A la Comisión de Acusación llegó una recusación en contra del representante Alirio Uribe, quien hace parte del grupo de investigadores que tiene a su cargo el expediente sobre la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro.La recusación fue presentada por el representante Cristian Garcés en contra del representante Uribe Muñoz, argumentando que este último tendría un conflicto de intereses, primero, al ser del Pacto Histórico y además por haber apoyado la campaña del presidente Petro cuando era candidato.“Se aparte al señor Alirio Uribe Muñoz como representante investigador dentro de las denuncias por la presunta violación a topes de campaña y otros delitos electorales en los que se acusa de incurrir al presidente Gustavo Petro Urrego y, en su lugar, proceda a nombrar otro representante investigador imparcial”, solicitó Garcés.Esta recusación se presenta en un momento crucial, donde dicha Comisión no solo había pedido más pruebas, como, por ejemplo, las de Daily Cop, sino que también se estaba evaluando si revelar el expediente del jefe de Estado, por lo que esto no podrá avanzar hasta que no se resuelva dicha recusación.“El representante actualmente pertenece al partido de Gobierno y ha manifestado amplia y públicamente su apoyo incondicional al hoy presidente de la República. Lo anterior implica que políticamente hay un interés generado en que el presidente que eligió su partid, y es afín a su ideología, se mantenga en el poder y no sea desacreditado de ninguna manera por haber cometido alguna ilegalidad que le haga perder su investidura o dañar su reputación”, mencionó este representante del Centro Democrático.Añadió que “el interés es especial, personal y directo en la medida en que, si el Gobierno resulta perjudicado, el alcance de dicho daño se extiende a él como congresista, a su movimiento político, su carrera y reputación por haber participado de esa coalición y haber sido promotor político de lo que presuntamente fue una campaña con una financiación irregular"."El interés es actual en cuanto el representante hace parte de la bancada de Gobierno, por lo que el perjuicio que se pueda causar por un posible proceso en contra del presidente es latente y concomitante al momento en que se espera se profiera la decisión”, dice el documento.Incluso, Garcés hizo la petición de que se proceda a hacer públicos todos los expedientes relacionados con las denuncias al presidente Petro por violación a topes de campaña, ya que afirma que los términos de investigación previa se encuentran vencidos y también ha sido solicitado por la defensa del primer mandatario.El representante también argumentó que con esto se busca garantizar que el proceso sea más transparente y añadió que entre más rápido aparten a Uribe Muñoz del caso más rápido avanzará: "Nosotros en junio de 2023 radicamos una recusación a Alirio y la comisión no la resolvió y siguió adelante. Insistimos en ella porque con Alirio en el triunvirato investigador no se está cumpliendo con los tiempos procesales".
En medio de una creciente tensión política, Héctor Carvajal, abogado del presidente Gustavo Petro, declaró que no recurrirá la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de abrirle una investigación al mandatario por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño en 2022.Carvajal confirmó que la defensa del presidente no reconocerá las actuaciones del CNE por considerarlas fuera del marco legal.El abogado también explicó que, en paralelo, el equipo internacional de defensores de Petro ha solicitado medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que Colombia se abstenga de continuar con investigaciones administrativas en contra del presidente."Lo que se busca es ratificar las medidas cautelares para proteger el cargo del presidente, como ya lo hizo la Corte Interamericana en el pasado”, concluyó.Este caso, que podría terminar en manos de la Corte Constitucional, promete seguir siendo un foco de atención en los próximos meses, ya que la estabilidad política del país está en juego.“Una multa abre la puerta a un juicio por indignidad”En relación con una eventual multa contra el mandatario, Carvajal advirtió que una sanción de este tipo podría abrir las puertas a un juicio por indignidad, lo que pondría en riesgo el cargo presidencial.“Es grave que se deje imponer una multa al presidente de la República porque no se puede sentar un precedente de esa naturaleza en el país”, aseguró el abogado en entrevista.Multa del CNE: un ataque al fuero presidencialCarvajal fue claro al señalar que cualquier sanción impuesta por el CNE no solo carece de legitimidad, sino que además podría desatar consecuencias jurídicas de gran alcance.“El CNE no tiene competencia para emitir multas contra un presidente. Si no lo puede investigar, mucho menos multar”, expresó con firmeza. Según el abogado, una multa impuesta al presidente Petro no sería una simple sanción administrativa, sino un paso hacia un proceso de destitución.De acuerdo con Carvajal, la Ley 996 establece que, en caso de violación de los topes de financiación de campaña, la imposición de una multa da pie a un juicio por indignidad que podría culminar en la pérdida del cargo.La respuesta de Petro ante las acusacionesEn relación con las acusaciones de que la campaña de Gustavo Petro violó los topes de financiación, el abogado defendió la postura del mandatario. Afirmó que el presidente ha colaborado plenamente con los procesos legales y ha solicitado que el caso sea de conocimiento público para garantizar la transparencia. “El presidente pidió que sea público el proceso para que todo el mundo conozca que realmente no hubo violación de topes”, explicó.Sin embargo, Carvajal subrayó que la estrategia de defensa de Petro se centra en la protección de su fuero presidencial, un derecho consagrado en la Constitución colombiana. “La defensa del presidente tiene que enfocarse en lo fundamental, en el fuero. Él viene haciendo alusión al tema probatorio, porque ya se está debatiendo”, añadió.Comparaciones con el caso SamperDurante la entrevista, se le preguntó a Carvajal si este proceso guardaba alguna similitud con el juicio político que enfrentó el expresidente Ernesto Samper en los años noventa. El abogado respondió que, aunque el contexto político es diferente, la ley actual establece un camino claro hacia la destitución en caso de violación de las normas de campaña.“Hoy en día hay una ley estatutaria que establece el procedimiento para llevar a cabo este tipo de violación. No es imposible que este proceso termine en la destitución del presidente, debido a la polarización política que vive el país”, comentó.Carvajal también mencionó las diferencias clave entre los casos: “En los tiempos del presidente Samper no existía la ley de las campañas. Hoy la situación es distinta, porque hay una normativa clara que regula la financiación electoral”, enfatizó.El papel del Consejo de Estado y la tutela pendienteA pesar del rechazo del Consejo de Estado a las solicitudes de anulación presentadas por la defensa de Petro, Carvajal reveló que aún queda una batalla jurídica por librar.El abogado indicó que, de no obtener una resolución favorable en las instancias colombianas, existe la posibilidad de recurrir al sistema interamericano de derechos humanos. Este argumento se basa en el precedente de la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2013, cuando Gustavo Petro fue destituido como alcalde de Bogotá por la Procuraduría General. “Son dos situaciones idénticas y ambas por autoridades administrativas, solo que una era por la Procuraduría y ahora es el CNE”, señaló.
Los representantes de la Comisión de Acusación que investigan al presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en su campaña anunciaron que solicitarán pruebas sobre el escándalo de Daily Cop en los próximos días.Este jueves, 3 de octubre, rindieron testimonio ante la Comisión de Acusación Dagoberto Quiroga, presidente de Colombia Humana en 2022, y César Eduardo Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera en ese mismo año, entre otros."Si la investigación es sobre la superación de los topes, teniendo en cuenta lo que invirtió el partido el día de las elecciones para la vigilancia, puede haber un error en la apreciación. Así lo hemos manifestado al Consejo Nacional Electoral: no pueden ser considerados gastos de campaña si fueron en un día que no era de campaña", dijo Dagoberto Quiroga.A su vez, los representantes que investigan al presidente Petro por presuntas irregularidades en su campaña anunciaron que abordarán las pruebas relacionadas con el escándalo de Daily Cop en los próximos días. Así lo dio a conocer la representante Gloria Arizabaleta: "En las siguientes semanas se practicarán otros medios de prueba relacionados con el asunto de Daily Cop, con el avión de transporte de la campaña y otros hechos que se pusieron en conocimiento de los investigadores a través de denuncias y que fueron publicados por distintos medios de comunicación, dada la relevancia y notoriedad de los mismos".Aseguran que, tras este recaudo probatorio, se emitirá una decisión para que la comisión en pleno la discuta, por lo que estas serían las últimas citaciones dentro de este caso. Incluso, Blu Radio pudo conocer que la defensa del presidente Petro solicitaría que se archive el expediente en la Comisión de Acusación, debido a que en ninguno de los testimonios recopilados se ha comprobado que se presentaron irregularidades en la campaña.De la misma manera, el pasado jueves 19 de septiembre se recibieron los testimonios de Marlene Montenegro Díaz y Fabián Romero Acosta, pertenecientes a la firma Nexia y Montes Asociados, quienes, en su rol de contadora y coordinador de auditoría, conocen a fondo la auditoría contable externa que se le realizó a la campaña, según lo establece la ley electoral colombiana.
El Consejo de Estado admitió una demanda interpuesta por el presidente Gustavo Petro contra la Sala de Consulta y Servicio Civil de ese alto tribunal. En dicha demanda, el presidente busca que las investigaciones en su contra por la campaña presidencial de 2022 queden en manos de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y no del Consejo Nacional Electoral.Según la demanda, el presidente Petro solicita la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, "al juez natural, al fuero especial integral constitucional, y, lo más importante, garantizar la estabilidad institucional de la Nación y la figura del presidente de la República como máxima autoridad administrativa".>>> Lea también: Procuradora Margarita Cabello cuestiona "excesivo presidencialismo" del gobierno PetroAdemás, se pide dejar sin efectos la decisión adoptada por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, proferida el 6 de agosto, mediante la cual, "en abuso y extralimitación de funciones y de forma arbitraria, ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) seguir adelante con la investigación al presidente de la República", señala la tutela.El magistrado de la Sección Segunda, Jorge Edison Portocarrero Banguera, fue quien admitió el recurso del presidente Petro y, además, anunció que se vinculará en el caso al Consejo Nacional Electoral y a la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, "al ser las autoridades frente a las cuales se resolvió el conflicto de competencias que aquí se cuestiona".
Integrantes de la Comisión de Acusación, como Hernán Cadavid y Óscar Villamizar, rechazaron las afirmaciones del presidente Petro, quien señaló que se busca dar un golpe a través del Consejo de Estado, donde se adelanta una investigación por presuntas irregularidades en su campaña."Gustavo Petro insiste en que quieren darle un golpe de Estado, pero esto no es más que una maniobra de distracción cada vez que surge un nuevo escándalo que lo involucra", expresó Villamizar a través de su cuenta de X.En los documentos de la denuncia presentada por Cadavid se acusa a Petro de realizar "amenazas y chantajes" a entidades como el Consejo Nacional Electoral, que actualmente investiga una posible violación de los topes electorales en la campaña Petro Presidente. La carta, dirigida a Luis Almagro, secretario de la OEA, y a la CIDH, señala que, según Cadavid, no se puede seguir tolerando la presión y los chantajes del primer mandatario.“Con la tesis del golpe de Estado en su contra, el presidente Gustavo Petro ha respondido desde su cuenta de X a la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral, la cual busca determinar si su campaña de 2022 violó los topes de gastos establecidos por la ley”, concluyó Cadavid.
Blu Radio conoció apartes de la declaración que dio el exgerente de la campaña Petro Presidente y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ante los representantes investigadores de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, el pasado 18 de abril.Roa reconoció que recibió a delegados de Fecode y la USO (Unión Sindical Obrera), pero negó recibir aportes de estos dos sindicatos porque tienen personería jurídica y eso les impide aportar a las campañas presidenciales. para la campaña presidencial.Lea también: Petro tras decisión del CNE: “Les solicito rodear pacíficamente los centros del poder”Además, ante la pregunta del delegado de la Procuraduría, Bladimir Cuadro, de si la campaña recibió aportes de personas como Santander López Sierra ‘El Hombre Marlboro’, el ‘Turco’ Hilsaca y el empresario Christian Daes, Roa lo negó.“La instrucción del presidente fue que no podíamos exceder los topes señalados”, señaló Roa ante la pregunta de Mauricio Pava, abogado del presidente Petro. Agregó que esa fue una de las principales ordenes del entonces candidato, después de evitar la procedencia indebida de recursos.Finalmente, Roa señaló que la campaña tuvo controles y auditorías internas y que todos los partidos de la coalición enviaron auditores por aparte para ejercer control.
El gerente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente, Ricardo Roa, llegó a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes este jueves 18 de abril, para responder en medio de las investigaciones por una presunta financiación ilegal de la campaña del presidente. Roa llegó antes de las 8:00 a. m. y estuvo por más de una hora frente a los tres representantes investigadores respondiendo algunas preguntas.En esta declaración, Roa aseguró que la financiación de la campaña contó con una auditoría rigurosa y aclaró que Nicolás Petro, el hijo del presidente, no tuvo participación formal con la campaña. En el mismo sentido, aseguró que Euclides Torres, Fecode, la USO, y Christian Daes no entregaron recursos.Tras la diligencia de Roa, se conectó virtualmente el empresario Euclides Torres, quien decidió guardar silencio, pero alcanzó a leer un comunicado ante los representantes investigadores."Los señalamientos hechos desde diferentes sectores sobre mi relación con supuestas irregularidades en la campaña Petro Presidente no corresponden con la realidad. Nunca aporté dinero a la campaña presidencial de nuestro actual presidente; solo apoyé con algunos aspectos logísticos mucho antes que él fuera siquiera candidato", aseguró Torres.Mauricio Pava, abogado del presidente Gustavo Petro, por su parte, estuvo presente en la diligencia de Roa, realizando algunas preguntas sobre la auditoría y otros temas de la campaña, al final, también emitió un comunicado."La autoridad ha indagado exhaustivamente el manejo y estructura del manejo de la campaña y sobre aporte, topes y contribuciones de particulares, sin que haya asomo de alguna responsabilidad atribuible al presidente", señaló Pava.
En el marco de la investigación preliminar al presidente Gustavo Petro, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ha citado a su hijo, Nicolás Petro, para declarar el próximo 30 de enero, reveló Ricardo Ospina en Meridiano Blu.El propósito de esta citación es determinar si Nicolás Petro ratifica las declaraciones realizadas durante un interrogatorio ante la Fiscalía el pasado 2 de agosto, en el que admitió el ingreso irregular de dinero a la campaña "Petro Presidente 2022", o si eventualmente se retracta de esas afirmaciones.La Comisión de Acusaciones tomó la decisión de abrir una investigación previa contra el presidente Petro después de analizar la compulsa de copias enviada por la Fiscalía. El siguiente paso es designar representantes investigadores encargados de recopilar pruebas para determinar si se debe iniciar una investigación formal y, eventualmente, un juicio contra el presidente por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña.Las declaraciones de Day Vásquez y Nicolás Petro, hijo del presidente, son el origen de esta investigación preliminar, en las cuales mencionaron ingresos irregulares provenientes del hijo del ‘Turco’ Hilsaca y de Santander Lopesierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’.La defensa del presidente solicitó recientemente el archivo de seis procesos en su contra, argumentando falta de compromiso y responsabilidad ciudadana, ya que en una diligencia del pasado 11 de diciembre, diez personas citadas manifestaron no tener conocimiento directo sobre los hechos, basando su información en lo que habían conocido a través de los medios de comunicación.Le puede interesar:
La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ordenó abrir una investigación previa en contra del presidente Gustavo Petro, para determinar si se incurrió en algún delito dentro del escándalo por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial, hecho que fue mencionado por Nicolás Petro en el interrogatorio del pasado 2 de agosto.Esta decisión de la Comisión de Acusación se dio tras analizar la compulsa de copias que envió la Fiscalía. El paso que sigue es designar unos representantes investigadores, quienes tienen que recaudar las pruebas y determinar si al presidente de la República se le debe abrir una investigación formal y, eventualmente, juzgar, por cuenta de la financiación de la campaña Petro Presidente.El origen de esta investigación preliminar son las declaraciones de Day Vásquez y Nicolás Petro, hijo del presidente, sobre dineros irregulares que habrían entrado por parte del hijo del ‘Turco’ Hilsaca y de Santander Lopesierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’.Por esta supuesta financiación ilegal se han presentado varias denuncias en la Comisión de Acusación, por lo que, recientemente, la defensa del presidente pidió que se archivaran seis procesos en su contra.Diez personas fueron citadas a una diligencia el pasado lunes, 11 de diciembre, en la sala de sesiones de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y, según Mauricio Pava, abogado del presidente, manifestaron que no tenían conocimiento directo sobre los hechos y que la información que tenían era la que conocían por los medios de comunicación.Puede ver:
El magistrado Francisco Farfán de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación que involucra a miembros de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Al igual, el magistrado, que se declaró impedido, esta siendo investigado por filtrar información del caso Gnecco.Las acusaciones en contra de Farfán surgieron tras una denuncia publicada por Noticias Caracol, que planteó la posibilidad de que el magistrado hubiera alertado a Cielo Gnecco. En respuesta a esta situación, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Jorge Alejandro Ocampo, recibió la notificación de la investigación por parte del magistrado, junto a Carlos Cuenca.Ante la noticia, el representante Jorge Alejandro Ocampo se pronunció sobre la decisión del magistrado de declararse impedido en el caso y sobre la investigación que se abrió en su contra en Mañanas Blu con Néstor Morales. "Yo aplaudo la decisión de declararse impedido porque, aunque él por causal, aún no está impedido y nosotros tampoco. No estamos vinculados formalmente a un proceso ni él. Me parece que es lo mejor, porque un magistrado es una persona importante en el país y el caso se ha vuelto muy mediático", dijo el representante Ocampo. Además, compartió su sorpresa por la llegada de la carta que anunciaba la investigación a los miembros de la Comisión de Acusaciones. “Claro que nos sorprendió y no de buena manera”, dijo.“Es su función investigarnos y nosotros a él. Yo aplaudo la decisión de declararse impedido (...) Queda muy maluco empezar a calificar la intencionalidad de los magistrados sobre una persona", aseguró en Mañanas Blu.El representante del Pacto Histórico resaltó la importancia de no calificar la intencionalidad de los magistrados en relación a una persona y subrayó que la mejor opción en esta situación era que el magistrado se declarara impedido. Vea la entrevista completa:
Con el paso de las horas se siguen sumando voces de rechazo al ataque perpetrado por el ELN a una unidad militar en la vereda La Plancha, del municipio de Anorí, que ya dejó cinco soldados muertos.Se confirmó el deceso del soldado profesional Yoiser David Redondo Arias, quien no sobrevivió al atentado pese a la atención médica brindada. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, condenó el hecho violencia y aseguró que sus autores serán perseguidos."Mi expresión de solidaridad y siempre una decisión de quien quiere la guerra tendrá que ser perseguido por nuestra fuerza pública. La ofensiva que tiene que desplegarse contra criminales de esta naturaleza es indispensable que se realice", aseguró Velásquez.Las otras víctimas son el suboficial Freddys Robles y los tres soldados Fabián Rengifo, Iván Reina y Carlos Ramos. Además, cuatro soldados y un civil también resultaron heridos en esta acción criminal y son atendidos en centros asistenciales de Medellín.Los enfrentamientos armados entre el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN en zona rural de Anorí ya completan dos semanas, dejando una grave crisis humanitaria, pues al menos 150 familias han salido desplazadas de veredas como Tenche y Los Trozos y 78 niños están desescolarizados.En las últimas horas, además, fueron liberadas siete personas que estaban en poder del Clan del Golfo en una finca de la zona.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 21 de noviembre de 2024:Se habló del comienzo de los cuadrangulares en los juegos correspondientes al Grupo A. Millonarios 2-1 Pasto, Atlético Nacional 5-0 Santa Fe. Se habló del gol y las declaraciones de Falcao, y de la expulsión del técnico de Atlético Nacional, Efraín Juárez. Aridane Hernández, jugador del Rayo Vallecano, habló con Radio Marca y dejó claro que con James no existe ningún conflicto. Previa de la gran final de la Copa Sudamericana, Gustavo Costas, técnico del Racing, habló sobre Juan Fernando Quintero y el mérito del equipo por llegar a la final. Previa de partidos de la primera fecha del cuadrangular B de la liga. Junior vs. América y Once Caldas vs. Deportes Tolima. Escuche el programa completo aquí:
Nequi, la popular plataforma financiera digital, ofrece a sus usuarios la posibilidad de acceder al Crédito Propulsor, un préstamo de libre inversión cuyo monto máximo dependerá de la capacidad de endeudamiento del cliente y las políticas internas de la compañía.Sin embargo, existen algunos cobros adicionales que es importante considerar antes de solicitarlo.Para garantizar el préstamo, Nequi trabaja en alianza con FGA Fondo de Garantías S.A., quien puede requerir una fianza como respaldo para la deuda. Este servicio genera un costo adicional que Nequi incluye en el valor total a desembolsar y lo distribuye en las cuotas del préstamo.La comisión de la fianza oscila entre el 0% y el 17.8% del valor total del crédito, incluyendo IVA. Cabe resaltar que este valor no es reembolsable, por lo que el usuario debe estar consciente de que es un costo fijo asociado al crédito.En caso de incumplimiento en el pago de las cuotas, Nequi podrá reclamar el monto al FGA, quien asumirá la gestión de cobro directamente con el usuario.Otro requisito esencial para acceder al Crédito Propulsor es contar con un seguro de vida obligatorio. Este seguro tiene un costo de 1.450 pesos mensuales por cada millón o fracción de millón desembolsado.¿Cómo solicitar el Crédito Propulsor?Los usuarios interesados en solicitar este crédito pueden hacerlo directamente a través de la aplicación de Nequi, escaneando un código QR que dirige al proceso de solicitud. La plataforma asegura un desembolso rápido y directo en la cuenta Nequi del usuario.Recomendaciones antes de solicitar el créditoAnalice su capacidad de endeudamiento y los costos asociados, como la fianza y el seguro obligatorio.Asegúrese de cumplir con las cuotas para evitar el cobro por parte del FGA.Infórmese sobre las condiciones específicas del préstamo dentro de la app.
La buena prestación de servicios para la organización de eventos como grados, bodas y cumpleaños por los últimos cuatro años llevó a que Jeniffer Johana Muñoz ganara un gran reconocimiento en el municipio de La Ceja y en la ciudad de Medellín para contratar estas actividades.Sin embargo, la ilusión de momentos memorables se ha convertido en una pesadilla para más de 200 clientes y proveedores que ahora la buscan para recuperar su dinero.Uno de ellos es Óscar Enciso, quien comentó que en diferentes adelantos ya le había entregado a Muñoz hasta 14 millones de pesos para la organización de su matrimonio, pero no saben del paradero de la mujer desde hace cuatro días."Ella era muy reconocida por esos eventos porque eran los eventos majestuosos, entonces eso fue lo que nos generó la confianza. Nosotros la contactamos y le hicimos los abonos. El asunto fue que el día de antier empezaron por redes sociales a denunciar públicamente a esta muchacha y nos dimos cuenta del asunto", manifestó.Enciso se mostró preocupado ante el alto número de afectados por la situación que representan a su vez millonarios recursos, pero sobre todo porque su familia que vive en el mismo municipio de La Ceja no entrega información sobre su paradero."No tenemos certeza del paradero, lo que sí sabemos es que no están en el municipio de La Ceja. Al parecer está en Pereira que es el último lugar de rastro que se tiene de ella de donde devolvió a la mamá con el hijo y los dos sobrinos y dijo que iba a seguir sola", comentó.Hasta el momento se ha conocido que, al menos, 50 personas han interpuesto denuncias ante la Fiscalía y según han dicho desde la entidad judicial hasta 15 días podría tardar la asignación de un investigador.De igual manera, varios de los afectados adelantan solicitudes ante Migración Colombia para conocer si Jeniffer Johana Muñoz ha salido del país y poder tener una trazabilidad sobre su paradero.
La Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal determinó precluir las investigaciones adelantadas contra Diego Molano, exministro de Defensa y Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército, por los delitos de intervención en política y prevaricato por acción. La decisión de la Corte se fundamenta en la ausencia de un querellante legítimo y en la atipicidad de los hechos investigados.La investigación surgió de denuncias presentadas por ciudadanos que acusaron a los indiciados de utilizar su posición para beneficiar al entonces candidato presidencial Federico Gutiérrez en las elecciones de 2022.Según los denunciantes, Molano y Zapateiro habrían emitido mensajes a través de redes sociales que favorecieron indirectamente dicha campaña y afectaron la de Gustavo Petro, lo que constituiría una infracción de los artículos 127 y 219 de la Constitución, que prohíben a los servidores públicos y a los integrantes de la fuerza pública intervenir en política.Entre las publicaciones destacadas, Zapateiro criticó a Petro en una serie de trinos mientras ejercía como comandante del Ejército, mientras que Molano defendió el accionar de la fuerza pública en el marco de las mismas elecciones.Fue la Fiscalía General de la Nación la que solicitó la preclusión alegando que las conductas no configuraban delitos, en cuanto a la intervención en política, se determinó que los denunciantes no estaban legitimados para presentar la querella, ya que el único facultado para hacerlo era el presidente Gustavo Petro, quien no interpuso acción alguna.“Declarar extinguida la acción penal por falta de querellante legítimo en la actuación seguida en contra de Diego Molano y Eduardo Zapateiro”, dice la decisión de la Corte.El alto tribunal además, señaló que los mensajes publicados en redes sociales no vulneraron las restricciones constitucionales y legales que rigen la participación política de servidores públicos y miembros de la fuerza pública.
