La Contraloría General de la República alertó acerca de una cartelización de proyectos de paneles solares financiados con recursos de regalías, en al menos 9 municipios de los departamentos de La Guajira y Cesar.En ocho, de los nueve proyectos auditados, se encontró una misma forma de operar. A través de contratos de obra, cobrando un administración, imprevistos y utilidad (AIU) del 30% cuando en realidad los ítems del proyecto son suministros que superan el 90% del valor total del presupuesto.Según la Contraloría, estarían ante una malla contractual, donde ocho proyectos tienen la misma empresa contratista para todos los municipios, bajo el camuflaje de uniones temporales distintas.Además, el 33% de los municipios Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) no recibieron ningún recurso del Sistema General de Regalías, específicamente del OCAD PAZ, desde su creación en 2017, reveló el estudio.Se hallaron sobrecostos en el valor de los paneles y una falta de planeación post contractual, al no garantizar la operación y sostenibilidad de los proyectos.Lo que más llamó la atención de la Contraloría fue que los ocho proyectos y sus estudios fueron elaborados por la misma persona, a título de donación y sin vínculo contractual con las administraciones auditadas, configurándose una posible malla contractual, con el mismo formulador y una misma empresa contratista para todos los municipios camuflada en distintas uniones temporales.Entre los municipios donde opera esta cartelización se destacan Dibulla, Fonseca y Urumita, en el departamento de la Guajira; y La Paz, Pueblo Bello, Codazzi y Becerril, en el Cesar. “En este estudio también se analizó la inversión destinada a la implementación del Acuerdo Final de Paz y se identificaron proyectos que fueron admitidos por el OCAD PAZ sin la debida verificación de los requisitos indispensables establecidos en el Concepto Único Sectorial, a la luz de la Ley 2056 de 2020 para su respectiva priorización, aprobación y posterior contratación y ejecución”, señaló la ContraloríaEscuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca cómo avanza el nuevo gobierno de Gustavo Petro:
Cada día miles de colombianos le siguen apostando a hacer realidad el sueño de emprender, a lanzarse al ritmo empresarial y fortalecer la economía del país.Sin embargo, cuando su anhelo comienza a tomar forma, se enfrentan como uno de los retos más grandes: el síndrome de soledad empresarial.Esto quiere decir que, además de crear una línea de productos o servicios para comercializar, el empresario que está a cargo de una pyme tiene que enfrentarse a retos legales, administrativos y tributarios que exceden su capacidad de trabajo y la de su equipo.La saturación de labores cotidianas impide que los dueños de pymes proyecten sus negocios hacia el futuro y como resultado, los negocios y sus dirigentes terminan atrapados en el día a día, sin posibilidad de proyección.Un ejemplo de esto lo vive Alejandra, una emprendedora que decidió apostarle a tener un restaurante en Medellín y quien sueña con montar una cadena con puntos en las principales ciudades del país.Gracias a su pujanza logró abrir, por ahora, su primera sede y se ha convertido en el pilar para su gran proyecto.No obstante, para abrir el restaurante, Alejandra tuvo que acudir a la inversión de familiares y a sus propios ahorros y enfrentarse a retos logísticos, legales y administrativos que desconocía.Aunque Alejandra no ha perdido la fe en su meta final, el día a día de su primera sede la absorbe toda y le impide proyectarse hacia donde quiere.La mujer asegura que, además de la operación del restaurante, tiene que encargarse de temas administrativos, legales y tributarios, supervisar la logística y estar encima de cada paso de su pequeño equipo de trabajo.Como Alejandra, miles de empresarios en Colombia, –dueños de pymes–, se enfrentan día a día a la disyuntiva de mantener sus negocios a flote en el presente y proyectarlos hacia el futuro.Es ahí donde VILIV nace como respuesta a esta situación y para acompañar a los empresarios hasta que logren sus objetivos.VILIV es una plataforma que guía a quienes emprenden un negocio para que alcancen todo su potencial. VILIV acorta las distancias entre los empresarios y sus metas más altas.“El proceso de crecimiento de una empresa es complejo porque, en principio, la mayoría de esfuerzo y planeación viene de una o pocas personas”, indica Andrés Villegas, CEO de VILIV.“A través de esta soledad comienza el círculo vicioso de la sobrecarga de trabajo que le dificultará al empresario tomar decisiones acertadas y proyectarse hacia el futuro, pues toda su capacidad está enfocada en sobrevivir al hoy”, añade.VILIV es la plataforma que acompaña, guía y garantiza el camino de los empresarios. Esta inversión estratégica del Grupo Sura y Grupo Bancolombia acorta las distancias entre los empresarios y sus metas más altas.Esta propuesta trabaja a través de una oferta de servicios, contenidos, asesorías y soluciones que se pueden personalizar a la medida de las necesidades de cada empresario.“Somos como un gregario en el ciclismo: nuestra victoria es que las empresas que guiamos ganen, que alcancen todo su potencial”, insiste Andrés Villegas.En VILIV las y los empresarios pueden encontrar soluciones para cada momento de su negocio.Si usted está creando o formalizando una empresa, VILIV cuenta con una serie de servicios, asesorías, soluciones y contenidos formativos que le servirán al empresario para crear su negocio crezca con bases sólidas.O si está buscando la manera de ingresar al mercado digital, VILIV cuenta con soluciones para que usted pueda crear una estrategia de ventas en línea con todo lo que eso conlleva. Todo de la mano de expertos que acortarán la distancia entre sus metas y su negocio actual.
Hay tristeza en el departamento del Tolima por la muerte del empresario Carlos Alvarado, reconocido por ser el fundador de supermercados Mercacentro, una de las más importantes de la región.Su fallecimiento se dio luego de permanecer hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Asotrauma de Ibagué.El empresario, de 69 años de edad, venía luchando contra un cáncer de pulmón que los últimos días le ocasionó problemas respiratorios, razón por la cual tuvo que ser hospitalizado.Carlos Alvarado se había convertido en el empresario que mayor generaba empleo en la región, ganándose el cariño de los tolimenses.Su carrera como empresario inició en el municipio de Planadas, sur del departamento del Tolima, donde se dedicaba a cultivar algunos productos, que luego eran ofrecidos en su pequeña tienda.Luego de algunos algunos años, se trasladó a Ibagué donde inauguró el primer el primer supermercado Mercacentro, ubicado en la calle 14 con carrera Primera, zona céntrica de la Capital del Tolima.Desde ese momento, el empresario inauguró más de 10 sucursales del supermercado, generando más de 1.000 empleos directos.Algunas personalidades como el gobernador del Tolima, el alcalde de Ibagué, el ex-senador Alvaro Uribe, a través de sus redes sociales han lamentado el fallecimiento de Carlos Alvarado.
Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio, reveló en Mañanas BLU que el organismo de vigilancia adelantará sanciones por el llamado “cartel del tubo”, en el que supuestamente tres actores del mercado “fijaban precios” y “se repartían el mercado respecto a las licitaciones en que participaban”.“Un autor del mercado de un sector vino, se acercó a la autoridad, delató un cartel que funcionó durante 10 años sobre un producto muy básico para el tema de la construcción de gran infraestructura como por ejemplo son los tubos. En ese sentido pudimos llegar a detectar ese cartel que por 10 años se lucró de organizar y fijar los precios en materias de tubo”, declaró Barreto.Conozca más: Tres empresas habrían conformado cartel de tuberías de concreto de alcantarillado “Esperamos al término de esta semana ya esté publicada la resolución para que los señores juristas que los defienden interpongan sus recursos”, anunció el funcionario.“Son tres empresas, no doy montos exactos ni demás, porque todavía faltan a veces afirmar detallitos”, agregó.Escuche la entrevista completa al superintendente Andrés Barreto:
Por cartelización empresarial para la fijación de los precios del cemento gris Pórtland Tipo 1 en el mercado nacional, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Argos, Cemex, Holcim y seis altos directivos de estas empresas por un valor global superior a $ 200 mil millones de pesos.La sanción impuesta por la SuperIndustria a las tres más grandes cementeras que representan el 96% del mercado colombiano tiene como causa la existencia de un acuerdo en la modalidad de paralelismo consciente para la fijación de los precios.En la investigación, la Superintendencia estableció que los precios que manejaban las tres compañías en el mercado nacional tuvieron un acentuado comportamiento paralelo entre enero de 2010 y diciembre de 2012.Ante estas acusaciones, las tres empresas no ofrecieron una explicación económicamente razonable ni verídica que justificara el paralelismo de precios, ni la manera como se fijan los precios al interior de dichas empresas."Que ARGOS, CEMEX y HOLCIM, durante el período investigado, mantuvieron un ambiente colaborativo, no competitivo, de colegaje o de amiguismo empresarial extraño a un mercado en competencia, que deja en evidencia que se abstuvieron, de manera consciente y coordinada, de competir efectivamente, tal y como se advierte en diferentes documentos, correos electrónicos, comunicaciones internas, entre otras evidencias materiales probatorias", señaló la autoridad.También se estableció que el precio, durante el período investigado 2010 - 2012, aumentó el 29,9%, mientras que la inflación causada en ese mismo período de 3 años fue de 9,3%. Es decir, en el período investigado, el precio ex fábrica del cemento aumentó más del 20% por encima de la inflación en un mercado que entre 2010 y 2012 reportó ventas superiores a 8 billones de pesos.De otra parte, la Superintendencia de Industria y Comercio pudo establecer que el aumento del precio ex fábrica del cemento gris Pórtland Tipo 1 en el mercado nacional tuvo gran impacto en el poder de compra de los colombianos, pues mientras que en enero de 2010 con un salario mínimo mensual se podían adquirir 37 bultos de cemento, en diciembre de 2012 con el salario mínimo de la época, tan solo se podían adquirir 31 bultos de este producto.Contra las decisiones de esta entidad, la tres cementeras podrán presentar el recurso de reposición.
Los directivos de la empresa, Eugenio Castro Carvajal y Victoria Eugenia Arango, deberán asumir multas de $310 millones y $224 millones, respectivamente. La sanción, que fue interpuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio en agosto de 2016, corresponde a las investigaciones sobre el "cartel de los cuadernos", la cual evidencia que durante15 años aproximadamente tres empresas se pusieron de acuerdo en fijar los precios de estos útiles escolares. Las compañías que estuvieron vinculadas a la investigación fueron Carvajal Educación, Scribe y Kimberly, a la cuales se les impuesto una sanción total de $56.188 millones. Cabe recordar que la Superintendencia sancionó a 24 trabajadores y extrabajadores de las tres empresas por un valor adicional de $2.812 millones. La multa más alta impuesta en este caso fue para Kimberly, con $29.645 millones, seguida de Carvajal Educación con $14.823 millones. Scribe recibió una sanción por $11.720 millones.
Las empresas habrían acordado un cobro adicional del 20 % sobre el valor de las maniobras realizadas por los pilotos prácticos en la prestación del servicio público de practicaje, que es la asistencia que se presta a los buques cuando tienen que realizar algunas maniobras al llegar al puerto como bajar mercancía o cargar. Por este motivo, se formuló pliego de cargos contra las empresas: Spilbun, Pacific Pilots, Río & Mar Pilotos, Pilotos del puerto de Barranquilla, Serviciod Técnicod Marítimos, Pilotos Marcaribe, Pracymar y Baupres, así como a los gremios Aceprac y Anpra los cuales habrían presuntamente facilitado que sus socios acordaran el cobro adicional. La decisión de la SIC también cobija a 11 altos directivos de las compañías que serán investigados "por presuntamente haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado las conductas anticompetitivas investigadas". Las empresas vinculadas a esta investigación, prestan el servicio público de practicaje en las zonas marítimas de jurisdicción nacional, específicamente en los puerto de Buenaventura, Santa Marta, Barranquilla y Turbo y la investigación fue abierta tras recibirse la denuncia por parte de la Asociación Nacional de Navieros (Asonav).
Según el informe de a través de reuniones periódicas en varias ciudades y a través de correos electrónicos se realizaron los acuerdos de precios por parte de las empresas involucradas. (Lea también: Por cartel de pañales sancionarían a Kimberly, Productos Familia y Tecnoquímicas). A propósito, en entrevista con BLU Al Derecho, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, confirmó que en las próximas semanas tomará una decisión en torno a los presuntos carteles del papel higiénico, los cuadernos y los pañales. “La Superintendencia ha venido adelantando un trabajo muy importante en investigaciones de cartelización en cuadernos, papel higiénico y pañales, en donde en un mes o mes y medio vamos a tener una decisión definitiva”, enfatizó. *Escuche en el audio adjunto la declaración del superintendente Luis Felipe Robledo y el resto del programa completo de BLU Al Derecho.
Según el informe de a través de reuniones periódicas en varias ciudades y a través de correos electrónicos se realizaron los acuerdos de precios por parte de las empresas involucradas. “Se evidenciaron los mecanismos que emplearon los participantes del cartel para acordar directa e indirectamente los precios de los pañales desechables para bebé fueron, entre otros, la realización de reuniones periódicas en varias ciudades del país y la comunicación mediante correo electrónico entre los funcionarios de cada compañía encargados de poner en marcha el acuerdo o cartel”, señala el informe. Sin embargo, el estudio pide levantar la multa a la firma Colombiana Kymberly por ser la empresa delatora de esta práctica que restringe la libre competencia y además se pide archivar la investigación en contra de Drypers Andina y Tecnosur y 25 personas naturales. Con estos argumentos el Superintendente deberá decidir si sanciona o no a las firmas involucradas en la cartelización de los pañales. En el caso de hacerlo, las sanciones que podrían pagar las empresas vinculadas a la investigación son del orden de los 68 mil millones de pesos y para las 16 personas naturales involucradas la multa sería de 1.200 millones de pesos. Así se acordaban los precios de los pañales Las pruebas relevantes que presentó el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, Jorge Enrique Sánchez, en su informe motivado se sustentan en las entrevistas realizadas a los gerentes de las compañías involucradas con la investigación para determinar la existencia del cartel de los pañales. En la declaración entregada por Felipe José Alvira Escovar, gerente general de Kimberly durante los años 2005 y 2012, se confirmó que sí había un acuerdo de precios y se informaba a todas las empresas la fecha y la forma en que se iban a subir los precios. “Se definía el precio de venta al que se iba a vender el pañal en cada canal. Entonces nos poníamos de acuerdo ‘vamos a vender el pañal intermedio talla grande a 100 pesos a las cadenas, a 90 pesos a los distribuidores’, y se definía el precio de venta de cada producto en cada canal”, señaló Alvira Escovar en el informe. Por su parte, el Gerente Corporativo de Negocios Familia, Alejandro Botero Arango, en su declaración confirmó que también se ponía límites a los descuentos que las empresas podían hacer sobre el precio de los pañales. “En esa dinámica, como le digo, hasta subastas empezaron a existir, es decir, el que más descuento diera era el que estaba en la actividad, o sea no estaban todos, era un tema de ‘el que más dé, a ese le compramos’. Eso generaba una distorsión grande pues porque los otros fabricantes dejaron de vender. Se trató entonces de establecer unos límites razonables para esos descuentos promocionales”, dijo Botero Arango a la Superintendencia Delegada. Otra de las pruebas presentadas es un correo del 13 de diciembre de 2007 en el que la entonces gerente de mercadeo de Tecnoquímicas, Andrea Madriñán Olano, le envía a la gerente de mercadeo de Baby and Child Care de Kymberly, María Ximena Galvis Rincón, señalando su inconformidad por no subir el precio de los pañales en las droguerías. “Ximena, cómo estás?? Te cuento que acabo de hablar con la persona encargada de droguerías y me informa que tu precio sigue abajo un 3 % por debajo de Pequeñín y Mío. (Has estado prácticamente 9 meses con el precio 3 % abajo). Quiero saber si vas a seguir con estos precios. Pues de ser así me toca bajarme. Me dijiste que el 3 de diciembre esto quedaba arreglado pero tengo facturas de ayer y el precio sigue malo. Me parece una bobada que no subas el 3 % cuando Pequeñín sí subió el mes pasado y tu compromiso era hacerlo el 3 de dic”, señala el correo electrónico que presentó como prueba la Superintendencia Delegada para la Protección de la Competencia. Con estas y otras pruebas que ya fueron entregadas al Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, se tomará la decisión de sancionar a las firmas involucradas en la cartelización de los pañales que tendrían que pagar multas superiores a los 68 mil millones de pesos.
"Por ley, dicho programa permite concederle beneficios a las empresas, el primer delator tiene 100% de reducción de la eventual multa, el segundo hasta el 50% de reducción y el tercero hasta el 30% de reducción", dijo Robledo. El superintendente señaló que gracias a la delación de las empresas involucradas en carteles, se ha logrado tomar las medidas correctivas para proteger la libre competencia entre las empresas y garantizar que los consumidores colombianos cuenten con diferentes opciones a la hora de elegir un producto. (Vea también: Así funcionaba el ‘cartel de los cuadernos’ en Colombia). "El propósito de la lucha contra la cartelización empresarial no es otro que sanear nuestra economía de esas prácticas anticompetitivas que redundan en perjuicios contra el bienestar de los consumidores, el buen funcionamiento de los mercados y la eficiencia económica y fundamentalmente atentan contra el bolsillo de los colombianos menos favorecidos de la sociedad", agregó Robledo. Escuche en este audio más información sobre: -El ministro de Defensa les reiteró a los miembros del Clan Úsuga que la única salida que tienen es someterse a la justicia. -El Gobierno de EEUU denunció hoy que el acoso, detenciones y amenazas a los disidentes en Cuba continuaron durante 2015, al igual que la práctica de los arrestos "arbitrarios" de pocas horas "para impedir el ejercicio de las libertades de expresión y reunión pacífica".
