Luego de cerca de dos meses desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) abriera una investigación formal a la campaña Petro presidente por presunta violación de topes electorales, la defensa del mandatario, encabezada por el abogado Héctor Carvajal, envió una carta al CNE asegurando que se abstendrán de responder los cargos formulados al presidente. En la misiva argumentan que “la actuación es violatoria de los derechos fundamentales del presidente, al debido proceso, al juez natural y al fuero especial constitucional”.Además, aseguran que, según la Corte, pasados los 30 días desde la elección del presidente, el Consejo Nacional Electoral pierde competencia para recibir las denuncias por violación a los topes de financiación de las campañas, pero la ciudadanía y las entidades de control conservan las competencias asignadas para regular el manejo adecuado de los dineros públicos comprometidos, como, por ejemplo, la Contraloría. Por esas razones, y agregando que la decisión del CNE viola el fuero del presidente, ya que la Comisión de Acusaciones de la Cámara es la única que puede investigarlo, señalan que no responderán.“Una vez se resuelva el asunto que nos ocupa por quien tenga la competencia constitucional y legal para resolverlo, lo mismo que en el orden jurídico internacional, el señor presidente de la República acatará las decisiones que se profieran conforme al ordenamiento jurídico nacional y los tratados internacionales suscritos y aprobados por el Estado colombiano”, se lee en el documento.Cabe mencionar que existen varias acciones de tutela presentadas con el objetivo de detener la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral. Estas han sido rechazadas por los tribunales, destacándose dos recientes decisiones tomadas el pasado 24 de octubre. El Tribunal Superior de Bogotá y el Tribunal Administrativo del Cesar declararon improcedentes los recursos interpuestos, ratificando la continuidad del proceso.
Varias noticias sobre las investigaciones que se adelantan por posibles irregularidades en la financiación de la campaña que llevó a la Casa de Nariño al presidente Gustavo Petro.El Consejo de Estado negó una petición con la que se buscaba suspender el pliego de cargos y la investigación formal iniciada por el Consejo Nacional Electoral en contra del presidente Petro, su gerente de campaña Ricardo Roa y otras personas, por la presunta violación de topes en la financiación de la campaña presidencial de 2022.En la práctica, la sección Segunda del Consejo de Estado negó lo que pretendía el abogado del presidente Petro, Héctor Carvajal, y le dio vía libre al CNE para seguir investigando tanto al jefe de Estado como su campaña, con el fin de determinar si encuentra responsabilidad suya en las presuntas irregularidades relacionadas con la posible violación de topes electorales en más de cinco mil millones de pesos.Sin embargo hay que ser claros en que todavía no hay decisión de fondo frente a la petición del abogado del presidente, podríamos explicarlo de esta manera: Héctor Carvajal perdió un round, pero todavía no ha perdido la pelea que inició por medio de esta acción de tutela, que es la última carta jurídica que le queda a la defensa del jefe de Estado.Mientras esto ocurre en el Consejo de Estado, en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes se viven horas cruciales en las investigaciones contra el presidente Gustavo Petro: por una parte, fue aceptado el impedimento a la representante a la Cámara Katherine Miranda para participar en ese caso, teniendo en cuenta que pese a que hoy es una de las más duras críticas del Gobierno Nacional, fue la jefe de debate del entonces candidato Petro en 2022.Pero el tema más importante que se definirá en los próximos días, es la posibilidad de que el representante a la Cámara del Pacto Histórico Alirio Uribe, uno de los investigadores del presidente Gustavo Petro, sea apartado del caso, tras una recusación que presentó en su contra el representante a la Cámara Christian Garcés, por considerar que Uribe no se declaró impedido a pesar de haber apoyado la campaña Petro Presidente 2022 y pese a haber formado parte de entidades que han defendido al hoy jefe de Estado en diferentes procesos.Si se llegara a aprobar esa recusación, tendría que nombrarse un nuevo investigador del jefe de Estado, muy posiblemente será designado un representante a la Cámara que no pertenezca al Pacto Histórico, lo que representaría evidentemente un revés político para el Presidente Gustavo Petro.
Mediante un auto proferido hoy jueves, 14 de noviembre, la Sección Quinta del Consejo de Estado rechazó la demanda que buscaba anular la Resolución 05175 del Consejo Nacional Electoral (CNE) con la que se abre investigación formal y se formula pliego de cargos en contra del presidente Gustavo Petro, en su calidad de candidato; el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en su calidad de gerente de la campaña; la tesorera, los auditores, y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial del Pacto Histórico en 2022.En el auto, el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez consideró que la resolución demandada no puede ser objeto de control judicial, ya que no contiene una decisión de fondo que culmine la actuación administrativa, sino que es un acto de trámite del proceso.El despacho del magistrado recordó que, según la Ley 1475 de 2011, el trámite en el CNE de los procesos administrativos se organiza de la siguiente manera:Se expide una resolución mediante la cual se ordena la apertura de la investigación y se formulan los cargos.El representante legal del movimiento o partido y los implicados pueden responder los cargos dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación personal.Una vez presentados los descargos, o transcurrido el plazo, se decretan las pruebas solicitadas, para lo cual se dispone de un tiempo de tres meses, que se puede prorrogar dos meses más.Concluido el término probatorio, se corre traslado por 15 días hábiles para que los implicados y la Procuraduría presenten alegatos de conclusión.El proceso entra al despacho del magistrado ponente para la decisión, que debe dictarse en los dos meses siguientes.El magistrado Barreto considera que la resolución del CNE cumple todos los requisitos, ya que habilita la realización de descargos y la contradicción del proceso por parte de los implicados, por lo que la autoridad electoral puede continuar con su proceso administrativo.“Debe tenerse en cuenta que el artículo 43 de la Ley 1437 de 2011 dispone que los actos definitivos son los únicos susceptibles de control judicial ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, dado que estos son los que contienen una manifestación unilateral de la voluntad de la autoridad pública o de un particular en ejercicio de funciones administrativas, por los cuales se crea, modifica o extingue una situación jurídica. Excepcionalmente, también lo son los de trámite cuando impiden la continuación de la actuación administrativa”, resalta el documento.El auto concluye que el acto administrativo con el que se termine la actuación administrativa sancionatoria sí podría ser objeto de control y demanda ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, tal como ha ocurrido en el pasado.
El Tribunal Superior de Bogotá negó una tutela con la que dos directivos del Partido Comunista pretendían anular el pliego de cargos que formuló el CNE contra el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña en 2022.La la secretaria general de esa asociación política, Claudia Flórez, había comentado que con ese acto jurídico buscaba proteger los derechos fundamentales al derecho a elegir y a ser elegido. “Denunciamos la vulneración de los derechos civiles y políticos, el desconocimiento del bloque constitucional y de los tratados internacionales por parte del CNE”, dijo en su momento.Hay otra demanda que busca la nulidad de la decisión del CNEEl abogado Sebastián Fausto Méndez, demandante en este caso, solicita la nulidad absoluta de la resolución emitida por la Sala Plena del CNE el 8 de octubre de 2024, argumentando que la entidad carece de competencia para actuar en este asunto y que ya había operado el fenómeno de la caducidad. Méndez sostiene que el CNE ha abusado de su autoridad al emitir una decisión que considera injustificada, alegando que no tiene facultades para investigar al presidente de la República, lo que contraviene el artículo 413 del Código Penal. Esto, a su juicio, se acerca al concepto de "prevaricato por acción". Además, argumenta que la caducidad ya se había manifestado, lo que invalidaría cualquier acción posterior del CNE.Por otro lado, el Consejo de Estado reafirmó la competencia del CNE para investigar la campaña de Petro. En un auto emitido el 7 de octubre, el alto Tribunal desestimó una solicitud de nulidad presentada por el abogado Héctor Carvajal, quien representaba al presidente. Este había argumentado un posible conflicto de competencias respecto a quién debía llevar a cabo la investigación sobre la campaña.
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, ha dedicado varios años a la vigilancia de los procesos electorales en Colombia. En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, compartió su análisis sobre la situación actual, tras la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) al presidente Gustavo Petro.Barrios recalcó que es fundamental cuidar la solidez de los procesos electorales, no solo en Colombia, sino en toda América Latina. Aseguró que las autoridades electorales deben trabajar arduamente para construir confianza, acceso a la información y transparencia.“Si hay algo que tenemos que cuidar en este país, pero no solamente en Colombia, en todos los países de América Latina, es precisamente la solidez de los procesos electorales y las autoridades electorales también tienen que trabajar muchísimo en la generación de confianza, acceso a la información y transparencia para que haya un diálogo no solamente entre las autoridades y las organizaciones políticas, sino entre todos los sectores que están involucrados en la elección de los mandatarios”, sostuvo.Asedio a la RegistraduríaBarrios expresó su preocupación por este tema en concreto. Mencionó que esta incertidumbre respecto a la organización de las elecciones y los posibles resultados podría tener un efecto perjudicial en la percepción de los ciudadanos sobre la legitimidad del proceso electoral.“Lo que estamos viendo es que es necesario ser muchísimos más claros en todos los procesos de contratación. Hay una crítica y siempre ha habido preguntas frente a la forma como se han hecho las contrataciones en la Registraduría”, precisó.Fraude preventivo: una estrategia políticaLa noción de 'fraude preventivo' ha comenzado a surgir en el discurso político. Barrios indicó que, incluso, antes de iniciar el calendario electoral, figuras políticas ya están insinuando que ocurrirá fraude, lo que daña a las instituciones y su credibilidad.“Se debe privilegiar la conversación entre la Registraduría, el Ministerio del Interior, que es la entidad responsable de la convocatoria a las comisiones nacionales de seguimiento electoral. Nosotros estamos esperando que salga la estrategia electoral, que la tiene que coordinar el Ministerio del Interior; ojalá se pueda hacer un lanzamiento hacia finales de enero, a principios de febrero, y eso va a implicar un diálogo con todas las autoridades. Esto incluye Consejo Nacional Electoral, que, en términos de credibilidad, hoy está muy golpeado”, recalcó.Garantías en territorios conflictivosEl panorama se complica al considerar la influencia de grupos armados ilegales en distintas regiones del país. Barrios afirmó que no se puede dar por perdida la posibilidad de elecciones libres. Se han llevado a cabo procesos electorales en situaciones de conflicto, siempre que existan garantías razonables."Es crucial coordinar la estrategia electoral con la de seguridad y los mecanismos de paz en aquellas regiones con alto riesgo de violencia", puntualizó.
Aunque la apertura por parte del CNE de investigación y formulación de cargos en contra del presidente Petro y otros cuatro responsables de la campaña de 2022, fue aprobada con siete votos contra dos, BLU Radio conoció cuatro aclaraciones de voto que evidencian las diferencias que estos mismos magistrados tuvieron con la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz.Se trata de las aclaraciones de los magistrados Cesar Lorduy, Maritza Martínez, Cristian Quiroz y Altus Baquero, lo que significa que ellos están de acuerdo con la posición adoptada por la sala, que fue con siete votos abrir la investigación y formular cargos contra el presidente Petro, pero discrepan total o parcialmente de las razones o motivaciones en las cuales ella se funda.Uno de los casos más llamativos es la aclaración del magistrado Altus Baquero, quien en su aclaración señala que aunque sí hay motivos para tomar la decisión adoptada contra la campaña Petro Presidente, primero había que respetar el fuero del presidente Petro ante la Comisión de Acusaciones de forma íntegra, que el valor de la superación de topes en el caso de la primera vuelta no es de $3.700 millones como dice la resolución, sino de $856 millones. Añadió, que no hubo en su criterio violación de topes en segunda vuelta, porque para él solo se comprueba en la argumentación de los magistrados ponentes la violación de topes con la omisión del préstamo del Polo Democrático por 500 millones de pesos y una factura de propaganda electoral por 356 millones de pesos, descartando todo lo demás.En el caso de la magistrada Martínez, ella pide dejar claro durante la investigación que el proceso se abrió por oficio y bajo las competencias constitucionales del CNE que pueden ser en “cualquier momento”, pero también sostiene que la investigación es una gran oportunidad para determinar hasta qué punto el pago de testigos electorales y la factura del Movistar Arena de la celebración de segunda vuelta puede ser considerado como gasto de campaña.Por su parte, el magistrado Quiroz aclara que su motivación está basada en que los hechos ocurrieron cuando el hoy presidente Petro era candidato y que por ende no afecta su fuero constitucional y que el CNE está otorgando todas las garantías para su defensa. La aclaración más extensa es la del presidente del CNE, Cesar Lorduy, que en cada uno de los 12 hechos que presuntamente evidencian la violación de topes hace claridades frente a dudas y cuestionamientos que deben comprobarse mediante la investigación formal.Todo esto evidencia que aunque los siete magistrados estuvieron de acuerdo con investigar la campaña y hacer esta formulación de cargos, al final podrían tener bastantes diferencias con lo que arroje el proceso.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, por su presunta participación indebida en política durante su mandato (2020-2023).Esta acción disciplinaria se deriva de unas publicaciones hechas por Caicedo en la red social X, en las que habría criticado una decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), la cual revocó la candidatura de su hermana a la alcaldía de Santa Marta. Según la Procuraduría, el exgobernador calificó dicha decisión como una “persecución política”, sugiriendo que favorecía a un movimiento político opuesto a su partido, Fuerza Ciudadana.El ente de control investiga si Caicedo utilizó su posición como gobernador para involucrarse en actividades políticas y controversias electorales, lo que estaría prohibido para los servidores públicos, quienes deben actuar de manera imparcial. Las acusaciones también se basan en el supuesto interés personal y familiar de Caicedo, al respaldar públicamente a su hermana y al movimiento político en el que participaba.El Ministerio Público considera que este comportamiento podría haber violado el principio de imparcialidad que rige el actuar de los funcionarios públicos, afectando el equilibrio democrático necesario en un Estado Social de Derecho. Por esta razón, la falta ha sido calificada de manera provisional como “gravísima”, lo que implica que podría haber sido cometida con dolo, es decir, con la intención clara de intervenir indebidamente en el proceso electoral.Además, el caso será remitido a la Delegada Disciplinaria de Instrucción para investigar la posible intervención del alcalde encargado de Santa Marta en protestas relacionadas con este tema en la Registraduría municipal.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió investigación preliminar y decretó pruebas contra el alcalde de Sabana de Torres, Darío Buchenicow Caballero por financiación prohibida de campaña y la superación de los límites de gastos permitidos cuando fue candidato a la alcaldía de ese municipio en 2023.La denuncia interpuesta ante el Consejo Nacional Electoral por Deiver Parra Rondón señala que Buchenicow habría incurrido en diversas irregularidades durante la campaña electoral de octubre de 2023, tales como constreñimiento al sufragante, fraude electoral, corrupción, tráfico de votos, y el uso de fuentes prohibidas de financiación. De acuerdo con Parra Rondón, la campaña del excandidato violó los topes de financiación establecidos por la ley, además de no haber reportado ciertos aportes económicos.Por tal razón, el CNE decretó la apertura de la indagación preliminar y ordenado la recolección de pruebas para determinar si existen fundamentos para iniciar una investigación formal. Entre las pruebas solicitadas se incluyen los informes de ingresos y gastos de campaña de Buchenicow, que serán analizados por el Fondo Nacional de Financiación Política.El Consejo Nacional Electoral, también trasladó la denuncia a la Fiscalía General de la Nación, dado que algunos de los hechos denunciados, como el constreñimiento y fraude al sufragante, corresponden a delitos electorales cuya investigación es de competencia exclusiva de la FiscalíaEl auto señala que, aunque el denunciante presentó videos, informes y otros elementos que sugieren posibles irregularidades, el CNE necesita realizar un análisis detallado de los documentos financieros de la campaña. Esto incluye la revisión por parte de un contador del Fondo de Financiación Política, quien deberá determinar si efectivamente hubo una violación a los límites de gastos o si se utilizaron fuentes de financiación prohibidas.A mediados de octubre, se conoció la decisión de la Procuraduría General de la Nación que formuló pliego de cargos contra Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por presunta participación indebida en política.De acuerdo con la investigación, Pinilla habría utilizado su cargo para apoyar la campaña de Darío Buchenicow Caballero, quien fue elegido alcalde de Sabana de Torres, Santander, en octubre de 2023.Según la Procuraduría , Pinilla estuvo presente en el municipio días antes de las elecciones, del 27 al 30 de octubre, supuestamente para revisar aspectos relacionados con la gestión de desastres en la región afectada por la ola invernal. Sin embargo, las publicaciones realizadas en sus redes sociales y su participación en actos políticos vinculan su presencia con fines electorales.
Este martes 22 de octubre se conoció que llegó una demanda en el Consejo de Estado contra la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que había formulado un pliego de cargos y abierto una investigación formal contra el presidente Gustavo Petro por supuestas infracciones de los topes electorales durante su campaña presidencial.El abogado Sebastián Fausto Méndez, demandante en este caso, solicita la nulidad absoluta de la resolución emitida por la Sala Plena del CNE el 8 de octubre de 2024, argumentando que la entidad carece de competencia para actuar en este asunto y que ya había operado el fenómeno de la caducidad.Méndez sostiene que el CNE ha abusado de su autoridad al emitir una decisión que considera injustificada, alegando que no tiene facultades para investigar al presidente de la República, lo que contraviene el artículo 413 del Código Penal. Esto, a su juicio, se acerca al concepto de "prevaricato por acción". Además, argumenta que la caducidad ya se había manifestado, lo que invalidaría cualquier acción posterior del CNE.Por otro lado, el Consejo de Estado reafirmó la competencia del CNE para investigar la campaña de Petro. En un auto emitido el 7 de octubre, el alto Tribunal desestimó una solicitud de nulidad presentada por el abogado Héctor Carvajal, quien representaba al presidente. Este había argumentado un posible conflicto de competencias respecto a quién debía llevar a cabo la investigación sobre la campaña.El Consejo explicó que el CNE tiene la autoridad para aplicar sanciones administrativas si se comprueban irregularidades en la financiación de la campaña, aunque la facultad de destituir a un presidente recae únicamente en el Congreso, conforme a los procedimientos de juicio por indignidad política.Cabe destacar que el 8 de octubre, el CNE decidió abrir una investigación formal sobre la campaña Petro Presidente y formular cargos a Gustavo Petro y Ricardo Roa por supuestas violaciones a los límites de financiación electoral. Entre los aspectos revisados por los magistrados se incluyen pagos a testigos electorales, una supuesta donación de Fecode y la USO, así como aportes de la empresa de criptomonedas Daily Cop.
El diálogo con Mañanas Blu, el abogado Rodrigo Uprimny, analizó la tesis del golpe de estado en Colombia, planteada por el presidente Gustavo Petro y de quienes lo defienden por cuenta de la investigación que avanzará por parte del CNE. Uprimny asegura que existe una investigación en curso por parte del Consejo Nacional Electoral con respecto a la violación de las reglas de financiación electoral por parte del presidente, y señala que esta investigación es discutible en cuanto a la competencia del Consejo Nacional Electoral para imponer sanciones al presidente. "Decir que esto es un golpe de Estado me parece una exageración", argumentó. Aún así, incluso si se llegara a imponer una sanción, Uprimny argumenta que esto no afectaría la esencia del cargo presidencial, ya que se trataría de una sanción pecuniaria y no una destitución o suspensión. El abogado también se refirió a la discusión jurídica en torno al fuero integral del presidente y explicó que existen diferentes interpretaciones al respecto. Algunos consideran que el fuero integral no incluye las faltas electorales, mientras que otros creen que sí. Sin embargo, sí asegura que hay tintes de falta de credibilidad por parte del Consejo Nacional Electoral debido a un ambiente polarizado. "El problema es que acá nadie le cree al CNE", finalizó. Escuche aquí la entrevista:
Tradicionalmente, el salario mínimo se fija con inflación más productividad. Si esa ecuación se respeta para el 2025, el salario tendría que subir cerca de 7 % como mínimo porque la inflación estará por encima del 5 % al finalizar el año y, aunque no hay acuerdo sobre la cifra de productividad, el Dane presentó cuatro mediciones por encima del 1.7 %.En pesos, un incremento del 6.8 % equivale a unos 99.400 pesos (incluyendo el subsidio de transporte)."Estamos convocados para estudiarlas de 8 a 10 a.m con una profundización de las variables que nos entregará el Dane y ya allí cada una de las partes, tanto la empresarial como la parte de centrales, entregarán su propuesta y nosotros miraremos si se puede llevar concertada, recomendamos o simplemente presentamos todo el panorama", explicó la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.Este miércoles 4 de diciembre se reúnen de nuevo empresarios y trabajadores buscando un acuerdo sobre ese punto de la negociación. Un momento en el que las centrales obreras estána la espera con optimismo."Yo creo que aquí los primeros derrotados son Ricardo Bonilla, que no sé de dónde sacó esos datos, y Bedoya, de la SAC, que dijo que ese era el techo de la negociación. El que decía Bonilla, nos satisface y estamos claramente sorprendidos con el desarrollo, con el que empieza la subcomisión de productividad en la Comisión Nacional de Concertación", dijo el presidente de la CUT, Fabio Arias.Arias insiste que las centrales reclamarán una deuda histórica de los trabajadores a raíz de las mediciones de productividadPor su parte, el presidente de Acopi, Rodolfo Correa, lamentó que al inicio de las negociaciones se esté usando un lenguaje de "los derrotados". Horas antes, Correa había propuesto un aumento salarial del 2.5 % (la mitad de la inflación).En Colombia, 10.1 millones de personas, el 45.2 % de los trabajadores del país, se están ganando menos de un salario mínimo y apenas 3.3 millones de personas se ganan exactamente el mínimo.El Gobierno debe firmar el decreto de incremento como máximo el 30 de diciembre.
El presidente Gustavo Petro volvió a defender al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, asegurando que las acusaciones en su contra por presuntamente direccionar contratos son injustas. El mandatario escribió en su cuenta de X:“Conozco al profesor Ricardo Bonilla y lo respeto muchísimo, por su profundidad intelectual como economista de verdad, comprometido con las necesidades de su pueblo. A veces lo intelectual se separa del pueblo, te hace veleidoso, te genera una especie de aristocracia falsa que te lleva a servir con ideas, también falsas, a los enemigos brutales de la gente”.Petro también se refirió a los cupos indicativos, argumentando que no son un invento reciente, sino parte del sistema político de Colombia.“No hay congresistas si no compra votos en las regiones, excepto los que apelan a la opinión libre de la ciudadanía; y sin congresistas no hay leyes”, señaló.Finalmente, el presidente afirmó que fue él mismo quien denunció esta práctica, que reconoce como corrupta.El ministro Ricardo Bonilla está siendo cuestionado tras la revelación de Noticias Caracol de la declaración de la exasesora del ministerio, Alejandra Benavides, quien aseguró que el jefe de la cartera estaba enterado de todos los movimientos que se hicieron para presuntamente direcciones contratos a cambio de votos en la comisión interparlamentaria de crédito público.
En medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, el exdirector de la entidad, Olmedo López, reveló un nuevo detalle durante su interrogatorio. Según López, los 3.000 millones de pesos que se habrían gestionado como parte de un esquema ilícito no eran directamente para el expresidente del Senado, Iván Name, sino para financiar la campaña de su hija, María Clara Name, al Concejo de Bogotá.La declaración de López se suma a las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación durante la audiencia de medida de aseguramiento contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, quien enfrenta cargos por tráfico de influencias y lavado de activos. La Fiscalía sostiene que Ortiz utilizó su cargo para favorecer a Name mediante gestiones indebidas, que incluyeron la entrega de los 3.000 millones de pesos y la adición de 11.000 millones de pesos a un contrato de la UNGRD en el Atlántico.Entre las evidencias se destacan videos y registros de una reunión en la Casa de Nariño, realizada el 21 de septiembre de 2021, donde Ortiz y López habrían discutido cómo canalizar los recursos hacia el senador Name. Según López, estas gestiones tenían como objetivo fortalecer la campaña política de María Clara Name.Además, chats obtenidos por la Fiscalía muestran que López y Sneyder Pinilla, también acusados, coordinaron el traslado del dinero hacia el norte de Bogotá los días 12 y 13 de octubre de ese año. Estas acciones, según la Fiscalía, se habrían llevado a cabo bajo las órdenes del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, implicado como presunto articulador de las operaciones.Las investigaciones avanzan mientras, López y Pinilla enfrentan cargos por concierto para delinquir y desvío de recursos públicos; ambos llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía.
La audiencia de imputación de cargos a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, sigue este martes, 3 de diciembre. La Fiscalía pidió formalmente que Sandra Ortiz sea enviada a prisión. Según el ente investigador, los chats, videos y testimonios acreditan que la exalta consejera para las regiones entregó 3 mil millones de pesos adquiridos de manera ilícita al expresidente del Senado, Iván Name.Siga EN VIVO la audiencia contra Sandra Ortiz aquí:¿Por qué acusan a Sandra Ortiz en el escándalo de la UNGRD?Según el ente acusador, teniendo como punto de partida los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, la Fiscalía obtuvo los videos de cámaras de seguridad de la Casa de Nariño que evidencian cómo el 21 de septiembre de 2021 se reunieron en una de las salas del Palacio.Ortiz y López habrían discutido, según la Fiscalía , cómo se daría la entrega de dineros al expresidente del Senado Iván Name. En recientes audiencias, el ente investigador presentó pruebas señalando que la orden de entregar dineros al expresidente del Senado vino del exdirector del Dapre Carlos Ramón González.Posteriormente, el 12 y 13 de octubre, Olmedo López y Sneyder Pinilla coordinan el traslado de 3000 mil millones de pesos hacia el norte de Bogotá.
En medio de la fuerte polémica por la jugada que definió el empate (1-1) entre Atlético Nacional y Millonarios, por la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana, y que tuvo como protagonista al delantero visitante Radamel Falcao García, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) tomó una radical decisión.El ente, ante los duros señalamientos en contra del trabajo del juez central, Carlos Betancurt, y del VAR Nicolás Gallo, reveló en la mañana del martes 3 de diciembre los audios de la conversación que ambos silbatos sostuvieron durante la revisión de la acción que marcó el rumbo del partido.La jugada polémicaFue a los 84' que una falta cometida por el defensa Felipe Aguirre derribó al veterano atacante, la cual fue sancionada como Betancur como penal. Sin embargo, la polémica se centró en un aparente fuera de lugar previo, justo cuando Falcao bajó el balón en el área y se prestaba para definir.De acuerdo con las grabaciones que dio a conocer la comisión, fue una acción que generó una serie de análisis adicionales, pero en la que se concluyó que no había fuera de lugar, por lo que se decretó el penalti que 'El Tigre' transformó en gol, para el empate final en el máximo escenario deportivo de los antioqueños.Revisión del VAR"El VAR confirma la infracción e inicia de inmediato la revisión de la APP (acción de pelota parada)", fue lo primero que se aclaró en el video publicado, por parte de quien presenta a continuación la jugada.En el proceso se usó un trazado de líneas en triangulación para determinar si el atacante de Millonarios estaba o no adelantado. Una de las conclusiones, según el relato, es que el artillero azul se encuentra a la misma altura del penúltimo defensor de Nacional, es decir, William Tesillo.Antes de que se determinara el penal y, en consecuencia, que Falcao estuviera habilitado, la duda que tenía el VAR Gallo es que hubiera una mano en ataque que también invalidara la acción. "Confirmado: no la tocó con la mano y le cruza el pie", dijo."Confirmado: no hay fuera de juego",De todo esto supo, en tiempo real, el árbitro Betancur, que le dio manejo a la jugada para que desde el monitor tuvieran la posibilidad de revisarla con calma. "Están en la APP, ya la está revisando, pero el penal está claro", le dijo el juez a uno de los jugadores que le reclamaba la demora.Tal y como se vio en la transmisión, mientras tanto Betancur ubicó a los protagonistas como si en efecto se fuera a cobrar la falta. Paso a paso, sin afanes, Gallo revisó la acción desde el video, con un programa que le permitió trazar líneas. "Tengo muchas piernas acá", dijo mientras llegaba a su conclusión."Es el pie de Tesillo, que está mucho más adelantado que el de Aguirre", mencionó el VAR, que tuvo que acudir a tres planos diferentes para tomar su decisión, a sabiendas de que el pie de Tesillo no se podía identificar fácilmente.Lo último que se escuchó en el vídeo, de cinco minutos, 40 segundos, fue: "Confirmado: no hay fuera de juego", expresó Gallo, que encontró a Falcao en línea, con su hombro, y la extremidad inferior del zaguero en cuestión.
