En medio de la controversia suscitada por la reciente imputación de cargos a nueve funcionarios de la Registraduría Nacional de Colombia, la Superintendente de Industria y Comercio (SIC), Cielo Rusinque, aclaró en una entrevista con Mañanas Blu la legalidad y necesidad de estas actuaciones. Según Rusinque, el proceso está amparado en la Ley 1340 de 2009, que otorga a la SIC la facultad de exigir información en sus investigaciones administrativas y proceder con sanciones si se impide el acceso a dicha información.“No estamos opinando, emitimos una resolución administrativa respaldada en 90 páginas de fundamento y evidencia,” afirmó Rusinque.La funcionaria dijo que la SIC no está actuando de manera discrecional ni arbitraria, sino bajo los lineamientos legales y constitucionales que rigen la libre competencia en el país.¿Qué motivó la intervención de la SIC en la Registraduría?La acción de la SIC se centra en presuntas irregularidades en los contratos que han beneficiado a la firma Thomas Greg & Sons, la cual ha ganado repetidamente licitaciones en la Registraduría. Desde 2019, la SIC ha recibido denuncias sobre posibles prácticas anticompetitivas en las contrataciones de esta entidad. Rusinque mencionó que incluso organizaciones ciudadanas han manifestado preocupaciones sobre la falta de competencia en estos procesos.“Desde hace varios años, los medios y la ciudadanía han señalado eventuales irregularidades en estos contratos”, explicó la superintendente. Este proceso investigativo, como detalló Rusinque, ha seguido procedimientos rigurosos y se han tomado precauciones para solicitar únicamente la información relacionada con estos contratos. La negativa de la Registraduría a proporcionar la información solicitada, específicamente el acceso a ciertos dispositivos de trabajo, fue el desencadenante de los cargos, no una arbitrariedad de la SIC.Comparaciones con otras investigaciones: la polémica en CancilleríaDurante la entrevista, la superintendente también destacó la cooperación de otras entidades en investigaciones similares, en particular en el caso de la Cancillería y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La SIC realizó visitas administrativas a ambas instituciones por contratos cuestionados, y en ambos casos, las entidades facilitaron la información requerida sin polémicas.“En Cancillería, incluso los mismos funcionarios facilitaron el acceso a la información requerida,” señaló Rusinque, argumentando que la resistencia por parte de la Registraduría a la inspección de la SIC es lo que verdaderamente resulta llamativo.La SIC ha realizado más de 125 visitas administrativas en los últimos años, principalmente en organismos del Estado, sin incidentes de resistencia similares al de la Registraduría. Esto, para la superintendente, demuestra que la actuación de la SIC no es una intervención extraordinaria, sino un ejercicio regular de vigilancia que abarca tanto al sector público como al privado.Independencia de la SIC y rumores sobre interferencia electoralAnte las críticas de que la investigación podría tener motivaciones políticas, específicamente con miras a las elecciones de 2026, Rusinque fue enfática en defender la independencia de la SIC y el carácter técnico de su equipo. Subrayó que la intervención se basa en denuncias recibidas desde hace años y no en una acción reciente o motivada políticamente.“Esta investigación no comenzó hace ocho días. Las denuncias datan de 2019, y en marzo de este año ya habíamos hecho visitas a la Registraduría,” aclaró. “Nuestro trabajo es vigilar el cumplimiento de la ley sin importar de quién se trate. Este es un mandato que nos compete a todos los colombianos”.La superintendente también mencionó el respaldo de exfuncionarios y expertos en el tema, quienes han defendido la competencia de la SIC para investigar presuntas irregularidades en contratos públicos. Recordó que la Corte Constitucional ha validado las facultades de la SIC en estas materias, dejando sin fundamento las objeciones sobre la falta de jurisdicción.Protección de datos: otro frente de investigaciónEn la misma línea de su labor, la Superintendencia mantiene investigaciones paralelas respecto a la protección de datos en los contratos de la Registraduría. Aclaró que varias empresas privadas que manejan información de ciudadanos están bajo escrutinio, y algunas han facilitado la información sin dificultades. No obstante, destacó la gravedad de las denuncias sobre posibles ventas de datos personales a estructuras criminales, situación que la SIC investiga en colaboración con la Fiscalía.“Estamos trabajando con la Fiscalía para esclarecer las responsabilidades en posibles vulneraciones al derecho de protección de datos. Esto incluye riesgos serios como la suplantación de identidad”, añadió Rusinque.La superintendente concluyó afirmando que la labor de la SIC es técnica y no afecta el censo electoral o la autonomía de la Registraduría en temas electorales. Los procedimientos de la SIC están orientados únicamente a asegurar la transparencia y la libre competencia en el ámbito de la contratación pública, protegiendo así los derechos de los ciudadanos en un sistema económico justo y equitativo.
Luego de la sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, en contra de 12 compañías procesadoras de leche, Alquería defendió su cumplimiento en los pagos a los productores que le proveen este insumo.Sin embargo, la superintendente, Cielo Rusinque, le respondió y aseguró que la gran cantidad de quejas respaldan esta decisión.“Hubo reacciones de otros agentes dentro de esta cadena como por ejemplo proveedores y campesinos que ven con buenos ojos esta medida porque había muchas quejas en cuanto a la falta de cumplimiento de esta reglamentación expedida por el ministerio de agricultura para un pago de precio justo en la leche cruda. Nosotros ahí tenemos la competencia que estamos cumpliendo de verificación” aseguró.Recordemos que la controversia radica en una sanción por 1.117 millones de pesos por un presunto incumplimiento en la liquidación de los pagos a los productores primarios de leche.Además, en su declaración oficial, Nestlé enfatizó que “no comparte la decisión emitida” y ha tomado las acciones legales necesarias para controvertir la medida. La empresa subrayó que el proceso de pagos a los ganaderos se realiza “con total apego a la reglamentación vigente en el país, dando cumplimiento estricto a la resolución 0017 del 2012”.Incluso, reiteró su compromiso con el sector lácteo colombiano, asegurando que “a cabalidad los acuerdos comerciales y pagos a sus proveedores, conforme a la norma colombiana”, y que todos sus procesos se realizan “apegados al respeto y la transparencia”
Este martes 2 de abril, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se pronunció sobre las demandas de nulidad que llegaron a esa jurisdicción sobre recientes nombramientos del presidente Gustavo Petro como el de Armando Benedetti a la embajada de la FAO en Italia y el de Cielo Rusinque en la Superintendencia de Industria y Comercio.En el caso de la superintendente Rusinque, el tribunal admitió estudiar el caso luego de que el ciudadano Miguel Ángel Martínez presentara ese recurso de nulidad por dos razones: la estrecha relación con el presidente Gustavo Petro y la falta de requisitos en la SIC para llegar al cargo.“Vulnera los requisitos que se encuentran en la ley y en las normas reglamentarias, así como también el principio de igualdad y adicionalmente, se configura una manifiesta desviación de poder por parte del Gobierno nacional”, afirmó el demandante.Por otra parte, esta jurisdicción no admitió el mismo recurso que interpuso el senador Jota Pe Hernández en el nombramiento de Benedetti en la embajada de ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de quien había regresado al Gobierno tras su polémica salida de la embajada de Venezuela.Hernández explicó que, supuestamente, el funcionario diplomático no cumple con los requisitos para dicho cargo, y además no es funcionario de carrera diplomática.Tras el análisis jurídico, el Tribunal determinó que en la demanda no se relacionó la dirección electrónica donde el embajador demandando puede ser notificado de la acción en su contra ni tampoco la de las autoridades que intervinieron en la expedición del acto en cuestión."Igualmente, no dio cumplimiento a lo señalado en el numeral 8 ibídem, consistente en que el demandante, al presentar la demanda, simultáneamente, deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, por lo que la demanda", dijo el tribunal.
Solo “estamos verificando si en el desarrollo de las licitaciones” de los pasaportes se “incurrió en conductas ilícitas”, aseguró nuevamente Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, sobre las visitas e investigaciones que la entidad realizó a diferentes entidades relacionadas con este caso, como a la firma Thomas Greg & Sons, la Registraduría y que desataron toda una polémica por las acusaciones por una presunta injerencia del Gobierno en estas acciones, lo cual desmintió.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la superintendente Rusinque señaló que dichas visitas están “fundamentadas” y así se “demostró jurídicamente”. En ese sentido, recalcó que no es por instrucciones u orden del Gobierno de Gustavo Petro que se están realizando las investigaciones, sino en el marco de un proceso que lleva semanas.“No he recibido jamás una orientación del Gobierno en el sentido de a quién debo o no investigar; A mí se me ha respetado totalmente mi autonomía. De hecho, eso no fue una exposición mía discrecional de último momento, en esta investigación se venía avanzando desde hace varias semanas por parte de la delegatura para la competencia y lo que a mí sí me quedaba muy mal era decirles, ‘no, eso no lo investiguen, porque puede generar polémica, eso no lo investiguen porque de pronto va a molestar, va a incomodar’. No, como funcionarios públicos nos corresponde investigar todo lo que consideremos que se tenga que hacer con base en indicios, en pruebas, al entrar las investigaciones”, puntualizó la funcionaria.Respecto a las acusaciones de que estas investigaciones son una persecución política, Rusinque negó cualquier tipo de influencia del Gobierno y afirmó que la Superintendencia actúa con “total autonomía y transparencia”, llevando a cabo las investigaciones de acuerdo con sus competencias y sin ningún tipo de sesgo político.En ese sentido, también respondió a que, si es un proceso por presunta corrupción, ¿no le corresponde a la Fiscalía realizar las labores que estos casos amerita?“No, a nosotros nos corresponde, la competencia nuestra, es todo lo que tenga que ver con prácticas restrictivas de la competencia. Esto se adelanta desde la alegatura de la competencia y ahí no hay que mal entender la independencia de las instituciones, que no se trata de un aislamiento, que las haga impermeables a todo control. Muy al contrario, la división del trabajo que existe en el Estado para alcanzar ese interés general exige que todos colaboremos en el marco de nuestras competencias y es lo que ha hecho y seguirá siendo la SIC”, precisó.Por eso, añadió, tiene que investigar “allí donde se realizan ese tipo de contrataciones o ese tipo de licitaciones” y esto es que ahora están recogiendo “pruebas adicionales a los documentos que son de público conocimiento”.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) no solo confirmó, sino que además defendió las visitas que está realizando tanto a Thomas Greg & Sons como a la Registraduría esta semana. Las visitas se dieron luego de varias quejas públicas del presidente Gustavo Petro sobre el sistema electoral colombiano, al que comparó con el de Venezuela, y de sus críticas por la licitación de pasaportes que ha causado polémica.Cabe recordar que el jefe de Estado acusó a Thomas Greg & Sons de lograr una especie de lobby de políticos poderosos, controlar toda la base de datos de los colombianos en la Registraduría, por el sistema que manejan, y al mismo tiempo de controlar el escrutinio de las elecciones en el país.Por su parte, la SIC señaló que tiene la facultad de hacer dichas visitas porque es la autoridad en Colombia encargada de defender la libre competencia en el mercado y, en ese proceso, está investigando una denuncia de posible colusión.Al respecto habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, quien se refirió a las investigaciones que lleva a cabo la SIC en la Cancillería, la Registraduría y otras entidades. Además, aclaró su postura frente a las acusaciones de activismo político y explicó el fundamento legal de dichas acciones.Al ser cuestionada sobre su posible activismo político, la superintendente señaló que su militancia ha sido, principalmente, por la defensa del marco constitucional vigente en Colombia. Además, afirmó que las visitas e investigaciones de la SIC están fundamentadas en el artículo 15 de la Constitución, que permite dichas acciones en casos de violación a la libre competencia."Mi militancia ha sido, sobre todo, por la defensa del marco constitucional vigente en Colombia. Ante todo soy una constitucionalista de formación y si se trata de militancias, yo he seguido o he apoyado, he ejercido mis derechos políticos apoyando diferentes proyectos políticos. Eso incluye en su momento a Humberto de la Calle, Antanas Mockus, en fin. Solamente estoy recibiendo ese tipo de ataques que me minimiza como profesional y como mujer independiente a raíz de un apoyo manifiesto en ejercicio de mis derechos políticos en las últimas elecciones”, respondió.Asimismo, recordó que la SIC ha realizado visitas a otras entidades públicas en el pasado, sin generar tanta repercusión como ahora. Respecto a la pregunta sobre la malla empresarial del clan Torres, la superintendente evitó dar detalles sobre investigaciones en curso, pero reiteró el compromiso de la SIC de actuar con transparencia y equidad en todas sus funciones.“Estas visitas se habían previsto con varias semanas de anticipación; para conocimiento de la opinión pública es imposible determinar de un día para otro a dedo por una declaración del presidente que vamos a organizar las visitas. De hecho, esas visitas no las preveo yo desde el despacho, hay un equipo que adelanta un calendario que tiene muchos días, como lo repito, de anticipación para realizar estas visitas para las cuales hay un fundamento constitucional ilegal”, aseguró.En cuanto a la posibilidad de que los pliegos de condiciones de la licitación de los pasaportes haya violado la libre competencia, la superintendente no se aventuró a dar una conclusión anticipada. Sin embargo, destacó que la entidad busca determinar si hubo acuerdos, abusos de posición dominante u otras conductas que violen el régimen de competencia. Por otro lado, enfatizó que las visitas e investigaciones de la SIC no están dirigidas a una persona específica, sino a determinar posibles irregularidades en el desarrollo de las contrataciones.
La nueva superintendente de Industria y Comercio (SIC), Cielo Rusinque, reveló que ya hay unos “indicios graves” alrededor de la investigación que adelanta la entidad sobre un presunto carrusel de contratación en el manejo de vehículos blindados de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según describió en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, ya han realizado visitas a algunas empresas involucradas y recolectado “material probatorio”.“Acá estamos tomando una medida cautelar en una investigación preliminar. La investigación continúa más adelante. De hecho, la semana pasada tuvimos visitas a estas empresas, recolectamos mucho material probatorio que se debe tener un tiempo para decantar, para evaluarlo, para mirar qué otras pruebas encontramos allí y ya en el curso de una investigación con las debidas garantías. También para, pues para los intervenidos y para las personas que están investigadas, se determinará qué ocurre con esa investigación. Aquí lo que hay es indicios graves que nos permiten tomar la medida cautelar y sobre todo el riesgo de que si no la tomamos, la conducta puede ser mucho más gravosa”, indicó.Sobre este caso ya se tomaron medidas, según explicó Rusinque. La funcionaria señaló que “se trató de una medida cautelar” que “se tomó como autoridad nacional” contra los “proponentes que han venido participando en los procesos de selección para arrendamiento de vehículos blindados en la UNP”.“Para tomar esta medida se evaluó el material probatorio, se estudiaron los procesos que se venían adelantando desde el 2017 para el arrendamiento de estos vehículos y, sobre esta base, se concluyó que los proponentes en el curso de estos procesos ejecutaron al menos dos conductas que podrían ser ilegales y constitutivas de unas prácticas restrictivas de la competencia, que son, principalmente, haberse repartido sistemáticamente en 90 zonas en las que fueron dividido estos procesos de selección, de manera presentarse como únicos proponentes y así resultar favorecidas con la adjudicación de los contratos”, explicó.Conductas “ilegales” en acuerdoLa superintendente Cielo Rusinque contó que, por ejemplo, los hoy señalados recurrieron a la práctica de “apagar los vehículos en cursos sin previo aviso de los protegidos”, algo que afectó, principalmente, en el último tiempo a los magistrados de la JEP.Para eso, añadió, dichas empresas o “algunas de ellas”, habrían desarrollado vías de hecho. Es decir, “acciones encaminadas a forzar a los miembros de ese acuerdo que allí se refleja de coordinación para poderse mantener en la ejecución de esta conducta ilegal”.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
Con la llegada de Cielo Rusinque, una de las escuderas más leales al presidente Gustavo Petro y su proyecto político, como nueva Superintendente de Industria y Comercio (SIC), se confirma que el mandatario está buscando rodearse de las fichas más duras de la izquierda colombiana.Pero según los nombramientos hechos en la SIC, tal parece que Rusinque también está buscando rodearse de un círculo de trabajo de defensores acérrimos del Gobierno. En la página de la Presidencia de la República se publicaron las hojas de vida de dos personas reconocidas como influenciadoras de las ‘bodegas petristas’: María Niny Echeverry, quien llegaría a asumir el cargo de jefe de la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial; y Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, quien asumiría como asesora en grado cuarto.Echeverry Prada, conocida en X con el usuario @Marianiniecheve, es técnica en periodismo de la INPAHU, comunicadora social y periodista de la Universidad de Ibagué, abogada de la Universidad Cooperativa de Colombia, y máster en derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Ha sido reportera, asesora en comunicaciones, contratista de varias entidades y recientemente abogada y asesora jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR y del Departamento de Prosperidad Social - DPS.Beltrán Palomares, conocida en X con el usuario @smilelalis, es comunicadora social y periodista del Politécnico Grancolombiano, ha tenido experiencia como periodista de medios digitales, asesora de la Cámara de Representantes y contratista en Colombia Compra Eficiente y en el Departamento de Prosperidad Social.Según el decreto salarial 905 de 2023, Beltrán ganaría $5.466.037 en su calidad de asesora en IV grado y Echeverry podría llegar a devengar $8.064.519 en su calidad de directiva en grado 16.
Cielo Rusinque fue designada como la nueva Superintendente de Industria y Comercio. Llegará en reemplazo de María del Socorro Pimienta, quien fue declarada insubsistente en diciembre de 2023.Cielo Elainne Rusinque Urrego es una reconocida abogada constitucionalista en Colombia. Cuenta con una especialización en Derecho Constitucional, una maestría en Estudios Políticos de la Universidad París II en Francia y actualmente es candidata a doctora en Derecho Constitucional. Además de su destacada carrera académica, Rusinque ha tenido una amplia experiencia en el sector público.Antes de su designación como Superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque se desempeñó como directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS). Durante su tiempo en el DPS, Rusinque demostró un fuerte respaldo al presidente Gustavo Petro y fue reconocida por su activismo en redes sociales. Antes de eso, trabajó como secretaria judicial en la Fiscalía General de la Nación y como docente en la Universidad Externado.La designación de Cielo Rusinque como Superintendente de Industria y Comercio se produjo luego de un proceso de selección llevado a cabo por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).La Superintendencia de Industria y Comercio es la entidad encargada de velar por la protección de los derechos de los consumidores y promover la competencia justa en el mercado.
Desde hace tres semanas comenzó a hablarse de la salida de María del Socorro Pimienta Corbacho del cargo de superintendente de Industria y Comercio.Aunque muchos coincidían en que es una funcionaria con más de 30 años de experiencia en la entidad, el giro que dio la investigación y decisión del caso Avianva y Viva Air fue una de las razones para que el presidente Gustavo Petro decidiera declararla insubsistente.Y aunque la norma dice que debe hacerse una convocatoria para el cargo, la más segura candidata, de acuerdo con fuentes consultadas por Mañanas Blu 10 AM, es la abogada y exdirectora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Cielo Rusinque.Por ahora y mientras la convocatoria se desarrolla, la encargada de la superintendencia es María Paula Belén Arenas Quijano.Vea también
Si bien el pasado 17 de octubre el Congreso de la República eligió a Vladimir Fernández como nuevo magistrado de la Corte Constitucional en reemplazo de Alejandro Linares Cantillo, el Consejo de Estado debe revisar una tutela radicada contra la terna presentada por el presidente Gustavo Petro para dicho proceso.Se trata de un tutela impulsada por los abogados y docentes María Carolina Olarte, Juan Sebastián Ceballos, Esteban Hoyos Ceballos, (este último decano de Derecho de la Universidad Eafit) alegando que no se adelantó una convocatoria pública previa de la que se escogería los ternados.“Esta forma de integrar la terna vulneró nuestro derecho político fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder público, garantizado en las normas constitucionales antes referidas, ya que nos privó de la posibilidad de participar en el control los nombres de los candidatos ternados de forma previa a la configuración de la terna e, incluso, nos dejó sin la oportunidad de siquiera examinar si postulábamos nuestros nombres al cargo”, dice el documento de la tutela.En esa medida, los demandantes pedían dejar sin efectos la terna que estaba conformada por Vladimir Fernández, Cielo Rusinque y Gerardo Vega, así como pedirle al Consejo de Estado que ordenara al presidente, adelantar la mencionada convocatoria pública.Y aunque la elección ya se surtió y la tutela fue presentada el 12 de octubre, no ha sido fallada de fondo porque lo que el alto tribunal debe continuar con su estudio y definir o no si hubo fallas en el cumplimiento del debido proceso.Le podría interesar:
