del 31 de enero de 2023, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) contó a 892 sujetos de reparación colectiva, de ellos, 201 en fase de identificación, 208 en alistamiento, 120 en fase de diagnóstico y caracterización del daño, 127 en diseño y formulación, y 236 en implementación. De esos sujetos de reparación colectiva 15 corresponden a organizaciones de mujeres y poblaciones con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.Para la Defensoría del Pueblo es fundamental que se trabaje interinstitucionalmente en la superación de barreras administrativas para una correcta activación y ejecución del enfoque diferencial y de género como parte de la construcción de paz.Le puede interesar:
A inicios de 1998, el abogado Jesús María Valle se atrevió a denunciar la existencia de una alianza entre fuerza pública y paramilitarismo en Ituango y los municipios cercanos."Es decir, comprobamos lo que ya hemos venido denunciando: que hay una convivencia del Ejército y los grupos paramilitares en el municipio de Ituango y en el departamento de Antioquia, y que la población civil está indefensa", dijo Jesús María en ese entonces.Menos de un mes después de hacerlo, tres personas llegaron hasta su oficina en el centro de la ciudad, esperaron hasta que llegara, hicieron que se acostara en el suelo y lo asesinaron.Y aunque con el pasar de los años se ha determinado que su crimen fue de lesa humanidad y hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que hubo responsabilidad del Estado en su muerte, Mauricio Herrera Valle asegura que hay impunidad en el homicidio de su tío."Hubo una omisión total por parte del Estado. ¿Quién es el responsable político de eso? El responsable político es Álvaro Uribe Vélez", sentenció el sobrino de Jesús María.Hoy, cuando Salvatore Mancuso se ha referido al tema y las declaraciones que han hecho los hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Ángulo Osorio sobre su participación en la muerte de Jesús María Valle, también han vinculado al Estado, lo que molesta a la familia del abogado es que Álvaro Uribe, quien fuera gobernador de Antioquia en ese entonces, sigue sin testificar ante la Fiscalía."Hay mucha tela por cortar por parte de la Fiscalía y yo considero que hay una omisión. Son prácticamente cómplices por omisión en el caso de Jesús", dice Mauricio.Es por esa razón por la que los familiares y amigos del abogado esperan que con el cambio de fiscal, la investigación continúe y se aclare realmente su muerte, además de que se castigue a los culpables por ella.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
El presidente de la República, Gustavo Petro, envió un mensaje grabado al segmento de alto nivel del 52º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que sesiona en Ginebra, Suiza y que inició este 27 de febrero.En este contexto, el mandatario de los colombianos invitó a los participantes a “reflexionar sobre la imperiosa necesidad de robustecer el sistema de protección de los derechos humanos en el mundo, identificando los principales desafíos y tomando acciones concretas para afrontarlos”.Las conmemoraciones de los 30 años de Viena y de los 75 años de la Declaración Universal, en las cuales el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está proponiendo una serie de actividades, "son una oportunidad apropiada para identificar qué derechos requieren especial atención en este momento y cómo fortalecer los instrumentos de protección y prevención de violación de los mismos", sostuvo.En su intervención, el presidente Petro manifestó que para el Gobierno nacional es una prioridad atender las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en materia de protección y salvaguarda de la protesta social.“La juventud colombiana durante los últimos años ha alzado su voz por defender sus derechos y hacer transformaciones estructurales. Sus reclamos han abordado las profundas desigualdades sociales y han apostado por un cambio; es por eso que la reivindicación y la reparación a las víctimas del estallido social, debe ser parte de la ruta trabajo para la garantía de los derechos humanos en nuestro país”, advirtió Petro.Adicionalmente, el jefe de Estado subrayó que Colombia se ha comprometido con la búsqueda de la justicia social, la verdad del conflicto y la justicia ambiental, como elementos esenciales para consolidar la paz.Por ello, Petro reiteró que se compromete con “la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad son una prioridad, para lo cual requerimos de la cooperación y el trabajo conjunto con el sistema y la comunidad internacional”.Otro tema abordado por el presidente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue “la relación entre la violencia y el narcotráfico, así como las causas históricas y estructurales del conflicto”.En este aspecto resaltó que Colombia, bajo su Gobierno, propone una nueva política sobre drogas, con un enfoque de derechos humanos para dejar atrás el prohibicionismo como paradigma dominante, con la implementación de estrategias que atiendan las causas estructurales de este fenómeno, como la pobreza, la falta de acceso a oportunidades, la sociedad de la competencia y la debilidad institucional.Finalmente, el presidente Petro expuso el interés de Colombia de ser miembro del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2025 – 2027, “con el deseo de poder compartir con toda la comunidad internacional las enseñanzas de lo que hemos sufrido, en medio de una grave crisis de derechos humanos y de lo que hemos intentado para superarla con nuestros logros, aciertos y desaciertos”.Le puede interesar:
Este domingo 24 de noviembre será la jornada de votación para definir si Cali, Candelaria, Dagua, Jamundí, Palmira, Puerto Tejada y Villa Rica, municipios de Valle y Cauca, se unen al Área Metropolitana del Suroccidente Colombiano. Para que la jornada transcurra con normalidad, las autoridades decidieron decretar ley seca, la medida tiene horarios definidos para bares, discotecas, estancos y establecimientos que comercialicen bebidas alcohólicas. "Para establecimientos sin consumo interno de bebidas alcohólicas (como estancos y tiendas): la medida inicia a las 10:00 de la noche del sábado 23 de noviembre. Para establecimientos con consumo interno (bares, discotecas y restaurantes), la medida inicia a la medianoche del mismo día. La restricción estará vigente hasta las 6:00 de la mañana del lunes 25 de noviembre", dijo Diego Fernando Hau, secretario de Gobierno de la Alcaldía de Cali. También se instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el Comando de la Policía Metropolitana de Cali y habrá un despliegue de uniformados en todos los puestos de votación para garantizar el derecho al voto de los ciudadanos."El domingo es importante acudir a las urnas desde las 8 de la mañana hasta las 4:00 pm en el mismo puesto de votación donde se encuentra la cédula de ciudadanía registrada, de esta misma manera la policía junto con la fuerza pública y la Alcaldía de Cali garantizara el derecho a la democracia y garantizara que todas las personas que salgan a votar lo hagan de manera libre y segura", manifestó Hau. Durante la jornada estará prohibido el transporte de carga pesada, materiales de construcción, escombros, pipas, pimpinas de gas y trasteos, así como el porte, tenencia o transporte de armas blancas.Finalmente, desde este sábado y hasta el lunes, los centros médicos tienen activada la alerta amarilla para garantizar la prestación oportuna de los servicios de salud ante una posible emergencia.
"Daremos todo", dijo el técnico Pablo Peirano, de Santa Fe, tras la goleada que recibió el club en la primera fecha de cuadrangulares por parte de Atlético Nacional (5-0), que espera recuperar terreno contra Millonarios en el clásico capitalino; sin embargo, el partido podría tener un problema que ninguno de los clubes tenía en la mente.La Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol de Bogotá (CDSCCFB) emitió un comunicado en donde asegura que, este partido, no se podrá disputar el lunes, 25 de noviembre, como dice el calendario Dimayor debido a que no existen las garantías mínimas de seguridad para que este compromiso se lleve a cabo en el horario estipulado, esto debido a que el desmontaje del concierto de Iron Maiden, que será tres antes, demoraría más tiempo en completarse.“En tal sentido y de acuerdo a lo establecido en el reglamento interno de la CDSCCFB, con el fin de garantizar las condiciones de seguridad, comodidad y convivencia en cualquier partido de fútbol, se decide que el partido programado entre Santa Fe y Millonarios por la segunda fecha de la fase de grupos debe ser aplazado en la fecha que defina la Dimayor, considerando que se deben garantizar las condiciones de seguridad, comodidad y convivencia para el desarrollo del mismo”, indicaron.Asimismo, sugieren que se dispute un día después, es decir, el martes, 26 de noviembre, a la misma hora. No obstante, de darse esto, Dimayor debería correr toda la fecha 3, pues está programada para el jueves de esa semana y los clubes deben contar con mínimo tres días de descanso en sus planteles profesionales. La otra opción es aplazarlo por completo y dejarlo tentativo para cuando se disputen las finales de Copa.“Se invita a todos los integrantes del ecosistema del fútbol a trabajar de manera armónica y ordenada para garantizar una adecuada realización de los diferentes eventos deportivos”, puntualizaron.
El Servicio Geológico Colombiano reportó, durante la tarde de este jueves 21 de noviembre, que se presentó un sismo de magnitud 4.0 con epicentro en el municipio de Tona, Santander. El sismo tuvo una profundidad de 182 kilómetros y también se sintió en Santa Barbara y Floridablanca.
Este jueves en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.Escuche el programa completo
Crepes & Waffles, una de las marcas colombianas más icónicas, continúa expandiendo su presencia internacional, consolidándose como una multinacional con restaurantes en varios países, incluyendo Europa. Uno de sus locales, ubicado en Madrid, fue recientemente visitado por un grupo de españolas que compartieron su experiencia en redes sociales.“Hoy decidimos venir con unas amigas al restaurante Crepes & Waffles, llegado desde Colombia y que cuenta con tres sedes en Madrid”, comentó una de ellas a través de la cuenta de Instagram Elkomedir, donde compartieron detalles sobre los platos que probaron y los precios.Así fue la reacción de las españolasEl grupo comenzó su velada probando las famosas tomatinas, una entrada de mozzarella con pesto y vinagre balsámico, por 5,90 euros (alrededor de 27.000 pesos colombianos).En cuanto a los platos principales, eligieron una variedad de opciones representativas del menú:Waffle Madam con queso sajonia, huevo y salsa parmesana: 10,50 euros (48.000 pesos colombianos).Crep de gambas al ajillo: 15,90 euros (73.000 pesos colombianos).Pita de champiñón bucket con mozzarella, champiñones, tomates secos y rúcula: 10,20 euros (46.000 pesos colombianos).Crep sombrero volteado, una combinación de carne desmechada, puré de plátano, crema agria, aguacate y pico de gallo: 13,90 euros (64.000 pesos colombianos).Finalmente, cerraron la experiencia con un waffle con dulce de leche, helado de vainilla y nata, a un sorprendente precio de 1,80 euros (8.000 pesos colombianos).“Hace unos días estuvimos en este restaurante de origen colombiano con unas amigas (gracias Jessi por salir en nuestro vídeo 😘) y nos gustó bastante", escribieron en la publicación. Aunque mencionaron que el servicio fue un poco lento, destacaron la calidad de la comida y los precios competitivos, especialmente considerando la ubicación del restaurante en la popular calle Fuencarral.
