Siguen las tensiones tras la autoproclamación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. En las últimas horas el partido Centro Democrático emitió un fuerte comunicado en el que responsabiliza al mandatario venezolano por cualquier riesgo a la vida e integridad del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, tras las recientes declaraciones del líder chavista.En un discurso, Maduro calificó a Uribe como "paramilitar y narcotraficante" y aseguró que el canciller venezolano, Yván Gil, había dado un ultimátum de 48 horas para que Uribe abandonara "el territorio de Sudamérica".Las declaraciones surgieron luego de que el exmandatario colombiano, durante un evento en Cúcuta denominado “Plantón por la libertad de Colombia y Venezuela”, calificara al gobierno de Maduro como una “tiranía” que perpetúa el hambre, la represión y el narcotráfico.Desde Cúcuta, frontera entre Colombia y Venezuela, el expresidente Álvaro Uribe solicitó una intervención militar internacional para derrocar el régimen de Nicolás Maduro , al calificarlo como una dictadura.Uribe pidió que esta intervención sea preferiblemente avalada por las Naciones Unidas, con el objetivo de “desalojar a esos tiranos del poder”, en un contexto de creciente crisis política y humanitaria en el país vecino.Tras esas declaraciones, Maduró se despachó contra el exmandatario colombiano y lo calificó de asesino. Ante esto, el Centro Democrático rechazó enfáticamente las acusaciones de Maduro, destacando el historial de Uribe como defensor de la democracia y la seguridad en Colombia.“El cobarde tirano desconoce los resultados de las elecciones en Venezuela, somete a su pueblo al hambre y reprime a sus opositores. Rechazamos con firmeza las acusaciones de Nicolás Maduro contra Álvaro Uribe Vélez, un líder que ha sido una voz solitaria contra la dictadura venezolana. Que el mundo sepa que el tirano amenaza gravemente a un expresidente de otra nación y atenta contra la soberanía de otros países”.Además, el partido subrayó su preocupación por lo que calificaron como un intento de intimidación al expresidente Uribe Vélez, quien ha sido un crítico constante del régimen chavista.La publicación generó eco en sectores políticos y sociales de Colombia y América Latina, reavivando el debate sobre las tensas relaciones entre ambos países y la situación política en Venezuela.
En una reciente entrevista para el programa Noticias de la Mañana de Blu Radio, el representante Hernán Cadavid del Centro Democrático compartió las acciones que están llevando a cabo desde la oposición colombiana para apoyar a la oposición venezolana.Durante su intervención, destacó la histórica presencia del partido sobre en la situación en la frontera, reafirmando su respaldo a la oposición venezolana a lo largo de los años. "No será la primera vez que por parte del Centro Democrático hagamos presencia en la frontera", declaró Cadavid, subrayando la lucha constante de la oposición venezolana y la necesidad de mantener el apoyo hacia ellos. La relación con la oposición venezolana El representante Hernán Cadavid también se refirió a los contactos que ha tenido el Centro Democrático con la oposición venezolana, mencionando que siempre ha existido un grado de conversación y colaboración. "Vamos a esperar si durante la mañana de hoy será posible que personas de la oposición puedan hacer presencia en Cúcuta", comentó. Sin embargo, también recalcó las dificultades que enfrenta la oposición venezolana y la resistencia que aún existe en algunos sectores colombianos hacia sus propuestas. Moción de censura al canciller Murillo Otro tema discutido fue la moción de censura que están preparando partidos como Cambio Radical en contra del canciller Murillo, a raíz de su asistencia a la toma de posesión de Nicolás Maduro. El representante Hernán Cadavid manifestó que seguramente apoyarán esta moción, al tiempo que criticó la falta de respaldo hacia los ministros al ser respaldados por sectores tradicionales de la política, a pesar de sus acciones controvertidas. "Lo que el mundo vio es que no hubo ni siquiera presencia de presidentes legítimamente elegidos", enfatizó, refiriéndose a la reciente toma de posesión de Nicolás Maduro. El representante Cadavid destacó la importancia de informar al país sobre todo lo que sucede en la zona de frontera y de mantener una postura firme en el respaldo a la oposición venezolana ante la difícil situación política que enfrentan. "Es fundamental que los colombianos sean conscientes de la realidad política en la región y de las acciones que se están tomando desde el Centro Democrático para proporcionar apoyo a sus aliados venezolanos".
Especialmente desde el ámbito político y el sector salud aseguran que la decisión del Gobierno nacional, entorno al UPC, refleja la "insuficiencia frente a la grave crisis financiera" que enfrenta el sistema de salud colombiano, lo que ha provocado un intenso debate en el Congreso.Uno de los sectores más críticos ha sido el Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal expresó en sus redes sociales que el incremento de la UPC es "insuficiente" para enfrentar las necesidades del sistema. Considera que la situación del sector salud requiere medidas más contundentes y señaló que los funcionarios encargados de asesorar al presidente Petro sobre este ajuste no parecen tener en cuenta la realidad del sistema, que atraviesa dificultades estructurales desde hace años.Por su parte, el representante Andrés Forero, también del Centro Democrático, presentó una denuncia aún más grave. Según él, un derecho de petición enviado al Ministerio de Salud reveló que la Dirección encargada de calcular la UPC ha estado en interinidad desde mayo, lo que ha afectado el proceso de determinación de este importante monto. Además, destacó que una de las subdirecciones de esta entidad lleva vacante más de un mes, lo que refuerza las críticas sobre la falta de gestión en la administración del sistema de salud.En respuesta a las críticas, el presidente Petro defendió el ajuste a la UPC argumentando que la medida es adecuada para la situación actual del país. Según el mandatario, el aumento busca mitigar los efectos de la crisis en el sistema de salud, que, dice, ha sido exacerbada por el "mal manejo" del expresidente Iván Duque durante la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.
El Centro Democrático se pronunció frente a los hallazgos de la JEP y la Unidad de Búsqueda en La Escombrera, de la Comuna 13 de Medellín.Lo anterior después de que se confirmara el hallazgo de las primeras estructuras óseas que serían de personas dadas por desaparecidas en la Comuna 13.Una de las intervenciones que se hizo en la comuna se dio durante los primeros meses del Gobierno del expresidente Álvaro Uribe y se llamó la operación orión.El partido del expresidente Álvaro Uribe, el Centro Democrático, se refirió al tema en las últimas horas y aseguraron que hay una instrumentalización mediática y política de la JEP y el Gobierno.“Según información divulgada en medios, se encontraron tres cadáveres cuyos restos óseos aún no han sido identificados; tampoco se han revelados datos relacionados con fechas, entre otros. Por lo tanto, cualquier suposición al respecto es irresponsable y afecta a las víctimas que merecen todo el respeto y rigor. En La Escombrera, según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, al menos 502 personas pudieron haber sido sepultadas entre 1978 y 2016 En 2019, familiares de personas desaparecidas pidieron cerrar La Escombrera, ya que, según habitantes de la zona, el sitio habría seguido siendo usado como fosa común. Corresponde al Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinar la identidad y origen de los restos encontrados”, señaló el Centro Democrático.Desde este partido político también aseguraron que se está promoviendo un “espectáculo mediático” que tiene intereses políticos. También aseguran que la JEP desconoce la situación que se presentaba en la Comuna 13 antes de la Operación Orión.“La JEP desconoce, por ejemplo, que antes de la intervención de la operación orión, la Comuna 13 vivía una grave crisis de violencia: En los primeros ocho meses de 2002 se registraron 373 homicidios, con una tasa de 434 homicidios por cada 100 mil habitantes. Según cálculos de la propia Alcaldía de Medellín, cerca de 70.000 personas se desplazaron de la Comuna debido a la violencia. Los colegios no podían impartir clases por amenazas de grupos armados. Los habitantes enfrentaban secuestros y extorsiones constantes”, señala el partido del expresidente Uribe.
El representante a la Cámara, Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático, calificó como una "gigantesca lección para el país" el rechazo a la reforma tributaria impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que consideró gravosa y perjudicial para sectores vulnerables. En entrevista con Sala de Prensa, Pérez señaló que la propuesta afectaría a pequeñas empresas y negocios que actualmente operan bajo el régimen simple, como panaderías, cafeterías y peluquerías, aumentando drásticamente sus cargas tributarias. “Una panadería que hoy paga 900.000 pesos anuales, bajo este esquema pasaría a pagar hasta 4 o 5 millones de pesos”, ilustró.Pérez argumentó que la derrota del proyecto en el Congreso refleja no solo la desconexión del Gobierno con la realidad económica del país, sino también su incapacidad para dialogar con las comisiones económicas. “Este es un Gobierno especializado en victimizarse. Siempre la culpa es de los demás”, afirmó. Criticó, además, la falta de previsión presupuestal del Ejecutivo, destacando que la reforma tributaria anterior, aprobada hace menos de dos años, no logró cerrar el déficit fiscal. Según el congresista, esto se debe a una desaceleración económica provocada en parte por la misma reforma. “El crecimiento económico apenas llegó al 0,6 % el año pasado, una cifra que raya en la recesión”, explicó.En cuanto a las tensiones políticas, Pérez lamentó el lenguaje del presidente Petro, quien calificó de "malditos" a los congresistas que no apoyaron la reforma. “Ese no es el lenguaje de un mandatario. Un presidente debe unir, coordinar, ensamblar. No maldecir ni dividir”, expresó. Señaló que, de cara al futuro, esta falta de comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo pone en riesgo la gobernabilidad en los próximos dos años. “Si el presidente desconoce la obligación constitucional de trabajar armónicamente entre las ramas del poder, estaremos frente a una grave crisis institucional”, concluyó.
La denuncia tiene como fundamento la posible comisión de delitos contra menores de edad, luego de una serie de publicaciones en redes sociales que han generado controversia por parte de Daniel Mendoza, quien se perfila como el próximo embajador de Colombia en Tailandia.La decisión del partido responde a mensajes de Twitter, publicados años atrás por Mendoza, en los que se advierten comentarios considerados denigrantes hacia las mujeres y con referencias explícitas hacia menores. A pesar de que el activista y académico ha explicado que los tuits hacen parte de su primera novela, el partido asegura que no existen pruebas que los vinculen como un texto literario, ya que se trata de publicaciones independientes.En un comunicado, el Centro Democrático subrayó su preocupación frente a los hallazgos de estos mensajes, argumentando que resultan preocupantes y graves para el ejercicio de funciones diplomáticas en representación del país. “La conducta de Mendoza Leal no solo es irresponsable, sino también incompatible con los principios éticos y el respeto que deben caracterizar a quienes ocupen cargos en la administración pública”, señalaron desde la colectividad.Por su parte, Daniel Mendoza Leal ha defendido su postura, afirmando que los tuits deben interpretarse dentro del contexto de su obra literaria. Sin embargo, su explicación no ha sido suficiente para evitar el cuestionamiento de diversos sectores, que consideran necesaria una investigación exhaustiva sobre el tema.“En Colombia, la Constitución no solo no permite, sino que prohíbe que se utilice la libertad de expresión como una herramienta para mancillar de manera injustificada derechos fundamentales de funcionarios públicos, con el ánimo, como lo hizo Mendoza Leal, de promover la estigmatización social y los ataques digitales en contra del expresidente y otros ciudadanos."Con base en los argumentos expuestos, solicitamos respetuosamente que el Ministerio de Relaciones Exteriores revoque el nombramiento del señor Daniel Mendoza Leal como embajador de Colombia ante el Reino de Tailandia. Colombia necesita representantes que proyecten una imagen de integridad, respeto y compromiso con los valores democráticos y de derechos humanos que nos distinguen como nación” dijo el director Gabriel Vallejo en una carta dirigida al ministerio de Relaciones Exteriores.
Según el partido, Daniel Mendoza ha evidenciado una “falta de compromiso con la verdad y el respeto hacia los derechos fundamentales de los ciudadanos", lo que incluye la violación a la honra y el buen nombre, como quedó demostrado, según ellos, en la orden de retractación emitida por la Corte Constitucional tras diversas publicaciones en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.El Centro Democrático argumentó que la trayectoria de Mendoza está marcada por acciones y declaraciones que calificaron como “perturbadoras", acusándolo además de hacer apología del abuso sexual y la pedofilia en sus contenidos.En este contexto, el representante Hernán Cadavid también tomó acciones para expresar el rechazo. A través de una carta dirigida al Gobierno tailandés, el congresista reiteró la posición de su partido frente a esta designación y advirtió sobre las implicaciones que tendría el nombramiento de Mendoza en el contexto internacional.“Respetuosamente, solicito a su Gobierno considerar estos hechos al evaluar la propuesta presentada por el Gobierno de Colombia. Estoy convencido de que nuestras relaciones bilaterales merecen ser representadas por personas que actúen con integridad, respeto y profesionalismo”, aseguró Cadavid.A lo anterior también se sumó la concejal Diana Diago, quien envió una carta al rey de Tailandia.“En reiteradas ocasiones, el señor Mendoza ha utilizado sus plataformas digitales y otros espacios públicos para proferir comentarios que no solo denigran a las mujeres, sino que también incitan a conductas que contradicen gravemente los principios éticos y morales que compartimos como humanidad”, se lee en el documento.Además, añadió que “le solicito que el Gobierno del Reino de Tailandia no le otorgue el beneplácito al señor Mendoza. Nuestros pueblos necesitan representantes que encarnen los valores de respeto, integridad y diplomacia, y confiamos en que la postura de Tailandia frente a este caso reafirmará su compromiso con estos principios universales”.
El reciente escándalo sacudió, de nuevo, a la Policía Nacional y el Senado de la República y, que trajo consigo la detención de Julián Forero, quien actualmente es uno de los asesores jurídicos del senador José Vicente Carreño, del partido Centro Democrático. La acusación contra Forero se trata de, principalmente, un presunto intento de soborno al subdirector de la Policía, el general Nicolás Zapata. Ante esto, el senador Carreño aseguró que no tiene nada que ver y dijo que, así como muchos se sorprendieron, lo hizo él también."No tengo nada que ver, absolutamente. Lo que precisamente dijo la Fiscalía sobre el caso: 'el senador Carreño ni está investigado ni está involucrado ni se nombran este proceso'. Debemos partir de un supuesto porque está en investigación”, puntualizó el senador en diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales.Vía X, su partido, el Centro Democrático, se pronunció al respecto con un mensaje en el que expresaron “preocupación” por la investigación alrededor “de un supuesto soborno” por parte de “un miembro de la UTL” de un senador de la colectividad.“Pedimos celeridad en la investigación y que se le aclare al país lo ocurrido. La corrupción no tiene color político y debe ser rechazada de manera tajante y contundente por toda la sociedad colombiana”, añadieron.El senador Carreño defendió su posición y la de su asesor, enfatizando que no se vio involucrado y tampoco tenía conocimiento de las acciones de Forero, abogando por no presuponer culpas antes de que las autoridades tengan una resolución clara de lo sucedido.Para él, el hecho de que su asesor haya sido detenido es profundamente lamentable, según aseveró, y “no refleja el carácter” que él le conoce.De acuerdo con su versión, se enteró del caso cuando recibió una llamada el día 4 de diciembre, sobre las 7:00 de la mañana. Contó que iba saliendo del Congreso y ahí le informaron de la captura de Forero, sin conocer, según indicó, de qué se trataba realmente.“E inmediatamente, obviamente, me comunico con la familia; que es por un cohecho, por un supuesto cohecho. De ahí no me entero de más nada, esas son cartas que tiene la Fiscalía para ya en el tema de la legalización y de la imputación de cargos. Entonces, ya el día de ayer me entero por los medios nacionales de comunicación que era un tema referenciado a un supuesto cohecho ante mi general Zapata, subdirector de la Policía", enfatizó.
En un reciente trino, el presidente Gustavo Petro abordó varios temas sobre el país. En primer lugar, propuso un pacto entre el Gobierno y la oposición para luchar contra la corrupción y expresó su preocupación por la continua aparición de miembros de la oposición señalados de dar o recibir sobornos.El comentario del mandatario se dio tras conocerse que la Fiscalía imputó cargos por cohecho a Julián Forero, asesor de un senador del Centro Democrático, acusado de intentar sobornar al subdirector de la Policía, general Nicolás Zapata. Frente a esta situación, el presidente destacó al oficial: “Agradezco al subdirector de la Policía Nacional, general Zapata, por no dejarse sobornar. Es un ejemplo para Colombia.”En el mismo mensaje, el mandatario hizo una denuncia contra una supuesta candidata de la oposición, a quien acusó, sin mencionar su nombre, de usar información proveniente de infiltrados en la Fiscalía. Según el presidente, estas filtraciones estarían controladas por lo que denominó la “Junta del Narcotráfico”, un grupo integrado por grandes capos nacionales y extranjeros. Petro afirmó que este grupo no solo busca desestabilizar al Gobierno mediante actividades sediciosas, sino que también estaría planeando atentar contra su vida.El mandatario propuso la creación de una comisión internacional al servicio de la Fiscalía. Según Petro, esta entidad debería investigar, en primera instancia, el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, y luego enfocarse en la supuesta infiltración del narcotráfico en instituciones públicas y políticas.Finalmente, Petro concluyó solicitando la opinión de las cortes, la Fiscalía y la oposición sobre su propuesta, dejando abierta la discusión sobre el alcance de estas denuncias y las medidas necesarias para enfrentarlas.
El Centro Democrático emitió un comunicado en el que cuestiona la veracidad de las conclusiones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respecto al controvertido tema de los "falsos positivos". Según el partido, la JEP estaría incurriendo en graves imprecisiones y distorsionando la realidad.En su comunicado rechazan la afirmación de la JEP de que existió una "supuesta política de facto" que priorizaba el "conteo de cuerpos" en la lucha contra las guerrillas.Entre los argumentos presentados se destacan los datos relativos a la desmovilización, captura y bajas en combate de los grupos guerrilleros entre 2002 y 2010, período en el que gobernó Uribe. Según el partido, durante esos años se registraron 53.000 desmovilizados, 36.000 capturados y 13.900 bajas en confrontaciones legítimas con los grupos armados ilegales. Esta cifra, argumentan, demuestra que la política de seguridad democrática no se basaba en una estrategia orientada a las ejecuciones extrajudiciales, sino en el combate legítimo contra los actores ilegales que amenazaban la seguridad del país."Los datos hablan por sí mismos", afirmó el partido, agregando que "no era la muerte del último guerrillero lo que se debía hacer para conseguir la paz".Por otro lado, el Centro Democrático también critica la postura de la JEP por lo que considera un intento de "legitimar" la narrativa de los opositores al Gobierno de Uribe, quienes han acusado a la administración del expresidente de promover políticas de seguridad que habrían dado lugar a las ejecuciones extrajudiciales.Según el partido, la Jurisdicción estaría validando la "propaganda" construida por los enemigos políticos del exmandatario y de la política de seguridad democrática.El comunicado concluye señalando que las afirmaciones hechas por la JEP no solo son incorrectas, sino que también contribuyen a "desdibujar" el trabajo de las fuerzas armadas en el marco de una política de seguridad que, según el Centro Democrático, fue clave para la recuperación de la seguridad en Colombia. Además, apuntan que este tipo de acusaciones no favorecen la construcción de la paz, sino que, por el contrario, siembran división y perpetúan un relato distorsionado sobre los eventos ocurridos durante esa época.La polémica sobre los falsos positivos sigue siendo uno de los temas más delicados y debatidos en la política colombiana, y la confrontación entre la JEP y el Centro Democrático parece ser un capítulo de no terminar en la disputa por la interpretación histórica de esos años críticos para el país.
