A pesar de que la CIDH condenó al Estado colombiano por la desaparición de un soldado antioqueño hace más de 25 años, la familia de la víctima confirmó que el acto de reconocimiento fue cancelado por la no participación del ministro de Defensa, Iván Velásquez. Los familiares del uniformado aseguraron que no es viable realizar la conmemoración sin la presencia del funcionario.Una nueva polémica envuelve al Gobierno nacional esta vez por la decisión que tomó la familia de Óscar Iván Tabares Toro, un soldado oriundo de Antioquia y que desapareció en diciembre de 1997 y que el Ejército señaló en su momento de desertar para unirse a las extintas Farc. Desde ese entonces no sé volvió a conocer nada más de Tabares hasta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos falló en 2023 en contra del Estado por la responsabilidad en la desaparición del soldado.Entre algunas de las medidas que tomó la CIDH estaba que se debían reforzar las acciones de búsqueda de Tabares para que su familia le pudiera dar un último adiós así como ordenó que el Estado debía darle a la familia de la víctima suma de dinero para poder que estas personas pudieran tener una atención médica y psicológica luego de más de dos décadas de perjuicios emocionales tras la desaparición del soldado en San Juanito, Meta.Sin embargo, allí no paró nada porque la misma CIDH informó que el Estado colombiano debía realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional sobre la desaparición forzada de Óscar Iván Tabares Toro. Asimismo, en dicho evento se tenía que reconocer que el soldado no había desertado como se dijo en un inicio y, además, se debía reconocer el daño que había sufrido la familia de la víctima.Ante esta decisión de la CIDH se programó el evento de reconocimiento de responsabilidad para el próximo 10 de diciembre, no obstante, el mismo fue cancelado por parte de la familia, puesto que se conoció que no iba a asistir el ministro de Defensa, Iván Velásquez. En este sentido y según información preliminar, presuntamente la decisión del Gobierno nacional era que estos altos funcionarios no asistieran a actos individuales sino a eventos colectivos de perdón.Con este panorama y según se ha podido establecer, la familia de Tabares expresó que el acto no era viable sin la presencia del ministro de Defensa debido a las particularidades del caso, ya que el hombre desapareció siendo parte activa del Ejército y mientras cumplía sus labores de campo por lo que la asistencia de Velásquez era de vital importancia en el proceso de perdón y reconciliación de la familia del soldado.Finalmente, se desconoce para cuándo será programado el acto ordenado al Estado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mismo que esperan realizar una vez que el ministro de Defensa confirme su asistencia.
El Consejo de Estado dio un paso decisivo en la adecuación de las normas disciplinarias colombianas al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Gustavo Petro, lo que, según el magistrado Milton Chávez, presidente de esta alta corte, representa un cumplimiento integral de las directrices internacionales y de la Constitución Nacional. En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el magistrado detalló el impacto del fallo y aclaró cómo se ajustarán los procesos sancionatorios contra funcionarios públicos de elección popular.La Procuraduría seguirá sancionando, pero bajo control judicialEl fallo establece que la Procuraduría General de la Nación conservará sus facultades investigativas y sancionatorias, pero las decisiones que impliquen destituciones o inhabilidades de funcionarios elegidos popularmente deberán ser revisadas y ratificadas por el Consejo de Estado antes de hacerse efectivas.“El examen que hace el Consejo de Estado es integral, abarcando la legalidad, la constitucionalidad y la convencionalidad de la actuación de la Procuraduría. Solo una vez concluido este trámite, la sanción podrá ejecutarse”, afirmó el magistrado Chávez, quien dijo en Blu Radio que esta revisión garantizará el respeto al principio de reserva judicial exigido por la Convención Americana de Derechos Humanos.La adecuación legislativa, un reto pendienteEl magistrado Chávez calificó la decisión como una solución transitoria mientras el Congreso de la República desarrolla un marco legislativo definitivo para cumplir plenamente con los estándares internacionales. “El Congreso debe implementar la solución legislativa para que el principio de reserva judicial quede completamente incorporado en nuestro ordenamiento jurídico”, señaló.Aunque esta sentencia da claridad inmediata al rol del Consejo de Estado, también implica que los legisladores deberán trabajar en una ley que fortalezca estas garantías.Impacto en procesos disciplinarios y agilidad en la justiciaEl fallo introduce un modelo que algunos podrían considerar complejo, ya que se suman nuevas etapas al procedimiento disciplinario. Según explicó el magistrado, ahora los procesos pasarán por dos instancias dentro de la Procuraduría y dos más en el Consejo de Estado.Ante la preocupación de que este esquema pueda dilatar los casos, Chávez aseguró que el control judicial será automático y que los términos establecidos por ley, como el plazo de seis meses para la revisión, deberán cumplirse estrictamente. “Esto no es un detrimento para la administración de justicia, sino una mejora que asegura mayor transparencia y respeto por los derechos fundamentales”, indicó.Efectos retroactivos y casos emblemáticosEn cuanto a la posible retroactividad de la decisión, el magistrado fue enfático: “Las decisiones que ya fueron objeto de control judicial no se verán afectadas; esta sentencia aplica únicamente a casos futuros o pendientes de revisión”.Esto deja fuera de su alcance casos recientes como los de Daniel Quintero, suspendido como alcalde de Medellín, y Alex Flores, senador sancionado por la Procuraduría. Sin embargo, las nuevas reglas beneficiarán a otros funcionarios que enfrenten procesos disciplinarios en el futuro.¿Un triunfo para el gobierno Petro?El fallo ha sido percibido como una alineación con las críticas del presidente Gustavo Petro hacia la Procuraduría. Sin embargo, el magistrado Chávez evitó hacer comentarios políticos, insistiendo en que la decisión responde únicamente al cumplimiento de las órdenes de la CIDH y de la Corte Constitucional.“No estamos en rebeldía con la Corte Interamericana, sino integrando sus directrices al bloque de constitucionalidad colombiano”, afirmó Chávez. Aun así, reconoció que tanto el presidente como la Procuraduría podrían sentirse satisfechos con la decisión, al haberse clarificado el camino para que las sanciones respeten plenamente los derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró este martes que la proclamación de victoria por parte del ente electoral del presidente venezolano, Nicolás Maduro, es "ilegítima" e hizo un llamado a la comunidad internacional a impulsar un esfuerzo coordinado para una "transición democrática" en el país suramericano."Pedimos un esfuerzo diplomático multilateral coordinado para apoyar a Venezuela en una transición pacífica a la democracia, para restaurar el Estado de derecho y para responsabilizar a aquellos que han violado los derechos humanos en las últimas décadas y, en especial, en estos últimos meses", declaró la relatora del organismo para ese país, Gloria Monique de Mees, en una rueda de prensa.De Mees recalcó que ese llamado no va dirigido a ningún país concreto ni tan siquiera al continente americano, sino a "toda" la comunidad internacional.Por su parte, la presidenta de la CIDH, Roberta Clark, afirmó que la proclamación de la victoria de Maduro "no tiene legitimidad" y urgió a la comunidad internacional a "seguir pidiendo la rendición de cuentas y la publicación de las actas del escrutinio".De acuerdo con la CIDH, después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la reelección de Nicolás Maduro, sin publicar las actas de votación, se registraron unas 300 protestas espontáneas en el país que fueron "reprimidas" y murieron al menos 23 manifestantes.Entre el 28 de julio y el 13 de agosto, al menos 1.393 personas fueron detenidas, incluidas 182 mujeres, 117 adolescentes, 17 personas con discapacidad y 14 indígenas, afirmó el organismo."Los detenidos enfrentan cargos penales que conllevan penas excesivamente severas. Estos cargos incluyen incitación al odio, terrorismo, conspiración, traición, asociación criminal, resistencia a la autoridad, obstrucción de carreteras y desobediencia y son un claro intento de socavar el ejercicio de la libertad de expresión", declaró De Mees.Adicional, Clark declaró que "el incumplimiento de las reglas electorales" en los comicios supone "una clara violación a los derechos políticos" de los venezolanos."A tres meses y medio de estas elecciones, nuestro mensaje de hoy es que lo que pasó y sigue pasando en Venezuela no debe aceptarse ni normalizarse", afirmó.Clark señaló que a día de hoy las autoridades siguen sin publicar las actas con los resultados desagregados de los comicios, lo que sirve -dijo- como "una prueba clara de que la democracia ha sido perturbada en ese país"."En democracia, cada voto debe ser contado, y cada voto cuenta. Como recuerda la Carta Democrática Interamericana, la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región", afirmó.
Este martes, 12 de noviembre, se realizó una reunión entre cuatro magistrados del Consejo de Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La comisión de consejeros está integrada por su presidente Milton Chaves y los consejeros María del Pilar Bahamón, Alberto montaña y Omar Barreto.El propósito de esta audiencia para el Consejo de Estado era mostrar que las decisiones que toman no buscan ni favorecer ni perjudicar al Gobierno. En el mismo sentido, le explicaron a la CIDH que, cuando adoptan una decisión, lo hacen conforme a la constitución y a la ley, de manera imparcial e independiente. En el mismo sentido, aseguraron que su trabajo se da en el marco de la separación de poderes y del respeto a la institucionalidad.Es importante recordar que la CIDH fue a Colombia e indagó por algunas decisiones de la sección tercera y quinta del Consejo de Estado. Además, el presidente Gustavo Petro expuso ante la Comisión el caso en el que el Consejo Nacional Electoral, CNE, abrió investigación y formuló cargos por la violación de topes de la financiación de la campaña Petro Presidente 2022.Previo a la formulación de cargos, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado determinó que el CNE sí era competente para continuar las investigaciones administrativas relacionadas con una probable violación a las reglas de financiación de la campaña a la presidencia
Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que su vida está en grave peligro debido a amenazas del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En su denuncia, López aseguró que el grupo guerrillero lo ha convertido en un objetivo militar por su colaboración con la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia en el caso de corrupción que involucra a varios funcionarios y congresistas.La denuncia, a la que Blu Radio tuvo acceso, señala que López ha recibido intimidaciones reiteradas y que incluso su entorno cercano ha sido blanco de ataques. “El ELN, a través de posibles células urbanas, ha realizado actos de intimidación como el vandalismo y el robo de documentos importantes. Estos son claros intentos de desestabilizar mi testimonio y silenciarme”, afirmó. También mencionó que un reciente ataque contra el abogado José Luis Moreno, quien lo representa, demuestra la gravedad de la situación. “Estos actos no solo ponen en riesgo mi vida, sino también la de quienes me defienden legalmente”, destacó López.Según la denuncia, el ELN no solo estaría interesado en silenciar a López, sino también en detener su colaboración con la justicia, que ha puesto en jaque a altos funcionarios. En febrero de 2024, un informe de inteligencia militar reveló que el ELN había incrementado sus operaciones, financiadas con recursos estatales, según el documento.“Mis declaraciones han sido interpretadas como una amenaza directa a la capacidad armamentista del ELN, y por eso me han convertido en un objetivo militar”, aseguró López. Además de las amenazas del grupo armado ilegal, sus abogados han asegurado que su cliente enfrenta el riesgo de represalias por parte de funcionarios del Estado implicados en el caso de corrupción que quieren evitar que continúe revelando información clave del caso.Cabe mencionar que la ampliación de la matriz de colaboración del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, ratifica que testificará en contra de Andrés Calle e Iván Name por el escándalo de corrupción en la entidad. Además, el documento salpica a tres alcaldes.Se trata de Fabián Martínez, alcalde de Becerril, César; Jonathan Vásquez, alcalde de Barrancabermeja, Santander y Carlos Torres, exalcalde de Carmen de Bolivar, Bolivar. Nombres como el secretario de Transparencia, Andrés Idarraga y el exasesor de Mininterior, Fernando Henao, integran la lista.
La crisis política en Venezuela ha hecho que diferentes dirigentes políticos se vean afectados, como es el caso de Freddy Superlano, dirigente político que se desempeña como coordinador nacional del partido Voluntad Popular, quien está en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela.Por el riesgo de sus derechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó la resolución 55/2024, mediante la cual otorgó medidas cautelares a Freddy Superlano, con el fin de preservar su integridad.Cabe destacar que este dirigente político fue privado de su libertad el pasado 30 de julio, por presuntos agentes del Estado adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Desde ese momento no se conoce su paradero.La Comisión determinó que las autoridades nacionales han rechazado brindar protección al beneficiario, concluyendo que se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad y riesgo serio para sus derechos a la vida y la integridad personal, debido a la falta de información oficial sobre su detención, así como a la incertidumbre respecto a su ubicación actual.Así mismo, esta medida cautelar y su implementación por parte del Estado no implica ningún juicio anticipado sobre una posible solicitud que pueda presentarse ante el Sistema Interamericano respecto a una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos correspondientes.Por otro lado, familiares y abogadas del beneficiario han acudido a las diferentes sedes del Sebin, negándose que él estuviera detenido en las mismas. Indicaron que existe una política represiva desplegada en contra del beneficiario por ser integrante del movimiento político Voluntad Popular.
La falta de medidas efectivas para garantizar su seguridad llevaron al alcalde del municipio de Toledo, Johnny Alberto Marín, a denunciar la grave situación de seguridad que atraviesa ante organismos internacionales.El mandatario de esta localidad del Norte de Antioquia viajó hasta Washington para solicitar medidas cautelares y así el Estado colombiano pueda disponer las medidas necesarias para garantizar su integridad.Desde hace varios años ha denunciado Marín, ha sido víctima de diferentes intimidaciones que llegaron incluso a un atentado sicarial en el año 2022.Óscar Santamaría, abogado del mandatario que asesora esta petición ante el organismo internacional señaló que persiste la preocupación por una reducción de sus esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección."La UNP redujo su esquema de seguridad quitando el carro blindado, un hombre de protección y asignando un vehículo convencional. Él no ha podido ir a despachar a su municipio", destacó el abogado.Hay preocupación en el departamento pues no se trata del único mandatario que ha denunciado el riesgo que corre su vida por cuenta de amenazas. En los últimos días, Edwin Giraldo, alcalde de San Rafael, reportó el tercer mensaje intimidatorio que recibe en lo corrido del año por lo que pidió medidas oportunas por parte de los organismos de seguridad.Según la Unidad Nacional de Protección actualmente son 17 los mandatarios antioqueños que cuentan con esquemas de seguridad prestados en compañía de la Policía.
Con la intermediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado reconoció su responsabilidad por la desaparición de John Fredy Lopera Jaramillo, ocurrida hace 27 años, mientras prestaba servicio militar en un Batallón Militar en San Carlos.El acuerdo al que llegó la familia de la víctima implica una indemnización por la desaparición del joven, un acto público de reconocimiento de responsabilidad, la publicación del informe de solución amistosa, la realización de un documental audiovisual para exaltar la memoria y dignidad del soldado, entre otros.La hermana del soldado desaparecido, Nidia Lopera, resaltó el sufrimiento por el que pasó la familia durante las últimas dos décadas."27 años de lucha, de incertidumbre, de nostalgia. Ha sido una lucha muy continua".El caso del militar fue llevado ante la CIDH por el abogado Javier Villegas Posada pues, después de diez años la justicia penal militar condenó al joven como desertor.Ana Rocío Jaramillo, madre del militar, destacó que finalmente sea posible avanzar en el camino a la verdad. Por su parte, Javier Villegas Posada, calificó que "pasaron 28 años desde que se inició la lucha jurídica para que se diera un asomo de justicia y se dignificara el nombre de aquel joven".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró responsable al Estado colombiano por la muerte de Giacomo Turra, un joven italiano de 24 años que se encontraba de visita en Cartagena, en 1995.El joven entró a un restaurante y se encontraba en el patio del establecimiento cuando los propietarios llamaron a la Policía, advirtiendo que Turra se encontraba exaltado. Posteriormente fue trasladado al hospital, al parecer, amarrado de brazos y piernas en la patrulla.“Después de esto, lo trasladaron hasta la estación de Policía de Bocagrande, donde Giacomo fue víctima de maltrato: lo golpearon y lo dejaron caer y rodar por el suelo. Hacia las 12:45 a. m. del 4 de septiembre, el cuerpo sin vida del joven italiano fue abandonado por los mismos uniformados en el hospital al que había sido llevado una hora antes. Ahí se constató que tenía múltiples golpes en la cara, laceraciones y heridas en el mentón, tórax y abdomen”, señala un comunicado de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organización que representa el caso ante el Sistema Interamericano.La Policía emitió un comunicado ese día asegurando que el joven habría muerto por una sobredosis de alucinógenos.>> Le puede interesar: Policía incauta 2.1 toneladas de cocaína que iban para Europa en Cartagena
En los últimos tres años han sido asesinados 21 conductores y tan solo en 2024 ha habido 10 retenciones de vehículos por parte de grupos armados y comunidades.Graves denuncias hizo el gremio de transportadores de carga en Colombia, que ha registrado 70 carros incinerados en los últimos 6 años, 2.200 bloqueos durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, 10 retenciones de vehículos por grupos armados o comunidades este año y la lista sigue.A ello se suma que hay ocho departamentos del país con control total de grupos armados, por lo que a los conductores de carga les toca pasar con salvoconductos. A su vez, en los últimos tres años han asesinado 21 conductores. Ante este crudo panorama de inseguridad, este gremio denunció a 19 entidades públicas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante los incumplimientos del Gobierno nacional.Sobre inseguridad en ColombiaAnderson Quiceno, director nacional de los transportadores de carga (ATC), lamentó la situación de inseguridad en Colombia para el gremio que representa.“Nosotros a raíz precisamente de todo el incumplimiento con el Gobierno Nacional lo denunciamos, denunciamos 19 entidades públicas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la CIDH, por la inseguridad que estamos viviendo en todas las carreteras del país con polizones y caminantes”, aseguró el dirigente del gremio.Aunque reconocen que es su problema central, no es el único por el que incluso se sumaron a la manifestación de este domingo en Medellín. Además, piden ayuda con temas como los polizones y caminantes que se trepan en sus vehículos, además de garantías de salud, bajar la sobreoferta, subsidiar las tarifas y tener un régimen pensional especial, por tener una actividad que por lo general es informal.
