El medio digital Vorágine denunció que su periodista Nicolás Sánchez Arévalo, recibió una amenaza de muerte y que sus familiares fueron intimidados, por cuenta de sus investigaciones sobre "relaciones empresariales con actores del conflicto armado"."El miércoles 9 de octubre, Nicolás Sánchez Arévalo, uno de nuestros reporteros, recibió una amenaza de muerte directa. Fue explícita, calculada, e incluyó intimidaciones a sus familiares", expresó el medio en un editorial escrito por su director, José Guarnizo.Agregó: "La sentencia tiene que ver con su oficio, con las investigaciones que ha venido realizando sobre relaciones empresariales con actores del conflicto armado, más concretamente con el paramilitarismo y el narcotráfico".En diálogo con Mañanas Blu, Guarnizo explicó que las investigaciones de Vorágine no son las culpables de la amenaza, pero sí están relacionadas. Nicolás ha publicado historias relacionadas con Chiquita Brands y la violencia paramilitar de los años 90, además de otras publicaciones que involucran a grupos paramilitares y políticos. Ante la amenaza, Guarnizo comenta que están tomando todas las medidas necesarias, en colaboración con la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa), para garantizar la seguridad de Nicolás y su familia. También mencionó que han recibido el apoyo del presidente Petro, quien está analizando los casos de alto riesgo en colaboración con la FLIP. Sin embargo, Guarnizo enfatizó que estas amenazas no solo afectan a Vorágine, sino a muchos periodistas anónimos en todo el país. Según la FLIP, se han documentado 164 amenazas de muerte este año, superando la cifra del año pasado. En cuanto al trabajo de Vorágine en temas relacionados con el conflicto armado en Colombia, Guarnizo mencionó que intentan cubrir el conflicto para comprenderlo y arrojar luz sobre él. Han tenido reporteros en diferentes partes del país tratando de entender lo que está sucediendo. Guarnizo comentó que el panorama no es alentador, ya que los grupos armados han evolucionado y ahora se llevan a cabo conflictos con dinámicas propias en cada zona. Escuche aquí la entrevista:
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro, se refirió al caso y a la negociación del abogado Paul Wolf, quien llegó a un acuerdo por 12.8 millones de dólares para la reparación de las víctimas; sin embargo, a estas se les entregaría un monto mucho menor que no sobrepasaría los 1.300 dólares cuando sea un caso no documentado en la Unidad de Víctimas.Sobre esto, el presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de X: "La vida en Colombia no vale USD $1.300. Si adoran tanto el mercado, vale lo que vale una póliza de vida en los EEUU. Si quieren el progresismo, la vida es invaluable, no es un bien de mercado. La indemnización de Chiquita Brands al pueblo colombiano es la propiedad de su empresa y las condiciones de vida para toda la población del Urabá".El mandatario agregó que quienes ordenaron el asesinato masivo de miles de sindicalistas deben ir a la cárcel y ser tratados como delincuentes de lesa humanidad.Chiquita Brands era una multinacional relevante para la producción de plátano en el mundo. Esta empresa fue condenada por un jurado de Florida y se le ordenó pagar más de 38 millones de dólares a las familias de ocho víctimas de las AUC. Esto se logró luego de una larga batalla legal.
En las últimas horas, se conoció una decisión del Tribunal del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, en la cual se determinaba que la multinacional Chiquita Brands había financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia entre 1997 y 2002, en Urabá y el Magdalena Medio. Es por esto que la justicia norteamericana ordenó la indemnización de las víctimas.En Colombia este proceso lo lleva el juzgado sexto penal del Circuito Especializado de Antioquia, sin embargo, los representantes de víctimas alertan que en el país el juicio lleva 3 años y que el 17 de septiembre de 2025 podrían prescribir estos hechos, tras un proceso que ha durado 18 años."Esto sucedió hace 30 años ya, y llevamos 18 años en procesos judiciales. En 2007 se conocen las primeras denuncias y en 2012 quedan en firme y pasan a juzgados, en 2019 y después de las apelaciones ya se pasa a juicio y llevamos 3 años en juicio. Audiencias y más audiencias, testimonios y testimonios y vamos es para la prescripción de los hechos. Pedimos a las autoridades judiciales que de manera pronta tomen decisión sobre los casos de la financiación a los paramilitares por empresas en la región del Urabá", asegura Gerardo Vega, directivo de la organización Forjando Futuros.Por otro lado, desde el Centro Nacional de Memoria Histórica se refirió a esta sentencia. Desde la entidad aseguraron que este es un mensaje para las empresas que violan los derechos humanos."Este veredicto envía un mensaje contundente a las empresas que violan derechos humanos: sus actos no quedarán impunes. La fortaleza de estas familias colombianas logró un triunfo en el sistema judicial, según Marco Simons, director jurídico de EarthRights, que acompañó a las víctimas", señaló el CNMH.
El presidente Gustavo Petro criticó este martes al sistema judicial de Colombia por no haber establecido la responsabilidad de la multinacional del banano Chiquita Brands International, acusada de financiar a grupos paramilitares, por lo que fue condenada en Estados Unidos."¿Por qué la justicia de EEUU pudo determinar en verdad judicial que Chiquita Brands financió el paramilitarismo en Urabá?", escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.Un jurado federal de Florida (EE.UU.) falló el lunes que Chiquita Brands tendrá que pagar 38,3 millones de dólares a demandantes y familiares de las víctimas de los paramilitares en Colombia, en especial en la región de Urabá (noroeste).Según el dictamen del juicio civil en una corte de West Palm Beach (Florida), la empresa no demostró que "la asistencia que brindó" al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para proteger a sus empleados de la violencia fue resultado de una "amenaza ilegal, inmediata e inminente" por parte de ese grupo terrorista.Al respecto, Petro se preguntó hoy: "¿Por qué no pudo la justicia colombiana?", al referirse a que en el país no hay condenados por este caso.Víctimas en Urabá celebran fallo contra Chiquita Brands por financiación de las AUCAdemás, el jefe de Estado reiteró su idea de establecer un único tribunal de cierre de la verdad judicial dentro del conflicto armado interno, pese a que esa función ya la tiene la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada a instancias del acuerdo de paz firmado en 2016 con la antigua guerrilla de las FARC."Si el acuerdo de paz del 2016, que ya sabemos es una declaración unilateral de Estado que nos compromete ante el mundo habla de un solo tribunal de cierre de la verdad judicial, ¿Por qué no lo tenemos?", concluyó Petro.Tras más de una década de litigios, la corte de West Palm Beach señaló que la ayuda de Chiquita a las AUC, constituyó "una actividad peligrosa" que aumentó el riesgo para los miembros de la comunidad más allá de aquellos peligros a los que estuvieron normalmente expuestos.Por eso, la multinacional tendrá que pagar 38,3 millones de dólares a los demandantes, que son sobrevivientes y familiares de víctimas de la violencia paramilitar en la década de 1990 y comienzos de este siglo XXI.Chiquita Brands International, que cerró sus operaciones en Colombia en 2004, admitió en 2007 en una corte de Nueva York que había pagado a paramilitares colombianos 1,7 millones de dólares, según la empresa "bajo presión" para proteger a sus trabajadores.Le puede interesar:
El Tribunal del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, declaró responsable a la multinacional bananera por financiar el paramilitarismo en Urabá y el Magdalena Medio entre los años 1997 y 2004. La justicia norteamericana ordenó indemnizar a las víctimas, tras un proceso judicial que duró más de 17 años.El Centro Nacional de Memoria Histórica se refirió a esta sentencia en las últimas horas. Desde la entidad aseguran que este es un mensaje para las empresas que violan los derechos humanos."Este veredicto envía un mensaje contundente a las empresas que violan derechos humanos: sus actos no quedarán impunes. La fortaleza de estas familias colombianas logró un triunfo en el sistema judicial, según Marco Simons, director jurídico de EarthRights, que acompañó a las víctimas", señala el CNMH.Según los documentos aportados durante el proceso, los directivos de Chiquita Brands tenían conocimiento sobre estos aportes a las Autodefensas."La condena a Chiquita Brands es un hecho histórico. La empresa, que financió a los paramilitares con cerca de US $1,7 mil, deberá indemnizar a ocho víctimas por las atrocidades cometidas. Los documentos internos demostraron que los directivos conocían el destino de los fondos", aseguran desde el Centro Nacional de Memoria Histórica.
El exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y abogado de la fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega, aseguró que el histórico fallo de una corte de Estados Unidos, a diferencia de otros, “está dirigido a las víctimas” que dejó el paramilitarismo en la región de Urabá en el caso de la multinacional Chiquita Brands, acusada de ser responsable de financiación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 1997 y 2004; recursos que, supuestamente, pagaron para proteger a sus empleados de ese entonces. La empresa dijo que fue consecuencias de amenazas.Así eran los pagos a los paramilitares: esta es la historiaCabe recordar que la fundación Forjando Futuros ha jugado un papel vital en la investigación del despojo de tierras en Colombia, específicamente, en el caso de Chiquita Brands. Vega contó que, durante las audiencias de Justicia y Paz, miembros desmovilizados de las autodefensas han confesado que esta compañía y otras empresas comercializadoras giraron millones de dólares a las cooperativas Convivir, dinero que posteriormente llegaba a las autodefensas en la región del Urabá.A pesar de que algunas empresas argumentaron que creían que las Convivir eran legales, los testimonios de los paramilitares y la evidencia respaldan la existencia de un acuerdo para financiar grupos armados ilegales de la época. Chiquita Brands, que se encargaba de la producción y distribución de bananos, fue condenada a pagar una multa de 38,3 millones de dólares a los demandantes por su financiamiento a los paramilitares. Sin embargo, Vega insistió en que este dinero debería llegar a Colombia y ser utilizado para reparar a las víctimas.“Chiquita Brands ha sido acusada y hallada responsable de girar 1.7 millones de dólares entre las comercializadoras que exportaban banano desde Colombia (…) Pero muchas otras empresas exportaban y pagaban tres centavos de dólar a los a las cooperativas Convivir de vigilancia, dinero que posteriormente llegaba a la familia Castaño o a las autodefensas o grupos paramilitares de la región de Urabá. Eso ha sido confesado no solamente por Chiquita, empresas colombianas comercializadoras también han dicho que ellos sí ponían los tres centavos de dólar, que lo que pasaba es que ellos pensaban que como las Convivir eran legales, pues era una operación legal. Es lo que han dicho", recordó. El abogado Vega señaló que, realmente, lo que está demostrado y según las confesiones de los miembros de las autodefensas, es que allí "lo que había era un acuerdo celebraron en una casa grande" en pleno centro de Medellín, en la avenida del Poblado "que se llama Montecasino”. De acuerdo con Vega, en ese lugar estaban los Castaños, donde, además, vivían y “despachaban desde ahí”.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
Tras casi tres décadas de denuncias y por lo menos 20 años de litigio, finalmente víctimas del fenómeno paramilitar en el Urabá antioqueño, empezaron a ver justicia luego de que, ante un tribunal de Estados Unidos, la multinacional bananera Chiquita Brands admitiera que entregó entre 1997 y 2004 casi 2 millones de dólares a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia para financiar sus acciones violentas.Víctimas como Raquel Sena, a quien los paramilitares le asesinaron en Urabá a su esposo, Fidel Hernández, son conscientes que ya no hay ninguna decisión que devuelva a la vida a su ser querido, pero esperan que se siente un precedente frente a estos hechos y que haya una efectiva reparación económica tras haber sido desplazados de la zona perdiendo propiedades y cultivos de los que vivían.Chiquita Brands International y el paramilitarismo en Colombia"Aunque uno la muerte de él nunca la va a superar porque todo se perdió, la casa, los cultivos, yo quiero que Chiquita Brands nos reconozca porque ellos eran los que le pagaban esa gente para que mataran acá", señaló.En este caso, y, aunque el proceso se desarrolló en Estados Unidos, la defensa de las víctimas aclaró que “se debe aplicar el código civil colombiano”, por lo que se debería avanzar hacia un proceso de indemnización y de reparación de quienes se vieron afectados por estos delitos.Precisamente Gerardo Vega, defensor de derechos humanos y quien acompañó las reclamaciones de muchas de estas personas mientras estuvo al frente de la Fundación de Forjando Futuros, destacó que ahora de quien se esperan acciones en la misma vía es de parte de la justicia colombiana, sobre la cual considero, tiene pruebas suficientes para proceder en el mismo sentido."Los jueces norteamericanos ya dijeron la responsabilidad de Chiquita Brands pero falta que la justicia colombiana los jueces colombianos y los tribunales condenen a los empresarios que en Colombia y a las empresas que en Colombia también como chiquita daban 3 centavos de dólar por caja exportada para los grupos paramilitares", dijo Vega.En el caso de la justicia colombiana el proceso avanza lento en medio de cambios de fiscales, jueces y solicitudes de nulidad por parte de la defensa de algunos de los acusados que incluyen tanto a empresarios bananeros como a mandatarios locales y militares de aquel entonces, encargados de aprobar la operación de estos grupos en la zona.Se teme que si no hay avances prontos las primeras decisiones que se tomaron en septiembre 2019 con la resolución de acusación puedan prescribir en el mismo mes de 2025.
El 14 de noviembre de 2003, el conflicto y la violencia tocaron a la puerta de Fidel Hernández y de su esposa, Raquel Serna. Ese día, él fue asesinado y su crimen fue vinculado a la multinacional Chiquita Brands Internacional debido a su financiación de grupos paramilitares en la región de Urabá, Antioquia.Hoy, la viuda narra cómo los paramilitares querían expulsar a su esposo de su tierra, razón principal de su asesinato. Por ese hecho, la familia de Hernández está a punto de recibir una millonaria indemnización como resultado de una demanda contra la empresa en Estados Unidos.La reciente derrota de Chiquita Brands en una corte de la Florida representa una victoria significativa para nueve víctimas del paramilitarismo, quienes han luchado durante años para que se reconozcan sus derechos y se haga justicia. Desde los años 90, se sabía que la empresa financiaba a los paramilitares, algo que fue confirmado tanto por la justicia colombiana como ahora por la estadounidense. Según Raquel Serna, los paramilitares exigían pagos de Chiquita Brands, y aquellos que se oponían a sus actividades eran brutalmente reprimidos.Raquel Serna, una de las demandantes que logró vencer a la multinacional, compartió en Mañanas Blu, con Néstor Morales, los detalles del trágico día en que su esposo fue asesinado."Salió el 14 de noviembre hacia Apartadó. Unos señores se montaron con él en el chivero y, cuando iban llegando a Apartadó, lo bajaron a la fuerza y lo asesinaron, relató la mujer, quien dijo que su esposo tenía 60 años al momento de su muerte.Según dijo, su asesinato estuvo directamente relacionado con sus denuncias contra las actividades paramilitares en la región.La carta que selló su destinoLa conexión entre el asesinato de Hernández y Chiquita Brands se descubrió a través de una carta que él mismo escribió denunciando las actividades paramilitares y su impacto en la comunidad. Según Serna, esta carta llegó a manos equivocadas: "Él hizo una carta y la llevó al batallón del Ejército denunciando a los paramilitares, pero ese coronel entregó la carta a los paramilitares".Esta denuncia puso a Hernández en la mira de los paramilitares, quienes ya tenían interés en las tierras que él y otros campesinos se negaban a vender. La carta mencionaba los nombres y las actividades de los paramilitares, y pocos días después de entregarla, Hernández fue asesinado.Serna recuerda con dolor cómo advertía a su esposo sobre los riesgos de hacer públicas sus denuncias: "Le dije que esa carta rodando por ahí lo iba a poner en riesgo."Tras años de lucha y múltiples audiencias, incluyendo testimonios de exparamilitares como Raúl Hasbún, quien lideraba los grupos en Urabá, la justicia estadounidense finalmente reconoció la responsabilidad de Chiquita Brands en la financiación del conflicto.La empresa alegó que los pagos se realizaron bajo coerción para proteger a sus empleados, pero el tribunal concluyó que estos fondos facilitaron masacres, homicidios selectivos y el desplazamiento forzado de miles de personas.Raquel Serna y otras ocho familias están ahora a la espera de recibir una indemnización que podría alcanzar hasta 27 millones de dólares por víctima. Aunque Chiquita Brands ha anunciado su intención de apelar la decisión, la esperanza de justicia y reparación está más cerca que nunca para estas víctimas.La esperanza de un futuro mejorSerna, quien ha vivido en Nueva Colonia, Urabá, toda su vida, expresa una mezcla de alivio y desasosiego. A pesar de la posibilidad de recibir una indemnización significativa, el dolor de perder a su esposo y la carga de criar a sus hijos y nietos sola sigue presente. "Quisiera comprar una casita en otra parte," dice, contemplando la idea de mudarse a Medellín para empezar de nuevo lejos del lugar que fue testigo de tanta violencia.Escuche la entrevita completa en el siguiente enlace:
Un jurado federal en Florida, Estados Unidos, determinó este lunes que Chiquita Brands International, la multinacional bananera con orígenes en América Central y el Caribe, deberá compensar con 38,3 millones de dólares a los demandantes y familiares de las víctimas en Colombia. La empresa fue acusada de financiar a grupos paramilitares responsables de miles de muertes en el país sudamericano.Después de una década de litigios, el veredicto en el juicio civil, que tuvo lugar en una corte de West Palm Beach, concluyó que Chiquita no logró demostrar que el apoyo brindado al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fue una respuesta a una "amenaza ilegal, inmediata e inminente". Además, la compañía no pudo justificar que no tenía "otra alternativa razonable" más que proporcionar asistencia a las AUC.Orígenes de Chiquita BrandsLa historia de Chiquita Brands se remonta a finales del siglo XIX, cuando el empresario estadounidense Minor Keith fundó la United Fruit Company (UFC) en 1899. La compañía se dedicaba al cultivo, transporte y venta de banano, y rápidamente se convirtió en un gigante de la industria, controlando gran parte del mercado mundial.La UFC era conocida por sus prácticas agresivas, apodada el "pulpo verde" por su control sobre la tierra, el transporte y la distribución del banano. La compañía enfrentó acusaciones de explotación laboral, sobornos a gobiernos y uso de tácticas anticompetitivas.Un siglo de crecimiento y transformacionesA lo largo del siglo XX, la UFC continuó expandiéndose y diversificándose. Adquirió nuevas empresas, amplió sus operaciones a nuevos países y lanzó nuevas marcas, incluyendo Chiquita Banana en 1967. La compañía también enfrentó nuevos desafíos, como la competencia de otras empresas bananeras, enfermedades que afectaron los cultivos y cambios en las preferencias de los consumidores.En la década de 1970, la UFC se vio envuelta en un escándalo por pagos a grupos paramilitares en Colombia. La compañía fue acusada de financiar la violencia contra trabajadores sindicalizados y comunidades locales. En 2007, Chiquita Brands, la sucesora de la UFC, se declaró culpable de estos cargos y acordó pagar una multa de $25 millones.Chiquita Brands en la actualidadA pesar de los controversias de su pasado, Chiquita Brands sigue siendo una importante empresa bananera en la actualidad. La compañía ha tomado medidas para mejorar su imagen pública y sus prácticas comerciales, y se compromete con la sostenibilidad y la responsabilidad social.Legado y repercusionesLa historia de Chiquita Brands es compleja y está marcada por el éxito empresarial, la controversia y el impacto social. La compañía ha jugado un papel significativo en la industria bananera y en la historia de muchos países en desarrollo.Aspectos clave de la historia de Chiquita Brands:• 1899: Fundación de la United Fruit Company (UFC) por Minor Keith.• Década de 1920 y 1930: Expansión de la UFC y dominio del mercado bananero mundial.• Década de 1970: Escándalo por pagos a paramilitares en Colombia.• 1989: Cambio de nombre a Chiquita Brands International.• 2007: Chiquita Brands se declara culpable de financiar paramilitares y paga una multa de $25 millones.• Actualidad: Chiquita Brands sigue siendo una importante empresa bananera, comprometida con la sostenibilidad y la responsabilidad social.
El dictamen del juicio civil en una corte de West Palm Beach (Florida), tras una década de litigios, señala que Chiquita Brands International no demostró que "la asistencia que brindó" a las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para proteger a sus empleados de la violencia fue resultado de una "amenaza ilegal, inmediata e inminente" por parte de ese grupo terrorista.La ayuda de Chiquita a las AUC, según el fallo, constituyó "una actividad peligrosa" que aumentó el riesgo para los miembros de la comunidad más allá de aquellos peligros a los que estuvieron normalmente expuestos.La multinacional deberá pagar 38,3 millones de dólares a los demandantes, que son sobrevivientes y familiares de víctimas de la violencia paramilitar en la década de 1990 y comienzos del siglo XXI, especialmente en la región bananera de Urabá.Chiquita Brands International, que cerró sus operaciones en Colombia en 2004, admitió en 2007 en una corte de Nueva York que había pagado a paramilitares colombianos 1,7 millones de dólares, según la empresa "bajo presión".Justicia en ColombiaTras conocerse el fallo, el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) Gerardo Vega manifestó que si bien este fallo es importante, aún falta "que la justicia colombiana proceda y condene a las empresas que eran filiales de Chiquita"."En el pasado ya en EE.UU. los habían condenado a pagar una multa de 25 millones de dólares por haber financiado a las AUC, a los paramilitares y haber causado una tragedia enorme (...) La Justicia colombiana debería actuar también rápidamente", agregó Vega en un video publicado en sus redes sociales.Por su parte, Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta y exgobernador del departamento caribeño de Magdalena, donde también hay grandes extensiones de tierra dedicadas al cultivo del banano, consideró que "el fallo en Estados Unidos contra la multinacional bananera Chiquita Brands les da un triunfo y reivindica a las decenas de víctimas del paramilitarismo"."El apoyo de esos empresarios, con más de 1,7 millones de dólares, les permitió a los paramilitares aumentar su presencia en el Magdalena y el Urabá, donde asediaron a las comunidades y dejaron en varias zonas un modelo de producción proclive al narcotráfico", expresó Caicedo en X.Añadió que "fueron 18 años de lucha en búsqueda de que las actuaciones corruptas de empresarios internacionales, que auspiciaron la vulneración de los derechos humanos, no quedaran impunes".
