El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira se ha acogido este martes a su derecho a no declarar ante el juez que investiga los pagos que durante años le hizo el FC Barcelona.Según han informado fuentes judiciales, Negreira ha comparecido hoy como investigado ante el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en una vista que ha durado apenas un par de minutos y en la que Negreira ha comunicado que se acogía a su derecho a no declarar, sin entrar en más detalles de por qué guardaba silencio.El juez acordó en enero pasado la comparecencia como investigado de Negreira tras concluir que, pese a que sufre algún deterioro de memoria a su avanzada edad, conserva las facultades mentales para ser enjuiciado, en contra de lo que alegó su defensa, si bien hoy ante el magistrado no ha aludido a su estado de salud, según las fuentes. Negreira ha acudido al juzgado acompañado de su esposa y custodiado por agentes de los Mossos d'Esquadra, en medio de un enjambre de cámaras para captar su llegada y salida de la Ciudad de la Justicia.De hecho, el exvicepresidente del CTA ha sido el primero de los investigados de este caso que comparece ante el juez, que en la causa mantiene imputados entre otros al actual presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y a sus antecesores Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell.El pasado septiembre, el instructor dictó un auto en el que acordaba imputar un delito de cohecho a los denunciados en el "caso Negreira", que se suma así a los de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales que hasta ahora se les atribuían.El juez sospecha que los pagos del FC Barcelona al exárbitro y a su hijo -cerca de 7 millones de euros entre los años 2001 y 2018- pudieron obedecer a una "forma novedosa de posible retribución ilegítima a árbitros de fútbol", en un contexto de una "posible corrupción sistémica en el seno del CTA" en la época en que Negreira era vicepresidente de este organismo.Negreira fue sometido a una exploración por parte de los forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña (IMLCF), tras encargarlo el magistrado para contrastar el informe que había presentado su defensa, que alegó que el exárbitro, de 78 años, sufre un deterioro cognitivo que le incapacita para poder afrontar un proceso penal.El juez instructor encargó esa exploración para confirmar no sólo la demencia que Negreira alega sufrir, sino también para determinar si estará en condiciones de ser interrogado como investigado y, en un futuro, responder ante un eventual juicio. La defensa de Negreira esgrimió un informe del Alzheimer Center de Barcelona -uno de los centros de referencia en el tratamiento de esta enfermedad degenerativa- que certifica que el exárbitro sufre una "demencia leve", con alteración de la memoria o el lenguaje, pero permanece parcialmente orientado "en tiempo, espacio y persona".El exvicepresidente del CTA pasó una primera exploración forense el pasado 10 de octubre, cuando sufrió una caída ante las cámaras de la prensa en el momento en que se disponía a entrar en la sede del Instituto Legal, acompañado de su esposa.Posteriormente, el magistrado pidió al IMLCF una ampliación de su informe forense para determinar el alcance del deterioro de memoria que alega Negreira, lo que le obligó a pasar por un segundo reconocimiento médico. Le puede interesar:
Varios colegiados interrogados por la Guardia Civil creen que el FC Barcelona intentó obtener beneficios deportivos con los pagos al exvicepresiente del Colegio Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira y su hijo, si bien aseguran que no lograron influir en los arbitrajes.Así se desprende de los interrogatorios que la Guardia Civil ha efectuado como testigos en los últimos meses a 21 colegiados y excolegidos españoles por orden del titular el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, que mantiene imputados al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y a sus antecesores Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, por los pagos millonarios de la entidad azulgrana al exdirigente del CTA y a su hijo entre 2001 y 2018.Según consta en el sumario del caso, al que ha tenido acceso EFE, los colegiados discrepan sobre los motivos por los que creen que el Barça hizo estos pagos, ya que algunos sostienen que buscaban un beneficio deportivo, otros que fueron engañados por los Negreira y algunos que era una trama para obtener lucro personal, pero todos coinciden en que no influyeron en los arbitrajes.Uno de los colegiados más contundentes ante la Guardia Civil ha sido José Luis González González, quien preguntado sobre los motivos por los que el Barça contrató a los Negreira aseguró que creía que "querrían sacar algún beneficio deportivo".Según González González, Negreira les haría entender a los directivos azulgrana "que tenía algún poder sobre los árbitros", si bien afirma que, en base a su experiencia profesional y su conocimiento del funcionamiento del CTA, esas contrataciones no pudieron influir en la competición.Para este colegiado, este asunto no solo "no influyó en ningún árbitro", sino que su opinión es que Enríquez Negreira "se puso de acuerdo con directivos o miembros del FC Barcelona para beneficiarse a título particular con esos pagos, repartidos entre ellos".Por su parte, en su declaración ante la Guardia Civil, el exárbitro Antonio Miguel Mateu Lahoz consideró "imposible", tal y como él entiende el mundo del fútbol, que los pagos del Barça a Negreira pudieran influir en la "competición o en la proyección de árbitros".No obstante, también apuntó que "no tiene sentido" que el FC Barcelona pagara a los Negreira por informes arbitrales, puesto que estos deberían ser elaborados por el propio equipo técnico del club, sin necesidad de terceros.El testigo explicó además a la Guardia Civil que compañeros suyos han ido a cenar al restaurante que regenta la pareja de Enríquez Negreira y que en una o dos ocasiones lo llevó en coche el hijo del exvicepresidente del CTA, al que conocía porque ejercía de 'coach' en concentraciones de árbitros.Mateu Lahoz señaló también que el sistema de clasificación de los árbitros en el CTA "no es transparente, meritocrático ni empírico, ya que no se basa en criterios tangibles".Eduardo Iturralde González, árbitro de Primera División entre los años 1995 y 2012, testificó por su parte que Negreira sí que tuvo ascendencia sobre los árbitros "desde el momento que trabaja codo con codo con el presidente" del CTA, si bien precisó que la influencia del vicepresidente "sería más en árbitros de categorías inferiores y no tanto en Primera División".En este sentido, "no se sustenta", según Iturralde Gonzaléz, que los pagos del Barcelona a Negreira fueran "para garantizar la neutralidad arbitral".En su opinión, "los pagos (del Barcelona) a Negreira han sido utilizados para enriquecer a directivos del Barcelona", ya que entiende que con ese dinero "algún directivo del club se ha enriquecido a través de una factura fundamentada en informes arbitrales que no tienen apenas valor".No obstante, en un momento de su declaración ante la Guardia Civil, apuntó que si los pagos del Barcelona a Negreira "se fueron autorizando por distintas personas en distintos momentos del tiempo, sí que podría existir la intencionalidad de influir en los árbitros".Por su parte, Miguel Martínez Munuera, árbitro asistente en primera división, detalló a la Guardia Civil que el hijo de Negreira le llevaba en coche desde el hotel al campo del FC Barcelona y del RCD Espanyol cuando arbitraba en la capital catalana.Muy crítico con Negreira también se mostró en los interrogatorios el exarbitro Ignacio Fernández Hinojosa, para quien el ex vicepresidente del CTA "no hacía nada, no estaba capacitado, ni siquiera técnicamente", ya que era el presidente de los colegiados en la época, Sánchez Arminio, quien lo "manejaba todo".Para Fernández Hinojosa, el Barça pudo haber pagado a los Negreira pensando que estos podrían tener "alguna influencia en los árbitros" y de esta manera "favorecer" al club azulgrana en el aspecto deportivo, aunque en realizad no podían influir.Por este motivo, considera que Negreira, "aprovechándose de su situación, ha engañado de alguna manera a alguien del FC Barcelona haciéndoles creer que iba a poder influir en la competición y lo que finalmente trató era de hecho obtener pagos".También el exárbitro Ignacio Iglesias Villanueva, que acudió a alguna cena en Barcelona con los Negreira y otros colegiados, considera que el FC Barcelona hizo los pagos "posiblemente" porque pensaban que podrían tener algún tipo de "favor deportivo", si bien cree que ningún árbitro se dejaría influir "por nadie".Alfonso Pino Zamorano, árbitro de primera división entre 2000 y 2007, también testificó que el Barça buscaba con los pagos "un interés deportivo en cuanto al trato de favor del CTA y sus árbitros", aunque está convencido de que los Negreira "les han vendido humo" porque opina que los árbitros no se dejan influir.Por su parte, Víctor Areces Franco, que arbitró en segunda división entre 2014 y 2020, testificó ante la Guardia Civil que con los pagos a los Negreira, el FC Barcelona podría pretender "tener bajo control a los árbitros" y que "favorecieran" sus intereses, aunque "le cuesta llegar a pensar" que realmente influyeran en los arbitrajes.Asimismo, David Medié, árbitro de Primera División entre 2017 y 2021, considera que el Barcelona "tiró el dinero" porque sus pagos no tuvieron "ninguna influencia en el colectivo arbitral".Daniel Ocón Arraiz, que arbitró en Primera División entre los años 2016 y 2017, declaró que con los informes que contrató el Barcelona a los Negreira "se buscaba conocer las debilidades de los árbitros con el objetivo, quizá, no de beneficiar a un club, pero sí remarcar esas vulnerabilidades del árbitro", lo que, en su opinión, sería "una traición" a los colegiados.Y, sobre los pagos del Barcelona a Enríquez Negreira, Ocón Arraiz apunta que "para nada" influyeron en la competición y opina que "podía ser una estafa o vender humo o una persona utilizada para retirar dinero y que volviese a otros directivos".Le puede interesar
El juez del "caso Negreira" ha acordado imputar al presidente de Barcelona, Joan Laporta, al concluir que los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) efectuados entre 2008 y 2010, durante su anterior mandato, no han prescrito porque constituyen un delito de cohecho continuado.En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, acuerda investigar a Laporta y a los miembros de su junta directiva con responsabilidad en los pagos, que se suman así los otros dos expresidentes del club imputados, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.El magistrado discrepa así del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que excluyó a Laporta de la denuncia que presentó por los 7,3 millones de euros que el Barça pagó a José María Enríquez Negreira y a su hijo entre los años 2001 y 2018, al entender que su participación en los hechos durante su primera presidencia, entre 2003 y 2010, ya habría prescrito.Prescripción de diez años desde el último pagoNo obstante, el juez instructor recuerda en su escrito que los hechos investigados pueden constituir, entre otros, un delito de cohecho continuado, por lo que, de acuerdo con el Código Penal, el plazo de prescripción es de diez años desde el día en que se llevó a cabo la última infracción penal o cesó la conducta delictiva, en este caso julio de 2018, fecha del último pago a Negreira y su hijo.De esa forma, de acuerdo con los cálculos del magistrado, a los presidentes y directivos del Barça debe aplicárseles el plazo de diez años de prescripción a contar desde el 17 de julio de 2018, teniendo en cuenta que la pena a imponer es de seis a siete años y medio, debido a que se trata de un delito continuado de cohecho.Ello abarcaría los pagos efectuados desde julio de 2008 a 2010, etapa de la que sería responsable la directiva encabezada por Laporta que precedió a Sandro Rosell al frente del club.En el caso de Negreira y su hijo, precisa el auto, los hechos imputables alcanzarían hasta el mes de junio de 2003, dado que la pena a que se exponen, por ser considerados funcionarios públicos a efectos penales, supera los diez años de inhabilitación.Pese a que hasta ahora no se han hallado indicios de que los pagos a Enríquez Negreira persiguieran favorecer al Barça a través del arbitraje, el juez cree que por sus actos "tuvieron por fuerza que beneficiar al FC Barcelona en detrimento del resto de clubes de la Liga de Primera División o de sus rivales en la Copa del Rey".Esos distintos pagos, en opinión del juez, quedarían subsumidos en el delito de cohecho continuado que, recuerda, "favorece" al investigado dado que la pena a que se expone es menor de la que se derivaría de la suma aritmética de distintos delitos de cohecho individuales.El cohecho continuado, atribuible a todos los presidentesAsimismo, el juez se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo para defender que el delito de cohecho continuado es atribuible a los distintos presidentes que se sucedieron en el Barça, puesto que, en su opinión, la parte "pagadora" es siempre la misma, el FC Barcelona.En este sentido, el auto aplica al cohecho el concepto de "autoría adhesiva", dado que en su opinión "no existiría un delito continuado separado para cada junta directiva sino un solo delito continuado referente al FC Barcelona, en el que se cambian algunos sujetos activos que representan a la persona jurídica investigada pero siempre permanece el sujeto activo del FC Barcelona".Aguirre dio un giro a la instrucción del "caso Negreira" cuando el pasado 28 de septiembre acordó imputar un delito de cohecho a los directivos del FC Barcelona investigados en el caso, así como al propio club como entidad jurídica, además de al exvicepresidente del CTA y a su hijo.Pese a que Enrique Negreira no era funcionario, como exige el delito de cohecho, considera el juez, apoyándose en abundante jurisprudencia en la materia, que sí tenía esa condición "a efectos penales", dado que desempeñaba funciones públicas como vicepresidente de la CTA, entre otras relativas a las calificaciones de los árbitros y a los ascensos y descensos.A diferencia el delito de corrupción en el deporte, el de cohecho -que de acuerdo con la legislación debe ser juzgado por un tribunal popular- no exige que se demuestre la contraprestación por los pagos efectuados al funcionario público.Las defensas del Barça y de los directivos investigados han recurrido ante la Audiencia de Barcelona la imputación por cohecho, con el argumento de que Negreira no puede ser considerado funcionario ni siquiera a efectos penales.Por contra, el juez defiende en escrito que un reciente auto de la Audiencia Provincial de Madrid ha considerado que la Real Federación Española de Fútbol -de la que depende el CTA-, tenía carácter de entidad jurídico-pública, por lo que sus directivos "desempeñan funciones públicas por delegación estatal", aunque este organismo ostente la condición jurídica de carácter privado.Además de los delitos cohecho continuado, corrupción deportiva, administración desleal y falsedad en documento mercantil, el juez atribuye a los investigados otro de falsedad contable, por las facturas supuestamente mendaces sobre los pagos a Negreira que el Barça entregó a Hacienda para desgravarse el impuesto de sociedades.
