La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes recibió una denuncia en contra de la fiscal Luz Adriana Camargo. Esta se origina en una serie de actuaciones llevadas a cabo por la funcionaria en relación con el manejo judicial de excombatientes de las Farc, lo que podría implicar una vulneración de los principios establecidos en el Acuerdo de Paz de 2016, según el documento emitido.La denuncia, del 23 de julio de 2024, señala que las decisiones tomadas por la fiscal Camargo en ese contexto contravienen los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en el marco del Acuerdo de Paz, especialmente aquellos vinculados con la Justicia Transicional. En el documento, presentado ante la Comisión de Acusación, se subraya que cualquier actuación judicial relacionada con los excombatientes de las Farc debe enmarcarse estrictamente dentro de los mecanismos pactados en dicho acuerdo, a fin de garantizar la reparación, reincorporación y no repetición de los delitos cometidos por los actores armados durante el conflicto.El centro de la polémica radica en una decisión de la fiscal Camargo, que habría suspendido varias órdenes de captura emitidas contra cabecillas de las disidencias de las Farc. Según los denunciantes, esta medida contradice la intención de consolidar la paz y podría generar un retroceso en los avances alcanzados en la implementación de los Acuerdos de Paz.Recordemos que el Acuerdo de Paz de 2016, cuyo objetivo es poner fin a más de cinco décadas de conflicto armado, estableció un marco normativo que incluye la creación de mecanismos de justicia transicional, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Estos mecanismos buscan asegurar que los excombatientes de las Farc se reincorporen de manera efectiva a la vida civil, mientras se rinde cuentas por los crímenes cometidos durante el conflicto.El caso ahora será evaluado por la Comisión de Acusación: “Solicito a la honorable Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes investigar exhaustivamente la conducta de la Fiscal General Luz Adriana Camargo el 23 de julio de 2024, la Resolución 0282 del 04 de julio de 2024 y tomar las medidas pertinentes conforme a la ley para garantizar el respeto a la Constitución Colombiana, al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal”, dice en la denuncia.Añade que “es fundamental para la estabilidad institucional y el Estado de Derecho de Colombia que se aclaren las circunstancias de esta solicitud y se asegure que las autoridades judiciales actúen con estricto apego a la legalidad y los principios constitucionales. En conclusión, la actuación de la Fiscal General Luz Adriana Camargo el 23 de julio de 2024 podría implicar una posible contravención a los compromisos y principios establecidos en el Acuerdo de Paz de 2016. Es fundamental que cualquier actuación relacionada con excombatientes de las Farc se realice dentro del marco legal establecido en el Acuerdo de Paz, garantizando así la implementación efectiva de los mecanismos de Justicia Transicional y contribuyendo a la consolidación de la paz en Colombia”, concluyeron.
El representante a la Cámara, Christian Garcés, denunció que a última hora se canceló una sesión de la Comisión de Acusación en la que se iban a tomar decisiones clave sobre la investigación que se adelanta en contra de la campaña del presidente Gustavo Petro.“Sin explicación se canceló a menos de 10 horas la sesión que hoy estaba citada para la Comisión de Acusaciones a las 7:00 a.m. y el primer punto del orden del día era discutir y someter a votación la recusación que presentamos”, aseguró.Añadió que “ayer enviamos una carta a miembros de Acusaciones donde queda claro que por Ley Quinta ellos deberían aprobar mi recusación, esa carta se envió en horas de la tarde, una vez se tuvo confirmado la citación y el orden del día de hoy”.Recordemos que uno de los temas primordiales que se debe resolver es una recusación que interpuso el congresista en contra de Alirio Uribe, representante del Pacto Histórico, por haber participado en la campaña de Petro.A eso se le suma que, según Garcés, ya van más de dos años y ni siquiera se ha podido avanzar con la investigación previa, además en las últimas tres sesiones no se ha podido avanzar en la recusación presentada.“Están usando las recusaciones que deberían resolverse de inmediato para dilatar el proceso, sabiendo que Alirio Uribe está impedido, tal como lo está Katherin Miranda, y por los mismos motivos. Desde la semana pasada que nuestra recusación avanzó en la Comisión de Acusaciones, el presidente empezó a ejercer presión sobre los miembros de la Comisión que están atrapados en partidos que hicieron parte de la campaña o que hacen parte de la coalición de Gobierno”, afirmó.Garcés solicitó al presidente de la Comisión de Acusaciones, Leonardo Gallego Arroyave que haga lo necesario para retomar el control de la Comisión que preside y actúe de acuerdo a la Ley.
A la Comisión de Acusación llegó una recusación en contra del representante Alirio Uribe, quien hace parte del grupo de investigadores que tiene a su cargo el expediente sobre la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro.La recusación fue presentada por el representante Cristian Garcés en contra del representante Uribe Muñoz, argumentando que este último tendría un conflicto de intereses, primero, al ser del Pacto Histórico y además por haber apoyado la campaña del presidente Petro cuando era candidato.“Se aparte al señor Alirio Uribe Muñoz como representante investigador dentro de las denuncias por la presunta violación a topes de campaña y otros delitos electorales en los que se acusa de incurrir al presidente Gustavo Petro Urrego y, en su lugar, proceda a nombrar otro representante investigador imparcial”, solicitó Garcés.Esta recusación se presenta en un momento crucial, donde dicha Comisión no solo había pedido más pruebas, como, por ejemplo, las de Daily Cop, sino que también se estaba evaluando si revelar el expediente del jefe de Estado, por lo que esto no podrá avanzar hasta que no se resuelva dicha recusación.“El representante actualmente pertenece al partido de Gobierno y ha manifestado amplia y públicamente su apoyo incondicional al hoy presidente de la República. Lo anterior implica que políticamente hay un interés generado en que el presidente que eligió su partid, y es afín a su ideología, se mantenga en el poder y no sea desacreditado de ninguna manera por haber cometido alguna ilegalidad que le haga perder su investidura o dañar su reputación”, mencionó este representante del Centro Democrático.Añadió que “el interés es especial, personal y directo en la medida en que, si el Gobierno resulta perjudicado, el alcance de dicho daño se extiende a él como congresista, a su movimiento político, su carrera y reputación por haber participado de esa coalición y haber sido promotor político de lo que presuntamente fue una campaña con una financiación irregular"."El interés es actual en cuanto el representante hace parte de la bancada de Gobierno, por lo que el perjuicio que se pueda causar por un posible proceso en contra del presidente es latente y concomitante al momento en que se espera se profiera la decisión”, dice el documento.Incluso, Garcés hizo la petición de que se proceda a hacer públicos todos los expedientes relacionados con las denuncias al presidente Petro por violación a topes de campaña, ya que afirma que los términos de investigación previa se encuentran vencidos y también ha sido solicitado por la defensa del primer mandatario.El representante también argumentó que con esto se busca garantizar que el proceso sea más transparente y añadió que entre más rápido aparten a Uribe Muñoz del caso más rápido avanzará: "Nosotros en junio de 2023 radicamos una recusación a Alirio y la comisión no la resolvió y siguió adelante. Insistimos en ella porque con Alirio en el triunvirato investigador no se está cumpliendo con los tiempos procesales".
En medio de una creciente tensión política, Héctor Carvajal, abogado del presidente Gustavo Petro, declaró que no recurrirá la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de abrirle una investigación al mandatario por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño en 2022.Carvajal confirmó que la defensa del presidente no reconocerá las actuaciones del CNE por considerarlas fuera del marco legal.El abogado también explicó que, en paralelo, el equipo internacional de defensores de Petro ha solicitado medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que Colombia se abstenga de continuar con investigaciones administrativas en contra del presidente."Lo que se busca es ratificar las medidas cautelares para proteger el cargo del presidente, como ya lo hizo la Corte Interamericana en el pasado”, concluyó.Este caso, que podría terminar en manos de la Corte Constitucional, promete seguir siendo un foco de atención en los próximos meses, ya que la estabilidad política del país está en juego.“Una multa abre la puerta a un juicio por indignidad”En relación con una eventual multa contra el mandatario, Carvajal advirtió que una sanción de este tipo podría abrir las puertas a un juicio por indignidad, lo que pondría en riesgo el cargo presidencial.“Es grave que se deje imponer una multa al presidente de la República porque no se puede sentar un precedente de esa naturaleza en el país”, aseguró el abogado en entrevista.Multa del CNE: un ataque al fuero presidencialCarvajal fue claro al señalar que cualquier sanción impuesta por el CNE no solo carece de legitimidad, sino que además podría desatar consecuencias jurídicas de gran alcance.“El CNE no tiene competencia para emitir multas contra un presidente. Si no lo puede investigar, mucho menos multar”, expresó con firmeza. Según el abogado, una multa impuesta al presidente Petro no sería una simple sanción administrativa, sino un paso hacia un proceso de destitución.De acuerdo con Carvajal, la Ley 996 establece que, en caso de violación de los topes de financiación de campaña, la imposición de una multa da pie a un juicio por indignidad que podría culminar en la pérdida del cargo.La respuesta de Petro ante las acusacionesEn relación con las acusaciones de que la campaña de Gustavo Petro violó los topes de financiación, el abogado defendió la postura del mandatario. Afirmó que el presidente ha colaborado plenamente con los procesos legales y ha solicitado que el caso sea de conocimiento público para garantizar la transparencia. “El presidente pidió que sea público el proceso para que todo el mundo conozca que realmente no hubo violación de topes”, explicó.Sin embargo, Carvajal subrayó que la estrategia de defensa de Petro se centra en la protección de su fuero presidencial, un derecho consagrado en la Constitución colombiana. “La defensa del presidente tiene que enfocarse en lo fundamental, en el fuero. Él viene haciendo alusión al tema probatorio, porque ya se está debatiendo”, añadió.Comparaciones con el caso SamperDurante la entrevista, se le preguntó a Carvajal si este proceso guardaba alguna similitud con el juicio político que enfrentó el expresidente Ernesto Samper en los años noventa. El abogado respondió que, aunque el contexto político es diferente, la ley actual establece un camino claro hacia la destitución en caso de violación de las normas de campaña.“Hoy en día hay una ley estatutaria que establece el procedimiento para llevar a cabo este tipo de violación. No es imposible que este proceso termine en la destitución del presidente, debido a la polarización política que vive el país”, comentó.Carvajal también mencionó las diferencias clave entre los casos: “En los tiempos del presidente Samper no existía la ley de las campañas. Hoy la situación es distinta, porque hay una normativa clara que regula la financiación electoral”, enfatizó.El papel del Consejo de Estado y la tutela pendienteA pesar del rechazo del Consejo de Estado a las solicitudes de anulación presentadas por la defensa de Petro, Carvajal reveló que aún queda una batalla jurídica por librar.El abogado indicó que, de no obtener una resolución favorable en las instancias colombianas, existe la posibilidad de recurrir al sistema interamericano de derechos humanos. Este argumento se basa en el precedente de la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2013, cuando Gustavo Petro fue destituido como alcalde de Bogotá por la Procuraduría General. “Son dos situaciones idénticas y ambas por autoridades administrativas, solo que una era por la Procuraduría y ahora es el CNE”, señaló.
Los representantes de la Comisión de Acusación que investigan al presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en su campaña anunciaron que solicitarán pruebas sobre el escándalo de Daily Cop en los próximos días.Este jueves, 3 de octubre, rindieron testimonio ante la Comisión de Acusación Dagoberto Quiroga, presidente de Colombia Humana en 2022, y César Eduardo Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera en ese mismo año, entre otros."Si la investigación es sobre la superación de los topes, teniendo en cuenta lo que invirtió el partido el día de las elecciones para la vigilancia, puede haber un error en la apreciación. Así lo hemos manifestado al Consejo Nacional Electoral: no pueden ser considerados gastos de campaña si fueron en un día que no era de campaña", dijo Dagoberto Quiroga.A su vez, los representantes que investigan al presidente Petro por presuntas irregularidades en su campaña anunciaron que abordarán las pruebas relacionadas con el escándalo de Daily Cop en los próximos días. Así lo dio a conocer la representante Gloria Arizabaleta: "En las siguientes semanas se practicarán otros medios de prueba relacionados con el asunto de Daily Cop, con el avión de transporte de la campaña y otros hechos que se pusieron en conocimiento de los investigadores a través de denuncias y que fueron publicados por distintos medios de comunicación, dada la relevancia y notoriedad de los mismos".Aseguran que, tras este recaudo probatorio, se emitirá una decisión para que la comisión en pleno la discuta, por lo que estas serían las últimas citaciones dentro de este caso. Incluso, Blu Radio pudo conocer que la defensa del presidente Petro solicitaría que se archive el expediente en la Comisión de Acusación, debido a que en ninguno de los testimonios recopilados se ha comprobado que se presentaron irregularidades en la campaña.De la misma manera, el pasado jueves 19 de septiembre se recibieron los testimonios de Marlene Montenegro Díaz y Fabián Romero Acosta, pertenecientes a la firma Nexia y Montes Asociados, quienes, en su rol de contadora y coordinador de auditoría, conocen a fondo la auditoría contable externa que se le realizó a la campaña, según lo establece la ley electoral colombiana.
El Consejo de Estado admitió una demanda interpuesta por el presidente Gustavo Petro contra la Sala de Consulta y Servicio Civil de ese alto tribunal. En dicha demanda, el presidente busca que las investigaciones en su contra por la campaña presidencial de 2022 queden en manos de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y no del Consejo Nacional Electoral.Según la demanda, el presidente Petro solicita la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, "al juez natural, al fuero especial integral constitucional, y, lo más importante, garantizar la estabilidad institucional de la Nación y la figura del presidente de la República como máxima autoridad administrativa".>>> Lea también: Procuradora Margarita Cabello cuestiona "excesivo presidencialismo" del gobierno PetroAdemás, se pide dejar sin efectos la decisión adoptada por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, proferida el 6 de agosto, mediante la cual, "en abuso y extralimitación de funciones y de forma arbitraria, ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) seguir adelante con la investigación al presidente de la República", señala la tutela.El magistrado de la Sección Segunda, Jorge Edison Portocarrero Banguera, fue quien admitió el recurso del presidente Petro y, además, anunció que se vinculará en el caso al Consejo Nacional Electoral y a la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, "al ser las autoridades frente a las cuales se resolvió el conflicto de competencias que aquí se cuestiona".
Integrantes de la Comisión de Acusación, como Hernán Cadavid y Óscar Villamizar, rechazaron las afirmaciones del presidente Petro, quien señaló que se busca dar un golpe a través del Consejo de Estado, donde se adelanta una investigación por presuntas irregularidades en su campaña."Gustavo Petro insiste en que quieren darle un golpe de Estado, pero esto no es más que una maniobra de distracción cada vez que surge un nuevo escándalo que lo involucra", expresó Villamizar a través de su cuenta de X.En los documentos de la denuncia presentada por Cadavid se acusa a Petro de realizar "amenazas y chantajes" a entidades como el Consejo Nacional Electoral, que actualmente investiga una posible violación de los topes electorales en la campaña Petro Presidente. La carta, dirigida a Luis Almagro, secretario de la OEA, y a la CIDH, señala que, según Cadavid, no se puede seguir tolerando la presión y los chantajes del primer mandatario.“Con la tesis del golpe de Estado en su contra, el presidente Gustavo Petro ha respondido desde su cuenta de X a la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral, la cual busca determinar si su campaña de 2022 violó los topes de gastos establecidos por la ley”, concluyó Cadavid.
Blu Radio conoció apartes de la declaración que dio el exgerente de la campaña Petro Presidente y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ante los representantes investigadores de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, el pasado 18 de abril.Roa reconoció que recibió a delegados de Fecode y la USO (Unión Sindical Obrera), pero negó recibir aportes de estos dos sindicatos porque tienen personería jurídica y eso les impide aportar a las campañas presidenciales. para la campaña presidencial.Lea también: Petro tras decisión del CNE: “Les solicito rodear pacíficamente los centros del poder”Además, ante la pregunta del delegado de la Procuraduría, Bladimir Cuadro, de si la campaña recibió aportes de personas como Santander López Sierra ‘El Hombre Marlboro’, el ‘Turco’ Hilsaca y el empresario Christian Daes, Roa lo negó.“La instrucción del presidente fue que no podíamos exceder los topes señalados”, señaló Roa ante la pregunta de Mauricio Pava, abogado del presidente Petro. Agregó que esa fue una de las principales ordenes del entonces candidato, después de evitar la procedencia indebida de recursos.Finalmente, Roa señaló que la campaña tuvo controles y auditorías internas y que todos los partidos de la coalición enviaron auditores por aparte para ejercer control.
El gerente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente, Ricardo Roa, llegó a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes este jueves 18 de abril, para responder en medio de las investigaciones por una presunta financiación ilegal de la campaña del presidente. Roa llegó antes de las 8:00 a. m. y estuvo por más de una hora frente a los tres representantes investigadores respondiendo algunas preguntas.En esta declaración, Roa aseguró que la financiación de la campaña contó con una auditoría rigurosa y aclaró que Nicolás Petro, el hijo del presidente, no tuvo participación formal con la campaña. En el mismo sentido, aseguró que Euclides Torres, Fecode, la USO, y Christian Daes no entregaron recursos.Tras la diligencia de Roa, se conectó virtualmente el empresario Euclides Torres, quien decidió guardar silencio, pero alcanzó a leer un comunicado ante los representantes investigadores."Los señalamientos hechos desde diferentes sectores sobre mi relación con supuestas irregularidades en la campaña Petro Presidente no corresponden con la realidad. Nunca aporté dinero a la campaña presidencial de nuestro actual presidente; solo apoyé con algunos aspectos logísticos mucho antes que él fuera siquiera candidato", aseguró Torres.Mauricio Pava, abogado del presidente Gustavo Petro, por su parte, estuvo presente en la diligencia de Roa, realizando algunas preguntas sobre la auditoría y otros temas de la campaña, al final, también emitió un comunicado."La autoridad ha indagado exhaustivamente el manejo y estructura del manejo de la campaña y sobre aporte, topes y contribuciones de particulares, sin que haya asomo de alguna responsabilidad atribuible al presidente", señaló Pava.
En el marco de la investigación preliminar al presidente Gustavo Petro, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ha citado a su hijo, Nicolás Petro, para declarar el próximo 30 de enero, reveló Ricardo Ospina en Meridiano Blu.El propósito de esta citación es determinar si Nicolás Petro ratifica las declaraciones realizadas durante un interrogatorio ante la Fiscalía el pasado 2 de agosto, en el que admitió el ingreso irregular de dinero a la campaña "Petro Presidente 2022", o si eventualmente se retracta de esas afirmaciones.La Comisión de Acusaciones tomó la decisión de abrir una investigación previa contra el presidente Petro después de analizar la compulsa de copias enviada por la Fiscalía. El siguiente paso es designar representantes investigadores encargados de recopilar pruebas para determinar si se debe iniciar una investigación formal y, eventualmente, un juicio contra el presidente por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña.Las declaraciones de Day Vásquez y Nicolás Petro, hijo del presidente, son el origen de esta investigación preliminar, en las cuales mencionaron ingresos irregulares provenientes del hijo del ‘Turco’ Hilsaca y de Santander Lopesierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’.La defensa del presidente solicitó recientemente el archivo de seis procesos en su contra, argumentando falta de compromiso y responsabilidad ciudadana, ya que en una diligencia del pasado 11 de diciembre, diez personas citadas manifestaron no tener conocimiento directo sobre los hechos, basando su información en lo que habían conocido a través de los medios de comunicación.Le puede interesar:
