Enrique Ariza Rivas, exdirector de Inteligencia del antiguo DAS, se suma a la lista de funcionarios de la desaparecida entidad condenados por la persecución y tortura a la periodista Claudia Julieta Duque, en hechos ocurridos entre 2001 y 2004.De acuerdo con el Juzgado Décimo Penal Especializado de Bogotá, Ariza deberá pagar 12 años y 6 meses de prisión y pagar una multa de 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes por el delito de tortura agravada continuada. En la decisión el juez ratificó además que no podrá gozar de cumplir la sentencia en su domicilio no podrá ejercer cargos públicos.“Recibo este nuevo acto de justicia en Bélgica, en la sede del Equipo Nizkor y Radio Nizkor, con gran alegría y gratitud por las amistades leales y las organizaciones y personas constantes que me permitieron llegar a abrazar la JUSTICIA en vida, y celebrarla con su compañía y apoyo. Solo queda pendiente de sentencia de primera instancia el también ex director de Inteligencia Giancarlo Auqué, y los funcionarios cuyos casos están paralizados ante la JEP”, escribió la periodista en sus redes sociales tras conocer la noticia.La decisión judicial implica también que se compulsen copias ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para determinar si se debe iniciar o no una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Así mismo, el actual Gobierno nacional deberá adelantar un acto público de reparación, sumado a la indemnización que Ariza deberá pagar a la periodista superior a los $120 millones por daños y perjuicios.Claudia Julieta Duque y su familia, según las investigaciones, sentencias y sus propias denuncias, fueron blanco de seguimientos, interceptaciones, amenazas y hostigamientos por parte del DAS luego de que ella iniciara la investigación por el homicidio de Jaime Garzón.Además de Ariza, otros siete exfuncionarios del DAS han sido condenados por el mismo caso: José Miguel Narváez y Emiro Rojas Granados, exdirectores; Hugo Daney Ortiz, exjefe de Operaciones de Inteligencia; Jorge Armando Rubiano, exjefe de Desarrollo Tecnológico; Carlos Alberto Arzayúz, exdirector de Inteligencia y Néstor Pachón Bermúdez y Ronal Harbey Rivera Rodríguez, exdetectives.
José Miguel Narváez Martínez, exsubdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fue condenado a 12 años y 6 meses de prisión por el Juzgado 10 Penal Especializado de Bogotá. La sentencia, que se suma a una condena previa relacionada con el asesinato del humorista Jaime Garzón, reconoce la tortura psicológica infligida a la periodista Claudia Julieta Duque Orrego, quien fue víctima de un hostigamiento sistemático durante varios años.Entre 2003 y 2004, Narváez Martínez ocupó un cargo directivo en el DAS y lideró el Grupo Especial de Inteligencia 3 (G-3). Desde esta unidad, se realizaron seguimientos ilegales a periodistas, opositores y magistrados, entre los cuales Duque Orrego se destacó como una de las principales víctimas. La periodista, que investigaba el crimen de Jaime Garzón Forero y la manipulación del DAS en la investigación judicial, fue sometida a persecuciones, amenazas, hostigamientos y robos, lo que la obligó a exiliarse en 2001. Posteriormente, se confirmó que los vehículos que la seguían pertenecían al DAS.La sentencia, compuesta por 83 páginas, declara que estos actos, ocurridos entre julio de 2001 y diciembre de 2004, constituyen crímenes de lesa humanidad. Según el fallo, Narváez Martínez estaba al tanto de todas las acciones ilegales ejecutadas contra Duque Orrego y otras personas consideradas opositoras al gobierno de la época. La judicatura subrayó la gravedad de estas violaciones sistemáticas de derechos humanos, que incluyeron la tortura continuada sufrida por la periodista.En respuesta a la sentencia, Claudia Julieta Duque Orrego señaló: “También se compulsan copias para que se investigue a otros funcionarios que, de acuerdo a las pruebas, tuvieron responsabilidad en los actos de tortura”.La sentencia ordena compulsar copias ante la Fiscalía General de la Nación para investigar la posible participación de varios exfuncionarios del DAS, entre ellos Jorge Noguera Cotes y Felipe Muñoz Gómez, exdirectores del DAS; Jacqueline Sandoval y Martha Leal, exsubdirectoras; Milton Jair Moreno, Germán Albeiro Ospina Arango, Francia Jimena Vaquero Espitia, Rafael Bustamante Pérez, Alexander Velásquez Sánchez, y el fiscal Francisco Javier Pedraza Pérez. Se les investigará por su posible participación en actos de tortura agravada, secuestro y otras conductas punibles contra Duque Orrego, incluyendo actos de tortura que se habrían extendido desde 2005 en adelante.Además, se reiteró la orden de compulsar copias ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para determinar si hay mérito para investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez en relación con los hechos objeto de este proceso.
La Corte Constitucional le ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) entregar toda la información que la periodista Claudia Julieta Duque había solicitado sobre los registros de GPS recolectados de los vehículos del esquema de seguridad que le fueron asignados.“La entrega de esa información resulta relevante para la efectividad de otros derechos fundamentales de la accionante, como lo son la seguridad e integridad personal, de manera que la respuesta por parte de la entidad deberá realizarse en el menor tiempo posible, y ser íntegra y completa”, expone el fallo.En el documento también le ordenaron a la entidad de protección que elimine la información que repose en las bases de datos vinculada a la georreferenciación de los carros que le fueron asignados a la periodista, salvo aquella que sea estrictamente necesaria para cumplir con los mandatos constitucionales.Dentro de esa orden, la UNP deberá informarle a la periodista cuáles son los datos que no se pueden eliminar, pero, además, el director de la entidad deberá iniciar una actuación administrativa para devolverle el esquema de seguridad, a partir de la verificación de su actual nivel de riesgo.Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) aseguró que “la Corte Constitucional le ordena a la UNP entregar la información recopilada por GPS a la periodista Julieta Duque, pero declara que instalar un GPS en su vehículo de protección no violó sus derechos”.Le puede interesar:
BLU Radio conoció en primicia que la Jurisdicción Especial para la Paz citó al general en retiro Rito Alejo del Río y a varios exfuncionarios del antiguo DAS para que entreguen su versión en el caso 06, que prioriza el exterminio de la Unión Patriótica. Varios de los llamados han sido procesados por distintos casos en el tribunal especial.En el caso del militar, será el próximo 25 de marzo cuando deba ir a la JEP, esto con base en el estudio de un informe presentado por la Fiscalía en el que se habla de la victimización de la UP por parte de agentes del Estado e informes de la Corporación Reiniciar y el Centro Nacional de Memoria Histórica.Aparte de Del Río, los exagentes del DAS, Giovanni Calderón Salazar y John Alirio Parra, también entregarán su versión el 12 de febrero y el 5 de marzo respectivamente. El primero fue condenado a más de 40 años por falsos positivos en el Tolima, mientras que Parra ha sido señalado de presuntamente haber tenido responsabilidad en el homicidio de la exalcaldesa de Apartadó, Antioquia, Diana Stella Cardona, en 1989.Asimismo, fue llamado el exsubdirector del DAS Emiro José Granados, a quien se le ha vinculado con seguimientos y amenazas en contra de la periodista Claudia Julieta Duque y su hija, y a quien en su momento se le endilgó el delito de tortura psicológica. Granados fue citado el próximo 9 de marzo al tribunal.A su vez, Alexander Romero Vargas, entonces jefe de inteligencia del DAS, y acusado de tener responsabilidad en falso positivo en el departamento de Casanare, deberá acercarse a la JEP a responder el próximo 16 de febrero de 2021.
Fuentes de inteligencia confirmaron a BLU Radio que, tras una alerta de organismos internacionales, contrastada con fuentes humanas y otro tipo de elementos, se logró confirmar la veracidad de una amenaza para la seguridad del presidente y de su familia.De acuerdo con informaron que había suministrado la CIA, Europol y otras agencias de inteligencia, dos ciudadanos extranjeros que habrían entrado al país antes del inicio de la pandemia, uno de nacionalidad israelí y otro de nacionalidad rusa, tendrían como misión en los próximos días acelerar el plan para matar al presidente de la República Iván Duque, por medio del uso de armas de largo alcance y de alta precisión. Es decir, por medio de francotiradores.Con base a esa información fue reforzada la seguridad de presidente y de su familia, se han modificado sus recorridos y su agenda está en permanente evaluación por esta alerta.Las autoridades mantienen sus esfuerzos para capturar a los dos extranjeros que están huyendo. Esta sería la tercera intención de atentado contra el presidente en lo corrido de su gobierno, los otros se habrían descubierto en el Cauca y otro Valledupar.
Para la periodista Claudia Julieta Duque, una de las personas que por años se ha dedicado a investigar el crimen del humorista Jaime Garzón, la Fiscalía debe “mirar hacia adentro” si quiere esclarecer en su totalidad el caso. “Si el fiscal está diciendo que habrá resultados prontamente hay que pedirle y exigirle públicamente, y lo quiero hacer hoy aquí, que investigue al interior de la propia Fiscalía. Directamente yo señalo al jefe nacional del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, coronel retirado de la Policía Luis Alberto Pérez Albarán, quien era jefe de inteligencia del DAS cuando fue asesinado Jaime Garzón y quien estuvo preso por un escándalo de ‘chuzadas en el año 2000’”, dijo en entrevista con BLU Radio. Añadió que existe un “nexo clarísimo” entre las esas interceptaciones ilegales y el asesinato de Jaime Garzón, pues estas eran usadas por José Miguel Narváez para presentárselas a Carlos Castaño, fundador de las AUC. “Al interior del DAS hubo interceptaciones ilegales que están en la total impunidad y el director actual del CTI es responsable de eso, entonces que el fiscal (Néstor Humberto Martínez) empiece a mirar para adentro. ¿A quién más hay que mirar para adentro? Al exfiscal Eduardo Meza Cadena, fiscal de derechos humanos durante el caso Garzón, que participó activamente en ese montaje”, añadió. De otro lado, Duque resaltó algunos aspectos de la condena contra el exsubdirector del DAS Narváez por el crimen del humorista, pero criticó otros. “La sentencia tiene cosas que son muy importantes, otras que son muy criticables y otras que vale la pena destacar. De destacar, obviamente la condena, porque eso representa una puñalada a la criminalidad de Estado en Colombia porque, aunque el juez se niega a darle la categoría de mando que José Miguel Narváez tenía en las Fuerzas Militares y en entre los paramilitares, en su hoja de vida queda claro que él fue el capacitador de las cúpulas militares que se rotaban en Colombia durante más de 20 años”, dijo. En sentido, Duque expresó que se trata de un golpe a la estructura criminal que hizo carrera en las Fuerzas Militares, “basada en la impunidad y en la clandestinidad de sus actos”.Le puede interesar: "Se reía de él mismo, pero quería que nos cuestionáramos": hermana de Jaime Garzón “Eso es destacar y esa es una noticia de la cual nos regocijamos, a pesar de lo tardía y descontextualizada”, expresó. Añadió que uno de los elementos criticables es que el juez no haya declarado el crimen como de lesa humanidad: “Lo que él hace es desconocer de plano lo que la jurisprudencia internacional no ha enseñado en materia del análisis del contexto en el que se dan los crímenes”. Escuche aquí la entrevista completa:
La denuncia la hizo luego de que la senadora Paloma Valencia denunciara en una columna publicada en El Nuevo Siglo que su mamá, Dorotea Lasserna, había sido acosada por un exprocurador general de la nación en el momento en el que esta le pedía ayuda para defender sus derechos. En entrevista con El Espectador, Duque dijo que “hay más mujeres que confirman el comportamiento acosador” del exfuncionario.“Como todos saben, para esa época hacía mi investigación independiente del caso Jaime Garzón, en conjunto del abogado del caso, que era Alirio Uribe Muñoz, hoy representante a la Cámara. Asistí a la entrevista en la oficina que el exfiscal general tenía en la 32 con 7, fue una entrevista muy agradable, no me defraudó para nada el personaje, frente a sus opiniones y análisis, una persona muy amable de muy buen humor. Al terminar, le dije que además de esto, tenía otras preguntas, que no tenían que ver con el tema del paramilitarismo, sino con una investigación independiente del caso de Jaime Garzón. Esto fue más o menos un viernes, me dijo que estaba muy tarde y se tenía que ir. Me preguntó que, si de casualidad vivía por la zona de los Rosales, le dije que no, que vivía en Quinta Paredes. Entonces me dijo que nos viéramos el siguiente domingo en su apartamento para hablar de ese tema”, dijo.“Para mí hacer una entrevista un domingo no me parecía complicado, con excepción del hecho, y por eso tengo tan clara la fecha, que ese domingo era el Día de la Madre. Yo estaba separada y estaba sola con mi niña de 8 años, por eso dudé en aceptar en hacer la entrevista un domingo. Pero, por otro lado, también pensé ‘¿cuándo más iba a tener este personaje para hablar del caso Jaime Garzón?’, entonces acepté. Llegué a su apartamento, un apartamento muy lujoso casi llegando a la Avenida Circunvalar. Cuando entré, él ya tenía servidas 2 copas de vino y tenía unos documentos. Me dijo que había estado revisando y se dio cuenta que tenía muy poca documentación del caso Jaime Garzón, luego me invitó a sentarme”.Le puede interesar: Señalan a director de La Picota de acoso sexual y laboralPor su parte, Gómez Méndez respondió a las preguntas que El Espectador le hizo sobre las acusaciones que le hacen. “Hace veintitrés años y como particular recibo a muchas personas, incluidos periodistas. Solo le reitero que el hecho como ella lo plantea simplemente no existió”, dijo.
En una carta escrita a iniciativa de la europarlamentaria de IU Marina Albiol, los eurodiputados pidieron al Gobierno colombiano que investigue "todos los actos de intimidación, seguimientos ilegales y otras agresiones denunciadas por Claudia Julieta Duque y su familia, y que se sancionen a los autores materiales e intelectuales". Claudia Julieta Duque denunció en 1999 la presunta participación de agentes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el caso del asesinato del humorista Jaime Garzón ocurrido en 1999, lo que conllevó agresiones en su contra, como secuestro, amenazas, agresiones, y difamaciones, indicó la carta. Además, la periodista denunció en 2012 al expresidente de Colombia y actual senador Álvaro Uribe y al del exdirector general del DAS Jorge Noguera, por delitos de injuria y calumnia, y un año antes, en 2011, fue reconocida por la Justicia colombiana como víctima de "tortura psicológica" perpetrada por agentes del DAS, de acuerdo con los eurodiputados. Según los eurodiputados, otros miembros del DAS fueron "llamados a juicio", como los exdirectores de inteligencia Gian Carlo Auque de Silvestri y Enrique Alberto Ariza, y el exdirector de Contrainteligencia Rodolfo Medina Alemán, pero estos exagentes están prófugos, según la misiva. En la carta, dirigida además de a Santos al Fiscal General de la Nación, Luis Eduardo Montealegre, y a los miembros del Tribunal Supremo, los eurodiputados reclaman que se haga efectiva la captura de acusados prófugos de la Justicia y se realicen los trámites necesarios "para su extradición, deportación o captura internacional". Los miembros de la Eurocámara exigen además a las autoridades de Colombia que den "impulso real a las investigaciones" en contra de Uribe y Noguera y se avance "con la mayor celeridad posible" en estos juicios y se brinden plena garantías a la víctima y los testigos. También instaron a las instituciones colombianas a cumplir con el compromiso asumido por la Cancillería de Colombia de que el Gobierno emitiría antes del 15 de septiembre de 2015 un pronunciamiento público de respaldo a la lucha por la Justicia de la periodista Claudia Julieta Duque, el cual "aún no se ha dado". La misiva recogió también la preocupación de los eurodiputados por "la situación de las personas defensoras de derechos humanos, cuya labor es clave para la construcción de paz y fortalecimiento de la democracia en el país". Por otra parte, los europarlamentarios felicitaron a las autoridades de Colombia por "los importantes avances en el proceso de paz que se adelanta entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC en La Habana", y reiteraron su compromiso "a contribuir para la construcción de una paz sostenible y duradera". EFE
Nuevos detalles se conocen del que sería el 'robo del siglo', cometido el pasado 1 de julio en Barranquilla, a una empresa de valores, de donde diez hombres armados habrían extraído cerca de $58.000 millones en efectivo, sin haber tenido que hacer un solo disparo. En la previa al inicio de la audiencia de imputación de cargos, programada para este viernes 22 de noviembre, Blu Radio conoció la identidad de uno de los capturados, quien, además, sería uno de los líderes de la banda que estuvo al frente de la ejecución de este hurto que deja, hasta el momento, a ocho personas capturadas. Nuevos detalles del 'robo del siglo' en BarranquillaSe trata de Royman Alvarado Pérez, quien ya había sido capturado por porte ilegal de armas de fuego en septiembre de 2021, luego de estar en un taxi junto a 'Álex la gorda', quien es un reconocido delincuente que ya suma siete anotaciones judiciales por hurto agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas, entre otros. Alvarado Pérez, al parecer, empezó a realizar llamativos gastos en los últimos meses, con los que realizó costosas adquisiciones. Para el caso, se habría comprado un vehículo deportivo modelo 2025 de alta gama y, además, habría pagado por varias cirugías plásticas para su esposa. El hombre, quien era sospechoso para las autoridades, fue objeto de un allanamiento en días pasados en su residencia, donde fueron hallados más de $50 millones en efectivo. Esta información, junto a otros llamativos detalles, serán revelados durante la audiencia en la que además se revelará cómo fue planeado este hurto que habría contado con la participación de al menos una trabajadora de la compañía.
Antes incluso de convertirse en la primera mujer transgénero del Congreso de Estados Unidos, Sarah McBride, de 34 años, dijo que contaba con encontrarse con reacciones hostiles. No se equivocaba."Puede que intenten confundirme de género, puede que intenten decir el nombre equivocado, harán lo que prevemos que hagan", declaró el mes pasado al pódcast TransLash antes de su victoria electoral del 5 de noviembre."Lo harán para provocarme y mi trabajo consistirá en no darles la respuesta que quieren", explicó la demócrata de Delaware.Incluso antes de su llegada a la Cámara de Representantes el 3 de enero, McBride fue blanco esta semana de una resolución de una congresista republicana para prohibir el acceso de las mujeres transexuales a los aseos femeninos del Capitolio."Solo porque un congresista quiera llevar minifalda no significa que pueda entrar en un baño de mujeres", escribió en las redes sociales la incendiaria Nancy Mace, de Carolina del Sur.El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, intentó ganar tiempo para debatir el tema y finalmente se mostró a favor de la prohibición, afirmando que los baños de un solo sexo estarían "reservados a individuos de ese sexo biológico".McBride, que lleva vestidos hasta la rodilla, no minifaldas, emitió un comunicado en el que afirma que respetará las normas "aunque no esté de acuerdo con ellas"."No estoy aquí para pelearme por los baños", dijo la política y activista, que hizo la transición con 21 años y se lo comunicó a sus padres el día de Navidad de 2011.- Guerra cultural -Donald Trump planteó el tema de la transexualidad en la recta final de su campaña presidencial para intentar cortejar a los votantes indecisos.Dos de los asuntos importantes sobre los que se libra una "guerra cultural" entre conservadores y progresistas son si se debe permitir a las mujeres transgénero ir a los baños de mujeres y competir en los deportes femeninos.Trump se ha burlado de las atletas transgénero y de la "ideología woke (despierto)", un término usado para referirse quienes defienden derechos de minorías frente al racismo o asuntos de género, entre otros.El magnate de 78 años prometió sacar "la locura transgénero" de los colegios y mantener "a los hombres fuera del deporte femenino".McBride ha sido durante mucho tiempo defensora de los derechos de las personas trans y ayudó a hacer campaña a favor de una ley que prohibiera la discriminación de género en su estado natal, Delaware, durante la cual la llamaron públicamente "bicho raro" y "encarnación del diablo"."Escuchar eso fue degradante y deshumanizante para mi hija", dijo su madre Sally a The Washington Post en 2018. "Todavía me cuesta asimilarlo".McBride no se inmutó. En 2020 fue elegida primera senadora estatal transgénero de Estados Unidos.- Pasantía en la Casa Blanca - Se ha referido abiertamente a sus luchas por la salud mental, su crianza como niño y su tragedia personal en una autobiografía publicada en 2018."Recuerdo que de niño rezaba por la noche en mi cama pidiendo despertarme al día siguiente y ser una niña", dijo en una charla TED en 2016.La primera vez que acaparó la atención de la opinión pública fue con una carta abierta cuando era líder estudiantil en la American University de Washington en la que anunciaba su transición.Posteriormente conoció al presidente Joe Biden y a su familia, también de Delaware, cuando se involucró en la política local.Tras hacer prácticas en la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama, consiguió una invitación para hablar en la convención del Partido Demócrata de 2016.La Casa Blanca fue también donde conoció a su marido, Andrew Cray, transexual y activista LGTBQ+.Se casaron dos años después, poco antes de que Cray muriera de cáncer.Dice que su objetivo en el Congreso es ser eficaz en las prioridades cotidianas de los votantes, como la vivienda y la inflación.Pero sabe que se verá constantemente obligada a ser portavoz -y defensora- de la comunidad trans."No puedo hacer lo correcto para la comunidad trans si no soy el mejor miembro del Congreso que puedo ser para Delaware", dijo a TransLash."Es la única manera de que la gente vea que las personas trans pueden ser buenos médicos, buenos abogados, buenos educadores, buenos miembros del Congreso. No puedo estar ahí para sacar un comunicado de prensa y tuitear cada vez que alguien dice algo".
La inseguridad en Bogotá no da tregua y los delincuentes siguen haciendo de las suyas en las vías públicas de la ciudad. En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto en el que dos ladrones que se movilizaban en moto le robaron el bolso a una mujer que se encontraba en plena vía pública del barrio Alcalá, de la localidad de Puente Aranda.Luego del violento atraco, los dos delincuentes emprendieron la huida en el vehículo; sin embargo, no se percataron que estaban en la mira de un grupo de vecinos del sector, quienes no dudaron en intervenir en el hecho para evitar que los ladrones escaparan del sitio.Fue allí donde uno de los hombres que presenció el hecho lanzó una carreta a la vía justo en el momento en el que pasaban los ladrones en la moto, lo que provocó que ambos cayeran del vehículo, algo que fue aprovechado por el grupo de vecinos del sector para empezar a golpear a los criminales.Tras un intercambio de golpes, en las imágenes se logra ver que uno de los delincuentes intenta sacar lo que parecer ser un arma, sin éxito teniendo en cuenta que fue atacado en repetidas oportunidades, por lo que tuvo que huir del lugar. Luego de esto, al parecer, la comunidad del barrio Alcalá quemó la moto de color azul a los ladrones.
El Gobierno nacional anunció su intención de renegociar cláusulas específicas en algunos tratados internacionales que afectan las inversiones extranjeras en el país. Esta decisión, según lo explicado por el ministro de Industria y Comercio, Luis Carlos Reyes, busca reafirmar la soberanía nacional y evitar que controversias entre empresas y el Estado sean dirimidas por tribunales internacionales de arbitraje, considerados por el Gobierno como desfavorables para los intereses nacionales.En una entrevista con Mañanas Blu con Néstor Morales, el ministro Reyes señaló que esta iniciativa no pretende desincentivar la inversión extranjera, sino establecer condiciones más equilibradas para todas las partes. “Lo que estamos haciendo es renegociar unos cuantos artículos en algunos tratados. Esto se puede lograr sin afectar las posibilidades de inversión en Colombia”, afirmó.El ministro destacó que muchos acuerdos bilaterales de inversión firmados por el país en el pasado otorgaron “prerrogativas muy importantes” a las empresas extranjeras, lo cual podría generar desventajas para Colombia. Retirar a Colombia del CIADIEl ministro Luis Carlos Reyes explicó que la decisión de retirar a Colombia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) está en evaluación, en línea con la directriz del presidente Petro de renegociar las cláusulas desfavorables en tratados internacionales.“Cuando se toma la decisión de salir de alguno de estos tribunales, las decisiones, los casos que están ante ellos no son retroactivos. […] Uno puede hacer un balance de la imparcialidad y la conveniencia a futuro de estar ante un tribunal. Si, eso es, y eso es lo que queremos hacer”, dijo.En cuanto a las alternativas para resolver disputas entre empresas extranjeras y el Estado colombiano, el ministro planteó que estas podrían dirimirse en tribunales nacionales, siguiendo ejemplos como el de Estados Unidos y la Unión Europea. “Entre EE.UU. y la Unión Europea, las disputas se resuelven en las cortes de cada país, respetando su soberanía. Aquí también podemos adoptar un modelo similar sin afectar la inversión extranjera”, aseguró.De acuerdo con Reyes, muchos países ya invierten en Colombia sin depender de mecanismos como el CIADI, lo que demuestra que es posible atraer capital bajo otras condiciones. “Queremos que las inversiones lleguen, pero en términos que respeten la justicia soberana y sean equitativos para todas las partes”, concluyó.Críticas a los tribunales de arbitraje internacionalesEl fallo reciente del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) en contra de Colombia por $380 millones a favor de la empresa española Telefónica fue uno de los detonantes de esta revisión. El presidente Petro calificó estos tribunales como “una justicia al servicio del socio”, en referencia a cómo algunas decisiones parecen favorecer sistemáticamente al capital extranjero.El ministro Reyes respaldó esta posición al subrayar que “la justicia debe estar en manos de los estados soberanos, no en las de tribunales privados. Una justicia que favorezca sistemáticamente al capital por encima de los intereses nacionales no puede ser considerada justa”.Sin embargo, el ministro también admitió que el problema no se limita al caso puntual de Telefónica ni al CIADI, sino a un análisis más amplio sobre la imparcialidad de estos mecanismos internacionales: “Es un balance general. No es por un fallo específico, sino porque creemos que estas instancias no siempre favorecen las condiciones óptimas para el país”.Impacto en la inversión extranjeraUno de los argumentos recurrentes contra la salida de Colombia de los tribunales de arbitraje internacionales es el posible desincentivo a la inversión extranjera. Ante esto, Reyes insistió en que no todos los países dependen de estos mecanismos para atraer capital. Citó como ejemplo la relación comercial con la Unión Europea, donde no existen cláusulas específicas de arbitraje en el tratado de libre comercio.“El hecho de que no contemos con estos tribunales no significa que la inversión extranjera desaparezca. Muchos países invierten en Colombia sin depender de ellos. Lo que queremos es establecer un modelo más justo y transparente”, argumentó.Además, el ministro adelantó que el gobierno ya está explorando opciones para sustituir estos mecanismos en caso de avanzar con la retirada. “Hay todo un rango de posibilidades. Las disputas podrían resolverse en los tribunales nacionales, como sucede en otras naciones”, señaló.¿Renegociar los TLC?Reyes reconoció que renegociar cláusulas en tratados internacionales no es un proceso sencillo y que requiere el consenso de las partes involucradas. Sin embargo, expresó optimismo sobre la posibilidad de dialogar con socios comerciales clave, incluyendo a Estados Unidos.“Creo que incluso con gobiernos como el de Donald Trump se pueden encontrar puntos de coincidencia. Muchos tratados firmados en los años 90 no están en condiciones óptimas ni para nosotros ni para ellos. Podría ser una oportunidad para revisar estos acuerdos en beneficio mutuo”, indicó.El ministro concluyó reiterando el compromiso del gobierno con la justicia y la soberanía nacional. Según Reyes, esta revisión no se basa únicamente en un fallo adverso, sino en la necesidad de establecer relaciones más justas en un escenario global. “No es cierto que tengamos que aceptar cualquier condición para atraer inversión. Queremos inversión, pero bajo términos que sean justos para todos”, puntualizó.La iniciativa marca un nuevo capítulo en la política económica y comercial de Colombia, donde la búsqueda de equilibrios entre inversión extranjera y soberanía nacional será el eje central.
Momentos de pánico vivieron habitantes del barrio Viento Libre, en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, en Nariño, luego de que un voraz incendio arrasara con al menos 27 viviendas del sector.Ómar Fernández, comandante del Cuerpo de Bomberos de esa población nariñense, dijo a Blu Radio que, de acuerdo con las primeras investigaciones, la conflagración se habría originado luego de que una menor de edad encendiera una veladora.Fernández añadió que, al parecer, el descuido de la menor produjo que las llamas se propagaran por las viviendas, todas construidas en madera, lo que impidió que la comunidad y los bomberos lograran extinguirlas a tiempo.Según el reporte del funcionario, las 27 familias, entre las cuales hay niños y personas de la tercera edad, son desplazados de la violencia que habían llegado a esa población de la subregión del Sanquianga, en busca de una mejor calidad de vida.Durante la emergencia no se registraron personas heridas ni víctimas humanas que lamentar, aseguró Fernández, añadiendo que la oportuna reacción de la comunidad, que logró evacuar las viviendas, evitó una tragedia en la zona, aunque las familias quedaron en la calle con solo la muda de ropa que llevaban puesta."Estas familias necesitan ropa, alimentos, frazadas y utensilios de cocina porque quedaron sin nada", concluyó el comandante de bomberos de Iscuandé.Así fue el incendio en Iscuandé, Nariño
