La Corte Suprema de Justicia dejó en firme sentencia a 63 meses de cárcel, más de cinco años, contra dos funcionarios del expresidente Álvaro Uribe: Edmundo del Castillo, secretario jurídico, y César Mauricio Velásquez, secretario de comunicaciones, por las chuzadas del DAS y presunto pago de testigos falsos en la Yidis Política. El primero de ellos negó, en diálogo con Meridiano Blu, estar vinculado con algún delito."El episodio mío en eso es que me llamaron a una reunión un día y me preguntaron si un señor había sido extraditado. Entregué una resolución y eso me convierte en criminal, ese es el tema, nunca llevé información a ningún medio de comunicación. La entregué para que supieran si alguien estaba o no extraditado, de ahí en adelante no sé qué hicieron con la información", indicó Edmundo del Castillo, señalado de concierto para delinquir.Además, el exsecretario jurídico del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez afirmó que nunca ordenó, hizo o participó del tema de chuzadas y resaltó que, aún así, es "una persona que siempre le ha puesto la cara a la justicia".>>> En contexto: En firme condena contra exsecretarios jurídico y de prensa de Uribe por “chuzadas”Preguntado sobre si hubo estrategias de desprestigio contra la Corte Suprema, Edmundo cuestionó si ese delito realmente existe y afirmó, de paso que desde su labor en el Gobierno de Uribe "no había ningún tema distinto a trabajar por el país".Lo que sí reconoció en diálogo con Blu fue que conoció a Gloria Congote, la periodista que filtró la información, y aunque alguna vez -dijo- le llevó información, esta fue de "un tema absolutamente distinto a este" por el cual fue sentenciado."La realidad del tema es una gran falacia porque jamás le llevé a la Revista Semana información del caso paseo, por que no fui yo, es una gran mentira. No participé en el tema de reelección de Uribe. Yo recibí en mi secretaría jurídica a todo el mundo, sin propósito de hacer ningún daño", añadió Edmundo.Finalmente, el abogado afirmó que acudirá a instancias internacionales para continuar con el proceso jurídico que hoy lo tiene sentenciado a 5 años de cárcel en prisión domiciliaria: "Claro, voy con toda. Ese es un tema de injusticia, es una cosa increíble. Voy con Derechos Humanos y con tutela, aquí nadie ha hecho nada indebido. Trabajé tres años en un tema técnico", concluyo, señalando que, en ningún momento, se arrepiente de haber formado parte del Gobierno del expresidente Álvaro Uribe.
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 63 meses contra César Velásquez, exjefe de prensa y Edmundo del Castillo, exasesor jurídico del expresidente Álvaro Uribe, por el caso de las chuzadas del DAS, pues la Sala de conjueces negó los argumentos que pedían tumbar la condena inicial impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá.La conjuez Rosa Elena Suárez emitió una sentencia clave en el caso relacionado con las denominadas “chuzadas”, un esquema de interceptaciones ilegales que sacudió a las instituciones colombianas, por esta razón la Corte Suprema dejó en firme la sentencia condenatoria en contra los exfuncionarios del Gobierno Uribe, César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo las "chuzadas" del DAS contra este alto tribunal y Yidis Medina.“La sala encontró que los argumentos esgrimidos por los impugnantes no logran demostrar yerros atribuidos al tribunal, que por primera vez halló penalmente responsables de la conducta de concierto para delinquir a los enjuiciados César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo Restrepo, razón para que el fallo condenatorio sea confirmado”, dijo la conjuezSuarez también aseguró que, entre las impugnaciones realizadas por los exfuncionarios del Gobierno Uribe, no hicieron referencia a reducir las penas, por lo que solamente otorgó el beneficio de prisión domiciliaria al asesor jurídico, Edmundo del Castillo.Cabe resaltar que la Fiscalía acusó a Castillo y Velásquez de usar durante el Gobierno Uribe al Departamento Administrativo de Seguridad, para intentar desacreditar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes en ese entonces investigaban los nexos de varios congresistas uribistas con los paramilitares.Comunicado de César Mauricio Velásquez1. El día de hoy, una sala de Conjueces insiste en condenarme luego de que el único juez que vio las pruebas de este proceso me había absuelto en el pasado.2. En la sentencia se hacen graves afirmaciones de que yo "solicité, recibí y filtré información" cuando no existe una sola evidencia, nunca la hubo, nunca ocurrió acción alguna que respalde estas acusaciones.3. Con la certeza de mi inocencia, seguiré luchando con todas las acciones jurídicas que existan para que la verdad salga a la luz y así reivindicar mi honra y mi buen nombre.
La Fiscalía General de la Nación continúa avanzando en la investigación sobre la presunta compra del software espía Pegasus. Fuentes confirmaron a Blu Radio que se han realizado 25 entrevistas, 12 inspecciones y otros procedimientos judiciales para esclarecer este caso.Entre los interrogados se encuentran exfuncionarios de alto nivel, como el exviceministro Jairo García Guerrero y el exdirector del DAPRE Víctor Manuel Muñoz; así como generales del Ejército y magistrados. Además, se ha entrevistado al director de la UIAF, Luis Eduardo Llinás Joaquín.Entre los entrevistados también están los generales del Ejército Juan Diego Sepúlveda y Carlos Iván Moreno Ojeda; el exdirector de Inteligencia, Carlos Ramón González y el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ibáñez.Confirmada transacción millonaria a NSO GroupBlu Radio conoció, además, que la Fiscalía logró confirmar que la empresa israelí NSO Group, creadora de Pegasus, recibió un pago de 5.5 millones de dólares en efectivo en Colombia, a finales de junio de 2021. Sin embargo, aún no se ha podido determinar cuál entidad estatal realizó este pago ni el origen exacto de los fondos.Dudas sobre la llegada de Pegasus a ColombiaLos investigadores tampoco han podido establecer con certeza si el software Pegasus o algún otro producto de NSO Group fue efectivamente adquirido por Colombia.Aunque se ha confirmado la validez del informe de inteligencia financiera de Israel, que señala esta transacción, aún no se han encontrado pruebas concretas sobre el segundo pago mencionado por el presidente Gustavo Petro.Prioridad investigativaLa Fiscalía General, bajo la instrucción de la fiscal Luz Adriana Camargo, ha priorizado esta investigación. Los fiscales han escuchado a varios exfuncionarios del Gobierno anterior, buscando esclarecer las circunstancias de esta presunta compra.¿Qué es el software Pegasus?El pasdo 5 de septiembre, el presidente, Gustavo Petro reveló que la agencia de inteligencia policial compró el software Pegasus a una empresa israelí en junio de 2021, cuando el país vivía semanas de protestas sociales.“La agencia inteligencia policial de Colombia compró en efectivo por 11 millones de dólares a una empresa israelí software para espiar celulares en medio del estallido social y antes de las campañas (electorales de 2022)”, anunció Petro en una alocución presidencial.Según la información dada al presidente por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) pagó en efectivo a una empresa israelí y el dinero “fue transportado por vía aérea desde Bogotá a Tel Aviv el 27 de junio de 2021”, donde fue declarado a aduanas e ingresado en la cuenta de la empresa.
A 10 años de casa por cárcel fueron condenados los policías Alfonso Quinchanegua y Dana Canizales por haber participado en las chuzadas ilegales a Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas de Laura Sarabia, hoy directora del DPS.Los patrulleros aceptaron los cargos por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal. Según la patrullera Canizalez, solo recibió órdenes de sus superiores: “Sin embargo, quiero pedir disculpas por mi error a las víctimas, situación de la que estoy totalmente arrepentida al perder mi libertad, pase situaciones muy difíciles, por eso pido perdón”, expresó.Durante la audiencia del caso, Marelbys Meza le contó a la jueza cómo cambio su vida luego de que estallara este escándalo que involucra a la directora del Dapre, Laura Sarabia.>>> Lea también: Chuzadas Marelbys Meza: policía dice que la orden la dieron desde Presidencia“A partir de ese momento mi vida cambió, la salud de mi familia, yo siempre he dicho que no he robado nada”, aseguró Meza.Además, tras varias preguntas por parte de la fiscal del caso, Marelbys Mesa también indicó que la persona que le realizó la prueba del polígrafo le dio un mensaje que supuestamente le había enviado Laura Sarabia.Escuche el informe completo aquí: “Pero antes de comenzar el polígrafo, el señor del polígrafo me dice: Le manda a decir la jefa, o sea, la doctora Laura, que si se gastó algo de plata devuelta el resto”, señaló Marelbys a la juez.
Noticias Caracol reveló en exclusiva el testimonio de Alfonso Quinchanegua, uno de los policías implicados en las chuzadas a Marelbys Meza cuando se desempeñaba como niñera de Laura Sarabia, luego de la pérdida de un maletín con una suma de dinero en la casa de la entonces jefe de gabinete de Presidencia.El ahora testigo de la Fiscalía contó detalles de cómo se realizaron estas interceptaciones ilegales a estas mujeres. Añadió que cumplió con la orden que, supuestamente, venía de Presidencia, por miedo a represalias."En la reunión, cuando estuvimos el señor mayor Duván y los demás personal, obviamente manifestaron que tocaba interceptar, pero el señor mayor era insistente en que se debía hacer o hacer esa interceptación a esos números para obtener esa información, porque, lo que le manifiesto, doctora, la orden era de Presidencia, o el caso era de Presidencia”, dijo Quinchanegua en su confesión ante la Fiscalía.El testigo hace referencia a la reunión del 2 de febrero de 2023 que se realizaron en el piso 13 del edificio de la Dian, cerca del Palacio de Nariño, donde estaban presentes otros miembros de la Policía como el fallecido coronel Óscar Dávila, quien, según el dictamen de Medicina Legal, se quitó la vida con el arma de dotación de su conductor al interior de un vehículo, y el mayor Duván Muñoz.“Una ampliación de denuncia a la señora Laura Sarabia, mediante llamada telefónica, porque ahí hacían el enlace y una vez allá, en el piso 13, no fue así. Lo único que se hizo fue enviarle un cuestionario que yo llevaba listo al correo del señor coronel Dávila. Se le envió ese cuestionario para que, por intermedio de él, ella contestara ese cuestionario”, añadió Alfonso Quinchanegua.Además, según el testimonio de este policía, el mayor Duván Muñoz habría sido el encargado de realizar el falso informe en el que se señalaban a las exniñeras de Laura Sarabia como integrantes del Clan del Golfo para poder realizar las interceptaciones ilegales y, posteriormente, dar con el dinero que se perdió en la maleta.
La juez 53 penal del circuito con función de conocimiento decretó la ruptura procesal por el delito de violación de datos personales a los patrulleros Alfonso Quinchanegua y Alejandra Canizales, por otro lado, los procesados por las chuzadas en contra de Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, firmaron un principio de oportunidad y un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.Fue precisamente la fiscal del caso Cindy Hernández, quien en medio de la diligencia confirmó que se están tramitando los principios de oportunidad, y que ya cuentan con el aval de los representantes de las víctimas, por ello se solicitó la ruptura procesal a Canizales y Quinchanegua.Según explicó la delegada de la Fiscalía, los patrulleros se convertirán en testigos claves dentro de la investigación que se adelanta contra otros uniformados y particulares, por las chuzadas.Por un lado, el patrullero Alfonso Quinchanegua aceptó cargos por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal en el caso de las interceptaciones ilegales a la exniñera Marelbys Meza, Alejandra Canizales también la otra patrullera implicada aceptó cargos ante la justicia.En medio de la audiencia, la patrullera Alejandra Canizales afirmó que solo recibió órdenes de sus superiores: “Sin embargo, quiero pedir disculpas por mi error a las víctimas, situación de la que estoy totalmente arrepentida al perder mi libertad, pase situaciones muy difíciles, por eso pido perdón”, expresó Canizales.Por último, en los preacuerdos, la Fiscalía se comprometió a degradar las conductas delictivas de falsedad ideológica en documento público agravado, fraude procesal y falsedad material en documento privado.
“Hasta el momento la Fiscalía no tiene certeza de que las comunicaciones de los magistrados de las altas cortes hayan sido interceptadas con el software Pegasus", informó la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien se reunió con el presidente Gustavo Petro antes de la alocución en la que el mandatario denunció la compra de dicho programa a Israel durante el Gobierno Duque.En este caso, la fiscal señaló que, hasta el momento, con el avance del proceso de investigación, no tiene información de que ese software haya sido utilizado para chuzar funcionarios y magistrados, por lo que afirmó que deberán esperar al avance de la investigación.“El presidente me dio a conocer que existía esa información y que iba a hacerla pública. Nosotros no tenemos evidencia de que eso haya sucedido, aún nosotros no tenemos esa evidencia. Estamos identificando si ese software existió”, expresó la Fiscal.Camargo también indicó que Pegasus es un programa sofisticado que no deja rastro de su funcionamiento, por lo que aclaró que no es un proceso sencillo para evaluar la intervención de ese tipo de Software.“Ese tipo de software es muy sofisticados y normalmente no dejan rastro. Entonces no es tan fácil como hacer un examen de un teléfono para saber si fue en el pasado objeto de una infiltración. Esos son software maliciosos que se insertan en los teléfonos celulares. Entonces creo que la cosa es mucho más compleja y esperamos dar una respuesta, aseguró Camargo.La procuradora Margarita Cabello se refirió a la denuncia del presidente Gustavo Petro sobre el software Pegasus, confirmó que desde la Procuraduría se está investigando para establecer la veracidad de las denuncias, además, reconoce que en cuanto a las presuntas chuzadas a magistrados todavía no se tienen resultados.
El magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ibáñez, aseguró que en los últimos días no ha tenido ningún tipo de contacto con el director del DNI, además, dice que no es “víctima ni afectado” refiriéndose al caso de presuntas interceptaciones ilegales en su contraAdemás, el togado aseguró que se han tomado medidas de prevención con las comunicaciones de su esposa y dio a conocer que fueron tres de sus cuatro magistrados auxiliares a quienes también les habrían intervenido las comunicaciones.Incluso, Ibáñez dice que no hubo ninguna filtración en la denuncia de presuntas interceptaciones, sino que fue un documento formal presentado ante el presidente de la Corte Constitucional, y fue precisamente el magistrado José Fernando Reyes, quien convocó a una Sala Plena el 19 de junio para comunicarle estas graves irregularidades a la fiscal Luz Adriana Camargo.Carlos Ramón González, quien se reunió en el Palacio de Justicia con el presidente de la Corte Suprema, aseguró que las versiones sobre este caso son simples “rumores”.Así las cosas, es la Fiscalía General de la Nación, quien ya con las pruebas técnicas esclarezca este caso de presuntas chuzadas que tiene hablando a todo el país.
Sobre las 7:00 de la mañana llegó al palacio de justicia el director Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, a una reunión que él mismo pidió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia el magistrado Gerson Chaverra en medio del escándalo de presuntas interceptaciones ilegales al vicepresidente de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez.A su salida de la reunión el director del DNI, aseguró que la mayoría de versiones sobre las presuntas chuzadas son “rumores”, refiriéndose al escándalo de presuntas interceptaciones ilegales al magistrado de la Corte Constitucional.Además, el director del DNI dice que acordaron junto con el presidente de la Corte Suprema de Justicia crear una mesa de trabajo con los otros presidentes de las altas cortes para tratar este delicado caso.“Desde el año pasado, en junio del año anterior, se viene hablando de este mismo rumor, sin que haya ninguna prueba en concreto, sin que haya una investigación en concreto. Entonces, el llamado que hago es, por favor, cuando haya este tipo de informaciones, de rumores, percepciones o temores, poner en conocimiento de las autoridades”, aseguró el director del DNI.Por último, Carlos Ramón Gonzales, director de la DNI negó categóricamente que su institución estuviera llevando a cabo seguimientos o interceptaciones ilegales de las comunicaciones de la oposición.
Los magistrados de la Corte Constitucional se reunieron hace unos días con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para advertirle de posibles actos de espionaje de los que pueden estar siendo víctimas en la más alta corte del país.Los magistrados, en una reunión privada, le comentaron a la fiscal que les ha llegado información de "fuentes de absoluta credibilidad" sobre un posible espionaje a los jueces, lo que no sería algo nuevo en el país donde ha habido varios casos de espionaje en el sistema judicial.En diálogo con Mañanas Blu, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, entregó detalles de las advertencia que hicieron ante la Fiscalía sobre las presuntas interceptaciones ilegales y cómo empezó a identificar que esto estaba sucediendo. Reveló que no de trata de una denuncia penal, solo es una narrativa de los hechos que hizo, pero que son objetos de investigación por parte de la Fiscalía. "En realidad yo no hice una denuncia, sino hice una presentación de una serie de hechos que consideré que podían ser irregulares. Los hechos se relacionan con una presunta intervención en las comunicaciones", dijo.Agregó que él hizo la advertencia sobre la sospecha de interceptaciones a una persona, pero que no se trató de ninguna cadena de WhatsApp, ni que él emitió ni que él recibió. "Lo dije a manera de prevención y seguramente lo replicaron", dijo sobre el mensaje que empezó a ser replicado masivamente. Sobre cómo empezó a sospechar, dijo que de acuerdo a su experticia se vio en la necesidad de advertir: "En algunos casos somos víctimas de hackeo y si alguna cosa ocurre hay la necesidad de prevenir y eso fue lo que hice, prevenir".Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro ha sido insistente en que que su Gobierno no ha "interceptado a nadie de manera ilegal" tras las recientes denuncias de varias cortes de presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales a magistrados y achacó la información a "fake news" de los medios de comunicación."Le llegan rumores a la prensa y los vuelven noticia. Les llegan WhatsApp a los magistrados y se creen la red de WhatsApp. Se cree en el 'fake news'. Están intentando debilitar al Gobierno rompiendo sus relaciones internas y sus relaciones con las otras ramas del poder público, con 'fake news'", dijo Petro en una ceremonia de ascensos de la Policía.Denuncia de la Corte ConstitucionalMagistrados de la Corte Constitucional se reunieron la semana pasada con la fiscal general para advertirle de posibles actos de espionaje en su contra.La Corte Constitucional tiene entre sus funciones las de examinar si las reformas del Gobierno, aprobadas mediante leyes o decretos, cumplen los requisitos de constitucionalidad.Según medios colombianos, el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, le entregó a la fiscal una carta en la que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez denuncia que él y su esposa son "víctimas de una persecución por parte de organismos de inteligencia estatal".Tras esa denuncia, Camargo ordenó "iniciar la investigación correspondiente de forma inmediata", a la que se suma la indagación interna anunciada este lunes por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre)."El Gobierno nacional no intercepta comunicaciones. Ha sido prohibida esta práctica explícitamente por el presidente de la república. La inteligencia del Estado solo investiga grandes criminales y hemos tenido éxito en esa inteligencia", expresó este el presidente Gustavo Petro en X. Hay que "dejar de caer en ingenuidades que construyen los grupos nazis", señaló el mandatario.El posible espionaje al Poder Judicial ya sucedió en el pasado, durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), lo que derivó en un escándalo con condenas a algunos de los responsables. Aquí la entrevista completa con el magistrado:
