El número de desplazados por la violencia guerrillera en la región colombiana del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander (noreste), ascendió este martes a 32.000 tras seis días de enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las antiguas FARC.Así lo manifestó la defensora del pueblo, Iris Marín, quien dijo que 15.000 personas se vieron forzadas a buscar refugio en Cúcuta, capital de Norte de Santander; 11.000 llegaron a Ocaña, segunda ciudad de ese departamento, y 5.300 a Tibú, localidad ubicada en el Catatumbo.Desde el pasado jueves, día en que el ELN comenzó los ataques contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC, unas 80 personas han sido asesinadas en el Catatumbo, entre ellas al menos seis firmantes del acuerdo de paz de 2016.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el martes que se proteja a los civiles colombianos en medio de un preocupante aumento de los combates entre grupos armados (ELN y disidencias de las Farc) en Catatumbo, en el noreste del país."El Secretario General está profundamente preocupado por la reciente violencia en la región del Catatumbo, en Colombia y pide el cese inmediato de los actos de violencia contra la población civil", dijo el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.En el mensaje transmitido por la oficina de su portavoz, Guterres exige que cese el asesinato de civiles, entre los que se cuentan firmantes del acuerdo de paz de 2016, defensores de derechos humanos y líderes cívicos, y lamenta además el desplazamiento de miles de civiles por los enfrentamientos armados.El secretario general da a entender que parte de la responsabilidad le compete al Gobierno, pues reitera "la importancia de la aplicación completa del acuerdo de paz" de 2016, en alusión a las críticas vertidas por el retraso en cuestiones como el reparto de tierras y la justicia transicional.La guerra del ELN contra una disidencia de las FARC en el Catatumbo, región que ocupa la parte septentrional del departamento de Norte de Santander, supone un desafío mayúsculo para el Estado colombiano, que ha llevado al presidente Gustavo Petro a anunciar la conmoción interior y a advertir a esa guerrilla de que el Gobierno está dispuesto a enfrentarla.Desde el pasado jueves, día en que el ELN comenzó los ataques contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC, unas 80 personas han sido asesinadas en el Catatumbo, entre ellas al menos seis firmantes del acuerdo de paz, y 22.570 personas se encuentran desplazadas en distintos albergues de la región.
Las autoridades de Bucaramanga están llevando a cabo una evaluación de las familias que han llegado desplazadas a la ciudad, con el fin de verificar que efectivamente provienen de las zonas afectadas por el conflicto armado en el Catatumbo y otras regiones cercanas. Hasta el momento, 78 familias provenientes del Catatumbo, en su mayoría desde Ocaña, han arribado a Bucaramanga. Sin embargo, también han llegado desplazados del Magdalena Medio y del sur de Bolívar, zonas donde los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo han generado graves consecuencias. Según el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, la información entregada por la Defensoría del Pueblo es que "el 20 % de las familias desplazadas provienen del Magdalena Medio, mientras que las demás llegan de Ocaña, huyendo del conflicto".Este proceso se realiza en respuesta a las denuncias sobre falsas familias desplazadas que están tratando de acceder a las ayudas humanitarias destinadas a los verdaderos afectados por la violencia.El mandatario local expresó su preocupación por la falta de medidas contundentes a nivel nacional para abordar esta crisis. "Nos preguntamos qué está haciendo el Gobierno nacional para enfrentar esta situación, porque de nada sirve que nosotros nos preparemos para recibir a las personas desplazadas si no hay decisiones desde el Gobierno central para mitigar este riesgo", afirmó Beltrán.De manera coordinada con los entes de control y las autoridades competentes, Bucaramanga está trabajando para brindar ayuda humanitaria a estas familias. Se espera que las personas desplazadas puedan regresar a sus lugares de origen una vez que la situación de seguridad en sus comunidades se estabilice.La situación es aún más compleja debido a la llegada no solo de desplazados del Catatumbo, sino también de personas del Magdalena Medio y el sur de Bolívar, que huyen de las amenazas de grupos armados ilegales y del temor a masacres como la ocurrida recientemente en el departamento de Norte de Santander.
Aumentan las voces de rechazo y preocupación sobre la situación actual del Catatumbo y la crisis humanitaria en la zona, que ha dejado a varias familias fuera de sus hogares. Uno de los rechazos llega desde Aliadas, que asegura que no es momento de ser indiferentes, ya que el panorama demuestra miedo, hambre y desolación. Las víctimas inocentes necesitan de la unión y solidaridad del país.Por eso le hacen un llamado al Gobierno y a las Fuerzas Militares para que asuman su deber constitucional de proteger la población.“Incluida la defensa y protección de quienes están en la mesa de negociación por parte del Gobierno, y garantizar el orden en el territorio. La fuerza pública no puede ser un actor expectante o un simple mediador; su papel debe ser el de garantizar la seguridad y enfrentar con firmeza a los grupos criminales que hoy desafían la estabilidad del país. La inacción no es una opción cuando la vida de miles de colombianos está en juego”, expresa Aliadas.Por otro lado, dentro de los mensajes al Gobierno, afirman que es necesario que se haga una distinción entre la violencia política y delincuencia organizada. En la carta, asumen una postura en la que expresan que el ELN y demás grupos armados no tienen la intención de paz, sino expansión del poder a través del narcotráfico, extorsión y secuestro.“Estos grupos no pueden ser tratados como actores políticos, sino como lo que son: organizaciones criminales que deben enfrentar todo el peso de la ley”, añadieron.Concluyen con el pedido al Gobierno de acciones contundentes y efectivas para contrarrestar las amenazas y estabilidad del país.
Territorios como Ocaña y Cúcuta siguen recibiendo a miles de desplazados del Catatumbo, que han tenido que dejar no solo sus pertenencias, sino también la vida construida con mucho esfuerzo durante muchos años, y, que a causa de la violencia han tenido que renunciar. Los ataques del ELN no cesan y con ello el temor e incertidumbre de miles de familias que buscan un refugio para protegerse de los enfrentamientos.El encrudecimiento de violencia y los ataques del grupo armado tienen a la deriva a muchas familias y sigue siendo un tema de conversación, donde desde las diferentes entidades y alcaldías municipales solicitan el apoyo del Gobierno que permita brindar ayuda a todas esas personas que se encuentran sin hogar.Por otro lado, desde las administraciones locales dan a conocer cómo están sobrellevando la situación y qué acciones están implementando para mitigar el impacto de los desplazamientos forzados.El alcade de Ocaña, Norte de Santander, Emiro Canizares Plata, habló en Blu Radio sobre la difícil situación que está viviendo la región donde siguen llegando una gran cantidad de desplazados al casco urbano, cabe destacar que cerca de este territorio se encuentran municipios como San Calixto, Teorama, Convención, entre otros, zonas duramente afectadas por los grupos armados."El Gobierno nacional y la Gobernación han enviado algunas ayudas, como 14 toneladas de insumos básicos, pero necesitamos más recursos para afrontar esta crisis”, indicó Cañizares.Con la ayuda que ha brindado el Gobierno, han podido brindar ayuda a algunas personas, pero aun así, la ayuda sigue siendo necesaria, ya que, el número de desplazados aumenta. Es por eso que, pidió al Gobierno que pueda visibilizar la situación y brindar la ayuda humanitaria necesaria.Así llegan desplazados al casco urbano de OcañaEn diferentes imágenes se puede observar como en medios de transporte como motos, volquetas, etc, llega un gran número de desplazados al municipio de Ocaña que por el momento se encuentra ubicando estas personas en lugares como el estadio del municipio, asi como otros espacios que la alcaldía municipal dispondrá.La situación educativa también es alarmante. En el Catatumbo, cerca de 46.000 niños han dejado de asistir a clases debido a la violencia.“El conflicto no solo expulsa a las familias de sus hogares, sino que también les roba a los niños su derecho a la educación y a una infancia tranquila”, expresó el alcalde de Ocaña.Por otro lado, la capital de Norte de Santander también sigue recibiendo desplazados que en su mayoría provienen de Tibú. El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, dejó entrever las acciones realizadas desde la administración para salvaguardar la vida e integridad de las personas, así como el número de desplazados hasta el momento.“Ayer eran cerca de 19.000, pero ya superamos los 20.000 desplazados. Esto es una tragedia humanitaria que requiere atención inmediata”, señaló Acevedo.Los alcaldes de Cúcuta y Ocaña coincidieron en que esta situación requiere un enfoque que trascienda las ayudas inmediatas, incluyendo el desarrollo de infraestructura y la implementación de proyectos de paz a largo plazo.
En entrevista en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el senador Alejandro Carlos Chacón, representante de Norte de Santander, aborda la difícil situación que viven los habitantes de Catatumbo, una zona afectada por el conflicto armado y el narcotráfico. Según Chacón, la crisis humanitaria en esta región no es un fenómeno reciente; de hecho, es el resultado de años de desatención por parte del Estado y el crecimiento de grupos armados ilegales.El crecimiento de grupos armadosDurante la conversación, Chacón expone como grupos como el ELN y las disidencias de las Farc han aumentado su número de combatientes en los últimos años. A partir de 2017, cada una de estas organizaciones comenzó con unos 1,600 hombres, pero esa cifra ha escalado a más de 4,200 en el caso del ELN y 4,500 para las disidencias de las Farc. "Este crecimiento exponencial no solo es preocupante, sino que también revela la falta de medidas efectivas por parte del gobierno para abordar la situación", señala el senador.La ausencia del EstadoUn punto crítico en la discusión es la ausencia del Estado en la región. Chacón enfatiza que, pese a los acuerdos de paz firmados en 2016, la falta de presencia estatal ha permitido que grupos ilegales retomen el control del territorio. "La fuerza pública debería haber ingresado a estos territorios junto con inversiones sociales para recuperar el control", comenta el senador. Sin embargo, esto no ha sucedido, lo que ha colocado a las comunidades locales en una situación de desprotección.El vínculo con VenezuelaEl senador también menciona que muchos de estos grupos se resguardan en el vecino país de Venezuela, complicando aún más la situación para el gobierno colombiano. "La inteligencia del Estado tiene conocimiento de esto, pero la falta de información pública dificulta la implementación de estrategias efectivas", asegura Chacón.La solución necesariaFrente a la crítica situación, el senador concluye que tanto la fuerza pública como las inversiones en la región deben ir de la mano. Sin una estrategia que contemple estos dos aspectos, la posibilidad de restablecer la paz y la seguridad en Catatumbo sigue siendo un desafío monumental. Así, Chacón hace un llamado a no esperar más y a actuar para prevenir un agravamiento del conflicto.Finalmente, la crisis en Catatumbo es un tema que requiere atención urgente, no solo por parte del gobierno actual, sino de toda la estructura estatal para asegurar un futuro más seguro y pacífico para sus habitantes.Escuche la entrevista completa aquí:
Desde la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN, entregaron un balance sobre las afectaciones para los firmantes de paz debido al conflicto en el Catatumbo.En total, en diferentes municipios de esa zona del país viven 464 personas que adelantan su proceso de reincorporación, 102 fueron desplazadas por la violencia de los últimos días y once más fueron secuestrados y en este momento están desaparecidos.“La Agencia para la Reincorporación ha gestionado un albergue humanitario para los firmantes de paz en donde se está acogiendo a los firmantes que llegan con sus familias”, dijo la directora de la ARN, Alejandra Miller.En el Catatumbo, hay un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, a donde también han llegado algunas personas afectadas por la violencia.“Estamos trabajando también en una ayuda humanitaria para el ETCR de Caño Indio, en donde gracias a que se ha constituido en un albergue humanitario están apoyando a muchas veredas alrededor y tenemos ya 718 personas, más de 200 menores de 15 años deben ser atendidos de manera urgente”, agregó Miller.
La Iglesia católica se pronunció sobre la compleja situación de orden público que se vive en el Catatumbo. Más de 18.000 personas han sido desplazadas y más de 60 han sido asesinadas, principalmente por las acciones delincuenciales del ELN.Ante esta situación, la Conferencia Episcopal de Colombia pidió un cese de hostilidades entre los grupos armados de esa zona del país.“La Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) expresa su profundo dolor y rechazo por la grave crisis humanitaria que viven las comunidades de la región del Catatumbo; llama al cese de hostilidades entre los actores armados; y renueva su compromiso con las víctimas y la construcción de paz. Además, convoca a una jornada de oración que se llevará a cabo el próximo domingo 26 de enero en todos los templos del país”, señala la Iglesia católica.La Iglesia también manifestó su voluntad para apoyar las labores humanitarias en la zona.“Las actuales confrontaciones armadas que cobran la vida de decenas de personas de nuestra población y que obligan al desplazamiento de numerosas familias y comunidades, no solo vulneran los derechos humanos fundamentales, sino que agudizan el sufrimiento de niños, mujeres y personas en estado de indefensión, desgarrando el tejido social y humano, y abriendo nuevas heridas a la nación. Como Iglesia católica estamos cerca de quienes sufren, oramos por quienes han fallecido y expresamos toda nuestra solidaridad con las víctimas de esta violencia absurda”, agregan desde la Conferencia Epíscopal.
La Fiscalía General de la Nación adelanta cuatro líneas de investigación para abordar la crítica situación de violencia en el Catatumbo, una región golpeada por enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc. Estas investigaciones se centran en la desaparición y el desplazamiento forzado de personas, la masacre de la familia López, los asesinatos a firmantes del acuerdo de paz y las constantes confrontaciones entre los grupos armados ilegales.Un fiscal de derechos humanos, que conversó bajo reserva con Blu Radio, señaló que la escalada de violencia “se veía venir”. Según explicó, el incremento de combatientes en las filas del frente 33 de las disidencias de las Farc ha generado tensiones con el Frente Nororiental del ELN, que históricamente ha controlado esta región. Las diferencias entre ambos grupos van más allá de los territorios: están relacionadas con la comercialización de droga, el robo de crudo de los oleoductos de Ecopetrol y la extorsión a empresas mineras.El Catatumbo, que comprende municipios como Tibú, El Tarra y Teorama, es una de las zonas con mayor cantidad de cultivos de coca en el país, lo que intensifica los choques por el control territorial. Desde 2022, las fricciones entre las dos estructuras se han traducido en enfrentamientos armados, reclutamiento forzado y estrategias de acercamiento a la población, como la entrega de mercados y regalos, lo que ha agudizado la percepción de competencia entre los grupos.Recientemente, el presidente Gustavo Petro anunció la suspensión de los diálogos con el ELN, calificando sus acciones en el Catatumbo como crímenes de guerra: “El ELN no tiene ninguna voluntad de paz”, afirmó el mandatario. Las autoridades departamentales informaron que más de 20.000 personas han sido desplazadas debido a los enfrentamientos, agravando la crisis humanitaria en la región.El comisionado de Paz, Otty Patiño, explicó que el Gobierno cumplirá los protocolos pactados con las estructuras al margen de la ley: “Hay una serie de protocolos que tienen que ver cuando se suspenden o se rompen las conversaciones (…) Todo eso hay que revisarlo y acudir a lo acordado, porque si algo tiene este Gobierno es el cumplimiento de lo pactado”.Mientras tanto, alias 'Alfred', comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, ha pasado a ser uno de los principales objetivos de las autoridades debido a los recientes hechos de violencia en la región. La Fiscalía continúa investigando la crisis para esclarecer los hechos y garantizar justicia en una de las zonas más afectadas por el conflicto armado en el país.
La región del Catatumbo, en Norte de Santander, vive una de las peores crisis humanitarias de los últimos años. Según cifras oficiales, el enfrentamiento entre grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC ha obligado a más de 20.000 personas a abandonar sus hogares, desplazándose hacia municipios como Cúcuta y Ocaña en busca de refugio y seguridad.Desplazados llegan a Cúcuta en busca de ayudaEn una entrevista con Mañanas Blu, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, reveló que aproximadamente 11.600 personas desplazadas han llegado a la capital de Norte de Santander. “Ayer eran cerca de 19.000, pero ya superamos los 20.000 desplazados. Esto es una tragedia humanitaria que requiere atención inmediata”, señaló Acevedo.Los desplazados, muchos de ellos provenientes de municipios como Tibú, El Tarra y Teorama, llegan con lo puesto. Según el alcalde, “estas familias salen de sus hogares sin tiempo para llevar siquiera una muda de ropa. Llegan aquí con miedo, hambre y muchas necesidades”.En Cúcuta, los recién llegados están siendo atendidos en espacios como el estadio General Santander, donde se realizan censos y declaraciones con el apoyo de instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Sin embargo, las capacidades locales están desbordadas.“La gente del Catatumbo quiere regresar a sus casas, pero solo lo hará cuando haya paz y seguridad. Esta es una oportunidad para que el Estado recupere el control del territorio”, enfatizó Acevedo, quien también destacó la importancia de medidas como el decreto de conmoción interior que planea emitir el Gobierno Nacional para canalizar recursos y garantizar la atención adecuada.Ocaña, otro epicentro del desplazamientoPor su parte, el alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares, señaló que su municipio también está recibiendo un gran número de desplazados. “Hemos registrado 3.150 núcleos familiares, lo que equivale a cerca de 9.000 personas. Esta emergencia ha superado cualquier capacidad local”, aseguró.Para atender a los desplazados, Ocaña ha habilitado espacios como el coliseo municipal, la plaza de ferias y el parque Lucía Padilla, que ahora funcionan como albergues temporales. Sin embargo, la demanda de ayuda supera las posibilidades del municipio.“El Gobierno Nacional y la Gobernación han enviado algunas ayudas, como 14 toneladas de insumos básicos, pero necesitamos más recursos para afrontar esta crisis”, indicó Cañizares.La atención se centra en garantizar al menos lo esencial: comida, ropa y un lugar seguro para dormir. Sin embargo, una de las mayores preocupaciones es la niñez afectada por este desplazamiento masivo.Impacto en la infancia y la educaciónSegún reportes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), aproximadamente 1.840 niños se encuentran entre los desplazados que han llegado a Ocaña. Muchos de ellos presentan problemas de salud física y emocional, resultado del estrés y las condiciones de su huida.La situación educativa también es alarmante. En el Catatumbo, cerca de 46.000 niños han dejado de asistir a clases debido a la violencia. “El conflicto no solo expulsa a las familias de sus hogares, sino que también les roba a los niños su derecho a la educación y a una infancia tranquila”, expresó el alcalde Cañizares.Un llamado urgente a la acciónLos alcaldes de Cúcuta y Ocaña coincidieron en que esta situación requiere un enfoque que trascienda las ayudas inmediatas, incluyendo el desarrollo de infraestructura y la implementación de proyectos de paz a largo plazo.“Si llevamos vías, conectividad y desarrollo a la región, lograremos debilitar a los grupos armados. Necesitamos que el Catatumbo sea un territorio de oportunidades para su gente”, concluyó el alcalde Acevedo.
