Un niño de 15 años fue asesinado por las disidencias de las Farc en el corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia, Cauca. El menor recibió cuatro disparos por negarse a ingresar a sus filas.Asimismo, las fuerzas militares confirmaron que integrantes de la estructura Carlos Patiño, una de las más violentas disidencias de las Farc, asesinaron al adolescente.Sobre este lamentable hecho habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga el jefe negociador de paz del Gobierno con ese grupo que se fraccionó del Estado Mayor Central, Camilo González Posso.Según dijo, citando cifras de la Comisión de la Verdad, más de 30.000 menores han sido reclutados a lo largo de los años por diferentes grupos armados.Esta problemática se presenta especialmente en regiones como el Cauca, donde el caso del fusilamiento de un menor ha hecho eco en la ciudadanía, generando indignación y urgencia por buscar una solución.Posso indicó que los grupos armados han comenzado a utilizar a los niños y adolescentes no solo como combatientes, sino también como espías, dado que su juventud los dota de una supuesta capacidad de “temeridad"."La Comisión de la Verdad estableció un registro de más de 30.000 niños y niñas reclutados en el horizonte, que ellos consideraron es una práctica vieja. Generalmente los grupos armados utilizan a los niños o los vinculan porque el niño tiene, por su configuración mental todavía una capacidad de temeridad y entonces son utilizados para de espionaje o para, incluso, acciones de combate. Es una práctica atroz que viene atrás y que ahora se está incrementando", explicó.Esto ha llevado a situaciones desgarradoras, incluyendo el uso de los menores como escudos humanos y la creación de redes de capturas y secuestros.Los efectos de la guerra en la población civilEl impacto de estas prácticas sobre la sociedad es devastador; no solo castiga a los menores, sino que también traumatiza a las comunidades, de acuerdo con el jefe negociador.La preocupación es evidente, especialmente cuando se considera que muchos de estos jóvenes retornan a hogares en los que el ciclo de violencia continúa presente.Perspectivas sobre el proceso de paz en ColombiaA pesar de las dificultades y el contexto complicado, mantuvo la esperanza sobre la posibilidad de acuerdos significativos. Señaló que, aunque existen obstáculos claros relacionados con el reclutamiento y la violencia, las conversaciones en marcha pueden llevar a resultados positivos.Escuche la entrevista completa aquí:
Amnistía Internacional presenta este martes en el Teatro Colón de Bogotá, el informe “Transformar los dolores en derechos: Riesgos, amenazas y ataques a las mujeres buscadoras en Colombia”, que documenta la realidad que viven las mujeres que dedican su vida a buscar a las víctimas de desaparición forzada en Colombia, y la importancia de que la sociedad las reconozca y las autoridades garanticen sus derechos, ante los graves obstáculos que enfrentan al exigir verdad y justicia.En diálogo con Mañanas Blu, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, habló sobre lo que sería el informe y destacó por qué resulta ser un día crucial en materia de derechos humanos. Asegura que el principal avance que hay hoy y uno de los elementos fundamentales del informe es la aprobación de la Ley de Mujeres buscadoras, que se aprobó hace unos meses en Colombia. "Esa ley, a nuestro juicio, avanza en la dirección correcta, establece protecciones de derechos tanto para su labor de búsqueda como sus derechos económicos y sociales. También para impedir que los ataques de las que ellas son víctimas queden en la impunidad. Pero pasa todavía que es una ley muy reciente y que la implementación de la ley es lo que va a ser fundamental para ver si realmente ayuda y protege a las mujeres buscadoras de la manera que en el papel dice que lo va a hacer", señaló. El fenómeno de mujeres buscadoras en Colombia es alarmante. De acuerdo con la Comisión de la Verdad, se estima que alrededor de 210,000 personas están desaparecidas en Colombia, y muchas de ellas son buscadas por sus madres, hermanas e hijas. El informe no solo busca visibilizar esta problemática, sino también ofrecer un marco legal que ayude a proteger a estas mujeres y a restablecer sus derechos. "Es importante que se reconozca la labor de búsqueda, ya que no solo se trata de encontrar a un ser querido, sino de buscar justicia y reparación", afirmó Ana Piquer. La realidad de las madres buscadorasA menudo, estas mujeres son vistas como excesivas o exageradas en sus demandas por parte de la sociedad, lo que expone una clara misoginia en la narración. La falta de reconocimiento de su papel como defensoras de derechos humanos complica aún más su situación.
En una audiencia, convocada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, 19 miembros retirados del Batallón de Infantería No. 04 detallaron la verdad sobre hechos cometidos en zonas rurales del municipio de Granada, en Antioquia.Estos comparecientes se refirieron particularmente sobre cinco hechos de violencia cometidos entre noviembre de 2002 y mayo de 2005, en las veredas Galilea, San Francisco, La Arenosa y Los Medios, de Granada, por los cuales están registradas al menos 7 víctimas. Los comparecientes hablaron sobre el modo en que operaban, los falsos positivos y los beneficios recibidos por bajas. Según el exmilitar Gerardo Martínez Calderón, en aquella época, al parecer, los falsos positivos eran conocidos como una forma de operar dentro del batallón."En ese momento no se conocía como el falso positivo, no, sino que uno en la perspectiva en la que uno estaba, uno decía, ah bueno aquí trabajan es así, y ahí fue cuando uno se empieza a dar cuenta de que las cosas no todas estuvieron bien hechas, como esos casos donde presentaban gente con ejecuciones extrajudiciales como combates y como positivos", indicó Calderón.Además, mencionó que entre por cada baja que un soldado efectuara se les daba al menos 5 días de permiso: "El único beneficio era el permiso. Después de siete, ocho meses, dependiendo los resultados que usted tuviera, en el que transcurrió ese tiempo, le daban a uno una cierta cantidad de días más, aparte del permiso ordenado. Si no eran bajas, no daban días, o sea, tenían que ser bajas. Capturas, munición o cosas así, nada", explicó el exmilitar.Vale la pena aclarar que estos comparecientes, que no han sido seleccionados como máximos responsables, transitan la Ruta no Sancionatoria de la JEP, a través de la cual deben hacer aportes de verdad, hacer compromisos para la restauración de las víctimas y, en dado caso, reconocer su responsabilidad para resolver su situación jurídica de forma definitiva y poder reintegrarse a la sociedad.
El comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad eligió a Wilson Castañeda como su nuevo presidente para el periodo 2024 a 2025. Castañeda es politólogo y tiene un doctorado en Filosofía. Recientemente, desde la organización Caribe Afirmativo ha liderado varias iniciativas en favor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+."Desde esta nueva posición, Castañeda reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo las acciones pedagógicas y comunicativas derivadas de las recomendaciones, en aras de avanzar hacia una sociedad más justa y reconciliada. Para ello, ha establecido cinco prioridades estratégicas para garantizar el seguimiento y la apropiación de estas recomendaciones, las cuales guiarán el trabajo del Comité en los próximos años", explicaron en un comunicado desde el Comité.En esta etapa el comité va a trabajar en cinco temas principalmente: el primero, será poner en funcionamiento el sistema de seguimiento y monitoreo que se ha desarrollado en conjunto con el equipo técnico para hacer un análisis en tiempo real del estado de implementación de las recomendaciones; el segundo, será el de la preparación de los informes que hacen desde el comité; el tercero, será promover el reconocimiento de la verdad como un bien público; el cuarto, será el de llevar los territorios las recomendaciones; y el último, coordinador una articulación con el Sistema Integral para la Paz."También, Castañeda ha subrayado la importancia de una acción pública de rendición de cuentas, en la cual el Comité informará de manera transparente y periódica sobre los avances logrados, asegurando que la sociedad civil tenga un papel activo y vigilante en este proceso", agregó el comité en su comunicado.
Este martes 16 de julio, se conoció que la Procuraduría General de la Nación sancionó con una suspensión de quince meses a Rolando Rodríguez Cruz, quien es analista de la macroterritorial Bogotá- Soacha de la Comisión de la Verdad, por presuntamente haber acosado sexualmente a una de sus compañeras de trabajo.En este caso, la Procuraduría logró constatar que este funcionario ejerció coacción en contra de una de las funcionarias de la Comisión de la Verdad, además también se pudo comprobar que Rodríguez utilizó los correos electrónicos de la entidad para presionarla, insultarla, agredirla y perseguirla con el único fin de enviarle mensajes de índole sexual de manera reiterativa.Incluso la Procuraduría, en medio de sus investigaciones, pudo corroborar que, este funcionario transgredió la dignidad de la víctima, persiguiéndola hasta el baño de mujeres durante un evento laboral del año 2020, donde habría utilizado términos desobligantes y violentos en su contra.Finalmente, en un fallo de primera instancia, el distrito de Juzgamiento determinó la falta del funcionario de la Comisión de la Verdad como grave; lo que resultó en la suspensión de 15 meses por parte de la Procuraduría.Respecto a las suspensiones por parte de la Procuraduría a los servidores públicos, hay toda una polémica, ya que en el último mes el Ministerio Público ha sancionado a figuras de la política como es el caso del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien fue sancionado para ejercer cargos públicos por 6 meses además de una multa por más de 100 millones de pesos, y más recientemente se conoció que la Procuraduría confirmó la suspensión del exalcalde de Cartagena William Dau por tratos irrespetuosos a directivos de la universidad de esa ciudad.La polémica radica en que el propio presidente Gustavo Petro se ha pronunciado enérgicamente cuando la Procuraduría emite sus sanciones, diciendo que “es un abuso de poder y que ninguna autoridad administrativa debe suspender los derechos políticos a ningún ciudadano de Colombia”.
El presidente Gustavo Petro se reunió este jueves 8 de febrero, con los 15 delegados del consejo de seguridad de la ONU que se encuentran en Colombia, para hablar de la implementación del acuerdo de paz y del proyecto de paz total del presidente.En el encuentro también estuvo el embajador de Colombia en Estados Unidos Luis Gilberto Murillo, y la embajadora ante Naciones Unidas, Leonor Zalabata.El presidente Gustavo Petro señaló que la implementación del acuerdo de paz no tuvo los avances esperados durante los cuatro años del Gobierno Duque, y volvió a referirse a la JEP.“Se creó la JEP con esos acuerdos y con ese objetivo, si miramos si ha aparecido la verdad judicial hay un esfuerzo de la Comisión de la Verdad histórica, que entregó su informe, pero el esfuerzo de la verdad judicial, que es el que tiene que acabar la impunidad durante estas décadas del conflicto, pues tenemos que decir también que no se ha cumplido”, aseguró Petro.El mandatario también se refirió al fondo multidonante que se creó en el proceso de paz con el ELN y asegura que él considera que la comunidad internacional puede ayudar en la transformación del territorio, cuestionó también algunas agencias creadas durante el gobierno Santos para la implementación del acuerdo con las extintas Farc.“La decisión que yo he tomado ante esta realidad es que ya no son las instituciones que salieron del Gobierno Santos, pequeñas y sin presupuestos, las que pueden lograr esto, sino que es todo el Gobierno nacional completo con todo el presupuesto del país destinado a resolver el problema de la desigualdad social y territorial en Colombia y, por tanto, el gran coordinador de la implementación de la paz es el presidente”, señaló Petro.
En los últimos días, el jurista Rodrigo Uprimmy ha escrito algunas columnas de opinión sobre los falsos positivos, a propósito de las audiencias de reconocimiento de un grupo de militares en Yopal, Casanare, pues estas personas aceptaron su responsabilidad en casi 300 casos de ejecuciones extrajudiciales que se registraron en el departamento entre los años 2005 y 2008.Estas columnas han generado también la respuesta del expresidente Álvaro Uribe, quien además ha defendido su política de seguridad democrática.En las últimas horas el padre Francisco de Roux y los excomisionados de la Comisión de la Verdad emitieron un pronunciamiento apoyando las ideas de Uprimmy."Como exmiembros y comisionados de la Comisión de la Verdad expresamos nuestro apoyo a Rodrigo Uprimny en sus columnas sobre la responsabilidad política y moral del expresidente Álvaro Uribe en los falsos positivos y sobre la posibilidad de que como comandante supremo de las fuerzas armadas haya incurrido en la responsabilidad del mando, aunque no haya ordenado directamente esos actos criminales", señalaron en un comunicado.En el mismo sentido aclararon que Uprimmy no tuvo contratos de la Comisión de la Verdad, aclarando que hizo parte del Consejo Asesor, integrado por doce personas."Para la Comisión de la Verdad los falsos positivos son un crimen de Estado cometido por agentes estatales y no estatales y son política de Estado, porque solo se explican como un sistema de disposiciones legales y extralegales, estímulos y exigencias de resultados, acciones y omisiones, surgidas desde el mismo Gobierno e implementadas durante varios al interior de las Fuerzas Militares", finalizó el comunicado.El expresidente Álvaro Uribe Vélez respondió a este pronunciamiento asegurando que hay sesgo por parte del padre Francisco de Roux y los excomisionados."Padre De Roux, siempre presumí la buena fe suya y de sus compañeros en favor de la paz. Sin embargo, ese sesgo para acusar o absolver, indicaría que uds han apoyado al crimen, por eso la rabia conmigo, porque la política de Seguridad Democrática bastante mejoró al país", aseguró Uribe.Le puede interesar
El Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad le pidió al expresidente Álvaro Uribe frenar sus declaraciones en contra de esa instancia y contra la JEP, que siguen adelantando las investigaciones en el marco de los casos de ejecuciones extrajudiciales.“Sus declaraciones (...) son revictimizantes y en nada le contribuyen a la verdad, la paz y la reconciliación que millones de colombianas y colombianos buscamos y esperamos”, reseñó el comité en un comunicado.Y es que durante esta semana, el exmandatario emitió al menos dos pronuncumaientos cuestionando los avances en los proceso por falsos positivos y más tras las declaraciones de varios militares desde Yopal, Casanare, entre ellos el general (r ) William Torres Escalante, quienes reconocieron su responsabilidad en esos delitos y mencionaron a Uribe.El exmandatario escribió, entre otras, que la JEP impulsaba a reconocer delitos no cometidos y permitía “presentar como inocentes a quienes estaban delinquiendo así sus familias no lo supieran. Hay casos clarísimos de integrantes de grupos terminales que aparecen como víctimas inocentes”.Y por eso Uribe agregó que enviaría a ese justicia especial la misma declaración que había entregado a la Comisión de la Verdad aunque difiera de su informe final.El comité responde entonces que es necesario el respeto para quienes vienen trabajando en el cumplimiento de las recomendaciones del informe en el que sí se incluyeron las versiones de los diferentes sectores involucrados en el conflicto armado.“Reconocemos y exaltamos la importancia de las declaraciones dadas por los militares en clave del esclarecimiento de la verdad, la búsqueda de personas desaparecidas y la no repetición de estos hechos, en la Audiencia de Reconocimiento de Verdad del Caso 03, sub caso Casanare, y la cual el expresidente Uribe atacó con un video y desde su cuenta en la red social X”, reiteró el comité.Finalmente, desde este equipo creado una vez fue publicado el informe final de la Comisión, mantuvieron su respaldo al trabajo, pero además le piden a Uribe que se involucre en la JEP como testigo que aporte verdad y asumiendo responsabilidad.Vea también
Durante su visita a Medellín, el sacerdote jesuita Francisco de Roux, expresidente de la Comisión de la Verdad y quien lideró la elaboración del informe tras los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc-EP, habló sobre el interés del Gobierno nacional en trabajar por una paz total, invitando a los grupos armados a ser consecuentes.A los miembros del ELN, particularmente, el sacerdote caleño les envió un mensaje para que sean conscientes que cada acto contra un soldado, contra un campesino o contra uno de sus miembros es un acto que sufre todo el pueblo colombiano y por ello es necesario que se firme un acuerdo de paz pronto."La paz hay que hacerla pronto, que pongan una fecha y que comprendan que cada día de guerra es guerra contra el pueblo colombiano, no contra el Estado ni contra el sistema, esos son solo adjetivos ideológicos", dijo de Roux.En cuanto a la instrumentalización de la población civil que hacen los grupos armados como el Clan del Golfo, las disidencias o el mismo ELN, de Roux explicó que no concuerdan con lo que predican."Se presentan como los defensores del pueblo y los luchadores disque porque el pueblo. Cada acto de esos es un acto criminal contra el pueblo colombiano, los deslegitimiza, les quita toda reputación, muestra que lo que están haciendo no sirve para nada", puntualizó el padre.El sacerdote recordó que en la guerra sufre todo el pueblo colombiano y por ello es necesario hablar de la verdad, desde la comprensión y buscar alternativas para que lo que ha padecido el país no se repita una vez más.
Siga en vivo la Audiencia de Reconocimiento de la Verdad de la JEP en la que participarán los responsables de los casos de los falsos positivos en Dabeiba reconocerán su responsabilidad por los asesinatos y desapariciones forzadas en Antioquia.El sistema de Sistema de Medios Públicos, RTVC, transmite por primera vez una audiencia de reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz.Según informó la JEP, a través de redes sociales, el país podrá escuchar la audiencia de reconocimiento, siendo la primera vez que la televisión pública presenta una diligencia de estas características.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFVea también:
