La Fiscalía General de la Nación continúa avanzando en la investigación sobre la presunta compra del software espía Pegasus. Fuentes confirmaron a Blu Radio que se han realizado 25 entrevistas, 12 inspecciones y otros procedimientos judiciales para esclarecer este caso.Entre los interrogados se encuentran exfuncionarios de alto nivel, como el exviceministro Jairo García Guerrero y el exdirector del DAPRE Víctor Manuel Muñoz; así como generales del Ejército y magistrados. Además, se ha entrevistado al director de la UIAF, Luis Eduardo Llinás Joaquín.Entre los entrevistados también están los generales del Ejército Juan Diego Sepúlveda y Carlos Iván Moreno Ojeda; el exdirector de Inteligencia, Carlos Ramón González y el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ibáñez.Confirmada transacción millonaria a NSO GroupBlu Radio conoció, además, que la Fiscalía logró confirmar que la empresa israelí NSO Group, creadora de Pegasus, recibió un pago de 5.5 millones de dólares en efectivo en Colombia, a finales de junio de 2021. Sin embargo, aún no se ha podido determinar cuál entidad estatal realizó este pago ni el origen exacto de los fondos.Dudas sobre la llegada de Pegasus a ColombiaLos investigadores tampoco han podido establecer con certeza si el software Pegasus o algún otro producto de NSO Group fue efectivamente adquirido por Colombia.Aunque se ha confirmado la validez del informe de inteligencia financiera de Israel, que señala esta transacción, aún no se han encontrado pruebas concretas sobre el segundo pago mencionado por el presidente Gustavo Petro.Prioridad investigativaLa Fiscalía General, bajo la instrucción de la fiscal Luz Adriana Camargo, ha priorizado esta investigación. Los fiscales han escuchado a varios exfuncionarios del Gobierno anterior, buscando esclarecer las circunstancias de esta presunta compra.¿Qué es el software Pegasus?El pasdo 5 de septiembre, el presidente, Gustavo Petro reveló que la agencia de inteligencia policial compró el software Pegasus a una empresa israelí en junio de 2021, cuando el país vivía semanas de protestas sociales.“La agencia inteligencia policial de Colombia compró en efectivo por 11 millones de dólares a una empresa israelí software para espiar celulares en medio del estallido social y antes de las campañas (electorales de 2022)”, anunció Petro en una alocución presidencial.Según la información dada al presidente por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) pagó en efectivo a una empresa israelí y el dinero “fue transportado por vía aérea desde Bogotá a Tel Aviv el 27 de junio de 2021”, donde fue declarado a aduanas e ingresado en la cuenta de la empresa.
A 10 años de casa por cárcel fueron condenados los policías Alfonso Quinchanegua y Dana Canizales por haber participado en las chuzadas ilegales a Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas de Laura Sarabia, hoy directora del DPS.Los patrulleros aceptaron los cargos por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal. Según la patrullera Canizalez, solo recibió órdenes de sus superiores: “Sin embargo, quiero pedir disculpas por mi error a las víctimas, situación de la que estoy totalmente arrepentida al perder mi libertad, pase situaciones muy difíciles, por eso pido perdón”, expresó.Durante la audiencia del caso, Marelbys Meza le contó a la jueza cómo cambio su vida luego de que estallara este escándalo que involucra a la directora del Dapre, Laura Sarabia.>>> Lea también: Chuzadas Marelbys Meza: policía dice que la orden la dieron desde Presidencia“A partir de ese momento mi vida cambió, la salud de mi familia, yo siempre he dicho que no he robado nada”, aseguró Meza.Además, tras varias preguntas por parte de la fiscal del caso, Marelbys Mesa también indicó que la persona que le realizó la prueba del polígrafo le dio un mensaje que supuestamente le había enviado Laura Sarabia.Escuche el informe completo aquí: “Pero antes de comenzar el polígrafo, el señor del polígrafo me dice: Le manda a decir la jefa, o sea, la doctora Laura, que si se gastó algo de plata devuelta el resto”, señaló Marelbys a la juez.
Noticias Caracol reveló en exclusiva el testimonio de Alfonso Quinchanegua, uno de los policías implicados en las chuzadas a Marelbys Meza cuando se desempeñaba como niñera de Laura Sarabia, luego de la pérdida de un maletín con una suma de dinero en la casa de la entonces jefe de gabinete de Presidencia.El ahora testigo de la Fiscalía contó detalles de cómo se realizaron estas interceptaciones ilegales a estas mujeres. Añadió que cumplió con la orden que, supuestamente, venía de Presidencia, por miedo a represalias."En la reunión, cuando estuvimos el señor mayor Duván y los demás personal, obviamente manifestaron que tocaba interceptar, pero el señor mayor era insistente en que se debía hacer o hacer esa interceptación a esos números para obtener esa información, porque, lo que le manifiesto, doctora, la orden era de Presidencia, o el caso era de Presidencia”, dijo Quinchanegua en su confesión ante la Fiscalía.El testigo hace referencia a la reunión del 2 de febrero de 2023 que se realizaron en el piso 13 del edificio de la Dian, cerca del Palacio de Nariño, donde estaban presentes otros miembros de la Policía como el fallecido coronel Óscar Dávila, quien, según el dictamen de Medicina Legal, se quitó la vida con el arma de dotación de su conductor al interior de un vehículo, y el mayor Duván Muñoz.“Una ampliación de denuncia a la señora Laura Sarabia, mediante llamada telefónica, porque ahí hacían el enlace y una vez allá, en el piso 13, no fue así. Lo único que se hizo fue enviarle un cuestionario que yo llevaba listo al correo del señor coronel Dávila. Se le envió ese cuestionario para que, por intermedio de él, ella contestara ese cuestionario”, añadió Alfonso Quinchanegua.Además, según el testimonio de este policía, el mayor Duván Muñoz habría sido el encargado de realizar el falso informe en el que se señalaban a las exniñeras de Laura Sarabia como integrantes del Clan del Golfo para poder realizar las interceptaciones ilegales y, posteriormente, dar con el dinero que se perdió en la maleta.
La juez 53 penal del circuito con función de conocimiento decretó la ruptura procesal por el delito de violación de datos personales a los patrulleros Alfonso Quinchanegua y Alejandra Canizales, por otro lado, los procesados por las chuzadas en contra de Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, firmaron un principio de oportunidad y un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.Fue precisamente la fiscal del caso Cindy Hernández, quien en medio de la diligencia confirmó que se están tramitando los principios de oportunidad, y que ya cuentan con el aval de los representantes de las víctimas, por ello se solicitó la ruptura procesal a Canizales y Quinchanegua.Según explicó la delegada de la Fiscalía, los patrulleros se convertirán en testigos claves dentro de la investigación que se adelanta contra otros uniformados y particulares, por las chuzadas.Por un lado, el patrullero Alfonso Quinchanegua aceptó cargos por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal en el caso de las interceptaciones ilegales a la exniñera Marelbys Meza, Alejandra Canizales también la otra patrullera implicada aceptó cargos ante la justicia.En medio de la audiencia, la patrullera Alejandra Canizales afirmó que solo recibió órdenes de sus superiores: “Sin embargo, quiero pedir disculpas por mi error a las víctimas, situación de la que estoy totalmente arrepentida al perder mi libertad, pase situaciones muy difíciles, por eso pido perdón”, expresó Canizales.Por último, en los preacuerdos, la Fiscalía se comprometió a degradar las conductas delictivas de falsedad ideológica en documento público agravado, fraude procesal y falsedad material en documento privado.
“Hasta el momento la Fiscalía no tiene certeza de que las comunicaciones de los magistrados de las altas cortes hayan sido interceptadas con el software Pegasus", informó la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien se reunió con el presidente Gustavo Petro antes de la alocución en la que el mandatario denunció la compra de dicho programa a Israel durante el Gobierno Duque.En este caso, la fiscal señaló que, hasta el momento, con el avance del proceso de investigación, no tiene información de que ese software haya sido utilizado para chuzar funcionarios y magistrados, por lo que afirmó que deberán esperar al avance de la investigación.“El presidente me dio a conocer que existía esa información y que iba a hacerla pública. Nosotros no tenemos evidencia de que eso haya sucedido, aún nosotros no tenemos esa evidencia. Estamos identificando si ese software existió”, expresó la Fiscal.Camargo también indicó que Pegasus es un programa sofisticado que no deja rastro de su funcionamiento, por lo que aclaró que no es un proceso sencillo para evaluar la intervención de ese tipo de Software.“Ese tipo de software es muy sofisticados y normalmente no dejan rastro. Entonces no es tan fácil como hacer un examen de un teléfono para saber si fue en el pasado objeto de una infiltración. Esos son software maliciosos que se insertan en los teléfonos celulares. Entonces creo que la cosa es mucho más compleja y esperamos dar una respuesta, aseguró Camargo.La procuradora Margarita Cabello se refirió a la denuncia del presidente Gustavo Petro sobre el software Pegasus, confirmó que desde la Procuraduría se está investigando para establecer la veracidad de las denuncias, además, reconoce que en cuanto a las presuntas chuzadas a magistrados todavía no se tienen resultados.
El magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ibáñez, aseguró que en los últimos días no ha tenido ningún tipo de contacto con el director del DNI, además, dice que no es “víctima ni afectado” refiriéndose al caso de presuntas interceptaciones ilegales en su contraAdemás, el togado aseguró que se han tomado medidas de prevención con las comunicaciones de su esposa y dio a conocer que fueron tres de sus cuatro magistrados auxiliares a quienes también les habrían intervenido las comunicaciones.Incluso, Ibáñez dice que no hubo ninguna filtración en la denuncia de presuntas interceptaciones, sino que fue un documento formal presentado ante el presidente de la Corte Constitucional, y fue precisamente el magistrado José Fernando Reyes, quien convocó a una Sala Plena el 19 de junio para comunicarle estas graves irregularidades a la fiscal Luz Adriana Camargo.Carlos Ramón González, quien se reunió en el Palacio de Justicia con el presidente de la Corte Suprema, aseguró que las versiones sobre este caso son simples “rumores”.Así las cosas, es la Fiscalía General de la Nación, quien ya con las pruebas técnicas esclarezca este caso de presuntas chuzadas que tiene hablando a todo el país.
Sobre las 7:00 de la mañana llegó al palacio de justicia el director Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, a una reunión que él mismo pidió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia el magistrado Gerson Chaverra en medio del escándalo de presuntas interceptaciones ilegales al vicepresidente de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez.A su salida de la reunión el director del DNI, aseguró que la mayoría de versiones sobre las presuntas chuzadas son “rumores”, refiriéndose al escándalo de presuntas interceptaciones ilegales al magistrado de la Corte Constitucional.Además, el director del DNI dice que acordaron junto con el presidente de la Corte Suprema de Justicia crear una mesa de trabajo con los otros presidentes de las altas cortes para tratar este delicado caso.“Desde el año pasado, en junio del año anterior, se viene hablando de este mismo rumor, sin que haya ninguna prueba en concreto, sin que haya una investigación en concreto. Entonces, el llamado que hago es, por favor, cuando haya este tipo de informaciones, de rumores, percepciones o temores, poner en conocimiento de las autoridades”, aseguró el director del DNI.Por último, Carlos Ramón Gonzales, director de la DNI negó categóricamente que su institución estuviera llevando a cabo seguimientos o interceptaciones ilegales de las comunicaciones de la oposición.
Los magistrados de la Corte Constitucional se reunieron hace unos días con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para advertirle de posibles actos de espionaje de los que pueden estar siendo víctimas en la más alta corte del país.Los magistrados, en una reunión privada, le comentaron a la fiscal que les ha llegado información de "fuentes de absoluta credibilidad" sobre un posible espionaje a los jueces, lo que no sería algo nuevo en el país donde ha habido varios casos de espionaje en el sistema judicial.En diálogo con Mañanas Blu, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, entregó detalles de las advertencia que hicieron ante la Fiscalía sobre las presuntas interceptaciones ilegales y cómo empezó a identificar que esto estaba sucediendo. Reveló que no de trata de una denuncia penal, solo es una narrativa de los hechos que hizo, pero que son objetos de investigación por parte de la Fiscalía. "En realidad yo no hice una denuncia, sino hice una presentación de una serie de hechos que consideré que podían ser irregulares. Los hechos se relacionan con una presunta intervención en las comunicaciones", dijo.Agregó que él hizo la advertencia sobre la sospecha de interceptaciones a una persona, pero que no se trató de ninguna cadena de WhatsApp, ni que él emitió ni que él recibió. "Lo dije a manera de prevención y seguramente lo replicaron", dijo sobre el mensaje que empezó a ser replicado masivamente. Sobre cómo empezó a sospechar, dijo que de acuerdo a su experticia se vio en la necesidad de advertir: "En algunos casos somos víctimas de hackeo y si alguna cosa ocurre hay la necesidad de prevenir y eso fue lo que hice, prevenir".Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro ha sido insistente en que que su Gobierno no ha "interceptado a nadie de manera ilegal" tras las recientes denuncias de varias cortes de presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales a magistrados y achacó la información a "fake news" de los medios de comunicación."Le llegan rumores a la prensa y los vuelven noticia. Les llegan WhatsApp a los magistrados y se creen la red de WhatsApp. Se cree en el 'fake news'. Están intentando debilitar al Gobierno rompiendo sus relaciones internas y sus relaciones con las otras ramas del poder público, con 'fake news'", dijo Petro en una ceremonia de ascensos de la Policía.Denuncia de la Corte ConstitucionalMagistrados de la Corte Constitucional se reunieron la semana pasada con la fiscal general para advertirle de posibles actos de espionaje en su contra.La Corte Constitucional tiene entre sus funciones las de examinar si las reformas del Gobierno, aprobadas mediante leyes o decretos, cumplen los requisitos de constitucionalidad.Según medios colombianos, el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, le entregó a la fiscal una carta en la que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez denuncia que él y su esposa son "víctimas de una persecución por parte de organismos de inteligencia estatal".Tras esa denuncia, Camargo ordenó "iniciar la investigación correspondiente de forma inmediata", a la que se suma la indagación interna anunciada este lunes por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre)."El Gobierno nacional no intercepta comunicaciones. Ha sido prohibida esta práctica explícitamente por el presidente de la república. La inteligencia del Estado solo investiga grandes criminales y hemos tenido éxito en esa inteligencia", expresó este el presidente Gustavo Petro en X. Hay que "dejar de caer en ingenuidades que construyen los grupos nazis", señaló el mandatario.El posible espionaje al Poder Judicial ya sucedió en el pasado, durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), lo que derivó en un escándalo con condenas a algunos de los responsables. Aquí la entrevista completa con el magistrado:
Hay desconfianza y preocupación en un grupo de magistrados de las Altas Cortes, en torno a la posibilidad de que agencias del Gobierno del presidente Gustavo Petro estén interceptando ilegalmente (chuzadas) sus comunicaciones.Hace algunos meses, magistrados de la Corte Suprema, habían expresado inquietudes sobre ese particular y en la última semana lo hicieron magistrados de la Corte Constitucional y de la Jurisdicción Especial de Paz.En las últimas horas, la Fiscalía escuchó la ampliación de denuncia en ese sentido del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, actual vicepresidente de la Corte Constitucional y de sus magistrados auxiliares, quienes hace una semana hicieron la denuncia formal ante la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo.Ante la gravedad de la denuncia, el presidente Gustavo Petro negó cualquier instrucción de su gobierno para interceptar las comunicaciones de magistrados, opositores y periodistas y recordó que él fue víctima de esas conductas durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe, aunque no descarta la posibilidad de que funcionarios de bajo rango y de manera autónoma estén participando de ese tipo de actividades ilícitas.En voz baja, en la Casa de Nariño hay preocupación por las denuncias de los magistrados, que llega al punto del intento, fallido hasta ahora, que hace algunos días hizo la Presidencia por concretar una reunión entre el Presidente Gustavo Petro y la Fiscal Luz Adriana Camargo para hablar sobre el escándalo.Este episodio, de presunto espionaje desde el Gobierno Nacional, incluso podría tener vasos comunicantes con supuestos planes de desprestigio vinculados con la “guerra interna” por el poder que se presenta en el círculo más cercano al presidente Gustavo Petro, en donde en uno de los bandos están Carlos Ramón González y Augusto Rodríguez, muy cercanos al presidente Gustavo Petro.Hablando de González, hoy se reunirá en calidad de Director Nacional de Inteligencia con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, para hablar sobre las graves denuncias de interceptaciones ilegales que se estarían haciendo desde el Gobierno.Los escándalos de espionaje en Colombia no son nuevos, por eso lo que corresponde en este momento tan complejo y preliminar, le corresponde a la Fiscal General Luz Adriana Camargo mostrar el temple acorde a su cargo para dar plenas garantías a todos, principalmente a las víctimas, y al Presidente de la República le corresponde esperar los resultados de las investigaciones antes de desestimar una denuncia grave que salpica a su Gobierno y que de nuevo pone en vilo el Estado de Derecho.
El presidente Gustavo Petro habló, durante la ceremonia de ascensos de la Policía, sobre el escándalo de supuestas interceptaciones ilegales a magistrados, opositores y periodistas.Según el mandatario, se trata de rumores que llegaron a la prensa nacional por cuenta de cadenas de WhatsApp, que no fueron confirmadas ni verificadas, pero que se convirtieron en el centro de un debate de interés nacional.“Le llegan rumores a la prensa y lo vuelven noticia. Le llega por WhatsApp a los magistrados y se creen la red de WhatsApp. Se creen las fake news. Están intentando debilitar al Gobierno, rompiendo sus relaciones internas y sus reacciones con las demás ramas del poder público con fake news”, señaló Petro.Y cargó de nuevo contra los medios llamándolos “prensa Mossad” equiparando la actividad periodística, que no es afín a sus políticas, con el servicio de inteligencia israelí. Según Petro, “quieren desde afuera del gobierno destruir el Gobierno” porque sus políticas no gustan a varios sectores políticos y de opinión.“Nos madrugamos que somos nosotros los ‘chuzadores’, que el Gobierno está interviniendo las mismas personas, o los mismos cargos, magistrados de la justicia y opositores que son hoy el uribismo, y miembros de la prensa”, indicó el mandatario al señalar que en el pasado él y su familia fueron las víctimas de seguimientos ilegales por parte del DAS.
La Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Según el ente acusador, las irregularidades están relacionadas con la contratación de un software denominado “Sistema de Validación Nacional”, ordenado por el Decreto 1622 del 5 de agosto de 2022. Este sistema buscaba asociar las boletas de los hinchas de fútbol con su documento de identidad y verificar antecedentes para restringir el acceso a los estadios.La investigación, liderada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, concluyó que Urrutia habría ignorado las normas de contratación y los parámetros del decreto, seleccionando al contratista de manera directa y no mediante un proceso competitivo. Además, en dos ocasiones buscó intermediarios para adjudicar el contrato, condicionándolos a subcontratar a una particular previamente acordada.Los elementos probatorios indican que la exministra desestimó tres advertencias de su equipo técnico y jurídico sobre las maniobras irregulares. A pesar de ello, firmó un convenio inter administrativo con una entidad pública indirecta el 30 de diciembre de 2022. Este proceso no incluyó estudios de mercado ni la justificación del precio, que ascendió a 4.950 millones de pesos.Asimismo, se descubrió que el contrato firmado no cumplía con el objetivo del decreto, mientras que la norma habilitaba la implementación del sistema de validación, el contrato suscrito tenía como propósito únicamente el análisis de su implementación. Este desvío fundamenta la imputación por falsedad ideológica, debido a la inclusión de avales y justificaciones contrarias a la realidad en documentos oficiales.
Este jueves, 21 de noviembre, se registró un grave accidente en la capital. Al parecer, fue entre un ciclista y un camión a la altura de la calle 80 con transversal 77, generando un trancón de varios kilómetros en el noroccidente de BogotáLa Policía, así como unidades de criminalística, llegaron al lugar tras el fatal accidente.El CTI realiza el procedimiento del levantamiento del cuerpo que quedó debajo de las llantas de la mula.En desarrollo...
La Cámara de Comercio se suma a las voces negativas al proyecto de ordenanza del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para cobrar la sobretasa de seguridad en los servicios públicos. Desde la entidad argumentaron que la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos.No sólo alcaldes, Fenalco Antioquia y el Comité Intergremial se han mostrado en desacuerdo frente a este proyecto que propone incluir un impuesto para la seguridad en los servicios públicos, pues ahora, la Cámara de Comercio también se ha opuesto a esta iniciativa.En el comunicado emitido por la entidad, mencionan que, a pesar de que comparten con el gobernador la preocupación por la seguridad en el departamento, hay particularidades que afectan a la ciudadanía lo que no haría viable tal impuesto. Según Lina Vélez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, la cuenta de servicios no debería ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos."Hay circunstancias que afectan a las empresas y ciudadanos, como el alza considerable en las tarifas de servicios públicos a causa de la no entrada a tiempo de nueva generación de energía, el fenómeno de El Niño y el consecuente bajo nivel de los embalses, sumado al impacto del Índice de Precios al Productor. Desde un análisis técnico, la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos ni otras tasas tributarias, porque se trata de cargos ajenos a la naturaleza del servicio recibido", explicó la presidenta.Desde la entidad, realizaron una petición a los actores responsables para que busquen otras alternativas para reforzar esquemas tecnológicos que permitan incrementar los niveles de seguridad en el departamento.
En el último día del Congreso Internacional Todos los Protegemos, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga lideró la firma de la Declaratoria Medellín, un acuerdo de varias instituciones para prevenir y atender las violencias sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, con acciones articuladas para la erradicación de esta problemática.El documento fue suscrito por entidades públicas y sectores como transporte, salud, telecomunicaciones, hotelería, comercio, cajas de compensación, delegados de la Embajada de Estados Unidos, del Consulado de Perú y de la Organización de las Naciones Unidas. Gutiérrez reiteró que es lamentable que en muchos casos los abusadores de los niños estén “en el portarretratos de la casa”."Lo primero es afianzar la articulación. Con Policía tenemos una dinámica muy clara de atención permanente que viene funcionando, con la embajada de los Estados Unidos, uno de los grandes aliados, si no tuviéramos ese apoyo no hubiéramos podido dar muchos de esos golpes que se han dado tanto en Colombia como en Estados Unidos, esto es reafirmar eso", manifestó.Como parte de la apuesta contra delitos que afectan a los niños y niñas, este año en Medellín se han inadmitido 42 extranjeros por delitos de explotación sexual y alrededor de 300 en el país, lo que se suma a que van 12 extranjeros capturados por este delito, un aumento del 1.100 % en este indicador frente al 2023.Según detalló el mandatario, este pacto tiene como apuestas fortalecer a las familias, desarrollar las capacidades institucionales para una atención integral de los menores de edad, implementar acciones conjuntas, promover el principio de la corresponsabilidad, consolidar estrategias de prevención y respuesta frente a las violencias sexuales, afianzar la cooperación internacional, fomentar el intercambio de información para la toma de decisiones y educar en el uso de las tecnologías para evitar violencias en entornos digitales.
Abogados de la Dirección Territorial Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicaron una demanda que busca restablecer los derechos territoriales del pueblo ancestral Zenú, como una comunidad víctima del conflicto armado en la región de Urabá antioqueño.Se trata de 1.019 hectáreas, ubicadas entre los municipios de Necoclí Arboletes, donde habitan 3.080 indígenas que integran 976 familias, quienes han sido víctimas durante más de 30 años y ahora buscan reparación integral de sus derechos a través de la restitución de su territorio y medidas que garanticen la restauración de los daños sufridos. El director territorial de la URT en Apartadó, José Alberto Kunzell se refirió al respecto."Con esta demanda buscamos que los jueces reconozcan la reparación integral a esta comunidad como víctima del conflicto. Asimismo, que esa sentencia reconozca la formalización del territorio y reconozca los derechos territoriales de la comunidad", manifestó.El resguardo indígena El Volao está compuesto por diez comunidades Zenú, que han sufrido reclutamiento forzado, masacres, asesinatos a líderes, desapariciones, desplazamientos masivos, confinamiento, despojo y abandono. Por ello, para la lideresa Aida Suárez, la demanda es un hito."Es un logro esperado y es un día trascendental para nosotros como comunidad, como mujeres, como jóvenes, como docentes que soñamos algún día ser reparados después de tantos años de olvido, de maltrato, de violación, que hemos tenido algunas asistencias como tal, pero que no han sido suficientes", indicó Suárez.De acuerdo con la comunidad, el asesinato en 1995 de José Elías Suárez, gobernador del cabildo mayor, por parte del Ejército Popular de Liberación (EPL), marcó la historia colectiva de las comunidades pertenecientes al resguardo y debilitó el proceso organizativo al interior del territorio. Esto generó un ambiente de zozobra que llevó a la comunidad a salir de sus casas y a dormir reunidos en el monte, por temor a que se cometieran más asesinatos en contra de sus líderes por parte del Epl, las Auc y otros grupos armados presentes en la zona.Dentro de las pretensiones de la demanda, concertadas con el resguardo, se busca la puesta en marcha de una estrategia para la prevención del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; medidas de protección individuales y colectivas en favor de la comunidad, especialmente de los líderes, autoridades y la concertación de un plan integral para la búsqueda de sus líderes desaparecidos en el marco del conflicto.
