La popular promesa de campaña de deportar a millones de inmigrantes irregulares del expresidente Donald Trump si regresa a la Casa Blanca resulta costosa y "muy difícil de cumplir", asegura a EFE Mario Agundez, quien trabajó durante 25 años en Inmigración y estuvo a cargo de estas repatriaciones."Remover o deportar a un extranjero no es cosa de un día", dijo a EFE Agundez que hasta el pasado enero fue el subcomandante de la Unidad de Deportaciones y Movimiento de Inmigrantes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).Tanto el expresidente Trump (2017-2021) como su compañero de fórmula, el senador de Ohio J.D. Vance, han prometido realizar "deportaciones masivas" si llegan a la Casa Blanca.Vance dijo en agosto pasado que este plan debería comenzar con la deportación de un millón de extranjeros.En opinión de Agundez, expulsar tan solo esa cifra es algo "muy difícil de cumplir" ya que el hecho de que un extranjero sea detenido por las autoridades de inmigración no significa que "es deportable".Los obstáculosEl oficial en retiro explica que las leyes de inmigración de EE.UU. le otorgan vías a los extranjeros que ingresaron de forma irregular para defender sus casos."Los solicitantes de asilo tienen derecho a estar en EE.UU. hasta que un juez decida su caso, por lo que las autoridades de inmigración no pueden hacer nada antes de que no exista una orden de deportación", dijo Agundez.Para diciembre de 2023 las cortes de inmigración tenían una acumulación de más de dos millones de casos pendientes, según el centro TRAC, de la Universidad de Syracuse.Las promesas de Trump de deportaciones masivas están elevadas por su retórica de que los inmigrantes irregulares en su mayoría "son criminales". Pero, aquí la campaña republicana también enfrenta otro obstáculo, según advierte Agundez.Los agentes de ICE, agencia encargada de la detención de inmigrantes en el interior del país, dependen en su mayoría de las agencias policiales para poner en la mira a los indocumentados acusados o convictos de delitos.Una vez que el inmigrante llega a manos de ICE es puesto en un centro de detención en espera para ser enviado a su país, pero este proceso depende de los tratados que EE.UU. tiene con el país de origen del inmigrante."No es simplemente que llega el avión los deja y se va. Tiene que estar autorizado y tener todos los servicios requeridos por los tratados internacionales", ahonda Agundez. "Lograr enviar un avión con deportados a Venezuela o Cuba realmente es un dolor de cabeza", agrega.El multimillonario costoSi Trump logra evadir las trabas legales se encontrará con un multimillonario gasto para poder cumplir su palabra. "Muchísimo, le cuesta muchísimo al país deportar a una persona", advierte Agundez.Cuenta que un solo vuelo de repatriación de 120 personas a un país centroamericano costaba el año pasado en promedio 110.000 dólares. Pero a esta cifra se le debe sumar el coste de detención y manutención mientras los inmigrantes esperan la repatriación.Un reciente cálculo del Consejo de Inmigración Estadounidense (AIC, en inglés) estima que EE.UU. gastaría 315.000 millones de dólares para deportar a unos 13 millones de indocumentados en más de una década. "Queremos enfatizar que esta cifra es una estimación muy conservadora", dijo la organización en su informe divulgado a principios de octubre.A pesar de todos estos obstáculos, Agundez proyecta que Trump tratará de cumplir su promesa a un gran costo para la comunidad indocumentada. "Puede que no sean repatriados inmediatamente, pero sí ser detenidos indefinidamente" puntualiza.Invocando la guerra, una idea extremaAl parecer Trump es consciente de los obstáculos de ejecutar su plan de deportación masiva. Un ejemplo es su más reciente propuesta de invocar la ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798, que se ha usado solo en tiempo de guerra para expulsar a extranjeros sin el debido proceso legal.Grupos humanitarios y las mayores organizaciones latinas del país ha repudiado la medida, que coinciden parte de una "agenda extremista".Según el republicano, esta norma sería usada para llevar a cabo su 'Operación Aurora', dirigida en especial a detener y sacar del país miembros del Tren de Aragua, una banda criminal internacional nacida en una cárcel venezolana.
La Cancillería alista un extenso decreto para implementar, finalmente, los centros de atención fronteriza y los centros binacionales de atención con el fin de centralizar la tarea de las autoridades en esas zonas del país. Lo importante es que no solo se trata de instalaciones para trámites migratorios, sino, además, para coordinar acciones en materia de seguridad, control sanitario, inspección comercial y la construcción de infraestructura para facilitar los pasos.Y es que la Cancillería reconoce en el documento de justificación de la norma que: “Persisten los retos del país en cuanto a pasos de frontera, particularmente en lo relacionado con la provisión de infraestructura física, dotación de equipos de inspección y logística especializados y asignación de personal que respondan a los requerimientos del movimiento de personas, vehículos y mercancías con los países limítrofes”.“Para lo cual resulta de vital importancia el establecimiento de los Centros Nacionales de Atención de Fronteras (CENAF) y Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF), encargados de promover la seguridad y eficiencia en los procesos de intercambio comercial de mercancías y el control migratorio”, sostiene el documento.De esa forma el decreto, que será firmado en los próximos días, establece que en esos nuevos centros de atención estarán integrados por la Policía, el Ministerio de Salud, el ICA, el Invima, la Dian, Migración Colombia, entre otros.En el tema de vías e infraestructura se señala que “el Gobierno nacional, las entidades territoriales o el sector privado, podrán financiar el diseño, construcción y optimización de la infraestructura de transporte de los cruces o pasos de frontera” para lo cual realizarán, según añade, el respectivo “acuerdo o convenio que será suscrito, entre otros, por el Ministerio de Transporte”.Además, tendrán como función ser “la primera línea de control y alerta en la salvaguarda de los intereses nacionales, respecto de posibles riesgos y/o amenazas” (epidemiológicos, sanitarios, entre otros) que pudieran presentarse en el respectivo paso de frontera.
En un puesto de control en la vía que conduce desde el municipio huilense Pitalito-Mocoa, Putumayo, a la altura de la vereda El Cedro, el Ejército decomisó 50 armas traumáticas que habían sido modificadas, además, proveedores y municiones.Estos elementos que eran transportados en un bus servicio público, que cubría la ruta Bogotá – Mocoa, iban camuflados en una caleta que había sido acondicionada en la parte de abajo del automotor.Gracias a la labor militar y el registro minucioso adelantado por los soldados permitió descubrir el depósito ilegal con 50 armas traumáticas, 3.900 cartuchos y 100 proveedores pertenecientes al parecer al grupo armado Comandos de Frontera que opera en el departamento de Putumayo.“En un bus, que se desplazaba desde la ciudad de Bogotá y que se dirigía hacia Mocoa, soldados adscritos al Batallón Magdalena hallaron una caleta que había sido acondicionada en la parte de atrás, en el motor. En esta fueron halladas 50 armas de fuego tipo pistola, 3.900 cartuchos para las mismas y 100 proveedores”¸ indicó el coronel Pedro Pablo León Silva, comandante de la Novena Brigada del Ejército.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFAsimismo, fueron incautados 60 auriculares para celular, 120 cables auxiliar para celular y 1.590 vidrios para equipos móviles, mercancía que no contaba con el permiso para su transporte y comercialización.En el operativo se logró, además, la inmovilización del vehículo de servicio público y la captura de dos personas, entre ellos el conductor del bus y su ayudante, quienes fueron puestas a disposición de la autoridad competente y deberán responder por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.“El vehículo de servicio público fue inmovilizado y puesto a disposición de la autoridad competente, por lo que los pasajeros que se transportaban en el bus debieron ser acondicionados en otro vehículo para ser llevados a su destino final la ciudad de Mocoa”, señaló el comandante de la Novena Brigada.Esta acción permite contrarrestar las intimidaciones de esta estructura contra a la población civil.
La Gobernación de Florida no confirmó ni desmintió por ahora que tenga algo que ver con el viaje desde la frontera con México hasta California de 16 inmigrantes colombianos y venezolanos que fueron dejados el viernes frente a una iglesia católica en Sacramento, y al que le ha seguido un segundo vuelo este lunes, según informan medios locales.El fiscal general californiano, Rob Bonta, dijo en una declaración de la que se hacen eco los medios de Florida este lunes que el caso está bajo investigación, pero ya han podido confirmar que los 16 inmigrantes tenían documentación que parece relacionarlos con la Administración del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.Este mismo lunes, Tara Gallegos, portavoz de la oficina del fiscal estatal, dio cuenta de un segundo vuelo que llegó a Sacramento, la capital estatal, en esta ocasión con una veintena de indocumentados cuyas nacionalidades no han trascendido por el momento, tal como reporta la cadena NBC.DeSantis no se ha pronunciado hasta ahora ni en sus redes sociales ni por medio de un comunicado o declaración de sus portavoces.Quien sí lo ha hecho ha sido la presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, quien señaló este lunes que este "cruel e inhumano" traslado de inmigrantes a California constituye "otro ejemplo más de las políticas de inmigración draconianas de Ron" DeSantis y que "bajo ninguna circunstancia los floridanos deberían pagar la factura de esto"."Estos vuelos de migrantes están en el límite del tráfico de personas, y todos los involucrados deberían avergonzarse de sí mismos. Las personas vulnerables están siendo coaccionadas y engañadas para participar en estos programas sin saber que no hay un plan sobre cómo cuidarlas", manifestó Fried.Si llegara a confirmarse alguno de los dos traslados, se trataría de un caso similar al de medio centenar de inmigrantes, venezolanos en su mayoría, llevados desde Texas a la isla Martha's Vineyard, en Massachusetts, en septiembre pasado en virtud de un programa de la Gobernación de Florida para la reubicación de indocumentados.La Oficina del Alguacil del Condado de Bexar, en Texas, presentó una recomendación de cargos penales contra DeSantis ante la Oficina del Fiscal de Distrito del mencionado condado, con respecto al incidente del 14 de septiembre de 2022 en el que 49 migrantes fueron trasladados en avión a Martha's Vineyard, según dio a conocer el Miami Herald.Ese caso es objeto de una demanda judicial contra DeSantis presentada en nombre de los afectados por Abogados por los Derechos Civiles (LCR), organización que ya envió a Sacramento un equipo para investigar si el gobernador "ha vuelto a atacar", según un mensaje enviado a EFE.Aparentemente, estos 16 migrantes de Colombia y Venezuela volaron a Sacramento en vuelos que parecen haber sido financiados por el Estado de Florida, dice LCR.Como fue el caso en Martha's Vineyard, no se avisó con antelación a ninguna agencia de servicios sociales del viaje. Los migrantes simplemente fueron abandonados afuera de una iglesia en Sacramento, agrega la organización de derechos civiles."Estamos investigando este último incidente para determinar si, al igual que nuestros clientes de Martha's Vineyard, se mintió y engañó a estos inmigrantes más recientes para inducirlos a viajar", dijo LCR.Además, LCR está ofreciendo asistencia legal a los que están ayudando a los migrantes. También le puede interesar:
Blu Radio revela los detalles de la investigación disciplinaria de la Procuraduría contra el general del Ejército Walther Adrián Giraldo Jiménez, contra dos coroneles, un capitán, un teniente y otros tres militares por la masacre de 11 civiles en la vereda Alto Remanso del municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, el 28 de marzo de 2022.El general Giraldo es el actual comandante de la Fuerza de Tarea Quirón del Ejército, con jurisdicción en varios municipios y corregimientos de Arauca, Boyacá y Norte de Santander. Según la Procuraduría, la operación militar tenía como objetivo dar de baja a alias 'Bruno', cabecilla de comisión de las disidencias autodenominadas como Comandos de Frontera.De acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría, a las 7:13 de la mañana del 28 de marzo de 2022, “los soldados en el área de operaciones, previa autorización del mando, entraron en combate con GAO-r 48”.En este punto viene la clave de la investigación disciplinaria, pues según el Ministerio Público, los soldados entraron en ese combate “sin discriminar los blancos”, produciendo la muerte de 11 civiles y causando heridas a otros cinco, “afectados por el actuar del Ejército Nacional”.Lo que sigue es grave, porque de acuerdo con los investigadores del Ministerio Público, “una vez culminado el enfrentamiento”, los militares “procedieron a modificar la escena del crimen agregando material de guerra, tales como armas y chalecos de uso militar a varios de los civiles dados de baja durante la operación”.De igual forma, el Ministerio Público encontró que los militares que participaron en la operación, “trasladaron los cuerpos de su posición, previo al respectivo estudio por parte de la policía judicial”.Dentro de las pruebas que ordena practicar la Procuraduría para adelantar la investigación, está el informe que en su momento le pidió el entonces comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, al general Carlos Iván Moreno, sobre lo sucedido.Además, la Procuraduría ordenó escuchar en declaración juramentada al general Juan Carlos Correa Consuegra, actual inspector general del Ejército y quien en su momento había defendido el operativo llevado a cabo en Putumayo.En su momento, el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, incluso tuvo que defenderse en el Congreso en un debate de moción de censura, en el que ratificó la legalidad de la operación y dijo que las 11 personas muertas fallecieron en una operación contra el narcotráfico.Incluso, en Twitter, el entonces ministro Diego Molano le respondió a Gustavo Petro: “@COL_EJERCITO informa: operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a colombianos. #PetroEmbustero de qué lado está? #OperacionLegitima”
El grupo delincuencial conocido como Comandos de la Frontera sería el autor de masacre de cinco personas en el municipio de Orito, en Putumayo, según dijo en Blu el coronel Jorge Salinas, comandante de la Policía del departamento.El oficial manifestó que, en el lugar, en el que ocurrió la masacre, es frecuentado por consumidores de estupefacientes.“Estas personas estaban en un sitio frecuentado por personas que son consumidores de estupefacientes. En Orito hace presencia un grupo delincuencial que se denomina Comandos de la Frontera. No se descarta que este grupo esté detrás de esta situación”, explicó.El coronel manifestó que entre los heridos hay una mujer que tiene cuatro impactos de bala y que fue trasladada a Puerto Asis, en ese mismo departamento, para ser atendida.En la zona opera el grupo delincuencial Comandos de la Frontera, por lo que manifestó que no se descarta que haya sido el autor de la masacre.El presidente Gustavo Petro, este miércoles, reveló en Twitter que buscará el apoyo del presidente del Ecuador para realizar operaciones conjuntas en la frontera colombo ecuatoriana contra las mafias que utilizan la frontera como ruta del narcotráfico.El presidente buscará elevar el nivel de la coordinación entre los dos países, pues hace un par de semanas se informó, después de un consejo de seguridad, que habría conversación permanente entre ministros de Defensa de los países fronterizos.Así fue la masacre de Orito, PutumayoLas víctimas se encontraban en una vivienda en el barrio “La Esperanza”, al lado de un pozo petrolero, cuando hombres armados ingresaron disparando.Según fuentes indicaron a Blu Radio, la zona sería un expendio de drogas, en un departamento donde hay presencia de decenas de grupos armados por su situación privilegiada en la frontera con Ecuador y el Pacífico.A esta masacre se le sumó otra: tres jóvenes fueron asesinados en Puerto Triunfo, en el departamento de Meta, en una nueva masacre que se suma a otras cinco personas.Estas dos masacres se suman a las 91 que el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) lleva contabilizados en lo que va de año y hasta el 1 de diciembre, que han dejado 289 víctimas.
El alcalde de Puerto Guzmán, Putumayo, Edison Gerardo Mora, reveló detalles de los enfrentamientos entre dos grupos disidentes en ese municipio que dejaron 18 personas muertas. Las dantescas imágenes de los cuerpos tirados desde una volqueta le dan la vuelta al mundo y reflejan el horror de un conflicto que no cede en su crueldad. El mandatario de la población putumayense, duramente golpeada por el conflicto armado, clamó ayuda para recoger los cadáveres y darles una sepultura digna. Además, aseguró que en el lugar no había presencia de las fuerzas armadas y que los uniformados hicieron presencia ya cuando la masacre estuvo consumada. "Desconozco las gestiones que esté haciendo el comisionado de Paz, pero los resultados no se ven. El resultado son estos 18 muertos, que están en estos momentos en en el cementerio. Aprovecho la oportunidad para solicitar de manera inmediata que por favor, nos recojan esto estos cadáveres que ya están en un estado de de descomposición", pidió el mandatario. El mandatario pidió al Gobierno que se envíe una comisión de paz para que se logre un acercamiento entre ambos grupos. "Estos dos años hemos vivido esta guerra en nuestro municipio y la verdad estamos muy preocupados, porque día a día se va aumentando esta ola de homicidios", sostuvo Mora. El choque armado entre los bandos se registró el pasado sábado en jurisdicción de las veredas Las Delicias y Los Pinos. "Hubo una confrontación entre dos grupos, los llamados Comandos de frontera y disidencias de las Farc Carolina Ramírez. Han venido presentándose enfrentamientos entre ellos. A raíz de eso, personas civiles llevamos trasladadas en ese momento más de 40 personas muertas, más estos 18, ya se sacarán las cuentas", reveló. Según InSight Crime los Comandos de la Frontera, o La Mafia, como se les conocía anteriormente, son un grupo compuesto por disidencias de las FARC y desmovilizados de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que buscan mantener el control sobre el narcotráfico en el bajo Putumayo y la frontera con Ecuador.El Frente Carolina Ramírez, también llamado Frente Uno, está compuesto por disidentes de la misma guerrilla que no aceptaron el acuerdo de paz firmado en 2016.
