El exalcalde Carlos Iván Caamaño, junto con el exsecretario de Planeación, habría suscrito el contrato bilateral 009 de 2021 para la adquisición de baterías sanitarias para el municipio.Según la entidad, los funcionarios cesarenses habrían suscrito el contrato bilateral 009 de 2021 para la adquisición de 76 baterías sanitarias, que, según la Procuraduría, habrían sido adquiridas por 19 millones de pesos cada una.Las baterías sanitarias son lugares que cuentan con elementos como inodoros, lavabos, urinarios, duchas y sistemas de tratamiento de aguas residuales. Por lo tanto, la entidad va a revisar si estos elementos realmente alcanzan la cifra de los 19 millones de pesos.>>> Lea también: Isagen anunció descuento de hasta el 10 % en contratos para zonas especiales en el CaribeEntre las investigaciones, el ente de control revisará si los servidores públicos contaron con los estudios de precios reales al momento de realizar la etapa de planeación y, a su vez, si establecieron el valor unitario de los elementos higiénicos antes de comprarlos.Con esta recopilación de datos, el ente busca establecer si se vulneraron los principios de planeación, transparencia y moralidad pública al momento de adquirir estos elementos. También se busca determinar si el papel que desempeñaron el exalcalde Carlos Iván Caamaño y el exsecretario Duber Andrés Simanca merece una sanción disciplinaria.Esta no es la primera vez que el exalcalde de Chiriguaná es acusado de irregularidades. En el año 2021, el entonces alcalde pretendía construir 120 viviendas en el departamento, una obra que sí se realizó, pero que presentó inconsistencias en el fondo de vivienda de donde se obtuvieron los recursos para la ejecución del proyecto.
El pasado 3 de abril, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) publicó la resolución 1655 del 21 de diciembre de 2015 con la que se autorizó a la canadiense a explotar estos combustibles en los municipios de Chiriguaná y La Jagua, a través de la fractura de rocas. Esta resolución contrasta con la reiterada negativa del Gobierno y autoridades ambientales en que el ‘fracking’ está prohibido en Colombia y que su práctica no es una opción en la actualidad. Así lo insiste, Fernando Iregui, director de la ANLA, quien fue categórico en negar que en Colombia no se ha autorizado en ningún momento el uso de la tecnología llamada ‘fracking’ o fracturamiento hidráulico”. No existe”. Sin embargo, Carlos Andrés Santiago, líder ambiental en el Cesar, aseguró que la ANLA le ha mentido al país y que “estamos ante un escenario de irreversibles daños ambientales”, ya que la resolución autorizó la perforación y operación de 57 pozos cuyo fracturamiento hidráulico de cada uno requiere de unos 2400 metros cúbicos de agua, cantidad equivalente a lo que consumiría en la región Caribe. En ese mismo sentido, el exministro de Medio Ambiente Manuel Rodríguez advirtió que la práctica de esta técnica ha sido prohibida en cerca de 300 condados de Estados Unidos y en algunas zonas de Canadá, ya que “es una técnica muy precisa en la cual se hace una perforación vertical a ciertas profundidades y se mete a presión una gran cantidad de agua”. Respecto a la resolución 1655 en específico, Iregui explicó que los permisos “podría dar a entender que es fracturamiento hidráulico, pero lo que se hace es para permitir la permeabilidad para que libere el gas, diferente a la tecnología ‘fracking’, que en Colombia no se ha usado”, que se da a mayores profundidades (3 mil metros), y que los químicos, arenas y líquidos adicionales que serán usados por Drummond son diferentes a los del ‘fracking’. Drummond “ni siquiera ha iniciado el ejercicio para sacar gas, que piensa utilizar en la generación de electricidad para su planta de la mina”, dijo y añadió que “en Colombia hace muchos años están inyectando agua a los pozos o para almacenarlas o para agilizar y licuar fluidos como el gas, pero no es la tecnología de fracturamiento de roca o mantos de grandes profundidades que se hace con el fracking”. “Doy completa tranquilidad de que en este momento no se ha autorizado exploración en ninguna parte”, puntualizó. Aunque la ANLA descarta que esta licencia pueda ser relacionada con el 'fracking', las coincidencias en el método que encuentran los expertos ambientalistas, ¿podría ser el principio de esta metodología en el país?
