Al exdiputado del Atlántico Nicolás Petro, al parecer, se le ha dificultado cumplir con el pago de los honorarios de los abogados que desde agosto de 2023 asumieron su defensa ante la Procuraduría General de la Nación por la investigación disciplinaria que le adelantan por la presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente 2022. Por esto, los abogados Stewing Arteaga y Nixon Torres, enviaron a mediados de abril una carta al presidente de la República para pedirle apoyo en el pago de la deuda, debido a que desde noviembre del año anterior no perciben pagos por sus servicios. "Desde el 5 de noviembre del 2023 nos quedaron a saldar la deuda adquirida a favor nuestro por los servicios que hemos venido realizando en defensa del exdiputado; donde hemos establecido un respeto procesal por los derechos del defendido", exponen los abogados en el documento. Lento avance en audiencias de Nicolás Petro está limitando nueva imputación de cargos: fiscal BurgosEn este mismo, le piden apoyo para lo que sería el pago de la deuda. "Nos dirigimos a usted para que, en la medida de las posibilidades, si a bien lo considera, instruya a quienes considera, de que se nos cancele el saldo insoluto", manifiestan. Al respecto, Nixon Torres, uno de los firmantes, indicó que no se trataba de un cobro al presidente de la República, sino una carta de solicitud al padre de su defendido. "No es un cobro al mandatario, sino para que nos apoye con la diligencia para que nos paguen. Nosotros seguimos en el servicio para Nicolás", comentó.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este lunes, 18 de marzo, a Colombia por diversas violaciones a derechos derivados de la persecución y el espionaje a los integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), una organización vinculada a la defensa de los derechos humanos.La sentencia fue notificada este lunes por parte del vicepresidente de la CorteIDH, el brasileño Rodrigo Mudrovitsch, por medio de un acto oficial realizado de forma virtual con la presencia de las partes involucradas en el caso."La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia declaró la responsabilidad internacional de Colombia por violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, a la libertad de pensamiento, a la autodeterminación informativa, a conocer la verdad, a la honra, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la libertad de asociación, de circulación y de residencia, a la protección de la familia, al derecho a la niñez y al derecho a defender los derechos humanos", dijo Mudrovitsch.El caso se refiere a la persecución, hostigamiento y espionaje por parte del Estado colombiano de la que fue víctima a partir de 1990 el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), por su labor de defensa de los derechos humanos.La CorteIDH determinó en la sentencia que desde la década de 1990 "diversas dependencias estatales llevaron a cabo actividades arbitrarias de inteligencia en perjuicio de los miembros del CAJAR y sus familiares".En ese contexto "las autoridades recopilaron y conservaron distinta información, incluidos datos personales, a partir de lo cual elaboraron archivos y 'hojas de vida' que contenían anotaciones y registros de distinta naturaleza respecto de las víctimas, a quienes, hasta la fecha, no se les ha garantizado el acceso a los archivos de inteligencia, vedándoles la posibilidad de reclamar la actualización, rectificación o eliminación de los datos", señaló la CorteIDH."Las actividades de inteligencia continuaron durante la vigencia de la Ley 1621 de 2013, dirigida a regular las funciones que desarrollan los organismos de inteligencia y contrainteligencia. Asimismo, los miembros del CAJAR, a raíz de las declaraciones de funcionarios estatales y publicaciones de oficinas gubernamentales que los descalificaban y los vinculaban con grupos guerrilleros, fueron objeto de estigmatización", añade el tribunal internacional.La CorteIDH también estableció que las víctimas de este caso "sufrieron distintos hechos de violencia e intimidación, algunos de los cuales fueron ejecutados con intervención directa de agentes estatales".A su vez, indicó que si bien determinados hechos de amenazas fueron cometidos por organizaciones paramilitares, "el Estado creó una situación de riesgo para la vida e integridad personal de las víctimas, en cuanto facilitó a dichas organizaciones información personal de estas últimas".Esta es la primera vez que una organización defensora de derechos humanos llega a la CorteIDH en calidad de víctima.En su sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado realizar las investigaciones dirigidas a "esclarecer los hechos de violencia, amenazas, intimidaciones y hostigamiento, así como las actividades de inteligencia emprendidas por diferentes organismos públicos en la década de 1990".Igualmente, la CorteIDH ordenó al Estado "depurar los archivos de inteligencia para garantizar el derecho a la autodeterminación informativa de las víctimas con relación a los datos que sobre ellas obren en tales archivos".El Estado también deberá diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y adecuar la Ley 1621 de 2013 a efecto de que su regulación sea compatible con los estándares convencionales sobre la materia".Colombia además deberá "adecuar los manuales de inteligencia y contrainteligencia, a fin de ajustarlos a los estándares internacionales sobre la materia" y realizar una campaña informativa a nivel nacional, "para sensibilizar a la sociedad colombiana respecto a la violencia y estigmatización de la que han sido víctimas las personas defensoras de derechos humanos".
El Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) denunció que la actual presidenta de la organización, Yessika Hoyos Morales, recibió este martes, 23 de enero de 2024, una nueva amenaza contra su vida, la cual estaría relacionada con el caso de Jenner Alfonso Mora, uno de los jóvenes víctima de la masacre de Mondoñedo, cometida por integrantes de la Policía Nacional – Dijin en 1996.A pesar de que la abogada ya no representa a las víctimas ante la JEP, recibió el siguiente mensaje de texto en su celular: “Vemos qué sigue ayudando a ese guerrillero hp en Girardot de Alfonso, ya esta es la segunda que se le dice que no meta sus narices donde no la llaman porque le puede pasar lo del hijo de él".Esta sería la tercera ocasión en que la abogada recibe una amenaza de este tipo en relación con el caso de la Masacre de Mondoñedo. El jueves 26 de mayo de 2022, tanto ella, como el señor Alfonso Mora, padre de Jenner Alfonso Mora, recibieron una amenaza similar. Además, el día anterior, el miércoles 25 de mayo de 2022, la abogada Yessika Hoyos detectó que en horas de la tarde se habría producido un ingreso ilegal a su vivienda. Con relación a estos hechos no se conocen todavía resultados investigativos.Sobre estos hechos, el senador Iván Cepeda se solidarizó con la defensora de derechos humanos y pidió que se adelante una investigación por parte de la Fiscalía.“Ante nuevas amenazas de muerte, expreso mi solidaridad a Jessika Hoyos Morales, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Solicito que su protección sea fortalecida por parte del Estado, y que la Fiscalía investigue el origen de estas acciones criminales”.La masacre de Mondoñedo dejó como víctimas a Vladimir Zambrano, Arquímedes Moreno, Jenner Alfonso Mora Moncaleano y Juan Carlos Palacio Gómez. Los jóvenes fueron asesinados por integrantes de la Dijin que los señalaron como miembros de la red urbana Antonio Nariño, de la guerrilla Farc-EP, que en 1995 activó un artefacto explosivo en la sede de la Policía en la localidad de Kennedy en Bogotá, el cual cobró la vida de tres uniformados.
En las últimas horas, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló que no tiene sentido que se le dediquen los mismos recursos públicos a seguir formando abogados: “Todas las carreras son maravillosas, se necesitan, pero no en los mismos números. Pulular de abogados y adolecemos de programadores, entonces no tiene sentido que le dediquemos los mismos recursos públicos a seguir formando abogados que no van a encontrar más trabajo y, en cambio, no formemos programadores y perdamos 25.000 trabajos al año en eso, solo por un problema de coordinar la oferta y la demanda”, dijo la alcaldesa.Ante estas palabras, algunos abogados se pronunciaron contra la alcaldesa, una de ellas fue Laura García, decana de la facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, quien dijo que no se trata de la cantidad de profesionales, sino de calidad y que evidentemente tiene que haber una inversión en recursos públicos para las universidades que ofertan esta carrera.“En realidad creo que es una afirmación un poco injusta y sesgada frente a lo que significa la incidencia de esta profesión en la sociedad. Los abogados tienen ante todo una alta función y compromiso social porque somos los quienes nos ocupamos de defender derechos", manifestó García.Por otra parte, el presidente del colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, reconoció que si bien los profesionales en derecho son importantes, también reconoce que hay sobreoferta de graduados en esa profesión.“Y la pregunta es si el mundo laboral necesita más abogados o necesita otro tipo de profesionales. Por supuesto que también los necesitamos, pero ojalá existiese una política pública para fortalecer profesionales en ciencias exactas”, enfatizó Bernate.García hace hincapié en que estas afirmaciones de la mandataria son descalificadoras para una profesión y Bernate define que la inteligencia artificial tiene que ir ganando espacio en el mundo jurídico.Le puede interesar
El abogado Julio Cesar Ortiz, defensor de Rodolfo Hernández, confirmó a Blu Radio que apelarán la sanción e inhabilidad de 14 años para ejercer cargos públicos que impuso la Procuraduría General de la Nación contra el exalcalde de Bucaramanga.“Creemos que la Procuraduría no tiene razón y vamos a apelar en términos muy oportunos y procesales. Eso significa que esa decisión no queda en firme por ahora (…) Ad portas de comenzar un proceso político electoral recibe una noticia que debió haber salido mucho antes”, indicó el abogado.“(El fallo) es ilegal e inconvencional, contrario a la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, agregó.Sanción de la Procuraduría a Rodolfo HernándezLa procuradora Margarita Cabello dio a conocer más detalles sobre la decisión de suspender e inhabilitar por 14 años al exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, por su interés indebido en el millonario contrato de basuras conocido como Vitalogic.“Se encontró probado que Rodolfo Hernández tenía un interés indebido en el proceso de selección destinado a la asignación del contrato para el aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos a la unión temporal Vitalogic RSU que, de resultar contratada, le daría beneficios económicos a su hijo, en virtud de un contrato de corretaje previamente acordado”, afirmó la procuradora.Margarita Cabello también señaló que el exalcalde de Bucaramanga se reunió con los representantes de la multinacional Vitalogic en Bogotá con un interés particular.“El exmandatario tuvo contacto directo con los representes de la tecnología que se iba a implementar, no en una reunión de cortesía, sino para entregar información privilegiada sobre los elementos que debían tener en cuenta para hacer viable la adjudicación del negocio jurídico, lo que les daba ventaja sobre sus eventuales competidores en el proceso de selección a adjudicar”, manifestó Cabello.El exalcalde y excandidato presidencial, según el fallo, también presionó al director jurídico de la Empresa de Aseo de Bucaramanga para que omitiera las reglas de contratación y el manual existente para lograr que se formalizara el negocio de basuras con Vitalogic.En el fallo de primera instancia de la Procuraduría contra Rodolfo Hernández se determinó que las dos conductas reprochadas fueron catalogadas a título de dolo y grave.
El Consejo de Estado admitió una nueva demanda de un grupo de víctimas del paramilitarismo y el colectivo de abogados Alvear en contra de la elección del hijo de ‘Jorge 40’. Según los demandantes, su curul incumple varios de los requisitos planteados en la ley.Esta es la tercera demanda que acepta el alto tribunal, en este caso es por doble militancia. Otra de las peticiones la elevó Dilo Colombia.“El colectivo de abogados José Alvear Restrepo y un grupo de víctimas del paramilitarismo alegan que la candidatura de Jorge Rodrigo Tovar Vélez incurrió en doble militancia, ya que Tovar apoyó la candidatura de Juan Manuel Daza Iguarán, del partido Centro Democrático, realizando actos públicos”, lo que era incompatible con su aspiración por las Curules Especiales de Paz, “ya que las agrupaciones de víctimas que se postularon para ocupar estas curules transitorias actuaron como conglomerados políticos y les estaba claramente prohibido cualquier tipo de alianza o acuerdo con partidos o movimientos políticos”, señaló el colectivo de abogados.Además, pidió que se resolviera lo más pronto posible esta demanda que ya fue admitida.“Esperamos que el Consejo de Estado se pronuncie anulando esta elección que no solo incumple con los requisitos del Acto Legislativo 02 de 2021, sino que haga valer el objetivo de dar voz y participación política a las víctimas del conflicto armado, y no a quienes han desarrollado su trayectoria pública del lado de los victimarios. Las curules de paz son una garantía de no repetición y no deben ser usurpadas a las poblaciones y territorios especialmente afectados por el conflicto armado, la violencia sociopolítica y el abandono institucional, que deben estar allí representados”.Siga y escuche el podcast de ‘La Intérprete’:
Ante la JEP, algunas víctimas representadas por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo presentaron un informe con el cual buscan que algunos altos mandos del Ejército sean llamados a rendir versión como coautores de 10 masacres ocurridas entre los años 1999 y 2001 en los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca.Las masacres fueron perpetradas por los paramilitares, sin embargo, las víctimas insisten en que hubo apoyo directo por acción u omisión por parte de la fuerza pública.En principio, explican que desde los años 70 esta zona del país se ha visto fuertemente afectada por el narcotráfico, y que algunos de estos grupos tuvieron participación en algunas masacres como la de Trujillo, donde murieron al menos 300 personas. Según las víctimas en estos hechos hubo una alianza entre narcotraficantes y miembros del Batallón Palacé, que habría sido probada en la justicia ordinaria por versiones de paramilitares y narcotraficantes."Respecto a la colaboración entre el grupo paramilitar y la fuerza pública, no es constatable, únicamente por las advertencias hechas por los militares a la población civil, existen sendas declaraciones de paramilitares en Justicia y Paz que confirman que no era posible llevar una incursión armada de tal envergadura sin la colaboración de quienes tenían el deber de proteger a la población civil", asegura el informe.En un apartado se refieren al gobierno del expresidente Andrés Pastrana asegurando que en este tiempo hubo un recrudecimiento de la violencia estatal que se habría dado en parte con el fin de combatir el narcotráfico, sin embargo, el informe asegura que durante este tiempo hubo un incremento exponencial de las masacres pues "el Estado coadyuvó a la intensificación de conflictos sociales y al deterioro de su propia legitimidad, generando a la par de desplazamientos masivos de la población, un recrudecimiento de las prácticas paramilitares y el ejercicio privado de sanciones y ajusticiamientos".El informe recopila información de 10 masacres en esa zona del país, menciona las víctimas por estos hechos y el proceso en el que se encuentra la investigación de los mismos, pues en muchos casos, no han sido esclarecidos, incluye además testimonios de exparamilitares que han aceptado haber actuado con ayuda presuntamente de miembros de la fuerza pública para llevar a cabo las masacres.Es por esto que, le piden a la JEP abordar estos hechos en el macro caso en el caso 05, para poder determinar responsabilidades frente a estos hechos y lograr el esclarecimiento de los mismos.Piden además, que sean declarados crímenes de lesa humanidad y el llamado de 13 exmiembros de la fuerza pública de la Tercera División del Ejército Nacional. Asimismo, que se reconozca la condición de víctimas de quienes se vieron afectados por las masacres y que se llame a los paramilitares que ya han reconocido los hechos como testigos.Escuche en el podcast "Zorros y Erizos" cómo avanza la carrera por la Presidencia:
