La compañía minera informó a través de un comunicado que gracias a la intervención de varias entidades locales y regionales, se lograron levantar las vías de hecho para abrir un espacio de diálogo con dos comunidades afro e indígenas de la región de Montelíbano, en Córdoba.Desde el pasado domingo, 10 de diciembre, se presentaron bloqueos por parte de integrantes del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Uré y el Cabildo Indígena La Libertad de Puerto Colombia.Esas manifestaciones impedían el normal desarrollo de las operaciones propias de la mina y mantuvieron encerrados a 450 trabajadores en la Planta.Asegura Cerro Matoso que “finalmente, los líderes comunitarios accedieron a levantar el bloqueo para continuar el relacionamiento en diversos espacios de diálogo. Sin embargo, la compañía insiste en que estas vías de hecho van en contravía del relacionamiento establecido entre las partes para la obtención de acuerdos y el manejo responsable de las diferencias”.Cabe recordar que una de las razones para que estas comunidades se manifestaran era la exigencia para que la mina entregara oportunidades laborales a los habitantes de Montelíbano.Puede ver:
Desde hace más de 30 horas se presentan bloqueos a las vías de acceso a la planta de la mina de Cerro Matoso en Montelíbano, Córdoba, informó la compañía en un comunicado.De acuerdo con la empresa, que explota ferroníquel en esta región del país, los bloqueos son promovidos por integrantes del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Uré y el Cabildo Indígena La Libertad de Puerto Colombia.Aseguró la minera que las “manifestaciones están vulnerando el derecho al trabajo y libre movilidad de más de 2.000 personas, entre empleados directos y contratistas, especialmente de 450 personas, quienes permanecen encerrados en la Planta desde el domingo”.La compañía está bajo el control de la australiana South32 desde el 2015 y produce cerca de 52.000 toneladas de níquel al año. Por eso advierte que, si los bloqueos no se levantan en las próximas horas, “la empresa se verá obligada a declarar la fuerza mayor en la ejecución de sus contratos y suspender todas las actividades que no sean imprescindibles para la operación”.Y es que, según el comunicado, Cerro Matoso ha cumplido a cabalidad con los acuerdos alcanzados con las comunidades desde el 2019 tras 18 meses de diálogo, 115 mesas de trabajo y 1.000 participantes. Allí mismo advierten que los cambios en la composición de las juntas directivas de las asociaciones comunitarias “no pueden pretender desconocer los acuerdos previos”.Agregó Cerro Matoso que las comunidades afro e indígenas, al parecer, están demandando que la minera entregue oportunidades laborales a lo que la compañía responde: “No podemos privilegiar a una comunidad frente a otra en lo que respecta a oportunidades de empleo (...) debemos garantizar igualdad de oportunidades para todos en la región, producto de procesos transparentes de selección y según las necesidades de la operación”.Puede ver:
El departamento de Córdoba ya cuenta con un moderno edificio del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, que beneficiará a más de 4.500 personas.Se trata de una edificación que supera los 3.200 metros cuadrados ubicada en Cerro Matoso, uno de los municipios beneficiarios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, a nivel nacional.Para esta obra se invirtieron más de 8.800 millones de pesos, donde se brindará formación de calidad para los habitantes del sur del departamento de Córdoba y municipios vecinos.Las personas podrán cursar carreras técnicas y tecnológicas en producción agropecuaria, cárnicos, fruver, panadería, cocina y barismo con instalaciones y equipos de última tecnología.Además se entregó la construcción del bloque de Agroindustria, Administración y Urbanismo, Cerro Matoso también entregó la dotación de elementos de cocina, oficina, enfermería, gastronomía y producción de cárnicos y lácteos.Para la realización de esta nueva sede se generaron 82 puestos de trabajo, el 95% de las personas contratadas son de la región, así como proveedores locales vinculados a la ejecución de las obras civiles y metalmecánicas, interventoría y proveeduría de equipos, entre otros, aportando a la reactivación económica local y regional.Gracias a estas obras, realizadas con impuestos PDET, se han puesto en marcha 77 proyectos por valor de $613.253 millones para transformar los territorios más afectados por la violencia y la pobreza.
Cerro Matoso respondió con 'los guantes arriba' a la decisión de la Contraloría de abrirle un proceso por responsabilidad fiscal por, supuestamente, haber evadido regalías por 619.000 millones de pesos."El alcance de esta investigación carece de sustento jurídico y técnico, toda vez que se refiere a contratos de concesión finalizados en 2012 que hoy en día están siendo liquidados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Dicha investigación atenta contra la seguridad jurídica, pilar para promover y proteger la inversión extranjera en Colombia", señaló Cerromatoso en un comunicado.La compañía asegura que la Contraloría incluyó las regalías por hierro en sus cálculos, a pesar de que no tenía la obligación de pagar, según los contratos.Vea aquí: Contraloría abrió millonario proceso fiscal a Cerro Matoso y funcionarios de la ANMCerro Matoso asegura que en sus 37 años de operación pagó cerca de 3 billones de pesos.
Luego del anuncio de que comunidades indígenas en el Caribe, que habitan cerca del proyecto minero Cerro Matoso, recibirán una histórica cifra de 148.000 millones de pesos para temas relacionados con medio ambiente e inversión social durante los próximos 25 años, el presidente de dicha compañía desmintió que dicha compensación tenga que ver con temas de salud.Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias."Nosotros no sabemos hasta ahora ni tenemos conocimiento de ninguna demanda relacionada con tema de salud ni de ningún tipo de indemnización relacionada con salud", afirmó Ricardo Gaviria en BLU Radio.Lea también: Autoridades deben pagar por su omisión en caso Cerro Matoso, según abogadosLas compensaciones, según Gaviria, fue hacer consultas previas con las comunidades sobre temas relacionados con el medio ambiente, mitigaciones, controles de impacto, en compañía de miembros de las comunidades. "Lo que hicimos fue seguir las órdenes de la Corte que nos ordenó hacer consultas previas con 8 comunidades. Esto tiene que ver netamente con la consulta previa", recordó Gaviria, explicó Gaviria en BLU Radio. "La consultas previas es un tremendo negocio tanto para las comunidades como para las empresas", finalizó el presidente de Cerro Matoso.Escuche aquí la entrevista en Mañanas BLU con el presidente de Cerro Matoso Ricardo Gaviria:
La demanda mediante la que se busca una indemnización por más un billón de pesos a favor de las comunidades afectadas por Cerro Matoso, también irá contra las autoridades ambientales por omisión, no solo contra la empresa minera, confirmó a Blu Radio uno de los abogados que lidera el tema.Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias."Aclaro que la demanda no va solo contra la compañía minera, va contra el Ministerio de Ambiente, Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge ( CVS) y todas las autoridades ambientales, porque estamos absolutamente seguros que debido a su omisión también son responsables de los daños que están procesalmente probados", aseguró el abogado Javier de La Hoz, uno de los apoderados de las más de 4 mil 200 personas que conforman las comunidades afectadas en su salud por la operación de la mina de Cerromatoso, según un fallo emitido desde el año pasado.Le puede interesar: Candidato a la Gobernación del Valle cerró su campaña repartiendo plátanos La demanda se anunció a través de un comunicado de la firma Lawyers Enterprise, pero se hará efectiva la próxima semana.El fallo inicial obliga a la empresa Cerro Matoso a pagar 160 mil millones de pesos en medidas de compensación, pero ahora se inicia un nuevo paso en el proceso en que las comunidades buscan indemnización por los perjuicios causados.Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones, los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.
Al considerar que el cobro de regalías pendientes por más de 170.000 millones de pesos no tiene sustento, Cerro Matoso anunció acciones legales nacionales e internacionales para detener este proceso.A través de un comunicado oficial, la compañía Cerro Matoso S.A. indicó que actualmente mantiene una discusión judicial con la Agencia Nacional de Minería – ANM – por la liquidación de dos contratos terminados en 2012. Sin embargo, según la firma, la ANM declaró unilateralmente la existencia de una deuda por cuenta de Cerro Matoso por la supuesta deducción errónea de costos en la liquidación de regalías entre 1998 y 2003, y por un cobro retroactivo de regalías desde 2007 hasta 2012.A juicio de la firma, la ANM “no tiene elementos para soportar un cobro coactivo, ya que hasta la fecha no existe obligación exigible a la compañía, hasta que un juez así lo declare. Además, resulta improcedente ya que los cobros que pretenden hacer son sobre unas concesiones terminadas sobre los que la Agencia perdió total competencia para hacer cualquier tipo de cobro unilateral, y finalmente es legalmente inválido por el principio de la irretroactividad de la ley”.Vea aquí: Los reparos de magistrados que no votaron contra Cerro MatosoEn vista de eso, Carro Matoso ya procedió a tomar y tomará todas las acciones legales dentro y fuera de Colombia, “en defensa de sus legítimos intereses y de la protección de una certeza jurídica necesaria para la promoción de inversiones en el país”.Advierte la firma que “evaluará las repercusiones e impactos en el negocio para tomar las decisiones pertinentes teniendo en cuenta que, si dentro del proceso coactivo la Agencia llega a tomar medidas tendientes a paralizar la operación de Cerro Matoso, el Estado colombiano deberá enfrentar los perjuicios laborales, sociales y patrimoniales de todo orden que esta situación pueda llegar a generar.
La magistrada de la Corte Constitucional Cristina Pardo y el magistrado Alberto Rojas Ríos dejaron por escrito que la decisión de anular la tutela de Cerro Matoso pasó por alto la facultad de la decisión que tienen las salas al interior del alto tribunal.Vea también:Indemnización de USD 400 millones a Cerro Matoso la pidieron los abogados: líder zenú Para los magistrados, la decisión por mayoría que tumbó la sentencia T-733 de 2017 no tuvo en cuenta precedentes jurídicos para la protección de grupos vulnerables."Priva de efecto material la protección concedida por la Sala Séptima a los pueblos afectados en su salud, costumbres, identidad y vida", señala el escrito.Frente a la indemnización que se ordenaba en la sentencia de 2017, los magistrados Pardo y Rojas consideraron que la nulidad de esa condena se descartó "por la existencia de otros medios de reparación administrativa".No obstante, en la sentencia anulada se ordenó la indemnización en abstracto porque, precisamente, "había carencia de mecanismos idóneos y efectivos para obtener dicho reconocimiento".De igual forma, los magistrados elevaron el rechazo en esta nulidad porque se deja un mal precedente jurídico frente a las decisiones independientes de las Salas de la Corte Constitucional, y mucho más cuando se protegen los derechos de los más vulnerables."La fuerza de las determinaciones judiciales y el respeto a la seguridad jurídica se ven afectadas cuando se anulan sentencias que no son arbitrarias ni contrarias a derecho", agregó el documento.
Israel Aguilar, gobernador indígena del pueblo Zenú, se mostró preocupado por la decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional que anuló parcialmente la tutela que ordenó una serie de acciones contra Cerro Matoso S. A., entre ellas, el pago de una indemnización a más de 3 mil afectados.Lea acá también: Corte tumba la tutela contra Cerro Matoso y anula millonaria indemnización a víctimasEn diálogo con BLU Radio, el líder indígena dijo que existen debilidades al momento de resolver situaciones complejas como esta: “Nosotros nunca fijamos un precio. Ese monto (400 millones de dólares) salió de la escena de alto nivel, de los abogados que nos representan”.Aguilar negó, de otro lado, que como indígenas hayan cedido la mitad de sus derechos a favor de los abogados, de quienes dijo, hasta el momento no les han cobrado nada para adelantar el proceso.Asimismo, el líder indígena añadió que, pese a la decisión, no se quedarán quietos y seguirán luchando porque hay daños irreversibles en estas comunidades.“No nos quedaremos quietos porque hay daños irreversibles en el ambiente y la salud y no está garantizada nuestra supervivencia”, añadió.Según la decisión, la nulidad no afecta la protección del derecho a la salud que se había amparado en la sentencia T-733 de 2017.La sentencia T-733 de 2017 obligaba a la empresa Cerromatoso a indemnizar a las comunidades afectadas por la explotación indiscriminada de ferro níquel, la que fue anulada parcialmente este jueves.
Los magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional anularon parcialmente la tutela que ordenó una serie de acciones contra Cerro Matoso S. A., entre ellas, el pago de una indemnización a más de 3 mil afectados.Vea también: MinJusticia quitaría de la reforma las inhabilidades a magistrados de altas cortesSegún la decisión, la nulidad no afecta la protección del derecho a la salud que se había amparado en la sentencia T-733 de 2017.De acuerdo con la Corte Constitucional, la nulidad se relaciona con "la condena en abstracto a la indemnización del daño emergente, del lucro cesante y los daños morales".También tumbó la creación de un fondo especial de etnodesarrollo y la suspensión de las actividades extractivas en el caso de que haya incumplimiento de la sentencia.No obstante, el alto tribunal, con una votación de 5 a favor y 2 en contra, hizo la salvedad de que se mantendrán las órdenes que garantizan la consulta previa, el derecho a la salud y el disfrute de un medio ambiente sano de las comunidades étnicas que están en esos territorios.Asimismo, la Corte Constitucional mantuvo la obligación de Cerro Matoso de "obtener una nueva licencia ambiental adecuada a los estándares de protección".Con la nulidad de la tutela, Cerro Matoso no tendrá que pagar una suma de más de 300 millones de dólares. Por su parte, como una condena al exterminio recibió la comunidad del resguardo Zenú la decisión de la Corte Constitucional que pone reversa a gran parte de las acciones de reparación que una tutela le ordenó a la empresa minera Cerromatoso."Se condenaba a la empresa Cerromatoso, ahora la Corte condena a las comunidades bajo el dominio de la empresa para que sean exterminadas", dijo el líder indígena Israel Aguilar, en diálogo con Blu Radio.Los abogados de las 3.400 indígenas afectados con la decisión de la Corte analizan el fallo antes de emitir un comunicado oficial y explicar a sus clientes el paso a seguir ante la situación.La sentencia T-733 de 2017 obligaba a la empresa Cerromatoso a indemnizar a las comunidades afectadas por la explotación indiscriminada de ferro níquel, la que fue anulada parcialmente este jueves.
