Rosa Cecilia Caro, rectora del Colegio Hacienda Los Alcaparros, el cual pertenece a la Unión de Colegios Internacionales de Bogotá (UNCOLI), reafirmó el compromiso de los colegios miembros con la prohibición del uso de celulares por parte de los estudiantes durante el horario escolar. Según contó Caro en entrevista con Mañanas Blu 10:30, esta medida, implementada a mediados de 2024, ha recibido un respaldo generalizado de padres, docentes y alumnos, y continuará vigente en 2025 debido a sus resultados positivos."Lo que notamos inmediatamente fue un gran soporte de los padres de familia en tomar la medida", expresó Caro, quien destacó que la prohibición ha favorecido tanto la salud mental de los estudiantes como su interacción cara a cara. La rectora resaltó una reducción significativa en el ciberacoso y una mayor concentración en las clases. Además, el recreo ahora es aprovechado para actividades físicas, lo que ha impulsado a algunos colegios a aumentar espacios deportivos.Caro explicó que, aunque algunos padres inicialmente mostraron resistencia por motivos de seguridad, el diálogo y la organización interna han sido claves para disipar inquietudes. "Es difícil para un joven no usar el celular para otras cosas si lo lleva consigo. Por eso, es mejor que no lo tengan", añadió.Desde el ámbito académico, la rectora subrayó que los colegios han fortalecido sus recursos tecnológicos para integrar plataformas digitales como complemento educativo, sin que estas reemplacen el valor de las clases presenciales y la interacción humana. "En la escuela debe suceder una clase colectiva entre seres humanos que comparten formas de comprender y experimentar, donde lo digital es una herramienta, no el eje central", precisó.Para 2025, Ucoli, en colaboración con la Universidad de Stanford, realizará un estudio para evaluar el impacto de esta medida en los 30 colegios que conforman la unión. Se analizarán datos de encuestas aplicadas a estudiantes, padres y docentes. Caro señaló que los resultados preliminares ya indican avances significativos en bienestar estudiantil.La rectora concluyó reafirmando el compromiso con esta política: "Esta medida es importante no solo por sus beneficios inmediatos, sino por el mensaje que envía: las interacciones humanas y la salud mental deben priorizarse sobre las pantallas".
La educación en casa, también conocida como homeschooling, es una alternativa educativa que ha ganado popularidad en Colombia en los últimos años. Aunque no es un método nuevo, ha experimentado un crecimiento significativo tras los confinamientos derivados de la pandemia del COVID-19.¿Cuántos estudiantes están en esta modalidad?Según Daniel Fernando Rivero Acevedo, rector del Colegio Monterrosales Bilingüe Homeschool, actualmente habría más de 30.000 estudiantes en Colombia que optan por la educación en casa. Esto representa un crecimiento superior al 100 % anual en comparación con los 8.000 estudiantes reportados en 2021.Ventajas y beneficiosEl homeschooling ofrece varias ventajas, como la flexibilidad y la personalización en la educación. También es especialmente popular entre familias que viven en zonas rurales, nómadas digitales y personas en extraedad.Contexto internacionalA nivel internacional, Estados Unidos es un referente en la adopción del homeschooling, con más de 5 millones de estudiantes en esta modalidad. Otros países como el Reino Unido, Australia y Sudáfrica también muestran una creciente aceptación del homeschooling.Aunque el homeschooling no está completamente reglamentado en Colombia, su desarrollo se ajusta a las leyes vigentes. Incluso, algunos sectores públicos lo fomentan como una alternativa para aumentar la inclusión educativa. Sin embargo, es importante abordar los desafíos relacionados con la regulación y el acceso a recursos para garantizar la calidad y la equidad en la educación en casa.
El debate sobre la corresponsabilidad de los padres en la educación de sus hijos se intensifica en Colombia con la presentación de un proyecto de ley que propone sancionar a quienes consientan la inasistencia escolar. El autor de esta iniciativa, el representante a la Cámara por el Partido Liberal Óscar Sánchez detalló en una entrevista con Mañanas Blu los objetivos y alcances de la propuesta. Sin embargo, las declaraciones de la congresista Susana Boreal generaron controversia al cuestionar el impacto del sistema educativo actual y la obligatoriedad de asistir al colegio.Medidas para garantizar el acceso a la educaciónEl representante Óscar Sánchez explicó que el proyecto de ley busca asegurar que los niños, niñas y adolescentes entre los cinco y 16 años permanezcan en el sistema educativo. Según Sánchez, la propuesta se centra en establecer sanciones pedagógicas y mecanismos de corresponsabilidad para evitar la deserción escolar. “Queremos garantizar el derecho a la educación. No entiendo cómo hace dos años intentábamos declarar la educación como un derecho fundamental y ahora se cuestiona la obligatoriedad de asistir al colegio”, afirmó.Entre las sanciones contempladas, se encuentran amonestaciones pedagógicas y trabajos comunitarios para padres en casos de inasistencia injustificada. Asimismo, se propone que Bienestar Familiar realice un seguimiento riguroso en los hogares con incumplimientos sistemáticos. “La idea es crear una cultura de permanencia escolar que garantice mejores oportunidades para los menores”, añadió Sánchez.Desafíos estructurales y limitaciones en zonas ruralesDurante la entrevista, se abordaron las barreras que enfrentan muchos niños en zonas rurales para asistir a la escuela, como la falta de transporte, alimentación y acceso a instalaciones educativas. Sánchez destacó que el proyecto contempla excepciones en casos de fuerza mayor, pero subrayó que el Estado debe garantizar herramientas como transporte escolar y el Programa de Alimentación Escolar (PAE) para apoyar a las familias en condiciones vulnerables.“Sabemos que hay limitaciones, pero debemos trabajar en mejorar estas condiciones para que ningún niño quede por fuera del sistema educativo”, señaló.Sin embargo, algunos críticos cuestionan cómo se diferenciará entre los padres que deliberadamente no envían a sus hijos al colegio y aquellos que no tienen los medios para hacerlo. Sánchez reconoció esta dificultad, pero insistió en que la corresponsabilidad de los docentes, el seguimiento institucional y el acompañamiento estatal son claves para implementar la medida de manera efectiva.Polémica por las declaraciones de Susana BorealLa representante Susana Boreal, en medio del debate, expresó su desacuerdo con la obligatoriedad escolar, calificándola como una forma de violencia y cuestionando el estado del sistema educativo colombiano. “Obligar a un niño a asistir al colegio no garantiza que reciba educación de calidad. El sistema está mandado a recoger; metemos a 40 o 50 niños en un salón con un profesor sin garantías, donde se les prepara para la explotación laboral futura, no para la vida”, aseguró Boreal.Estas declaraciones desataron una ola de reacciones, incluidas las del propio Sánchez, quien rechazó tajantemente su postura. “No comparto esas afirmaciones. Asegurar que nuestros niños asistan al colegio no es violencia; es abrirles oportunidades. Respetamos las posiciones divergentes, pero nuestra prioridad es garantizarles un futuro mejor”, respondió.Alternativas y el debate sobre homeschoolingEn el marco del debate, surgió la pregunta sobre la posibilidad de que los padres opten por educar a sus hijos en casa (homeschooling). Sánchez reconoció que esta alternativa no está contemplada en el proyecto actual, pero señaló que podría ser incluida tras un análisis más profundo. “Es un tema que debemos estudiar, pero siempre garantizando la calidad y continuidad en la educación de los menores”, concluyó.El proyecto de ley pone sobre la mesa la necesidad de reforzar el sistema educativo y garantizar el acceso igualitario, pero también abre un debate sobre los retos estructurales y la viabilidad de sancionar a los padres en un país con profundas desigualdades. La discusión continuará en el Congreso, donde se definirá si esta iniciativa logra convertirse en ley.
En Colombia, la educación privada enfrenta una de las crisis más significativas de los últimos años. Durante el 2024, más de 26 colegios privados cerraron en Bogotá, según la Secretaría de Educación, mientras que a nivel nacional, 769 instituciones educativas privadas han cesado operaciones en el último año y medio, ¿qué está causando esta preocupante tendencia? Aquí, las cinco principales razones:Disminución de la tasa de natalidadLa reducción de nacimientos en el país es un factor clave. Según el Dane, en 2024 se registró la cifra más baja de nacimientos en una década, con solo 145,416 nacidos vivos entre enero y abril. Este fenómeno, observable desde hace años, ha reducido significativamente la demanda de colegios, afectando la sostenibilidad de las instituciones privadas.Aumento de la deserción escolarEl sistema educativo también enfrenta un creciente problema de deserción. Entre finales de 2022 y comienzos de 2023, aproximadamente 470,000 niños abandonaron la escuela, según el Ministerio de Educación Nacional. Esto ha reducido aún más la base de estudiantes inscritos en colegios privados, especialmente en zonas urbanas.Crisis económica y costos elevadosLos costos de las matrículas y demás servicios asociados a los colegios privados, como transporte, materiales, alimentación y tecnología, han llevado a muchas familias a optar por alternativas más asequibles. La pandemia acentuó esta situación, pues numerosos hogares experimentaron una disminución en sus ingresos, haciendo insostenible el pago de educación privada.Preferencia por la educación públicaLa percepción de mejora en la calidad de la educación pública ha influido en la migración de estudiantes hacia este sector. Además, durante la pandemia, los colegios públicos garantizaron servicios como alimentación, mientras que los privados no lo hicieron, lo que reforzó la confianza de las familias en la educación estatal. Cambios en las dinámicas educativas y culturalesLa población migrante, en especial los niños venezolanos que habían compensado la baja natalidad en el pasado, ha disminuido en el país. Por otro lado, el interés en colegios laicos y menos tradicionales está en aumento, lo que ha debilitado la posición de instituciones religiosas que no han adaptado sus enfoques educativos a las necesidades contemporáneas.Este panorama desafía a los colegios a replantear sus modelos educativos para responder a las expectativas de las familias y garantizar su viabilidad a largo plazo.
Elegir el colegio adecuado para los hijos es una de las decisiones más importantes que deben tomar las familias, especialmente en un contexto donde la educación integral, el desarrollo cognitivo y el fomento de hábitos como la lectura son factores clave. En este sentido, Mi Cole es una plataforma que permite identificar las instituciones educativas que mejor se adaptan a las necesidades de cada familia.Mediante una prueba de afinidad, Mi Cole ayuda a los padres a encontrar el colegio ideal para sus hijos, tomando en cuenta factores como el enfoque académico, la infraestructura y los métodos de enseñanza. Así, los padres pueden asegurar una elección que no solo garantice una formación sólida en conocimientos básicos, sino que también promueva valores y habilidades esenciales desde edades tempranas, como el hábito de la lectura.>>> Lea también: Baja natalidad provocaría cierre de colegios y jardines infantiles: este es el estudioY es que las instituciones educativas juegan un papel fundamental en el desarrollo de los niños, especialmente en la promoción de la lectura, la cual es esencial para un desarrollo emocional, cognitivo y social saludable. Incentivar el hábito de la lectura en los menores no solo abre puertas al conocimiento, sino que también les ayuda a construir una base sólida para su crecimiento personal.Según un estudio de la Cámara Colombiana del Libro, el 72 % de la población colombiana asegura que lee, y en Bogotá los niños y adolescentes lideran las cifras de lectura, especialmente en la franja de 12 a 25 años, lo que subraya la importancia de implementar estrategias que fomenten este hábito desde temprana edad.Estrategias que ayudan a promover la lecturaPara fortalecer el hábito de la lectura en los menores, Mi Cole destaca la importancia de ciertas estrategias implementadas por las instituciones educativas:Lectura libre y no impuestaEspacios adecuados para leerConcursos y premiosDocentes capacitadosUso de nuevas tecnologías
Buenas noticias para los padres de familia con hijos en colegios privados de Bogotá. Desde la Secretaría de Educación se expidió una resolución que busca regular los costos al interior de las instituciones, de cosas que, según la entidad, deberían ser asumidas por los directivos más no las familias.Ahora, las instituciones no le podrán cobrar por cualquier cosa y habrá cosas que deberán encargarse netamente desde la institución. El objetivo de esta resolución será crear una ruta para el manejo del dinero de los colegios para garantizar los servicios primarios de los estudiantes, sin tener que cobrarles por ellos.“No son esenciales para la prestación del servicio educativo y dependen de la decisión del padre de familia (…) Significa una información clara, precisa y oportuna para los consejos directivos”, indicó el delegado de la mesa distrital de rectores de colegios privados de Bogotá, Carlos Roberto Ramos, en diálogo con Noticias Caracol.En ese orden de ideas, dichos costos deberán ser parte de la pensión y matrícula que se les cobran a los padres. Las instituciones deberán asumir estas cosas por sí misma, gracias a estos pagos.Por estas cosas no le podrán cobrar en colegios privados de BogotáSistematización de notasPapelería y útiles de aseoComunicaciones o circularesIntervenciones en la planta físicaMantenimiento de bienes inmueblesOtros costos que sí deberán asumir padres de familiaAsimismo, la resolución indicó que habrá cosas que los padres de familia sí deberán pagando a las instituciones como el carné estudiantil y el duplicado de este, derechos de grado, agenda escolar, instrucción militar y plataforma educativa, de tal ser el caso de usarla.Pero habrá otros que serán voluntarios para los padres de familia y ellos mismos determinarán si pagan o no estos costos. Entre esos se encuentran las salidas escolares, duplicados del diploma o acta de grados, certificaciones, actividades extracurriculares y seguro de accidente.
El pasado 8 de octubre la Alcaldía de Chía, en cabeza de Leonardo Donoso Ruiz, publicó los decretos 591 y 592 de 2024. Con el decreto 591 declaraba el predio “Maria Auxiliadora” como de utilidad pública y urgencia para adquirirlo. Por otro lado, con el decreto 592 anunciaba la adquisición del predio María Auxiliadora para la construcción de una manzana institucional universitaria en el municipio.El predio al que se refieren los decretos es donde funciona desde hace 115 años el colegio María Auxiliadora de Chía, un centro educativo católico que alcanzó a tener 900 estudiantes, pero que con las nuevas normas del Ministerio de Educación actualmente cuenta con 300 estudiantes en calendario A. Históricamente fue un colegio femenino y desde 2018 se volvió mixto.El alcalde Leonardo Donoso, tanto en su primera administración (2016-2019) como ahora, ha puesto sus ojos sobre esa manzana en la que queda el colegio. Tanto que en esa época las hermanas salesianas, dueñas del colegio, pusieron letreros de que ese predio no se vende.Por lo mismo fue sorpresiva la expedición de esos dos decretos donde se anunciaba la adquisición por enajenación, o de ser necesario, la expropiación por utilidad pública.Pero la sorpresa fue más grande cuando al día siguiente, el 9 de octubre, se publicó un tercer decreto, el 595 de 2024, con el que se derogaron los dos decretos (el 591 y el 592) por falta de socialización.Entonces, el alcalde Donoso expidió dos decretos de ese nivel sin hablar con la comunidad dueña del predio, ni con el rector del colegio, ni con los padres de familia que tienen a sus hijos matriculados ahí. Pero no solo eso, ni siquiera se socializó el tema con los vecinos cercanos al predio para que conocieran el nuevo proyecto y presentaran sus observaciones.Mañanas Blu 10:30 contactó a Pedro Valencia, rector del colegio, quien aseguró que no sabían lo que estaba sucediendo y que prefería revisar el tema junto con las hermanas salesianas, porque a la fecha no se tenía contemplado vender el predio y precisamente se encuentran en proceso de admisiones. Aclaró que la administración municipal no ha buscado a las dueñas del colegio ni a sus directivas para tratar el tema.Por su parte, la Alcaldía de Chía dice que como los decretos ya se derogaron, no harán ninguna pronunciación al respecto.Las dudas sobre el proyectoMuchos se preguntan sobre los estudios que concluyeron que el predio María Auxiliadora era el apropiado para desarrollar esta manzana universitaria. El primer cuestionamiento recae sobre la ubicación. El colegio solo tiene un acceso vehicular y está rodeado por vías peatonales que dan entrada al parque principal de Chía. Por esto muchos la pregunta es si el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía (IDUVI) tiene estudios que garanticen la movilidad en el sector con una manzana universitaria.Así mismo, la Alcaldía dentro de su socialización, debera contarle a los habitantes del municipio, sí existen los recursos para ejecutar una obra de esa magnitud. Porque aunque el proyecto se encuentra contemplado en el Plan de Desarrollo y la Gobernación de Cundinamarca ofrecio alrededor de 20.000 millones para esta ejecución, lo claro es que el endeudamiento en el que se encuenta el municipio para culminar obras estancadas desde hace años, como las del propio Centro Administrativo Municipal, es gigante.De acuerdo con las cifras aprobadas por el Concejo Municipal, serían 40.000 millones lo que costaría culminarlas.Lo que se espera es que, de darse este proyecto, llegue a buen puerto y no termine como un elefante blanco que dejaría a 300 estudiantes sin colegio.
El Ministerio de Educación Nacional estableció, mediante la Resolución 16763 de 2024, los parámetros que regirán los incrementos en las matrículas y pensiones de los colegios privados en Colombia para el año 2025. Este ajuste es clave para los padres de familia y los establecimientos educativos, quienes deberán estar al tanto de los topes permitidos y las normativas que regulan estos aumentos.Índice de Precios al Consumidor (IPC), el punto de partidaEl ajuste en los costos educativos estará basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que para el mes de agosto de 2024, emitido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se ubicó en un 6.12%. Este porcentaje será el punto de partida sobre el cual los colegios podrán aplicar incrementos adicionales, dependiendo de varios factores que detallamos a continuación.Índice de permanencia y otros factoresLos establecimientos educativos privados estarán sujetos a incrementos adicionales que varían según su clasificación institucional. Estas categorías se dividen en:Regulado por certificación de calidad: este tipo de establecimientos podrán aplicar un incremento adicional de 0.8 puntos porcentuales.Regulado por autoevaluación: podrán añadir un 0.63% adicional.Vigilado por autoevaluación: tendrán permitido un incremento de 0.46%.Régimen controlado: no podrán aplicar incrementos adicionales.El índice de permanencia, basado en los registros del Sistema de Información de Matrícula (SIMAT), es otro factor que influirá en los incrementos. Este índice refleja la estabilidad en la matrícula del colegio durante los años 2022 y 2023. Los colegios se clasificarán en tres niveles, cada uno con un punto porcentual adicional:Alto: 0.5 puntos porcentuales.Medio: 0.33 puntos porcentuales.Bajo: 0.16 puntos porcentuales.Además, los colegios que implementen estrategias de educación inclusiva, cumpliendo con el Decreto 1421 de 2017, podrán agregar un 0.25% adicional al aumento de sus tarifas.Por otro lado, aquellos colegios que demuestren que el 80% de sus docentes están remunerados según la escala salarial del Decreto 2277 de 1979, tendrán permitido un incremento adicional de 1.6 puntos porcentuales.Incremento total permitido: ejemplos prácticosLos incrementos totales permitidos para los colegios privados en Colombia para el año 2025 oscilarán entre un 6.28% y un 9.27%, dependiendo de los factores mencionados anteriormente. Por ejemplo, un colegio bajo el régimen controlado, con un índice de permanencia bajo y sin criterios adicionales de educación inclusiva o escalafón salarial, verá un aumento mínimo del 6.28%. Por el contrario, un colegio regulado por certificación de calidad, con alto índice de permanencia y que aplique las normativas de educación inclusiva y escalafón salarial, podrá incrementar sus costos hasta un 9.27%.Autonomía institucional y descuentosLos establecimientos educativos privados tienen la posibilidad de ofrecer descuentos sobre la tarifa autorizada. Sin embargo, estos deben estar registrados en el reglamento interno de cada institución, reflejados en el contrato de matrícula y reportados en los estados financieros del siguiente año durante el proceso de autoevaluación.Prácticas restrictivas y retención de estudiantesLa resolución establece que los colegios no podrán aplicar prácticas restrictivas en la solicitud de materiales educativos, como obligar la compra de textos o uniformes de marcas específicas. Las listas de útiles deben ser comunicadas con antelación, para permitir a los padres hacer sus adquisiciones con suficiente tiempo.En cuanto a los pagos de matrículas y pensiones, si los padres no cumplen con los plazos de pago, los colegios no podrán impedir la participación de los estudiantes en actividades académicas o pedagógicas, ni retenerlos en el SIMAT. Sin embargo, se podrá retener la entrega de informes de evaluación hasta que se cumpla con la obligación.Canales de denuncia y consultasSi los padres detectan irregularidades en los aumentos de tarifas o prácticas restrictivas, pueden presentar sus denuncias ante la Secretaría de Educación correspondiente. Además, el Ministerio de Educación Nacional pone a disposición las siguientes líneas para atención al ciudadano:Línea gratuita nacional: 01-8000-910122Línea de Bogotá: 2222800Correo electrónico: atencionalciudadano@mineducacion.gov.co
Vuelve el debate sobre el uso de celulares en colegios. Este proyecto de ley, presentado por el representante Hernando González, asegura que, con la llegada de estos dispositivos, los métodos pedagógicos deben renovarse.González argumenta que, aunque estos dispositivos son una gran herramienta de consulta, también pueden ser un factor de distracción.Esta iniciativa, según el representante a la Cámara, tiene como objetivo regular el uso de dispositivos móviles en las instituciones educativas de los niveles de preescolar, básica y media, con el fin de potenciar los procesos de aprendizaje y promover el desarrollo de competencias digitales.>>> Lea también: Familia de niño herido con arma blanca en colegio de Bogotá aún espera una explicaciónSe propone el uso del "m-learning" dentro del aula, el cual aporta diferentes beneficios al aprendizaje de los alumnos.¿En qué consiste?Permite aprender en cualquier lugar, tanto dentro del aula como en las zonas exteriores del centro educativo.Mejora la presentación de los trabajos y proyectos gracias a las herramientas digitales.Facilita la adaptación de contenidos para la atención a la diversidad.Favorece la comunicación entre el alumno y el docente gracias a las plataformas digitales de comunicación y mensajería.Favorece la comunicación entre el docente y los padres.Blu Radio habló con integrantes del sector educativo, quienes explicaron su postura frente a este tema. “Es un tipo de tecnología que ha llegado para cambiar la vida de las personas; esto significa que es parte de lo que hacemos cotidianamente. Así que, más que prohibir plenamente el uso del celular en el salón de clase, lo que se debe hacer es regularlo. Deben generarse procesos pedagógicos en relación con el uso del mismo dispositivo. No es solamente una medida de sanción, es pensar pedagógicamente cómo incorporar las tecnologías en el aula”, dijo Jorge Palomino, docente con más de 10 años de experiencia.También se habló con Julián de Zubiría, rector del colegio Alberto Merani: “Ante este panorama, los educadores no podemos ser indiferentes. La solución más fácil de todas es prohibirlos, que nadie lleve un celular a los colegios, pero con esto el problema no se resuelve porque los niños seguirán adictos a las redes. El papel de los educadores no es prohibir, sino formar, preparar para la vida. Por eso los problemas no se resuelven con prohibiciones”, aseguró.Zubiría, además, propone medidas según el rango de edad, las cuales consisten en: “Para los niños de primaria, sí es válido que haya prohibición de los celulares, como explica muy claramente la psiquiatra española Marian Rojas. Darle un celular a un menor de primaria es como darle una botella de alcohol a un alcohólico; en ambos casos, los efectos se verán a mediano plazo. Pero en bachillerato, lo que debemos hacer es reglamentar su uso, permitiendo que solo se utilice cuando el profesor lo autorice y, mientras tanto, se mantenga en modo avión”, concluyó.
Este debate para el futuro de la educación en Colombia, y es la relación entre la IA y el sistema educativo, va tener una relevancia trascendental, ya que algunos planteles educativos no están preparados para eso. Por un lado los estudiantes no le dan un uso correcto y los profesores les será difícil de detectar posibles plagios.La empresa de investigación de mercados Ipsos, encargada de este estudio, reveló la percepción que tienen los colombianos sobre la inteligencia artificial, y es que esta herramienta usada correctamente puede ayudar a fomentar el conocimientos de los alumnos.Según el estudio, el 47 % de los colombianos cree que la educación ha empeorado, el promedio de las personas que creen que la calidad de la educación como buena es tan solo del 33 %, una cifra que refleja que teniendo en cuenta los resultados en las pruebas Pisa, hay poca confianza en los sistemas educativos actuales.Un país desconectado del futuroEl 67% de los colombianos considera que las instituciones educativas no cuentan con recursos e instalaciones adecuadas. Esto se debe a la falta de inversión por parte de entidades estatales lo cual se ve reflejado en la percepción de los ciudadanos y un 56 % cree que el currículo escolar no prepara adecuadamente a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo laboral.Algo que llamó la atención es que el 36 % de los colombianos ve con buenos ojos prohibir el uso de herramientas como ChatGPT en las escuelas, lo que refleja una clara división en la aceptación de la inteligencia artificial en la educación.En ese sentido, un 25 % de los colombianos cree que los avances tecnológicos tendrán un impacto más negativo que positivo en el futuro de la educación, este sentimiento de rechazo hacia la tecnología podría estar relacionado con la desconfianza de las herramientas digitales.A pesar de esto, el estudio revela una brecha generacional en cuanto a quién debería enseñar seguridad digital. Las generaciones pasadas tienen más confianza en los profesores y la clase magistral, mientras que las generaciones más jóvenes no tienen una claridad al respecto.
