Esta orden de la Corte a la Registraduría se da por un fallo de tutela de un ciudadano que se identificó como persona no binaria, en este caso el entuteló a la Registraduría porque ese organismo se negó a expedir la cédula de ciudadanía digital con el marcador de sexo “No Binario”, pese a que ya cuenta con el registro civil y una cédula de ciudadanía amarilla de holograma con dicha marcación en la casilla “sexo”.Tras estudiar el caso, la Corte Constitucional determinó que la negativa de la Registraduría se basó en dos razones, la primera tiene que ver en que la corrección del marcador “sexo” para el género “No Binario”, solo ha operado respecto de la cédula amarilla con holograma y, la segunda, porque actualmente la entidad no cuenta con presupuesto suficiente para modernizar su sistema informático y adaptar la corrección del marcador.En este caso, la Corte argumentó que, la Registraduría vulneró los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la persona que presentó la tutela, sin embargo, el alto tribunal también aseguró que el órgano no actuó de forma discriminatoria tras estudiar la tutela."Con relación al argumento presupuestal, la Corte concluyó que ello no puede ser impedimento para que una entidad pública imponga barreras para la satisfacción de los derechos de las personas, menos aún cuando se trata de sujetos a los cuales el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la igualdad formal y material", expresó la Corte.Por esa razón, la Corte Constitucional le ordenó a la Registraduría en seis meses realice gestiones de forma coordinada con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), para concretar los recursos para que la entidad adopte en su sistema informático las herramientas técnicas que le permitan implementar el marcador de sexo “No Binario” en la cédula de ciudadanía digital.
El Gobierno prepara un borrador de decreto en el cual se establece que los menores de edad, a partir de los siete años, pueden cambiar o elegir su género en el documento de identidad, es decir, masculino o femenino según el caso. Este proyecto de ley ha generado polémica por las implicaciones que tendría, pues, cabe recordar, el cambio es para una vez y es definitivo.En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, explicó a detalle los puntos de este decreto. En primer lugar, aclaró que esto sería para aquellos con tarjeta de identidad en el país, lo que acoge a personas entre los siete y los 17 años.Esto abre un debate por la capacidad de decisión de los niños y niñas a tan temprana edad. Al respecto, la ministra señaló que este decreto surge como respuesta a una demanda de los derechos humanos estipulada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en consonancia con la Corte Constitucional de Colombia.Según la funcionaria, el derecho a la identidad y el auto reconocimiento son fundamentales y, el lo que busca es garantizar que todos los ciudadanos, incluidos los menores de edad, tengan la posibilidad de reconocerse según su identidad de género."Dos antecedentes que son fundamentales. Esto surge con fundamento en un bloque de derechos que desde la Corte Interamericana de Derechos se ha determinado como obligatorio, pero, además, que significa trabajar en esencia sobre la adecuación del reconocimiento de un derecho humano como es el derecho a la identidad y al auto reconocimiento", puntualizó. A pesar de la buena intención detrás de esta normativa, su implementación genera controversias, sobre todo respecto a si los niños realmente tienen la madurez suficiente para tomar decisiones tan significativas acerca de su identidad. En ese sentido, dijo que los niños poseen una capacidad suficiente para autodefinirse en cuanto a su identidad y que la solicitud de cambio deberá ser presentada ante un notario, garantizando un trámite gratuito."Y eso, digamos, ya marca un límite de edad, pero, cuál es la importancia de esto, es que el auto reconocimiento de cada uno de nosotros surge desde el primer momento y no puede negarse; la tarjeta de identidad constituye un elemento fundamental de demostración de su situación de género y al solamente reconocer el tema binario, se está generando una exclusión y una discriminación", añadió la ministra.
El Ministerio de Justicia, bajo el mandato del Gobierno de Gustavo Petro, está ultimando un decreto que permitirá a los colombianos modificar el género en sus documentos oficiales. Las opciones contempladas incluyen: femenino (F), masculino (M), no binario (NB), trans y travesti (T), con el propósito de actualizar el registro civil para reflejar la diversidad de identidades de género.El borrador del decreto, que consta de 10 páginas, plantea que los ciudadanos podrán realizar este cambio de manera ágil a través de una solicitud ante un notario, el cual tendrá un plazo de cinco días hábiles para expedir la escritura pública que oficialice la modificación.De acuerdo con el documento, no se requerirán pruebas adicionales más allá de los documentos estipulados, y se garantizará la confidencialidad del proceso, protegiendo la privacidad del solicitante. En cuanto a los menores de edad que deseen hacer el cambio sin el acompañamiento de un representante legal, se prevé la intervención de la Defensoría de Familia para formalizar el trámite.“En los casos donde los menores de edad realicen la solicitud de corrección del componente sexo sin acompañamiento de representante legal, el notario o notaria o la autoridad competente, deberá tramitar la solicitud y oficiar a la Defensoría de Familia o quien haga sus veces, conforme a lo establecido en el numeral 12 del artículo 82 de la Ley 1098 de 2006, para que suscriba la escritura pública correspondiente en representación del menor de edad”, dice el documento.
A inicios de octubre, la Imprenta Nacional anunció que buscaba mecanismos legales para declarar el incumplimiento del contrato de impresión de cédulas de extranjería, establecido en un convenio con Migración Colombia. El contrato, firmado en 2021 con la empresa mexicana Accesos Holográficos, tenía vigencia hasta diciembre de este año, pero por “incumplimientos” este término el 16 de octubre. Así lo confirmó la imprenta en un comunicado.“La INC afirma que, a pesar de haber finalizado la relación contractual con Accesos Holográficos Sucursal Colombia, por aplicación de la condición resolutoria por incumplimiento, se encuentra en la capacidad de continuar ininterrumpidamente con la impresión de las cédulas de extranjería”, se lee en el documento.Vivían León, gerente de la imprenta, también se refirió el tema desmintiendo que la empresa accesos Holográficos estuviera a cargo de la impresión, aseguró que, aunque hacen parte del proceso, se encargan de tareas relacionadas con el software.“Desde la imprenta seguiremos imprimiendo ininterrumpidamente las cédulas de extranjería, y continuaremos imprimiendo, personalizando y optimizando los procesos. Rechazamos las afirmaciones hechas por un proveedor de bienes y servicios, ya que su labor hace parte de los insumos, pero en ningún momento su labor ha sido la ejecución del contrato”.Según la gerente, la entidad ha impreso 15.491 cédulas de extranjería y tiene en proceso de entrega hay 1.287 documentos. “Dicho proveedor (Accesos Holográficos) solo hacía transferencia de conocimiento y suministro de software de personalización”, agregó León.
Este lunes, las autoridades llevaron a cabo un operativo contra una red dedicada al tráfico de migrantes y la falsificación de cédulas de ciudadanía. Entre los capturados se encuentra un registrador municipal.El operativo fue liderado por el CTI de la Fiscalía, Migración Colombia, la Registraduría Nacional y la Dijín, entre otros organismos, logrando la captura de varias personas en departamentos como Atlántico, donde se evidenció la expedición de 265 cédulas falsas; en Córdoba, 253 cédulas; en Cesar, 121 documentos falsos; y en Bogotá, 139 cédulas falsas. La Registraduría ya canceló 1.038 de estas cédulas fraudulentas.>>> Lea también: Capturan a registrador de La Paz, Cesar; lo señalan de entregar cédulas falsas a migrantesSegún detalles de la investigación, esta organización criminal se dedicaba a captar ciudadanos venezolanos, ecuatorianos y dominicanos, con el propósito de cobrarles grandes sumas de dinero a cambio de la expedición de documentos falsos. Con estos documentos, los migrantes podían tramitar pasaportes y salir del país hacia destinos como Europa.El registrador municipal capturado es Oswald Morales López, de La Paz, Cesar, quien fue arrestado por su presunta participación en la red criminal que expedía cédulas falsas a migrantes venezolanos, dominicanos y ecuatorianos en el país. Junto a él, fueron detenidos en ese departamento Liliana Amaury, secretaria de la Registraduría de La Paz; José Dulot, de nacionalidad dominicana; y Farquison Gutiérrez.Estas cuatro personas están señaladas como presuntas responsables de los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes.
La cancelación de los documentos de identificación ilegales se logró gracias al trabajo en conjunto y a los cruces de las bases de datos realizados por el Centro de Analítica de Datos de la Registraduría Nacional, con información suministrada por Migración Colombia, la Cancillería y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin).Según la entidad, la mayoría de los documentos de identidad ilegales fueron expedidos en los departamentos del Atlántico, con 265 cédulas de ciudadanía; seguido de Córdoba, con 253; Cesar, con 121; y la ciudad de Bogotá, con 139 cédulas de ciudadanía.“En esencia, se trata de ciudadanos extranjeros, en especial provenientes de República Dominicana, Ecuador y Venezuela, que vienen a Colombia a obtener fraudulentamente documentos como tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía y pasaporte, y con ello poder trasladarse a otros lugares del planeta”, dijo el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos.La Registraduría resalta que al menos el 62 % de las cédulas ilícitas se reportan en personas de 19 a 30 años, teniendo 647 cédulas ilícitas tramitadas para adultos jóvenes, los cuales estarían cometiendo un delito y, además, causando un daño al Estado colombiano por información no veraz.Además, hizo un llamado de atención a los colombianos que permiten que estos actos delictivos sigan sucediendo, prestándose como testigos en la inscripción de los registros civiles de nacimiento de dichos extranjeros, documento antecedente para tramitar la cédula.“Muchos colombianos se han prestado para ir a testificar en la inscripción del registro de ciudadanos extranjeros, como si fueran colombianos, y a estos nacionales hay que decirles que están cometiendo un delito que los puede llevar a la cárcel”, mencionó Hernán Penagos.La Registraduría insiste en que estos actos no se deben permitir y continuará trabajando en conjunto con las demás entidades para evitar la creación y uso de documentos fraudulentos.
Con el objetivo de garantizar el derecho a la identificación de personas en situación de vulnerabilidad o con escasos recursos, ciertos grupos poblacionales están exentos del pago de servicios de registro civil e identificación, incluyendo a colombianos residentes en el exterior en estas condiciones.Los grupos beneficiados con la exoneración por una sola vez en trámites de duplicado y rectificación de tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía, así como copias y certificados de registros civiles, son:Población desplazada por la violencia.Víctimas registradas en el RUV (Registro Único de Víctimas).Población del nivel A del Sisbén.Personal desmovilizado, en proceso de reincorporación y desvinculado.Personas de la comunidad LGBTI en situación de vulnerabilidad.Personas con discapacidad en condición de pobreza.Habitantes de calle.Víctimas de catástrofes o desastres naturales.Personas repatriadas que requieren asistencia y ayuda social del Estado.Personas recluidas en centros carcelarios y penitenciarios, y adolescentes privados de la libertad en centros especializados.Población vulnerable atendida en jornadas móviles organizadas por la Registraduría Nacional. Miembros de comunidades y pueblos indígenas de Colombia.Para aplicar la exoneración, algunos de estos grupos deben dirigirse a la autoridad local, departamental o nacional competente, según lo estipulado en el artículo primero de la Resolución 31428 de 2022, para obtener el certificado de exoneración que acredite su condición.Es importante resaltar que las solicitudes atendidas durante las jornadas de atención a población vulnerable, trámites por orden judicial, solicitudes de indígenas y víctimas de catástrofes o desastres naturales, pueden realizarse de forma gratuita más de una vez para el mismo beneficiario.Se recuerda a los ciudadanos de estos grupos que ningún funcionario registral puede cobrar por estos trámites.
La investigación de la Fiscalía estableció que la red ilegal sería comandada por Diana Vanessa Janne Gamarra y un extranjero, quienes, junto a varios familiares y personas de su círculo cercano, al parecer, ubicaban extranjeros en condición de irregularidad para proporcionarles transporte, alojamiento y acceso a cédulas y pasaportes que los acreditaran como colombianos por los que debían pagar sumas de entre 2.000 y 4.000 dólares.“Un fiscal del grupo de casos priorizados de la delegada contra la criminalidad organizada evidenció que la red ilegal presuntamente contaba con el concurso de funcionarios de la Registraduría y la Cancillería para obtener, a cambio de coimas, los documentos que eran entregados a extranjeros provenientes de República Dominicana y Venezuela”, dijo el ente acusador.Información en poder de la Fiscalía da cuenta de, al menos, 73 trámites irregulares. En uno de estos habrían sido diligenciada documentación para 53 personas. Análisis en bases de datos permitieron advertir centenares de giros nacionales e internacionales por más de 3.411 millones de pesos que eran remitidos a nombre de integrantes de la organización delincuencial.Los procesados fueron capturados por la Dijín de la Policía Nacional durante operativos realizados en Bogotá, Amazonas, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Casanare, Córdoba, Cesar y Sucre.Los investigados fueron imputados, de acuerdo con su rol y grado de participación en el andamiaje criminal, delitos como: concierto para delinquir agravado, tráfico de migrantes, falsedad ideológica en documento público y enrique Registraduría cimiento ilícito de particulares. En total 18 de los procesados aceptaron parcial o totalmente su responsabilidad en los cargos atribuidos. Por disposición de un juez de control de garantías, una mujer fue privada de la libertad en centro carcelario; 24 afectadas con detención domiciliaria y 6 más continúan vinculadas a la investigación.
La cédula panameña fue reconocida como el documento de identidad más seguro de América Latina durante el foro regional sobre Tecnologías Seguras de Documentos que se celebra hasta este miércoles en Chile, informó el Tribunal Electoral (TE) de Panamá.El documento de identidad panameño fue postulado en este foro regional resaltando "los altos estándares del material fabricado con policarbonato y otros elementos de seguridad y protección", y porque posee entre sus principales características de seguridad la "imagen personalizada con láser del titular, visible en dos posiciones en el documento y tinta infrarroja", indicó el Tribunal en un comunicado."La cédula de identidad personal de los panameños fue reconocida como el documento más seguro de identificación en América Latina. Así lo determinó el foro internacional denominado High Security Printing Latin America 2024, celebrado Chile", agregó el TE, que precisó que Gilberto Estrada, el director nacional de Cedulación y magistrado electoral suplente, recibió el galardón en representación de la institución.El Tribunal Electoral indicó que el foro latinoamericano reunió a expertos de diferentes partes del mundo para discutir las últimas tendencias y tecnologías en impresión de alta seguridad de billetes, cédulas de identidad, visas, pasaportes electrónicos, entre otros.Los documentos evaluados incluyen: tecnologías anti-falsificación, diseño de documentos seguros, personalización y autenticación, seguimiento y rastreo, y tecnologías emergentes.Las conferencias High Security Printing son eventos anuales con un enfoque específicamente regional. Abarcan documentos especificados y emitidos por el gobierno, incluidos moneda, documentos fiduciarios, sellos fiscales, tarjetas de identificación, pasaportes electrónicos, visas, documentos de vehículos y licencias, con especial énfasis en billetes y tecnologías emergentes para documentos de identidad y de viaje, de acuerdo con la información del evento.Le puede interesar:
La Imprenta Nacional, que es una empresa industrial y comercial del Estado, empezó a ejecutar el polémico contrato para la producción de miles de cédulas de extranjería.Este documento, según la Cancillería, sirve para la identificación de los ciudadanos extranjeros, mayores de siete años de edad, en territorio colombiano.Ese contrato, que fue asignado de manera directa, pasó de tener un presupuesto el año pasado de $2.868 millones para 13 meses de ejecución, a uno de $5.400 millones para un periodo de 27 meses.“Este contrato interadministrativo representa un hito significativo gracias al intercambio de experiencias y conocimientos especializados de las entidades que participan en la producción de estos documentos de identificación para ciudadanos extranjeros”, señaló la entidad en un comunicado.En el camino quedaron las firmas oferentes Thomas, Greg & Sons y Cadena S.A que aspiraban a ganar la licitación en 2023.El contrato contará con el acompañamiento de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y hace parte del plan de adquisiciones de esa entidad para lo que resta del periodo presidencial de Gustavo Petro.
