Emilio Tapia, principal involucrado en el escándalo de corrupción relacionado con el caso Centros Poblados, alcanzó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación este martes, en el que admite su responsabilidad en los hechos que resultaron en la pérdida de más de $70.000 millones destinados a conectar con internet a escuelas rurales en Colombia. Este caso, que estalló durante el gobierno del expresidente Iván Duque, se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país.Detalles del preacuerdoEl preacuerdo entre Emilio Tapia y la Fiscalía contempla cuatro puntos clave que definen las condiciones de su colaboración y su castigo:Condena de seis años de cárcel: Tapia aceptó cumplir una pena privativa de la libertad que, aunque reducida, refleja la gravedad de los delitos cometidos.Devolución de $5000 millones: el empresario deberá reintegrar parte de los fondos desviados. De este monto, ya entregó $2500 millones en efectivo. Los otros $2500 millones serán restituidos mediante bienes que se encuentran en Girardot y zonas rurales de Medellín, según lo confirmó su defensa.Testigo clave para la Fiscalía: Tapia se comprometió a colaborar como testigo en las investigaciones, lo que podría revelar información crucial sobre otros implicados en la red de corrupción.Aceptación de tres delitos: el empresario admitió su responsabilidad en los cargos imputados, consolidando su disposición para cooperar con la justicia.El escándalo de Centros PobladosEl caso Centros Poblados estalló cuando se descubrió que los recursos destinados a llevar conectividad a zonas apartadas del país, mediante un contrato adjudicado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), fueron desviados mediante documentación falsa y una red de corrupción liderada por Tapia.El contrato, valuado en $1,07 billones, fue cancelado después de que se conociera que las empresas contratistas no tenían la capacidad técnica ni financiera para ejecutar el proyecto. Este hecho salpicó a funcionarios del gobierno de la época y desató una crisis de credibilidad en las instituciones.
Una nueva sanción en el escándalo de Centros Poblados llega por cuenta del fallo de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría General de la República en contra de todos los actores involucrados en el proyecto que nunca llevaron el internet a las zonas rurales pese a haber recibido anticipos en los recursos públicos.Tanto los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados, la firma interventora y la empresa proveedora de equipos deberán pagarle al Estado $87.027 millones al haber incumplido en diferentes instancias el contrato 1043 de 2020 firmado con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del ministerio TIC.“La decisión se dio al probarse que hubo una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna, dado que no se cumplió con la entrega total de equipos para la culminación del proyecto Centros Digitales, cuyo objeto era la instalación de 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país”, explicó la Contraloría.El fallo también tuvo en cuenta que la presentación de una garantía falsa, que no fue debidamente verificada por los funcionarios públicos que a su vez permitió el anticipo de $70.000 millones pese a que no había iniciado la ejecución del contrato.Los integrantes de la unión temporal que deberán pagar la sanción son la Fundación de telecomunicaciones, ingeniería, seguridad e innovación y las firmas ICM Ingenieros S.A.S., Intec de la Costa S.A.S. y Omega Building constructora S.A.S., así como su representante legal Luis Fernando Duque Torres.El fallo también incluyó a los miembros del Consorcio pe2020 c digitales, en calidad de interventor, representado legalmente por Paola Izquierdo Rivera y conformado por PMO Solycom S.A.S., Eurocontrol SA sucursal Colombia y Telemediciones S.A.S.Según la Contraloría, el consorcio interventor falló al aprobar varias órdenes de pago sin verificar los soportes y sin cumplirse las condiciones de tener todos los equipos para acceder a los recursos. Además, no convocó a una reunión extraordinaria del comité fiduciario para que el ordenador del gasto hubiera evitado el giro de los recursos en razón al inminente incumplimiento en el cronograma de ejecución.Finalmente, Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, representante legal de la empresa distribuidora, también fue declarado responsable fiscal por no entregar a tiempo los equipos requeridos.. Escuche aquí la entrevista:
La Procuraduría decidió archivar la investigación disciplinaria que adelantaba en contra de la exministra de las TIC Karen Abudinen por el caso de corrupción en la fallida licitación para llevar Internet a los colegios más apartados del país, conocido como Centros Poblados, por el que hubo el pago de un anticipo de 70 mil millones de pesos.El Ministerio Público decidió archivar el caso contra Abudinen, más de tres años después de haberse conocido el escándalo, en mayo de 2021, argumentando que la exministra no participó en la planeación ni en la estructuración de la licitación ni en la adjudicación del contrato, funciones que delegó a la Secretaría General del Ministerio.Adicionalmente, consideró la Sala Disciplinaria de la Procuraduría que aunque Abudinen delegó las anteriores funciones, cumplió con la obligación de control al haber solicitado la suspensión de la audiencia de adjudicación, una vez conoció que las garantías presentadas por Centros Poblados eran falsas.Sobre las garantías falsas, la Procuraduría considera que Abudinen no tuvo responsabilidad en su aprobación, porque esas funciones, así como la ejecución del contrato, las tenían otros funcionarios del Ministerio TIC.Esta decisión ha generado mucha controversia, por ejemplo el exvicepresidente Germán Vargas Lleras dijo en su cuenta de X “ni un solo centavo se ha recuperado de los 70.000 millones de los Centros Poblados y la Procuraduría hoy cerró la investigación. Jamás hemos conocido quiénes fueron los autores intelectuales. Por eso he sostenido que hay que acabar esa entidad”.Sobre la afirmación del exvicepresidente: el pasado primero de agosto la Fiscal General Luz Adriana Camargo firmó un principio de oportunidad con Juan Carlos Ángel Cáceres, exrepresentante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, en el que se revela que Cáceres ya devolvió 3.302 millones de pesos y se comprometió con cronograma en mano a devolver otros seis mil millones de pesos en los próximos meses.En ese documento, la Fiscalía avaluó en 15.239 millones de pesos, el dinero que Juan Carlos Ángel Cárdenes, Emilio Tapia, Ottomar Lascarro y Juan José Laverde se robaron del anticipo de los 70.000 millones de pesos para el contrato.Penalmente han sido condenados Juan José Laverde, Luis Fernando Duque, Jorge Enrique López y sumado a esto se encuentra el principio de oportunidad de Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona.El único “cabo suelto” en materia penal del robo del anticipo de Centros Poblados es el tristemente célebre Emilio Tapia, quien permanece detenido, no exento de controversias en sus sitios de reclusión y quien estuvo cerca de alcanzar un preacuerdo con la Fiscalía, que se “cayó” en mayo de este año.En materia disciplinaria, fueron sancionados la exsecretaria general del MinTIC, Adriana Meza, Sandra Orjuela, la exsubdirectora de Gestión Contractual, Camilo Jiménez, exdirector de infraestructura, Luis Fernando Duque, representante de UT Centros Poblados y Paola Izquierdo, representante del Consorcio PE 2020 C Digitales.Aunque la Procuraduría haya decidido archivar la investigación contra Karen Abudinen, lo cual la exime de responsabilidad disciplinaria, la verdad es que el mayor costo para la exministra ha sido tener que asumir la responsabilidad política del escándalo de Centros Poblados, no solamente con su salida en su momento del Gobierno de Iván Duque, sino también porque ese episodio precipitó el final de su carrera política.
La Procuraduría General de la Nación archivó la investigación que adelantaba contra la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) Karen Abudinen, en relación con las presuntas irregularidades en el contrato adjudicado a la Unión Temporal Centros Poblados. Este contrato, que tenía como objetivo el suministro de internet en zonas rurales del país, fue objeto de controversia debido a fallos en su ejecución.A lo largo de la investigación disciplinaria, la Procuraduría no encontró pruebas que indicaran que Karen Abudinen hubiese incurrido en una falta disciplinaria en relación con la adjudicación del contrato 1043 de 2020, el cual estaba destinado a mejorar el acceso a internet en regiones apartadas. Según el ente de control, las decisiones tomadas por la exministra durante su gestión no demostraron ninguna conducta irregular.>>> Lea también: Karen Abudinen habla de su libro sobre Centros Poblados: "Los 70.000 están en manos de criminales"El análisis de la investigación concluyó que, si bien las decisiones de la exministra Abudinen estaban vinculadas al proceso de licitación, estas no constituyeron una violación a las normas de contratación pública. Por lo tanto, no se generó ninguna responsabilidad disciplinaria para la exfuncionar, exonerándola de cualquier falta en relación con el caso de Centros Poblados.Con base en lo estipulado en el artículo 90 del Código Disciplinario Único, un proceso puede ser archivado cuando se demuestra que el hecho imputado no existió o no se encuentran elementos que acrediten la responsabilidad del investigado. En este caso, la Procuraduría determinó que la conducta atribuida a Abudinen no encajaba en los supuestos que justificaran una sanción disciplinaria, razón por la cual se decidió archivar la investigación.Caso Centros PobladosEl caso involucra un contrato otorgado a la Unión Temporal Centros Poblados en 2020, destinado a mejorar la conectividad en zonas rurales, específicamente para conectar más de 15,000 escuelas. Sin embargo, el contrato enfrentó serias irregularidades, incluido el descubrimiento de que la empresa adjudicataria usó documentos falsos y no cumplió con los tiempos de ejecución estipulados.
Durante la audiencia del empresario Juan Carlos Cáceres Bayona, uno de los implicados principales en el caso de corrupción de Centros Poblados, el Juzgado 76 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, decidió devolver el principio de oportunidad a la Fiscalía para que sea ajustado.La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, representando al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como víctima, solicitó al juez que la Fiscalía aclarara ciertos aspectos del principio de oportunidad ofrecido a Cáceres Bayona. Según la Agencia, este principio le otorgaba beneficios a cambio del pago de 12.062 millones de pesos y su testimonio contra los otros implicados en el caso, Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Ottomar Lascarro.Sin embargo, la Agencia señaló que Luis Fernando Duque ya fue condenado a 52 meses de prisión, lo que deja en entredicho el valor testimonial de Cáceres Bayona en su contra. Además, el principio de oportunidad estipulaba que Cáceres Bayona reintegrara 5.760 millones de pesos entre noviembre de 2025 y diciembre de 2027.Esto generó preocupación, pues el proceso estaría suspendido hasta agosto de 2025, planteando dudas sobre qué sucedería si Cáceres cumple con su declaración, pero no reembolsa la totalidad del dinero.Ante estas inquietudes, el juez consideró necesario que la Fiscalía revise y ajuste el principio de oportunidad antes de que sea nuevamente presentado. Cáceres Bayona, dueño de Nuovo Security LLC, ha sido señalado por la Fiscalía como uno de los principales operadores detrás de la red de empresas que integraban la Unión Temporal Centros Poblados.
Mediante las resoluciones 037 y 0328 del 2024, la Fiscalía revivió las investigaciones en los casos de corrupción de Centro Poblados y Odebrecht. Para el caso específico de Carlos Ángel Cáceres Bayona, deberá comparecer como testigo en la investigación que avanza como presunto vinculado al caso de corrupción por Centros Poblados. Según la Fiscalía, el implicado llegó a un acuerdo en el que deberá restituir 9.062 millones de pesos, dinero del que se apropió por el anticipo del contrato 1043 de 2020, cuyo objetivo era la dotación tecnológica en varios colegios del país. Sin embargo, Cáceres Bayona realizó un primer desembolso de 3.302 millones de pesos.Para el caso de corrupción de Odebrecht, Gabriel Alejando Dumar Lora, condenado a 54 meses de prisión, la Fiscalía determinó que el principio de oportunidad se le aplica la renuncia de la acción penal bajo inmunidad parcial, ya que el señalado contribuyó al cumplir y declarar de manera voluntaria aportando pruebas como la participación de los excongresistas Antonio del Cristo Guerra de la Espriella y Bernardo Miguel Elías Vidal.Dumar Lora, figuró como representante legal del consorcio que suscribió dos contratos con el Concesionario Ruta del Sol II para la ejecución de obras, pero se realizó bajo la vinculación de una empresa ficticia que recibió $6.558.122.125, dinero del que se apropió y fue declarado como legal. Sin embargo, para el caso de corrupción, esta suma fue repartida como coimas a varios funcionarios públicos y particulares.Las dos figuras jurídicas serán presentadas ante jueces de control de garantías para su respectivo aval judicial.
Luis Fernando Duque, representante de la Unión Temporal de Centros Poblados, fue sentenciado a cuatro años y cuatro meses de prisión por su participación en el caso de corrupción de Centros Poblados que, recordemos implicó el desvío de más de 70.000 millones de pesos que estaban destinados a proporcionar internet a las zonas más apartadas del país.Duque enfrentaba cargos por falsedad en documento privado, fraude procesal y peculado por apropiación en favor de terceros. Esto se da como parte del preacuerdo que habia adelantado con la Fiscalía en el que había aceptado su culpabilidad en estos delitos, lo que permitía la reducción de la pena.En el preacuerdo había quedado estipulado que Duque no tendrá que devolver dinero al Estado, ya que no hay evidencia de que se haya beneficiado financieramente del anticipo.Hay que recordar que Luis Fernando Duque, fue junto a Juan José Laverde y Emilio Tapia, responsable de la gestión de las pólizas falsas que se presentaron en el Secop II para engañar al MinTIC y asegurar el anticipo de 70,000 millones de pesos. El exrepresentante confesó ante el juez durante las audiencias que estaba al tanto de la falsedad de estos documentos.Ahora deberá pagar una multa equivalente a más de 7.000 millones de pesos.
Los rumores sobre supuestas salidas de Emilio Tapia de la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla, a bordo de una camioneta blanca de su posesión, sin que esto tuviera algún tipo de autorización oficial, llevaron a la Procuraduría a abrir una indagación preliminar en búsqueda de evidencia que desvirtúe o confirme esta sospecha. Según expone el Ministerio Público, Tapia estaría saliendo a diligencias personales, a plena luz del día, sin que al respecto se tome algún tipo de sanción, pues dichas salidas "irregulares" estarían contando con la "presunta anuencia de la dirección y la guardia del penal", la cual se encuentra a cargo del Inpec. Para esto no solo pedirán registros de salidas, incluso para citas médicas, por parte de Tapia, sino también el registro de ingreso de vehículos y el detalle de los horario y funciones del cuerpo de custodia y vigilancia a cargo del polémico ex contratista. "Con la información recaudada, la Procuraduría definirá si hay mérito para abrir una investigación disciplinaria e identificará los posibles autores de la falta disciplinaria", indicó el ente a través de un comunicado. DefensaPrevio a la apertura de esta indagación preliminar, el pasado 17 de abril la directora del penal Elsy Torres, respondió un derecho de petición presentado por el mismo Tapia, en el que establecen que este recluso "no ha solicitado u obtenido permisos en los términos indicados en su solicitud para atender requerimientos personales o medicas fuera de este establecimiento". A la comunicación le agregan que las salidas del establecimiento solo se realizan en los vehículos del establecimiento y que, de ninguna manera, esto podría ser en un vehículo particular, tal y como se ha indicado en las denuncias publicadas a través de la red social X. "Los traslados o Remisiones de las Personas Privadas de la Libertad previamente verificados y autorizados, se realizan en los vehículos Institucionales con todas las medidas de seguridad establecidas bajo el manual de remisiones", expone el documento.
Dos años después de se destapara el escándalo de Centros Poblados que involucró al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y a la entonces jefe de cartera, Karen Abudinen lanzó un libro que cuenta su versión de los hechos.En entrevista con Mañanas Blu 10AM, la exministra Abudinen se refirió al escándalo de los 70.000 millones y al libro que escribió de 168 palabras, en el que recogió documentos, testimonios y evidencia para contar “su verdad”.Según la exministra, escribir el libro era importante hacer un recuento histórico para la vida, para su familia, para los ciudadanos y para hacer una reflexión frente a la ley 80."Yo creo que era importante hacer este recuento histórico para la vida, para mi familia, para, para los ciudadanos, para la gente, porque al final del día sí hay condenados. Algunos se acogieron a sentencias anticipadas. De hecho hay principios de oportunidades, pero aquí lo importante es cómo ocurrieron los hechos y por qué creo yo que hay que hacer una reflexión frente al tema de la ley 80, que es de las cosas que creo que tenemos que iniciar un debate frente a qué le hace falta a la ley 80", destacó Abudinen.Asimismo, la exjefe de cartera habló sobre los conetenidos que aborda en el libro y cómo se ha visto afectada, asegura, no solo ella, sino su familia por todo lo que se ha hablado en redes alrededor del tema."En el libro hay bastantes reflexiones frente a las bodegas, por ejemplo, que creo que a veces ni nosotros mismos entendemos cómo un contenido puede llegar a 90 millones, o sea, a 90 millones de usuarios, de impresiones. Como eso puede afectar la psiquis, inclusive no solo de mi persona y mi familia, sino inclusive de todas las personas que estaban trabajando en el Ministerio de las Tecnologías y Comunicación", comentó.Abudinen también defendió la decisión de entregar el contrato en ese momento que tomó porque dice que no podía haber tomado una decisión diferente porque la ley la llevaba a darle el contrato justamente a ese consorcio, pese a las alertas."Lo que pasa aquí y es importante es que ellos cumplieron con todos los requerimientos, tanto técnicos como jurídicos, como financieros. Dos. La empresa presentó una oferta que era más una oferta cerrada que cumplía con todo el tema de más tiempo, más velocidad, mejor servicio, más años. Entonces eso también conllevó a que esa empresa tuviera, no solamente digamos, cumpliera técnicamente, sino que también cumpliera proponiendo más cosas y más beneficios para los ciudadanos. Ahí, a pesar de las alertas porque son alertas, yo no puedo condenar a alguien donde yo no tengo una prueba", puntualizó la exministra.En ese sentido, Abudinen también reconoció las acciones que llevaron a cabo desde el ministerio que "cumplieron con todos los procedimientos que la ley exige"."Yo quiero como ser muy clara. A los cuatro meses de adjudicado este contrato, se caducó el contrato. Por eso, porque si no hubiéramos abierto un proceso de incumplimiento, si este proceso de incumplimiento no nos lleva a que hay una garantía falsa porque llamamos al garante y cumplimos con todos los procedimientos que la ley te exige, nunca jamás hubiéramos podido caducar el contrato ni adjudicárselo al segundo", detalló."A ellos les suspendieron todos los contratos que tenían con el Estado, que eran más de 4 billones de pesos. Entonces yo lo que creo es se hizo lo correcto. Se protegió 1 billón de pesos porque hay que pensar que el contrato no solamente era de 70.000, sino era de 1.7. (...) Hoy hay más de 8.000 colegios conectados. Los 70.000 están en manos de los criminales", aseguró.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Este lunes se tenía programada una audiencia preparatoria de juicio contra Emilio Tapia por el delito de peculado, pero se pospuso debido a que Tapia está tratando de alcanzar un acuerdo previo con la Fiscalía. En ese contexto, se comprometió a restituir la parte del dinero que debe en relación con el caso de Centros Poblados.El director Anticorrupción de la Fiscalía sostiene que la cantidad por peculado por apropiación asciende a 15.000 millones de pesos, de los cuales solo 6.000 millones corresponden a Emilio Tapia. Lo cierto es que el juez, en la audiencia de este lunes, le concedió plazo hasta enero a Tapia para reintegrar la mitad de la deuda, motivo por el cual devolverá 2,500 millones de pesos.La próxima audiencia se llevará a cabo en enero, y si Emilio Tapia ha cumplido con su parte y ha devuelto los 2,500 millones de pesos para esa fecha, la Fiscalía procederá a firmar un acuerdo previo que deberá ser avalado por un juez, permitiendo a Tapia obtener dicho beneficio.Cabe recordar que Emilio Tapia fue acusado por la Fiscalía por su presunta participación en graves hechos de corrupción relacionados con el contrato de 2020 suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic) y la unión temporal Centros Poblados, que tenía como objetivo llevar internet a 7.000 escuelas rurales del país.Emilio Tapia se habría apropiado de una parte del anticipo que le fue desembolsado, exactamente 6,182 millones de los 70.000 millones de pesos del anticipo del caso de Centros Poblados, y con ese dinero habría adquirido obras de arte, apartamentos y automóviles de lujo. Esta suma deberá ser restituida para compensar a las víctimas.Puede ver:
El director de relaciones públicas de la firma Sacyr, Carlos Rosado, asegura que el megaproyecto del Canal del Dique va "bien" y que en estos momentos se encuentran "adelantando el estudio de impacto ambiental que el Gobierno ha querido".Tras las advertencias de la Contraloría sobre la posibilidad de que se termine el contrato de manera anticipada, Rosado aseguró que "esta situación es un riesgo para el Gobierno, porque se perdería la inversión, pero consideró que, a la larga, estas "son alertas válidas para que el contrato finalmente se cumpla y se ejecute", pues ellos están a total disposición.Aclaró que no ha habido "ninguna" discrepancia con el Gobierno Nacional y que este solo tomó una decisión de solicitar la licencia ambiental, les entregó los términos de referencia y ellos los consideraron "adecuados para lo que se necesita a hacer"."Estamos a total disposición siempre de lo que se ha querido hacer. Así que estamos comenzando este estudio y esperamos entregarlo en 14 meses, que es el plazo que nos hemos establecido con el Gobierno y así cumplir con el cronograma".Rosado dejó claro que la firma "sigue ejecutando y el dragado no se ha parado", pues "esta actividad es la más importante en este momento para mantener la navegabilidad" y en paralelo se desarrollarán el estudio de impacto ambiental".
Una fuerte crítica al cese al fuego y a la apuesta de paz total hizo el gobernador Andrés Julián Rendón, por lo sucedido en la vereda La Plancha, en zona rural de este municipio del nordeste de Antioquia, donde miembros del los frentes Héroes y Mártires de Anorí del ELN habrían atacado una unidad militar en el antiguo espacio territorial.El mandatario calificó como desalmado este ataque y señaló que el ELN delinque en esa zona del departamento en connivencia con el Estado Mayor Central de las Farc “la paradoja, quienes pretenden estar negociando con el gobierno, atacando a firmantes de paz que han negociado y han honrado la palabra con el gobierno nacional en otros contextos”, dijo.Aunque ya son cinco los muertos en medio de esta ofensiva con explosivos, el Ejército confirmó las identidades de cuatro de ellos, que son el suboficial Freddys Robles y los tres soldados identificados como Fabián Rengifo, Iván Reina y Carlos Ramos. Además, cuatro soldados y un civil también resultaron heridos en esta acción criminal y fueron trasladados a Medellín.Para el gobernador Rendón, una vez más se demuestra que “no tienen voluntad de paz”.“Yo no sé cuántas cosas más tienen que acontecer en Antioquia, en el resto del país para que el gobierno comprenda que la mal llamada paz total es un fracaso y que lo único que se necesita para imponer la paz es soltarle las manos a la fuerza pública, dotarla, equiparla bien, liderarla para que produzcan resultados contundentes en contra del crimen cualquier bandido de cualquier pelambre y en favor de la protección de los antioqueños y de los colombianos”, agregó.Los enfrentamientos armados entre el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN en zona rural de Anorí ya completa dos semanas, dejando una grave crisis humanitaria, pues al menos 150 familias han salido desplazadas de veredas como Tenche y Los Trozos y 78 niños están desescolarizados.
Un gigantesco cráter se abrió este mediodía en la calzada Bogotá-Girardot, a la altura del sector San Raimundo. El incidente ocurrió alrededor de las 12:30 de la tarde del jueves, en una zona donde actualmente se desarrollan obras de manejo de aguas y ampliación a un tercer carril.La falla en la estructura del pavimento se produjo debido a una caída en la banca, posiblemente relacionada con las intervenciones en curso. Entregarán en diciembre 21 kilómetros del tercer carril en la vía Bogotá El presidente de la ANI, Francisco Ospina Ramírez, informó que a lo largo del 2024 se han logrado avances importante, pasando de un 44,4 % de ejecución al inicio del año a un 65,1 % en la actualidad. Antes de que finalice el año, se entregará un tramo clave: 21 kilómetros de tercer carril, que comprenden importantes obras como:El puente vehicular del Boquerón.13 kilómetros de tercer carril en el sector de Chinauta.La conexión desde la salida del túnel Sumapaz hasta la intersección Jaibaná en Fusagasugá.Estructura del proyectoEl proyecto está dividido en ocho unidades funcionales, con intervenciones estratégicas a lo largo del corredor Bogotá-Girardot. Hasta la fecha, se han entregado cuatro tramos que benefician directamente a los usuarios de los municipios de:Soacha y Sibaté: Ampliación de calzadas para reducir congestión.Silvania y Fusagasugá: Mejora de accesos y fluidez en tramos críticos.Melgar, Ricaurte y Girardot: Incremento en la capacidad vial, facilitando el acceso turístico y comercial.
La reciente llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha despertado inquietudes en América Latina, especialmente en los contextos políticos de Colombia y Venezuela. Las preguntas giran en torno a cómo el nuevo Gobierno estadounidense, liderado por Trump y con figuras como Marco Rubio en posiciones clave, podría afectar las dinámicas políticas en la región.Por ejemplo, emergen interrogantes sobre una posible negociación entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la administración Trump, tras la revelación de que delegados del régimen venezolano se han reunido con personas cercanas al presidente.¿Qué puede esperar Latinoamérica ahora?En diálogo con Mañana Blu con Camila Zuluaga, el director para la veeduría de defensa de WOLA, Adam Isacson, apuntó a que dentro de la Casa Blanca existirán divisiones notables. Por un lado, algunos miembros del gabinete priorizan la migración y la deportación de venezolanos, mientras que, por otro, Rubio se sienta a la mesa con una agenda que busca seguir presionando al régimen de Maduro."Es imposible saber todavía, pero hay una fuerte probabilidad de que entre este Gobierno en frente de Trump va a haber una división interna bastante aguda. Es que, digamos, en la Casa Blanca los oficiales que ya han nombrado son quienes priorizan mucho el tema de la migración, que quieren excluir a los migrantes. Y hay como 600.000 migrantes venezolanos que han entrado a Estados Unidos durante los últimos tres o cuatro años y quieren devolverlos también. Esos mismos de la Casa Blanca son obsesionados con la inmigración y también obsesionados con acceso al petróleo", indicó.Esto, añadió, podría generar una brecha significativa en las estrategias adoptadas. En ese sentido, habló también de Colombia, pues la administración de Gustavo Petro podría enfrentar “retos” con el nuevo Gobierno de EEUU.Un enfoque más duro en las sanciones hacia Venezuela podría implicar mayores flujos migratorios hacia Colombia, poniendo presión al Gobierno Petro, según dijo Isacson."Para Colombia van a haber, especialmente para el Gobierno de Petro, varios retos; más retos que ventajas. Sobre el tema de Venezuela no sé exactamente cómo entrar, porque lo que están pensando la gente como Rubio es endurecer sanciones a cosas que tal vez resultarían en más sufrimiento dentro de Venezuela y más migrantes saliendo de Venezuela entrando a Colombia. Eso sí es un reto, pero veo retos más grandes en el tema de inmigración y drogas", sostuvo.En este sentido, mencionó que la estabilidad de la política colombiana está en jaque, ya que el péndulo político podría inclinarse hacia la derecha en respuesta al ascenso de Trump, afectando la popularidad del actual Gobierno de izquierda.Explicó que la tendencia de construir un bloque de derecha en América Latina puede intensificarse con la influencia de Trump y sus aliados.
Blu Radio tuvo acceso a nuevos detalles de un encuentro en la Casa de Nariño el 6 de noviembre de este año, que contó con la participación del presidente Gustavo Petro y sería determinante en la intervención de los Estados Unidos dentro de la polémica por la compra del software Pegasus.Un día después, 7 de noviembre, el diario El Tiempo publicó la declaración de altos funcionarios del Gobierno de Joe Biden, quienes afirmaron que ese país fue el responsable de la compra del software espía Pegasus con el objetivo de implementarlo en la lucha contra el narcotráfico. Además, señalaron que el Gobierno del expresidente Iván Duque (2018-2022) no tuvo conocimiento del negocio pactado con la firma NSO Group por 11 millones de dólares.Además, los funcionarios norteamericanos expresaron que la compra se efectuó por dos montos de 5.5 millones de dólares. La fiscal Luz Adriana Camargo, quien abrió una investigación, afirmó que el sistema financiero de Israel registró el ingreso de dinero y declaró que “la operación por 11 millones de dólares existió”.¿Quién tuvo acceso a Pegasus?Blu Radio pudo establecer, según informaron fuentes reservadas, qué miembros de NSO Group llegaron al aeropuerto de Catam tras una solicitud extendida por la oficina de asuntos multilaterales de la CIA, adscrita a la embajada de Estados Unidos, en el marco de la colaboración existente entre ambos países( Colombia, EE.UU.)El objetivo de esta colaboración era adquirir la herramienta informática para combatir el narcotráfico, mejorar la operatividad y capacitar al personal. Este proceso fue notificado por un oficial de alto rango de Estados Unidos a su homólogo, el general Jorge Luis Vargas, explicando las razones de la visita de la comitiva israelí.Como respuesta, Vargas dio trámite a la solicitud, delegando al entonces general Norberto Mujica, director de la dirección de Inteligencia Policial(Dipon) para que brindara el apoyo necesario. Finalmente, se acordó un acompañamiento como parte de los convenios de policía judicial a nivel internacional, asegurando que el equipo contara con todas las facilidades durante su estadía y los diferentes viajes realizados entre junio y septiembre de 2021 mientras se desarrollaban las capacitaciones sobre el software. Ese acompañamiento estuvo a cargo de un coronel de la institución.La reunión en PalacioEl 6 de noviembre de este año se llevó a cabo, en la Casa de Nariño, un encuentro crucial entre el presidente Gustavo Petro y un alto dignatario del gobierno de Estados Unidos, tan solo unas horas después de la elección presidencial en ese país, donde fue electo Donald Trump.La fuente anónima argumentó a Blu Radio que las recientes publicaciones en medios, que salpicaba aún más a la línea de mando de la Policía y al gobierno Duque, incluyendo ministros y funcionarios, así como la actuación penal contra importantes aliados en la lucha contra las drogas, como el exministro de Defensa Diego Molano y el general Jorge Luis Vargas, motivaron la intervención y la llegada de esta figura importante de la política norteamericana. Este dignatario estuvo acompañado en todo momento por un esquema de seguridad extranjero durante las pocas horas que permaneció en territorio colombiano.Lo llamativo de la reunión es que en ella se habría informado al Primer mandatario sobre una versión desconocida en ese momento por la opinión pública sobre la participación de Estados Unidos en la compra de Pegasus. No obstante, no fue sino hasta la revelación de El Tiempo y la reunión sostenida entre el embajador Daniel García Peña en la Casa Blanca con funcionarios del gobierno Biden que el presidente Petro emitió un pronunciamiento en su cuenta de X: “Si esto es cierto, sí que serían peor las cosas”.Otro de los puntos que pudo conocer este medio fue que la persona encargada de responder las preguntas del embajador Daniel García Peña en la Casa Blanca en Washington fue Todd Robinson, político estadounidense con una larga experiencia en la lucha contra el narcotráfico y la persona que designó Estados Unidos para permitir un mayor entendimiento, teniendo en cuenta la estrecha relación de Robinson en asuntos de América Latina.La investigación en Fiscalía y las ‘chuzadas’ que denunció el magistrado IbáñezEl cese de operaciones de la herramienta Pegasus por parte de los Estados Unidos en el año 2021, cuando establecieron que NSO Group había vendido el software a otro cliente que estaba usándolo en su contra, deja un interrogante frente a la investigación que aperturó la Fiscalía tras la denuncia que presentó el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Toro Ramírez, por interceptaciones ilegales y que alertó a las autoridades.El 5 de septiembre de 2024, la Fiscalía anunció que abría investigación por Pegasus por medio de un acto administrativo que firmó la fiscal Luz Adriana Camargo, designando al fiscal delegado ante la Corte, Hernando Barreto Ardila, para que liderara el caso.“Luego de tomar atenta nota del contenido de la denuncia presentada en la alocución del presidente Gustavo Petro Urrego, la Fiscalía incorporó la información revelada públicamente por el jefe de Estado a la indagación de los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía por un magistrado de la Corte Constitucional”, informó en un comunicado el ente acusador.Sin embargo, la denuncia del presidente Petro en una alocución con la denuncia del uso indebido de Pegasus y la denuncia del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez, tambien por ‘chuzadas’, no coincide en los tiempos, pues los hechos que informó el togado corresponden a 2024, mientras que la herramienta Pegasus dejó de utilizarse antes de que Gustavo Petro se instalara en el Palacio de Nariño en 2022 según el Gobierno estadounidense.
