Mientras avanza la discusión de la reforma tributaria o ley de financiamiento en su primer debate en las Comisiones Terceras y Cuartas conjuntas de Cámara y Senado (Comisiones Económicas), se conocen detalles de la ponencia presentada tan sólo con 7 firmas de 40 congresistas ponentes.Uno de los artículos que, aunque buscaba pasar desapercibido, pero ha prendido las alarmas, es el artículo 49, que, según varios críticos, podría beneficiar al poderoso Clan Torres del Atlántico, quienes tienen millonarios contratos con el Estado y fueron activos financiadores de la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022.Este polémico artículo tiene que ver con la manera como será calculada la tarifa de las plataformas tecnológicas de las que se refiere el parágrafo del artículo 22 de la ley 2050 de 2020, es decir, las plataformas SICOV (Sistema de Control y Vigilancia) sobre organismos de tránsito.“Artículo 49. (Nuevo). La tarifa de la tasa por la utilización de la plataforma tecnológica, a la que se refiere el parágrafo del artículo 22 de la Ley 2050 de 2020, será calculada por el Gobierno nacional anualmente, teniendo en cuenta criterios como la cuantificación de los materiales, suministros y demás insumos tecnológicos, recursos humanos y valor del servicio contratado; cuantificación de la construcción, manejo de bases de datos, acceso a otros sistemas de información, tecnificación, modernización y desarrollo evolutivo y la estimación de la cantidad promedio de utilización y proyección de los servicios generadores de la tarifa de acuerdo con variables que afecten el sistema. Una vez se determinen los costos conforme al sistema establecido, el Gobierno nacional distribuirá los mismos entre los sujetos pasivos de los servicios, así: a) se hará una proyección estadística de la demanda mínima anual para el primer año de funcionamiento, utilizando la información histórica registrada y b) los costos anuales determinados se distribuirán entre los trámites anuales proyectados estadísticamente, arrojando un valor de ingreso esperado”, señala la ponencia.Este artículo es parecido al que contenía el artículo 15 del proyecto de ley 233 de 2023 que se hundió en la Plenaria de la Cámara de Representantes en mayo pasado.
Duros cuestionamientos ha generado introducción del proyecto de ley 233 de 2023 en la Cámara de Representantes, entre los que están los de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). La propuesta legislativa, que también corresponde al proyecto de ley 142 de 2022 en el Senado, busca introducir modificaciones en el funcionamiento del Sistema de Control y Vigilancia de Trámites de Tránsito (SICOV), un sistema clave para la regulación de procesos trascendentales como la revisión tecno-mecánica y los exámenes de conducción en el país, según reveló La Silla Vacía.Según el informe del medio, la ANDI expresó su preocupación sobre cómo este proyecto de ley parece diseñado para favorecer específicamente al Clan Torres, un grupo con vínculos económicos y políticos profundos, incluido Euclides Torres, conocido financiador de la campaña del actual presidente Gustavo Petro.A través de este proyecto, se especula, buscan una recuperación directa de la inversión realizada en la campaña política, posicionándose de manera privilegiada en licitaciones futuras, especialmente aquellas relacionadas con la gestión del SICOV.El punto de controversia: Artículo 15La crítica principal de la ANDI se centra en el artículo 15 del proyecto de ley, que, según argumentan, podría excluir de manera efectiva a cualquier competidor del Clan Torres en futuras licitaciones para la operación del SICOV.Este sistema es crucial para la definición de precios y regulaciones de servicios vitales para los conductores colombianos, como los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), los Centros de Apoyo (CA) y los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC). La preocupación radica en que una concentración del poder en manos de un solo grupo podría afectar la transparencia y la equidad en estos procesos, vitales para la seguridad vial y la integridad personal de los ciudadanos.La ANDI, en su comunicado, no menciona directamente a Euclides Torres, pero subraya la importancia de mantener un campo de juego equitativo para todos los participantes en la licitación, promoviendo la competencia leal y la eficiencia en el servicio. Paralelamente, la denuncia de La Silla Vacía amplía el contexto de esta preocupación, señalando otros contratos gubernamentales que han beneficiado a empresas vinculadas al Clan Torres, como aquellos relacionados con la transición energética a través del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGÉ), lo que sugiere una tendencia preocupante hacia la concentración de poder y recursos en manos de unos pocos.¿Qué dice el representante Luis Carlos Ochoa?Al respecto, el representante Luis Carlos Ochoa, ponente de este proyecto de ley, insistió en que su participación como ponente no tiene como objetivo beneficiar a ninguna entidad o grupo económico específico, incluido el Clan Torres. Aclaró que la asignación del proyecto le fue otorgada por procedimientos internos de la Cámara de Representantes y negó cualquier solicitud personal para ser designado en dicha posición.Contrario a las interpretaciones que sugieren un direccionamiento del proyecto para favorecer a un único oferente, Ochoa destacó su esfuerzo por garantizar que el proyecto de ley promueva un ambiente de libre mercado y competencia. Específicamente, mencionó su intención de eliminar o modificar artículos controversiales, como el artículo 15, que ha sido criticado por intentar limitar la participación en licitaciones futuras relacionadas con el SICOV. Según Ochoa, su propuesta busca remover cualquier barrera que impida una participación equitativa de diferentes oferentes.Aunque reconoció la existencia de negocios y oportunidades económicas en torno al SICOV, Ochoa manifestó una falta de familiaridad con los detalles específicos y los intereses empresariales detrás de estos. Además de proponer la eliminación del artículo 15, Ochoa señala que otros artículos, incluido el 22, están siendo revisados para alinearlos con principios de equidad y transparencia.En respuesta a las preocupaciones expresadas por la ANDI y otros actores, Ochoa destaca su disposición a dialogar y considerar sus puntos de vista. Mencionó reuniones planificadas con empresarios y representantes de la ANDI para discutir y revisar los aspectos del proyecto que han generado alarma.
