Emilio Tapia, empresario involucrado en el escándalo de corrupción de Centros Poblados, deberá cumplir una condena de seis años y cuatro meses de prisión por su participación en el millonario desfalco que afectó al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).El fallo fue emitido por un juez especializado en Bogotá, marcando un nuevo capítulo en uno de los casos más polémicos de los últimos años en el país.Tapia, conocido previamente por su vinculación en el carrusel de la contratación en Bogotá, había logrado adjudicarse un contrato por $70.000 millones para llevar internet a escuelas rurales. Sin embargo, las investigaciones revelaron que los documentos utilizados para garantizar el proyecto eran falsos.Estos documentos fueron clave para obtener el anticipo millonario que nunca se tradujo en beneficios para las comunidades vulnerables.La Fiscalía demostró que Tapia no solo fue determinante en la estructuración del fraude, sino que, además, se benefició directamente de los recursos desviados. El juez calificó los actos como una muestra de “flagrante desprecio por los recursos públicos”.Durante la audiencia, Tapia ofreció disculpas públicas, pero el juez consideró que la gravedad de los hechos ameritaba una sanción ejemplar.Además de la condena de prisión, deberá pagar una multa millonaria como reparación al Estado. A pesar de que su defensa intentó buscar una reducción de pena argumentando colaboración con las autoridades, el juez determinó que esta no fue suficiente para mitigar la responsabilidad.El caso Centros Poblados no solo destapó un esquema de corrupción sofisticado, sino que también puso en entredicho los mecanismos de control en la adjudicación de contratos en Colombia. Desde el inicio del escándalo, varios funcionarios públicos han sido investigados por su presunta complicidad y el MinTIC sufrió una crisis institucional que culminó con la renuncia de la entonces ministra Karen Abudinen.Con esta condena, Emilio Tapia enfrenta un nuevo revés judicial, sumándose a su historial de delitos contra el patrimonio público. El desenlace judicial de Tapia también genera expectativas sobre el destino de otros implicados en el caso, quienes siguen bajo investigación.
Emilio Tapia, principal involucrado en el escándalo de corrupción relacionado con el caso Centros Poblados, alcanzó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación este martes, en el que admite su responsabilidad en los hechos que resultaron en la pérdida de más de $70.000 millones destinados a conectar con internet a escuelas rurales en Colombia. Este caso, que estalló durante el gobierno del expresidente Iván Duque, se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país.Detalles del preacuerdoEl preacuerdo entre Emilio Tapia y la Fiscalía contempla cuatro puntos clave que definen las condiciones de su colaboración y su castigo:Condena de seis años de cárcel: Tapia aceptó cumplir una pena privativa de la libertad que, aunque reducida, refleja la gravedad de los delitos cometidos.Devolución de $5000 millones: el empresario deberá reintegrar parte de los fondos desviados. De este monto, ya entregó $2500 millones en efectivo. Los otros $2500 millones serán restituidos mediante bienes que se encuentran en Girardot y zonas rurales de Medellín, según lo confirmó su defensa.Testigo clave para la Fiscalía: Tapia se comprometió a colaborar como testigo en las investigaciones, lo que podría revelar información crucial sobre otros implicados en la red de corrupción.Aceptación de tres delitos: el empresario admitió su responsabilidad en los cargos imputados, consolidando su disposición para cooperar con la justicia.El escándalo de Centros PobladosEl caso Centros Poblados estalló cuando se descubrió que los recursos destinados a llevar conectividad a zonas apartadas del país, mediante un contrato adjudicado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), fueron desviados mediante documentación falsa y una red de corrupción liderada por Tapia.El contrato, valuado en $1,07 billones, fue cancelado después de que se conociera que las empresas contratistas no tenían la capacidad técnica ni financiera para ejecutar el proyecto. Este hecho salpicó a funcionarios del gobierno de la época y desató una crisis de credibilidad en las instituciones.
Una nueva sanción en el escándalo de Centros Poblados llega por cuenta del fallo de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría General de la República en contra de todos los actores involucrados en el proyecto que nunca llevaron el internet a las zonas rurales pese a haber recibido anticipos en los recursos públicos.Tanto los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados, la firma interventora y la empresa proveedora de equipos deberán pagarle al Estado $87.027 millones al haber incumplido en diferentes instancias el contrato 1043 de 2020 firmado con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del ministerio TIC.“La decisión se dio al probarse que hubo una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna, dado que no se cumplió con la entrega total de equipos para la culminación del proyecto Centros Digitales, cuyo objeto era la instalación de 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país”, explicó la Contraloría.El fallo también tuvo en cuenta que la presentación de una garantía falsa, que no fue debidamente verificada por los funcionarios públicos que a su vez permitió el anticipo de $70.000 millones pese a que no había iniciado la ejecución del contrato.Los integrantes de la unión temporal que deberán pagar la sanción son la Fundación de telecomunicaciones, ingeniería, seguridad e innovación y las firmas ICM Ingenieros S.A.S., Intec de la Costa S.A.S. y Omega Building constructora S.A.S., así como su representante legal Luis Fernando Duque Torres.El fallo también incluyó a los miembros del Consorcio pe2020 c digitales, en calidad de interventor, representado legalmente por Paola Izquierdo Rivera y conformado por PMO Solycom S.A.S., Eurocontrol SA sucursal Colombia y Telemediciones S.A.S.Según la Contraloría, el consorcio interventor falló al aprobar varias órdenes de pago sin verificar los soportes y sin cumplirse las condiciones de tener todos los equipos para acceder a los recursos. Además, no convocó a una reunión extraordinaria del comité fiduciario para que el ordenador del gasto hubiera evitado el giro de los recursos en razón al inminente incumplimiento en el cronograma de ejecución.Finalmente, Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, representante legal de la empresa distribuidora, también fue declarado responsable fiscal por no entregar a tiempo los equipos requeridos.. Escuche aquí la entrevista:
La Procuraduría decidió archivar la investigación disciplinaria que adelantaba en contra de la exministra de las TIC Karen Abudinen por el caso de corrupción en la fallida licitación para llevar Internet a los colegios más apartados del país, conocido como Centros Poblados, por el que hubo el pago de un anticipo de 70 mil millones de pesos.El Ministerio Público decidió archivar el caso contra Abudinen, más de tres años después de haberse conocido el escándalo, en mayo de 2021, argumentando que la exministra no participó en la planeación ni en la estructuración de la licitación ni en la adjudicación del contrato, funciones que delegó a la Secretaría General del Ministerio.Adicionalmente, consideró la Sala Disciplinaria de la Procuraduría que aunque Abudinen delegó las anteriores funciones, cumplió con la obligación de control al haber solicitado la suspensión de la audiencia de adjudicación, una vez conoció que las garantías presentadas por Centros Poblados eran falsas.Sobre las garantías falsas, la Procuraduría considera que Abudinen no tuvo responsabilidad en su aprobación, porque esas funciones, así como la ejecución del contrato, las tenían otros funcionarios del Ministerio TIC.Esta decisión ha generado mucha controversia, por ejemplo el exvicepresidente Germán Vargas Lleras dijo en su cuenta de X “ni un solo centavo se ha recuperado de los 70.000 millones de los Centros Poblados y la Procuraduría hoy cerró la investigación. Jamás hemos conocido quiénes fueron los autores intelectuales. Por eso he sostenido que hay que acabar esa entidad”.Sobre la afirmación del exvicepresidente: el pasado primero de agosto la Fiscal General Luz Adriana Camargo firmó un principio de oportunidad con Juan Carlos Ángel Cáceres, exrepresentante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, en el que se revela que Cáceres ya devolvió 3.302 millones de pesos y se comprometió con cronograma en mano a devolver otros seis mil millones de pesos en los próximos meses.En ese documento, la Fiscalía avaluó en 15.239 millones de pesos, el dinero que Juan Carlos Ángel Cárdenes, Emilio Tapia, Ottomar Lascarro y Juan José Laverde se robaron del anticipo de los 70.000 millones de pesos para el contrato.Penalmente han sido condenados Juan José Laverde, Luis Fernando Duque, Jorge Enrique López y sumado a esto se encuentra el principio de oportunidad de Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona.El único “cabo suelto” en materia penal del robo del anticipo de Centros Poblados es el tristemente célebre Emilio Tapia, quien permanece detenido, no exento de controversias en sus sitios de reclusión y quien estuvo cerca de alcanzar un preacuerdo con la Fiscalía, que se “cayó” en mayo de este año.En materia disciplinaria, fueron sancionados la exsecretaria general del MinTIC, Adriana Meza, Sandra Orjuela, la exsubdirectora de Gestión Contractual, Camilo Jiménez, exdirector de infraestructura, Luis Fernando Duque, representante de UT Centros Poblados y Paola Izquierdo, representante del Consorcio PE 2020 C Digitales.Aunque la Procuraduría haya decidido archivar la investigación contra Karen Abudinen, lo cual la exime de responsabilidad disciplinaria, la verdad es que el mayor costo para la exministra ha sido tener que asumir la responsabilidad política del escándalo de Centros Poblados, no solamente con su salida en su momento del Gobierno de Iván Duque, sino también porque ese episodio precipitó el final de su carrera política.
La Procuraduría General de la Nación archivó la investigación que adelantaba contra la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) Karen Abudinen, en relación con las presuntas irregularidades en el contrato adjudicado a la Unión Temporal Centros Poblados. Este contrato, que tenía como objetivo el suministro de internet en zonas rurales del país, fue objeto de controversia debido a fallos en su ejecución.A lo largo de la investigación disciplinaria, la Procuraduría no encontró pruebas que indicaran que Karen Abudinen hubiese incurrido en una falta disciplinaria en relación con la adjudicación del contrato 1043 de 2020, el cual estaba destinado a mejorar el acceso a internet en regiones apartadas. Según el ente de control, las decisiones tomadas por la exministra durante su gestión no demostraron ninguna conducta irregular.>>> Lea también: Karen Abudinen habla de su libro sobre Centros Poblados: "Los 70.000 están en manos de criminales"El análisis de la investigación concluyó que, si bien las decisiones de la exministra Abudinen estaban vinculadas al proceso de licitación, estas no constituyeron una violación a las normas de contratación pública. Por lo tanto, no se generó ninguna responsabilidad disciplinaria para la exfuncionar, exonerándola de cualquier falta en relación con el caso de Centros Poblados.Con base en lo estipulado en el artículo 90 del Código Disciplinario Único, un proceso puede ser archivado cuando se demuestra que el hecho imputado no existió o no se encuentran elementos que acrediten la responsabilidad del investigado. En este caso, la Procuraduría determinó que la conducta atribuida a Abudinen no encajaba en los supuestos que justificaran una sanción disciplinaria, razón por la cual se decidió archivar la investigación.Caso Centros PobladosEl caso involucra un contrato otorgado a la Unión Temporal Centros Poblados en 2020, destinado a mejorar la conectividad en zonas rurales, específicamente para conectar más de 15,000 escuelas. Sin embargo, el contrato enfrentó serias irregularidades, incluido el descubrimiento de que la empresa adjudicataria usó documentos falsos y no cumplió con los tiempos de ejecución estipulados.
Durante la audiencia del empresario Juan Carlos Cáceres Bayona, uno de los implicados principales en el caso de corrupción de Centros Poblados, el Juzgado 76 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, decidió devolver el principio de oportunidad a la Fiscalía para que sea ajustado.La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, representando al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como víctima, solicitó al juez que la Fiscalía aclarara ciertos aspectos del principio de oportunidad ofrecido a Cáceres Bayona. Según la Agencia, este principio le otorgaba beneficios a cambio del pago de 12.062 millones de pesos y su testimonio contra los otros implicados en el caso, Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Ottomar Lascarro.Sin embargo, la Agencia señaló que Luis Fernando Duque ya fue condenado a 52 meses de prisión, lo que deja en entredicho el valor testimonial de Cáceres Bayona en su contra. Además, el principio de oportunidad estipulaba que Cáceres Bayona reintegrara 5.760 millones de pesos entre noviembre de 2025 y diciembre de 2027.Esto generó preocupación, pues el proceso estaría suspendido hasta agosto de 2025, planteando dudas sobre qué sucedería si Cáceres cumple con su declaración, pero no reembolsa la totalidad del dinero.Ante estas inquietudes, el juez consideró necesario que la Fiscalía revise y ajuste el principio de oportunidad antes de que sea nuevamente presentado. Cáceres Bayona, dueño de Nuovo Security LLC, ha sido señalado por la Fiscalía como uno de los principales operadores detrás de la red de empresas que integraban la Unión Temporal Centros Poblados.
Mediante las resoluciones 037 y 0328 del 2024, la Fiscalía revivió las investigaciones en los casos de corrupción de Centro Poblados y Odebrecht. Para el caso específico de Carlos Ángel Cáceres Bayona, deberá comparecer como testigo en la investigación que avanza como presunto vinculado al caso de corrupción por Centros Poblados. Según la Fiscalía, el implicado llegó a un acuerdo en el que deberá restituir 9.062 millones de pesos, dinero del que se apropió por el anticipo del contrato 1043 de 2020, cuyo objetivo era la dotación tecnológica en varios colegios del país. Sin embargo, Cáceres Bayona realizó un primer desembolso de 3.302 millones de pesos.Para el caso de corrupción de Odebrecht, Gabriel Alejando Dumar Lora, condenado a 54 meses de prisión, la Fiscalía determinó que el principio de oportunidad se le aplica la renuncia de la acción penal bajo inmunidad parcial, ya que el señalado contribuyó al cumplir y declarar de manera voluntaria aportando pruebas como la participación de los excongresistas Antonio del Cristo Guerra de la Espriella y Bernardo Miguel Elías Vidal.Dumar Lora, figuró como representante legal del consorcio que suscribió dos contratos con el Concesionario Ruta del Sol II para la ejecución de obras, pero se realizó bajo la vinculación de una empresa ficticia que recibió $6.558.122.125, dinero del que se apropió y fue declarado como legal. Sin embargo, para el caso de corrupción, esta suma fue repartida como coimas a varios funcionarios públicos y particulares.Las dos figuras jurídicas serán presentadas ante jueces de control de garantías para su respectivo aval judicial.
Luis Fernando Duque, representante de la Unión Temporal de Centros Poblados, fue sentenciado a cuatro años y cuatro meses de prisión por su participación en el caso de corrupción de Centros Poblados que, recordemos implicó el desvío de más de 70.000 millones de pesos que estaban destinados a proporcionar internet a las zonas más apartadas del país.Duque enfrentaba cargos por falsedad en documento privado, fraude procesal y peculado por apropiación en favor de terceros. Esto se da como parte del preacuerdo que habia adelantado con la Fiscalía en el que había aceptado su culpabilidad en estos delitos, lo que permitía la reducción de la pena.En el preacuerdo había quedado estipulado que Duque no tendrá que devolver dinero al Estado, ya que no hay evidencia de que se haya beneficiado financieramente del anticipo.Hay que recordar que Luis Fernando Duque, fue junto a Juan José Laverde y Emilio Tapia, responsable de la gestión de las pólizas falsas que se presentaron en el Secop II para engañar al MinTIC y asegurar el anticipo de 70,000 millones de pesos. El exrepresentante confesó ante el juez durante las audiencias que estaba al tanto de la falsedad de estos documentos.Ahora deberá pagar una multa equivalente a más de 7.000 millones de pesos.
Los rumores sobre supuestas salidas de Emilio Tapia de la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla, a bordo de una camioneta blanca de su posesión, sin que esto tuviera algún tipo de autorización oficial, llevaron a la Procuraduría a abrir una indagación preliminar en búsqueda de evidencia que desvirtúe o confirme esta sospecha. Según expone el Ministerio Público, Tapia estaría saliendo a diligencias personales, a plena luz del día, sin que al respecto se tome algún tipo de sanción, pues dichas salidas "irregulares" estarían contando con la "presunta anuencia de la dirección y la guardia del penal", la cual se encuentra a cargo del Inpec. Para esto no solo pedirán registros de salidas, incluso para citas médicas, por parte de Tapia, sino también el registro de ingreso de vehículos y el detalle de los horario y funciones del cuerpo de custodia y vigilancia a cargo del polémico ex contratista. "Con la información recaudada, la Procuraduría definirá si hay mérito para abrir una investigación disciplinaria e identificará los posibles autores de la falta disciplinaria", indicó el ente a través de un comunicado. DefensaPrevio a la apertura de esta indagación preliminar, el pasado 17 de abril la directora del penal Elsy Torres, respondió un derecho de petición presentado por el mismo Tapia, en el que establecen que este recluso "no ha solicitado u obtenido permisos en los términos indicados en su solicitud para atender requerimientos personales o medicas fuera de este establecimiento". A la comunicación le agregan que las salidas del establecimiento solo se realizan en los vehículos del establecimiento y que, de ninguna manera, esto podría ser en un vehículo particular, tal y como se ha indicado en las denuncias publicadas a través de la red social X. "Los traslados o Remisiones de las Personas Privadas de la Libertad previamente verificados y autorizados, se realizan en los vehículos Institucionales con todas las medidas de seguridad establecidas bajo el manual de remisiones", expone el documento.
Dos años después de se destapara el escándalo de Centros Poblados que involucró al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y a la entonces jefe de cartera, Karen Abudinen lanzó un libro que cuenta su versión de los hechos.En entrevista con Mañanas Blu 10AM, la exministra Abudinen se refirió al escándalo de los 70.000 millones y al libro que escribió de 168 palabras, en el que recogió documentos, testimonios y evidencia para contar “su verdad”.Según la exministra, escribir el libro era importante hacer un recuento histórico para la vida, para su familia, para los ciudadanos y para hacer una reflexión frente a la ley 80."Yo creo que era importante hacer este recuento histórico para la vida, para mi familia, para, para los ciudadanos, para la gente, porque al final del día sí hay condenados. Algunos se acogieron a sentencias anticipadas. De hecho hay principios de oportunidades, pero aquí lo importante es cómo ocurrieron los hechos y por qué creo yo que hay que hacer una reflexión frente al tema de la ley 80, que es de las cosas que creo que tenemos que iniciar un debate frente a qué le hace falta a la ley 80", destacó Abudinen.Asimismo, la exjefe de cartera habló sobre los conetenidos que aborda en el libro y cómo se ha visto afectada, asegura, no solo ella, sino su familia por todo lo que se ha hablado en redes alrededor del tema."En el libro hay bastantes reflexiones frente a las bodegas, por ejemplo, que creo que a veces ni nosotros mismos entendemos cómo un contenido puede llegar a 90 millones, o sea, a 90 millones de usuarios, de impresiones. Como eso puede afectar la psiquis, inclusive no solo de mi persona y mi familia, sino inclusive de todas las personas que estaban trabajando en el Ministerio de las Tecnologías y Comunicación", comentó.Abudinen también defendió la decisión de entregar el contrato en ese momento que tomó porque dice que no podía haber tomado una decisión diferente porque la ley la llevaba a darle el contrato justamente a ese consorcio, pese a las alertas."Lo que pasa aquí y es importante es que ellos cumplieron con todos los requerimientos, tanto técnicos como jurídicos, como financieros. Dos. La empresa presentó una oferta que era más una oferta cerrada que cumplía con todo el tema de más tiempo, más velocidad, mejor servicio, más años. Entonces eso también conllevó a que esa empresa tuviera, no solamente digamos, cumpliera técnicamente, sino que también cumpliera proponiendo más cosas y más beneficios para los ciudadanos. Ahí, a pesar de las alertas porque son alertas, yo no puedo condenar a alguien donde yo no tengo una prueba", puntualizó la exministra.En ese sentido, Abudinen también reconoció las acciones que llevaron a cabo desde el ministerio que "cumplieron con todos los procedimientos que la ley exige"."Yo quiero como ser muy clara. A los cuatro meses de adjudicado este contrato, se caducó el contrato. Por eso, porque si no hubiéramos abierto un proceso de incumplimiento, si este proceso de incumplimiento no nos lleva a que hay una garantía falsa porque llamamos al garante y cumplimos con todos los procedimientos que la ley te exige, nunca jamás hubiéramos podido caducar el contrato ni adjudicárselo al segundo", detalló."A ellos les suspendieron todos los contratos que tenían con el Estado, que eran más de 4 billones de pesos. Entonces yo lo que creo es se hizo lo correcto. Se protegió 1 billón de pesos porque hay que pensar que el contrato no solamente era de 70.000, sino era de 1.7. (...) Hoy hay más de 8.000 colegios conectados. Los 70.000 están en manos de los criminales", aseguró.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
