La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró este martes que la proclamación de victoria por parte del ente electoral del presidente venezolano, Nicolás Maduro, es "ilegítima" e hizo un llamado a la comunidad internacional a impulsar un esfuerzo coordinado para una "transición democrática" en el país suramericano."Pedimos un esfuerzo diplomático multilateral coordinado para apoyar a Venezuela en una transición pacífica a la democracia, para restaurar el Estado de derecho y para responsabilizar a aquellos que han violado los derechos humanos en las últimas décadas y, en especial, en estos últimos meses", declaró la relatora del organismo para ese país, Gloria Monique de Mees, en una rueda de prensa.De Mees recalcó que ese llamado no va dirigido a ningún país concreto ni tan siquiera al continente americano, sino a "toda" la comunidad internacional.Por su parte, la presidenta de la CIDH, Roberta Clark, afirmó que la proclamación de la victoria de Maduro "no tiene legitimidad" y urgió a la comunidad internacional a "seguir pidiendo la rendición de cuentas y la publicación de las actas del escrutinio".De acuerdo con la CIDH, después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la reelección de Nicolás Maduro, sin publicar las actas de votación, se registraron unas 300 protestas espontáneas en el país que fueron "reprimidas" y murieron al menos 23 manifestantes.Entre el 28 de julio y el 13 de agosto, al menos 1.393 personas fueron detenidas, incluidas 182 mujeres, 117 adolescentes, 17 personas con discapacidad y 14 indígenas, afirmó el organismo."Los detenidos enfrentan cargos penales que conllevan penas excesivamente severas. Estos cargos incluyen incitación al odio, terrorismo, conspiración, traición, asociación criminal, resistencia a la autoridad, obstrucción de carreteras y desobediencia y son un claro intento de socavar el ejercicio de la libertad de expresión", declaró De Mees.Adicional, Clark declaró que "el incumplimiento de las reglas electorales" en los comicios supone "una clara violación a los derechos políticos" de los venezolanos."A tres meses y medio de estas elecciones, nuestro mensaje de hoy es que lo que pasó y sigue pasando en Venezuela no debe aceptarse ni normalizarse", afirmó.Clark señaló que a día de hoy las autoridades siguen sin publicar las actas con los resultados desagregados de los comicios, lo que sirve -dijo- como "una prueba clara de que la democracia ha sido perturbada en ese país"."En democracia, cada voto debe ser contado, y cada voto cuenta. Como recuerda la Carta Democrática Interamericana, la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región", afirmó.
Este martes, 12 de noviembre, se realizó una reunión entre cuatro magistrados del Consejo de Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La comisión de consejeros está integrada por su presidente Milton Chaves y los consejeros María del Pilar Bahamón, Alberto montaña y Omar Barreto.El propósito de esta audiencia para el Consejo de Estado era mostrar que las decisiones que toman no buscan ni favorecer ni perjudicar al Gobierno. En el mismo sentido, le explicaron a la CIDH que, cuando adoptan una decisión, lo hacen conforme a la constitución y a la ley, de manera imparcial e independiente. En el mismo sentido, aseguraron que su trabajo se da en el marco de la separación de poderes y del respeto a la institucionalidad.Es importante recordar que la CIDH fue a Colombia e indagó por algunas decisiones de la sección tercera y quinta del Consejo de Estado. Además, el presidente Gustavo Petro expuso ante la Comisión el caso en el que el Consejo Nacional Electoral, CNE, abrió investigación y formuló cargos por la violación de topes de la financiación de la campaña Petro Presidente 2022.Previo a la formulación de cargos, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado determinó que el CNE sí era competente para continuar las investigaciones administrativas relacionadas con una probable violación a las reglas de financiación de la campaña a la presidencia
Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que su vida está en grave peligro debido a amenazas del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En su denuncia, López aseguró que el grupo guerrillero lo ha convertido en un objetivo militar por su colaboración con la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia en el caso de corrupción que involucra a varios funcionarios y congresistas.La denuncia, a la que Blu Radio tuvo acceso, señala que López ha recibido intimidaciones reiteradas y que incluso su entorno cercano ha sido blanco de ataques. “El ELN, a través de posibles células urbanas, ha realizado actos de intimidación como el vandalismo y el robo de documentos importantes. Estos son claros intentos de desestabilizar mi testimonio y silenciarme”, afirmó. También mencionó que un reciente ataque contra el abogado José Luis Moreno, quien lo representa, demuestra la gravedad de la situación. “Estos actos no solo ponen en riesgo mi vida, sino también la de quienes me defienden legalmente”, destacó López.Según la denuncia, el ELN no solo estaría interesado en silenciar a López, sino también en detener su colaboración con la justicia, que ha puesto en jaque a altos funcionarios. En febrero de 2024, un informe de inteligencia militar reveló que el ELN había incrementado sus operaciones, financiadas con recursos estatales, según el documento.“Mis declaraciones han sido interpretadas como una amenaza directa a la capacidad armamentista del ELN, y por eso me han convertido en un objetivo militar”, aseguró López. Además de las amenazas del grupo armado ilegal, sus abogados han asegurado que su cliente enfrenta el riesgo de represalias por parte de funcionarios del Estado implicados en el caso de corrupción que quieren evitar que continúe revelando información clave del caso.Cabe mencionar que la ampliación de la matriz de colaboración del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, ratifica que testificará en contra de Andrés Calle e Iván Name por el escándalo de corrupción en la entidad. Además, el documento salpica a tres alcaldes.Se trata de Fabián Martínez, alcalde de Becerril, César; Jonathan Vásquez, alcalde de Barrancabermeja, Santander y Carlos Torres, exalcalde de Carmen de Bolivar, Bolivar. Nombres como el secretario de Transparencia, Andrés Idarraga y el exasesor de Mininterior, Fernando Henao, integran la lista.
La crisis política en Venezuela ha hecho que diferentes dirigentes políticos se vean afectados, como es el caso de Freddy Superlano, dirigente político que se desempeña como coordinador nacional del partido Voluntad Popular, quien está en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela.Por el riesgo de sus derechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó la resolución 55/2024, mediante la cual otorgó medidas cautelares a Freddy Superlano, con el fin de preservar su integridad.Cabe destacar que este dirigente político fue privado de su libertad el pasado 30 de julio, por presuntos agentes del Estado adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Desde ese momento no se conoce su paradero.La Comisión determinó que las autoridades nacionales han rechazado brindar protección al beneficiario, concluyendo que se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad y riesgo serio para sus derechos a la vida y la integridad personal, debido a la falta de información oficial sobre su detención, así como a la incertidumbre respecto a su ubicación actual.Así mismo, esta medida cautelar y su implementación por parte del Estado no implica ningún juicio anticipado sobre una posible solicitud que pueda presentarse ante el Sistema Interamericano respecto a una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos correspondientes.Por otro lado, familiares y abogadas del beneficiario han acudido a las diferentes sedes del Sebin, negándose que él estuviera detenido en las mismas. Indicaron que existe una política represiva desplegada en contra del beneficiario por ser integrante del movimiento político Voluntad Popular.
La falta de medidas efectivas para garantizar su seguridad llevaron al alcalde del municipio de Toledo, Johnny Alberto Marín, a denunciar la grave situación de seguridad que atraviesa ante organismos internacionales.El mandatario de esta localidad del Norte de Antioquia viajó hasta Washington para solicitar medidas cautelares y así el Estado colombiano pueda disponer las medidas necesarias para garantizar su integridad.Desde hace varios años ha denunciado Marín, ha sido víctima de diferentes intimidaciones que llegaron incluso a un atentado sicarial en el año 2022.Óscar Santamaría, abogado del mandatario que asesora esta petición ante el organismo internacional señaló que persiste la preocupación por una reducción de sus esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección."La UNP redujo su esquema de seguridad quitando el carro blindado, un hombre de protección y asignando un vehículo convencional. Él no ha podido ir a despachar a su municipio", destacó el abogado.Hay preocupación en el departamento pues no se trata del único mandatario que ha denunciado el riesgo que corre su vida por cuenta de amenazas. En los últimos días, Edwin Giraldo, alcalde de San Rafael, reportó el tercer mensaje intimidatorio que recibe en lo corrido del año por lo que pidió medidas oportunas por parte de los organismos de seguridad.Según la Unidad Nacional de Protección actualmente son 17 los mandatarios antioqueños que cuentan con esquemas de seguridad prestados en compañía de la Policía.
Con la intermediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado reconoció su responsabilidad por la desaparición de John Fredy Lopera Jaramillo, ocurrida hace 27 años, mientras prestaba servicio militar en un Batallón Militar en San Carlos.El acuerdo al que llegó la familia de la víctima implica una indemnización por la desaparición del joven, un acto público de reconocimiento de responsabilidad, la publicación del informe de solución amistosa, la realización de un documental audiovisual para exaltar la memoria y dignidad del soldado, entre otros.La hermana del soldado desaparecido, Nidia Lopera, resaltó el sufrimiento por el que pasó la familia durante las últimas dos décadas."27 años de lucha, de incertidumbre, de nostalgia. Ha sido una lucha muy continua".El caso del militar fue llevado ante la CIDH por el abogado Javier Villegas Posada pues, después de diez años la justicia penal militar condenó al joven como desertor.Ana Rocío Jaramillo, madre del militar, destacó que finalmente sea posible avanzar en el camino a la verdad. Por su parte, Javier Villegas Posada, calificó que "pasaron 28 años desde que se inició la lucha jurídica para que se diera un asomo de justicia y se dignificara el nombre de aquel joven".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró responsable al Estado colombiano por la muerte de Giacomo Turra, un joven italiano de 24 años que se encontraba de visita en Cartagena, en 1995.El joven entró a un restaurante y se encontraba en el patio del establecimiento cuando los propietarios llamaron a la Policía, advirtiendo que Turra se encontraba exaltado. Posteriormente fue trasladado al hospital, al parecer, amarrado de brazos y piernas en la patrulla.“Después de esto, lo trasladaron hasta la estación de Policía de Bocagrande, donde Giacomo fue víctima de maltrato: lo golpearon y lo dejaron caer y rodar por el suelo. Hacia las 12:45 a. m. del 4 de septiembre, el cuerpo sin vida del joven italiano fue abandonado por los mismos uniformados en el hospital al que había sido llevado una hora antes. Ahí se constató que tenía múltiples golpes en la cara, laceraciones y heridas en el mentón, tórax y abdomen”, señala un comunicado de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organización que representa el caso ante el Sistema Interamericano.La Policía emitió un comunicado ese día asegurando que el joven habría muerto por una sobredosis de alucinógenos.>> Le puede interesar: Policía incauta 2.1 toneladas de cocaína que iban para Europa en Cartagena
En los últimos tres años han sido asesinados 21 conductores y tan solo en 2024 ha habido 10 retenciones de vehículos por parte de grupos armados y comunidades.Graves denuncias hizo el gremio de transportadores de carga en Colombia, que ha registrado 70 carros incinerados en los últimos 6 años, 2.200 bloqueos durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, 10 retenciones de vehículos por grupos armados o comunidades este año y la lista sigue.A ello se suma que hay ocho departamentos del país con control total de grupos armados, por lo que a los conductores de carga les toca pasar con salvoconductos. A su vez, en los últimos tres años han asesinado 21 conductores. Ante este crudo panorama de inseguridad, este gremio denunció a 19 entidades públicas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante los incumplimientos del Gobierno nacional.Sobre inseguridad en ColombiaAnderson Quiceno, director nacional de los transportadores de carga (ATC), lamentó la situación de inseguridad en Colombia para el gremio que representa.“Nosotros a raíz precisamente de todo el incumplimiento con el Gobierno Nacional lo denunciamos, denunciamos 19 entidades públicas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la CIDH, por la inseguridad que estamos viviendo en todas las carreteras del país con polizones y caminantes”, aseguró el dirigente del gremio.Aunque reconocen que es su problema central, no es el único por el que incluso se sumaron a la manifestación de este domingo en Medellín. Además, piden ayuda con temas como los polizones y caminantes que se trepan en sus vehículos, además de garantías de salud, bajar la sobreoferta, subsidiar las tarifas y tener un régimen pensional especial, por tener una actividad que por lo general es informal.
Del 15 al 19 de abril, los comisionados de la CIDH estuvieron en Bogotá y siete departamentos del país. Esta visita tuvo dos enfoques, iniciando por la implementación del acuerdo de paz de 2016 y la seguridad ciudadana.“La última visita en Colombia de 2012 se basó en la firma del Acuerdo de Paz. Colombia es un país caracterizado por la violencia, pobreza y desigualdad en algunas regiones, y la transmisión socioeconómica es compleja por la discriminación de clases y el racismo”, expresó la presidente de la CIDH, Roberta Clarke.Además, los comisionados apuntan que el acuerdo de paz marcó un cambio y que estuvo centrado en el abandono de armas, la justicia transicional y dejar las economías ilegales, pero estas acciones no suponen una sociedad más justa e incluyente.Por otro lado, el relator de Colombia ante la CIDH, José Luis Caballero, expresó que se han excluido a pueblos indígenas, comunidades negras, afros y palenqueras. Además, que paralelamente el patriarcado ha creado una sociedad que subordina mujeres, niñas y miembros de la comunidad LGBTI.Conclusiones de la visita de la CIDH a Colombia:1. Llamar al Estado para que desarrolle políticas que garanticen el acceso pleno y disminuya la desigualdad, además de fortalecer su presencia en el territorio.2. El ejecutivo debe proteger la vida e integridad de las comunidades y personas en esos territorios donde se decretaron cese al fuego y seguir la ruta establecida en el acuerdo de paz.3. Llama al Congreso de la República a priorizar el debate constructivo y los consensos para estudiar la reforma a la ley de víctimas.4. Exhorta a la Fiscalía y entes judiciales para juzgar a los autores materiales e intelectuales de delitos en contra de los DD.HH.5. La CIDH confía en que el Estado y la sociedad en conjunto pueden lograr avanzar en las transformaciones para alcanzar la paz y alcanzar la vigencia de los DD.HH en Colombia.Por último, la CIDH se pronunció frente a los ataques del presidente Gustavo Petro a la prensa y dijo que se debe garantizar la libertad de expresión y que bajo ninguna circunstancia se ponga en riesgo a los periodistas con estigmatizaciones.
El expresidente Álvaro Uribe y su partido, el Centro Democrático, se reunieron este jueves con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que manifestaron "varias preocupaciones" sobre el país, como la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y la política de "paz total" del Gobierno."Sobre el proceso de paz de La Habana y los resultados que hoy se evidencian y la política de paz total, expresamos la preocupación por lo que viene sucediendo en el país con el debilitamiento de la fuerza pública, el fortalecimiento del control por parte de las estructuras criminales y el avance de delitos de mayor impacto", dijo la senadora Paola Holguín en una rueda de prensa.Holguín mencionó cifras de secuestro y de reclutamiento forzoso de menores, especialmente de comunidades indígenas, así como "la preocupación por la confrontación que desde el Ejecutivo se viene dando contra la anterior Fiscalía, las Cortes, la Procuraduría y la estigmatización del Congreso cuando hay desacuerdo en las votaciones".Los miembros del Centro Democrático no dieron más detalles de la reunión porque la CIDH les pidió confidencialidad, aunque el exmandatario precisó que la delegación no dijo nada y solo los escuchó.Uribe aprovechó el espacio, y la petición de confidencialidad de la CIDH sobre el encuentro, para volver a insistir en su inocencia en el caso en su contra de soborno de testigos y fraude procesal y repasar todas las pruebas que, según él, demostrarían que se trata de un montaje político en su contra. También detalló que le entregó un dossier con toda la información a la delegación de la CIDH, que se encuentra en Colombia en una visita a petición del Estado que arrancó el lunes 15 de abril y finaliza este viernes y que han aprovechado para reunirse con diversos sectores de la sociedad civil y política colombiana así como con instituciones estatales.El caso Uribe La Fiscalía anunció la semana pasada que Uribe será llamado a juicio por los delitos de soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal.Este caso se remonta a 2012 cuando el expresidente colombiano demandó por supuesta manipulación de testigos a Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió no abrir investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso a Uribe por manipulación de testigos. La acusación por soborno tiene que ver con el presunto pago de coimas a Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, quienes están presos en las cárceles de Palmira y La Picota en Bogotá, respectivamente. Desde que se anunció la decisión de la Fiscalía, Uribe ha insistido en diversas ocasiones en el supuesto "montaje político" que según él representa este caso, y el lunes acusó a Cepeda de ser él quien sobornó a Monsalve.
Revise los resultados del sorteo del chance Paisita Día, el cual se realiza todos los días, incluso los días festivos.El número ganador del último sorteo del Paisita Día de hoy jueves, 21 de noviembre de 2024, es el número: (en minutos).Número ganador: (en minutos)Tres últimas cifras: (en minutos)Tres primeras cifras: (en minutos)Conozca todos el resultados de los sorteos anteriores de aquí.¿Quiere consultar los resultados de tus loterías y chances favoritos por WhatsApp? Haga clic aquí , suscríbase a nuestro canal y descubra al instante si es el próximo ganador. Paisita Día es una lotería muy popular en Colombia, específicamente en la región de Antioquia, de donde proviene el apodo "paisita".¿Quién lo juega?Cualquier persona mayor de edad puede jugar a Paisita Día.Es muy común que lo jueguen personas que viven en Antioquia o que tienen algún vínculo afectivo con esta región.Estadísticas Paisita DíaNúmero recomendado que más sale en cada posición: 2 6 0 9Números más demorados en salir: 0 8 1 8Último sorteo en que salió: 2024-05-14¿Cómo jugar Paisita Día?El Paisita Día es un juego de chance muy similar a otros juegos de lotería en Colombia. Aquí le explicamos cómo jugar:Elegir un número: Debes seleccionar un número de 2, 3 o 4 cifras (puedes elegir entre 00 y 99 para dos cifras, entre 000 y 999 para tres cifras, o entre 0000 y 9999 para cuatro cifras).Hacer la apuesta: Puedes realizar tu apuesta en los puntos autorizados de chance o en plataformas en línea (si están disponibles). El valor mínimo de la apuesta es generalmente muy bajo, pero puedes apostar más según tu preferencia.Sorteo: El sorteo de Paisita Día se realiza de lunes a sábado. Si el número que elegiste coincide con el número ganador del sorteo, puedes ganar dependiendo de la cantidad de cifras que apostaste y el monto de tu apuesta.Premios: Los premios varían de acuerdo con las cifras acertadas (2, 3 o 4) y el monto apostado. Mientras más cifras aciertes y mayor sea tu apuesta, mayor será el premio que puedes ganar.Es un juego de azar simple, donde cada día tienes la oportunidad de ganar según la suerte con tu número elegido.Nota: La publicación de los resultados es meramente informativa. En caso de existir algún error, discrepancia o controversia, los resultados válidos serán solamente los que se encuentren consignados en el acta que haya sido firmada por los delegados y autoridades presentes durante los sorteos.
Consulte los resultados del Chontico Día y no pierda la oportunidad de ganar con este popular sorteo que se juega diariamente, incluyendo días festivos.El número ganador del último sorteo de Chontico Día de hoy jueves, 21 de noviembre de 2024, es el número: (en minutos), según publicaron en sus redes sociales.Número ganador: (en minutos)Tres últimas cifras: (en minutos)Tres primeras cifras: (en minutos)Para conocer otros resultados del chance haga clic aquí. El Chontico es un juego de azar muy popular en Colombia, especialmente en la región del Pacífico.Sorteos y horariosChontico Día: Disponible todos los días, incluyendo domingos y festivos.Chontico Noche:Lunes a viernes: 7:00 p. m.Sábados: 10:00 a. m.Domingos y festivos: 8:00 p. mSuperchontico Millonario: Juega los jueves a las 9:30 p. mEstadísticas que le pueden ayudar con su número ganadorNúmero recomendado que más sale en cada posición: 7855Números más demorados en salir: 4042Plan de premioUn acierto (última cifra) - "La uña": 5 pesos por cada peso apostado.Dos aciertos (últimas cifras) - "La pata": 50 pesos por cada peso apostado.Tres aciertos:Con pleno (últimas tres cifras en orden): 400 pesos por cada peso apostadoCon combinado (últimas tres cifras en cualquier orden): 83 pesos por cada peso apostado.Cuatro aciertosCómo aumentar mis probabilidades de ganar el chanceDiversificar las apuestas: cambiar las combinaciones de números en cada sorteo para cubrir más posibilidades.Apostar en diferentes modalidades: apostar es responsabilidad de cada jugador.Establecer un presupuesto: definir cuánto se está dispuesto a gastar y no exceder ese límite para jugar de manera responsable.Formar grupos: jugar en grupo con amigos o familiares permite aumentar el número de apuestas sin incrementar significativamente el gasto personal.Nota: La publicación de los resultados es meramente informativa. En caso de existir algún error, discrepancia o controversia, los resultados válidos serán solamente los que se encuentren consignados en el acta que haya sido firmada por los delegados y autoridades presentes durante los sorteos.
Covimar, el concesionario de la vía 4G Mulaló-Loboguerrero, dice que está dispuesto a lograr un acuerdo con el Gobierno para destrabar el proyecto y se queja de los sobrecostos por las demoras en los trámites en licencias ambientales y consultas previas.Según el concesionario, hay negociaciones con el Gobierno desde la anterior administración. La ANI es consciente de que el proyecto necesita más recursos, al punto de que en agosto de este año le pidió plata al Ministerio de Hacienda, pero este respondió que no tenía recursos."El no inicio de construcción del proyecto Mulaló-Loboguerrero se debe a las dificultades que se tuvieron con el trámite de las consultas previas con las comunidades (Mulaló y Loboguerrero), con la oposición de la comunidad de Pavas, y con el cambio de las normas para el trámite y obtención de la licencia ambiental del Proyecto por parte de la ANLA", dice Covimar en una carta enviada a la Contraloría General de la República.Covimar asegura que ha cumplido con sus obligaciones y que el contrato está hoy en desequilibrio económico por lo que se requieren acuerdos.La visión del consorcio contrasta con las declaraciones del Ministro de Hacienda ,Ricardo Bonilla, que acusa a Covimar de tener 1.8 billones de pesos parqueados en una fiducia y que esos recursos podrían ser útiles en otros proyectos.Según la Contraloría, si se termina anticipadamente el contrato el Estado podría perder unos 700.000 millones de pesos en total.
Yefferson Dueñas, abogado del exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva, presentó un recurso de apelación en contra de la Procuraduría General de la Nación tras la decisión del Ministeiro Público de inhabilitarlo para ejercer cargos públicos durante 10 años por la polémica con la firma Thomas Greg & Sons.En este caso, la defensa de Álvaro Leyva cuestionó la conformación de la Sala Disciplinaria que emitió el fallo, según el documento, este no fue adoptado por la totalidad de los integrantes requeridos, sino únicamente por dos de los tres procuradores delegados, lo que contravendría las normas legales y constitucionales que exigen decisiones colegiadas en procesos disciplinarios de este tipo.Por otro lado, se señala al procurador delegado ponente, Jesús Espinosa Jiménez, de carecer de independencia e imparcialidad, ya que, según la defensa de Leyva, existía una presunta enemistad manifiesta con el Gobierno nacional y presuntas relaciones cercanas con el apoderado de la empresa Thomas Greg & Sons, lo que habría sesgado el proceso.Otro de los puntos críticos planteados es la “vaguedad” del pliego de cargos, que, según la defensa, impidió un ejercicio adecuado del derecho a la defensa, alegan que los cargos fueron definidos de manera ambigua y corrigieron sus inconsistencias únicamente en el fallo sancionatorio.Suspensión de Leyva tras juicio disciplinario en la ProcuraduríaEl excanciller Álvaro Leyva Durán recibió una dura sanción de 10 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos, debido a las acusaciones por presuntas irregularidades en la licitación para la expedición de pasaportes en 2023. La lectura del fallo se dio este martes en la Sala de Audiencias del cuarto piso de la torre A de la Procuraduría General de la Nación.Según el Ministerio Público, Leyva incurrió en faltas disciplinarias gravísimas. Las acusaciones sostienen que el excanciller tomó la decisión de declarar desierta la licitación sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos adecuados. Se considera que esta acción transgredió los principios de la contratación estatal, que exigen transparencia, responsabilidad y justificación sólida en la toma de decisiones que impacten el interés público.Tras conocer el fallo, el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva , se fue contra la Procuraduría afirmando que era un fallo “mezquino y ruidoso”, tras conocerse la decisión del Ministerio Público de inhabilitarlo y suspenderlo por una década para el ejercicio de funciones públicas.“A mí Cabello no me significa nada, ella es una señora que tiene un cargo público a expensas naturalmente del interés de mucha gente que está detrás de ella, no es autónoma, siempre hay alguien detrás”, expresó Leyva refiriéndose a la procuradora.
El último informe de Indicadores de seguridad y resultados operacionales del Ministerio de Defensa destaca que, en los 10 meses que van corridos de 2024, la cifra de erradicación de cultivos de coca llegó a 6.096 hectáreas, lo que representa una disminución del 60% (9.323 hectáreas menos) si se compara con las 15.419 hectáreas erradicadas por las autoridades durante el mismo periodo del año pasado.La cifra es preocupante si se tiene en cuenta que es la más baja para este periodo de tiempo en los últimos 10 años, la única que se le acerca se registró en 2014, cuando la erradicación de cultivos de coca en Colombia fue de 8.707 hectáreas. La más alta, en contraste, fue en 2020, cuando la erradicación de cultivos alcanzó las 101.676 hectáreas.Solo en octubre, según las cifras del Ministerio de Defensa, se erradicaron 1.591 hectáreas de hoja de coca en el país, un número que también es inferior a las 2.088 hectáreas erradicadas en ese mismo mes de 2023. El mes en el que menos hectáreas de hoja de coca se han erradicado es enero, cuando el número de hectáreas erradicadas fue cero, mientras que en febrero fue de 679.Incautación de cocaína en Colombia logró récordEn lo que va corrido de 2024 las Fuerzas Militares y la Policía han logrado incautar un total de 772,4 toneladas de cocaína, 135 toneladas más que las incautadas en el mismo periodo de 2023 cuando la cifra llegó a las 637,4 toneladas, lo que representa un incremento de 21%. Esta es la incautación de cocaína más grande de los últimos 10 años, según destaca el más reciente informe de Indicadores de seguridad y resultados operacionales del Ministerio de Defensa.El mes en el que las autoridades han tenido un mayor éxito en lo que respecta a incautación es marzo, cuando se logró quitarle a los criminales un total de 111 toneladas de cocaína que estaba lista para su distribución.Incluso, de acuerdo con el informe, las 772,4 toneladas incautadas en 2024 superan a las que se lograron en todo 2023, cuando las FF.MM. y la Policía llegaron a las 746,3 toneladas de cocaína incautadas.
