Este viernes, 5 de enero, el juzgado 2 de Ejecución de Penas de Montería le otorgó prisión domiciliaria al exsenador Musa Besaile, condenado por alianzas con grupos paramilitares y quien permanecía en un batallón del Ejército en la capital de Córdoba.Vale recordar que el excongresista del partido de La U Musa Besaile fue condenado a siete años por corrupción y alianzas con grupos paramilitares.De hecho, las investigaciones lo vincularon con Salvatore Mancuso cuando realizó su campaña a la Cámara de Representantes entre el 2001 y 2002.Besaile permanecía en el batallón Cacique Tirrome del Ejército de la capital de Córdoba tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ratificar la sentencia en su contra al comprobar que, desde su rol como político en la Costa Caribe, sí recibió apoyo de grupos ilegales como el Bloque Córdoba de las AUC, gracias a una alianza que inició hace más de 20 años y se concretó en las campañas de 2002 y 2006.El expolítico también está involucrado en el denominado Cartel de la Hemofilia, un caso de desfalco al sistema de salud y a los recursos del departamento de Córdoba.Besaile aceptó ante la Corte Suprema de Justicia su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.Vea también
La Corte Suprema abrió investigación formal y llamó a indagatoria a la exrepresentante a la Cámara Sara Elena Piedrahita Lyons por los supuestos delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.Los hechos por los cuales es investigada tienen que ver con la supuesta financiación de su campaña a la Cámara para el 2014-2018 con recursos provenientes del denominado cartel de la hemofilia en Córdoba.El cartel de la hemofilia desfalcó los recursos del departamento de Córdoba en 2013, pues hacían pasar a personas sanas por hemofílicas, con el propósito de que se les entregaran los recursos de atención en salud. La hemofilia es un trastorno que produce hemorragia excesiva porque la sangre no coagula correctamente.Estos hechos habrían sucedido en la administración del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, quien es primo de la exrepresentante Sara Piedrahíta Lyons.Cabe recordar que Alejandro Lyons está condenado también por el ‘Cartel de la Hemofilia’.Le puede interesar: ¿Cómo actuar si pierde los frenos en un carro automático?Escuche el podcast ¿Cómo es vivir en Corea?
El exgobernador del departamento de Córdoba, Edwin Besaile Fayad no aceptó cargos por el Cartel de la Hemofilia, en audiencia que se adelanta ante la Corte Suprema de Justicia.El fiscal del caso presentó el escrito de acusación y le preguntó al exgobernador si aceptaba los cargos por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, por haber utilizado recursos del cartel de la hemofilia para campañas políticas, a lo que Besaile respondió que no.Le puede interesar:Según la investigación Edwin Besaile recibió del entonces gobernador del departamento, Alejandro Lyons, por intermediación de su hermano, Musa Abraham Besaile Fayad, 2.100 millones de pesos para financiar su campaña política. Presuntamente este dinero fue justificado recobros de supuestos servicios prestados, a través de una institución de salud, a pacientes con enfermedades de alto costo como la hemofilia.Y al parecer Edwin Besaile, entonces gobernador de Córdoba habría firmado dos documentos por 2.100 y 1.900 millones de pesos.Por lo pronto, la Fiscalía sigo advirtiendo que los recursos habrían sido utilizados en la financiación de campañas políticas.Escuche el podcast El Camerino:
Por estar involucrado en actos de corrupción con el conocido 'cartel de la hemofilia', el abogado Leonardo Luis Pinilla Gómez fue suspendido para ejercer su profesión por tres años y tendrá que pagar una multa de 10 salarios mínimos legales vigentes.Su proceso disciplinario inició por la compulsa de copias que ordenó un magistrado de la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, que investigaba la presunta entrega de dineros al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno para favorecer al exsenador Musa Abraham Besaile.Por el escándalo de la utilización de sobrecostos y cobros por servicios inexistentes para tratamientos de la salud en Córdoba, para desviar recursos y ser utilizados en campañas políticas bajo la administración de Alejandro Lyons y Edwin Besaile, el abogado Pinilla Gómez aceptó en primera instancia que como representante de los implicados, ofreció una suma de dinero para favorecer al exsenador Besaile.Para la Comisión de Disciplina Judicial el abogado Pinilla: “fue desleal con la administración de justicia y los fines del Estado, al valerse de acciones por fuera de la legalidad, para congraciarse y obtener el beneplácito del Fiscal encargado de resolver el asunto en favor de su cliente, finalísticamente rompiendo el principio de igualdad y la posibilidad de construir un orden equitativo y justo en el ejercicio de la acción penal, pues con ello pretendió incidir indebidamente en la imparcialidad que debía acompañar al Fiscal destinatario de las citadas atenciones”.Recordemos que el abogado gozaba de un principio de oportunidad de la Fiscalía, por lo que para la Comisión, Pinilla se valió de la cercanía que surgió con el investigador para ofrecer la entrega de dineros a cambio de detener la vinculación al proceso penal del entonces secretario de Salud del departamento, José Jaime Pareja, apartándose por completo de la legalidad: “para dirigir todos sus actos hacia la defraudación de la administración de justicia, recorriendo así todos los verbos rectores que la informan, desde el asesoramiento, el patrocinio, hasta la intervención en actos fraudulentos, en este caso, buscando que no se diera la vinculación al proceso penal del señor José Jaime Pareja, a través de la entrega de cuantiosas sumas de dinero y el ofrecimiento indebido de un cargo público”.Escuche el podcast El Camerino:
La Fiscalía con apoyo de la Dijin de la Policía, impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio a 68 bienes que pertenecerían a Marco Antonio Ramírez Varón, dueño y gerente de una Institución Promotora de Salud (IPS) involucrado en el denominado ‘cartel de la hemofilia’, hechos por los que Ramírez Varón fue condenado a más de 7 años de prisión. Se trata de 41 inmuebles urbanos, 16 establecimientos de comercio, 6 vehículos y 5 sociedades avaluados en aproximadamente 100 mil millones de pesos.Los predios están ubicados en Bogotá, Ibagué y Espinal (Tolima), Coveñas (Sucre), Cúcuta y Chinácota (Norte de Santander), Villavicencio (Meta) y en Palermo (Huila).La investigación revela que, los bienes fueron presuntamente adquiridos con dineros producto del desfalco al sistema de salud con la comercialización de medicamentos adulterados, traídos desde Ecuador y Venezuela para tratar enfermedades crónicas y de alto costo.En marzo de 2019, Ramírez Varón se allanó a los cargos en audiencia concentrada como responsable de los delitos de violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, falsedad en documento privado, concierto para delinquir, corrupción de alimentos, entre otros.Los bienes fueron puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales para su administración y posterior comercialización.Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
La Contraloría General de la Nación declaró responsable a Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, por el detrimento de 71.674 millones en el escándalo de corrupción conocido como el cartel de la hemofilia.La red delincuencial fue revelada en 2017 y su modus operandi se basó en ordenar pagos irregulares, por miles de millones de pesos y con cargo al presupuesto del departamento de Córdoba, para sufragar supuestos gastos de salud de supuestos pacientes de hemofilia.Sin embargo, no se trataba de enfermos, sino de personas sanas, verdaderos avivatos, que contaban con soportes y documentos falsos como historias clínicas adulteradas, órdenes médicas inexistentes y resultados de exámenes de laboratorio mentirosos.En el fallo de primera instancia de la Contraloría General, el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons fue declarado responsable fiscal a título de culpa grave, así como otros funcionarios de entonces.Conozca el comunicado:
La Procuraduría formuló pliego de cargos al exgobernador de Bolívar Juan Carlos Gossain y a cuatro exfuncionarios del departamento, quienes habrían incurrido en presuntas irregularidades en el pago de servicios médicos prestados a pacientes con hemofilia, por más de $16.000 millones.No deje de leer: Exgobernador Juan Carlos Gossaín, declarado responsable por cartel de la hemofilia"Los exfuncionarios habrían reconocido en 2013 pagos por $16.019.388.888 a las IPS Asistegral y a la Fundación Ciénaga de la Virgen para suministrar medicamentos y brindar atención médica a pacientes con hemofilia, sin existir una relación contractual con esas dos entidades", señaló la Procuraduría.Los funcionarios a los que investiga la Procuraduría, además del exmandatario Gossain, son a las exsecretarias de Salud Ana María del Carmen Álvarez Castillo y Berta María Pérez López, la exdirectora de la Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud Nacha Newball Jiménez, y el exfuncionario de esa misma dependencia Luis Eduardo Ortiz Herrera.La Procuraduría calificó las aparentes faltas de Gossaín, Álvarez Castillo, Pérez López y Newball Jiménez como gravísimas.
La Contraloría General de la Nación tiene 20 investigaciones fiscales contra el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons que suman más de $107.000 millones y que están pendientes de un fallo final. "La Contraloría no está quieta, está trabajando para resarcir ese patrimonio público", dijo la delegada de Investigaciones y Juicios Fiscales, Soraya Vargas Pulido. Así fue como reaccionó la entidad a la polémica decisión de la Corte Suprema de Justicia que salvó a Lyons de indemnizar al Estado por el cartel de la hemofilia. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia señala que en el acuerdo que Lyons firmó con las autoridades, incluyendo la propia Contraloría, no se contempló que el exgobernador reparara al Estado. Lyons fue condenado a 5 años de cárcel por concierto para delinquir el año pasado. "Por el contrario, se plasmó con claridad en su texto que por razón del delito de concierto para delinquir no hubo incremento patrimonial por parte del imputado", señala el texto de la corte. El cartel de la hemofilia fue un caso de corrupción en el que los involucrados se inventaron la existencia de pacientes con esa enfermedad para realizar cobros fraudulentos al sistema de salud. Aunque en ese proceso la Contraloría perdió la batalla y no obtendrá recursos, recibirá unos 4.000 millones de pesos de un proceso por peculado en contra de Lyons.
El exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons no tendrá que reparar el daño causado a las finanzas públicas por el cartel de hemofilia: un caso de corrupción en el que crearon la supuesta existencia de pacientes para cobrar millonarios recursos al sistema de salud. Le puede interesar: BLU Radio revela el primer interrogatorio del ‘Porcino’ por cartel de la hemofilia Un fallo de la Corte Suprema de Justicia señala que en el acuerdo que Lyons firmó con las autoridades, incluyendo la propia Contraloría, no se contempló que el exgobernador reparara al Estado. Lyons fue condenado a 5 años de cárcel por concierto para delinquir el año pasado. "Por el contrario, se plasmó con claridad en su texto que por razón del delito de concierto para delinquir no hubo incremento patrimonial por parte del imputado", señala el texto de la corte. En su momento, la Contraloría le abrió una investigación fiscal a Lyons por más de 1.500 millones de pesos en daños al sistema de salud.
El 29 de enero de 2018, el juez 15 de garantías dictó medida de aseguramiento contra José Jaime Pareja Alemán por los delitos de cohecho y concierto para delinquir, posteriormente lo envió al pabellón de funcionarios de la cárcel La Picota. Este martes, el juez 42 de garantías revocó la medida de aseguramiento argumentando que ya había transcurrido más de un año desde aquel fallo, pese a que la Fiscalía le notificó que José Pareja sólo está detenido desde el 10 de mayo de 2018, y que por lo tanto no habrían vencido los términos. Lea también: Medimás debe atender a pacientes con hemofilia en Santander: Procuraduría La Fiscalía apeló el fallo de primera instancia de la solicitud de prórroga de aseguramiento ya que el fallo inicial contempla un año de detención y transcurrieron 11 meses desde que Pareja Alemán se presentó a las autoridades. Los hechos Entre el año 2013 y 2017 en el departamento de Córdoba se presentó un gran incremento de falsos pacientes con hemofilia (enfermedad que evita que la sangre coagule normalmente), que desvió los recursos de la salud a funcionarios públicos por lo que se llamó ‘Cartel de la Hemofilia’. A Jaime Pareja Alemán se le acusa de actos delictivos con recursos de campañas de salud para la atención a pacientes con hemofilia durante diciembre de 2016 y octubre del año 2017.
Luis Fernando Llano se ha convertido en una de las voces que ha denunciado a lo largo de los años al sacerdote Darío Chavarriaga. Públicamente, Llano, de 62 años, lo acusó de abuso sexual, delito que, aseguró, se repitió en varias ocasiones y que también cometió contra sus siete hermanas, cuando eran todos menores de edad.En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, Llano contó su historia. Según recordó, los abusos por parte de Darío Chavarriaga, quien falleció en 2015, ocurrieron cuando tan solo tenía 14 años y era estudiante en el Colegio San Bartolomé de Bogotá en 1976.En ese entonces, el sacerdote, que era el segundo al mando, le otorgó una beca por su rendimiento académico y, de a poco, se ganó su confianza y la de su familia al punto de que Llano se llegó a quedar a dormir en los aposentos de Chavarriaga varias noches, donde ocurrieron parte de los abusos.Cadena de complicidadHoy, años después, Llano se pregunta cómo fue posible que en ese momento nadie, incluyendo sacerdotes, preguntara por las conductas inapropiadas que tenía Chavarriaga con él. Por eso, dijo que eso lo hace pensar en que, tal vez, se dieron cuenta, pero “guardaron silencio”.“Hubo gente alrededor, porque es muy raro que llegue un niño al colegio a las 11:00 de la noche a dormir, es algo muy raro. De esto puedo dar fe, que cuando bajábamos en la mañana, que yo bajo con el pelo mojado y mis libros, me siento en la mesa donde estaban sacerdotes y gente de la comunidad, cómo es posible que ninguno de ellos se haya levantado a preguntarle: ¿usted qué hace en el cuarto con este niño?”, comentó Llano.El día que se reencontró con su abusador: un hecho que lo animó a denunciar públicamenteLlano contó que fue en el 2014, en un evento al que asistió con parte de su familia, que se reencontró por casualidad al sacerdote Darío Chavarriaga. Cuando lo vio solo tuvo el impulso de irse contra él para enfrentarlo e, incluso, golpearlo por todo lo que le había hecho en la infancia, pero uno de sus sobrinos lo detuvo y lo calmó, pese a que nadie entendía qué pasaba.“No tenía previsto ese encuentro. Era un capítulo en mi vida que tenía sepultado, tapado con cerrojo, pero las circunstancias de la vida me llevaron a reaccionar de esa manera (…) Él me vio y vio mi reacción, se dio vuelta y subió a sus aposentos”, detalló.Denuncia al padre Francisco De RouxLuego de eso, Llano decidió denunciarlo y no seguir guardando silencio con su caso. Ese mismo año, lo acusó ante el padre Francisco De Roux, quien en ese entonces era el jefe de la comunidad en Colombia. Unos años más tarde lo hizo también ante el sacerdote alemán Hans Zollner, profesor en la Universidad Gregoriana de Roma y muy cercano al papa Francisco.“Él (De Roux) tomó unas medidas canónicas. Dijo que iba a obtener toda la información posible para una máxima sanción, pero, como lo dice en nuestra carta, la solicitud de llevarlo a la Fiscalía pues no se habló; era presentarlo a las autoridades, pensamos que con eso ya quedaba resuelta la solicitud”, agregó.Insistió que por la gravedad de los delitos denunciados, era suficiente para que Chavarriaga fuer apuesto en manos de la justicia ordinaria.“Yo pienso que él ha de ir más lejos porque los delitos que se estaban denunciando no eran simples faltas disciplinarias o una cuestión muy leve. Así como pedimos que llevara esto a las autoridades, esperábamos que fuera un paso más adelante. No lo juzgo, pero las cosas pudieron hacerse de otra manera en ese momento”, recalcó.Otros abusos: un recuerdo dolorosoFue año después de ese incidente que su hermana Sofia, en una conversación mientras conducía, le preguntó qué había pasado esa vez. Luis Fernando decidió contarle que había sido abusado por el cura.En ese momento, según recordó, su hermana “se tacó a llorar” y le reveló que ella también había sido abusada por él.Cuatro de los hermanos Llano, a partir de ahí, dijeron: “A mí también me pasó” y luego los demás. “Es muy difícil decirlo”, añadió sobre su lucha todos estos años.
Con más de cuatro décadas de historia, AutoStok, histórica empresa concesionaria de vehículos nombrada por Sofasa como servicio autorizado de Renault en Colombia, entró a proceso de reorganización empresarial, según un documento de la Superintendencia de Sociedades de Colombia.La SuperSociedades detalló que dicha solicitud fue presentada el pasado 30 de septiembre de 2024 y posteriormente aprobada el pasado 31 de octubre del mismo año. ¿Qué significa reorganización empresarial?Esta medida, contemplada en la Ley 1116 de 2006, busca permitir la reestructuración de los pasivos de la compañía y la negociación con sus acreedores para asegurar su continuidad operativa, lo que no implica la quiebra, sino que representa una herramienta legal para preservar su viabilidad financiera y cumplir con las obligaciones adquiridas.Además, la Superintendencia de Sociedades ordenó a AutoStok la presentación de una actualización detallada de su inventario de activos y pasivos, incluyendo información financiera conforme a las normas internacionales de información financiera (NIIF).En ese sentido, la compañía deberá entregar un listado de bienes, indicar los bienes en garantía y explicar inconsistencias en partidas específicas de sus estados financieros.Qué es AutoStokFundada en 1982 por Alirio Alarcón, AutoStok S.A.S. inició como una empresa de venta de vehículos y dos años más tarde fue reconocida por Sofasa S.A. como un servicio autorizado para Renault en Colombia. Desde entonces, la empresa ha expandido su presencia en el país con sedes en Bogotá, Barranquilla y Fusagasugá, y ha diversificado sus servicios incluyendo repuestos y talleres autorizados bajo el sello Renault Minuto.AutoStok opera actualmente en cuatro sedes de venta ubicadas en Bogotá (La Felicidad, Madelena y Morato, que es la principal) y Fusagasugá. En 2023, la empresa reportó un total de 198 empleados, distribuidos entre 66 mujeres y 132 hombres.Cómo van las ventas de Renault en 2024De acuerdo con los datos más recientes del Runt, recopilados por Fenalco y la ANDI en su informe de matrículas en Colombia, Renault es la segunda marca más vendida en los primeros 10 meses de este 2024.Son 19.199 unidades nuevas las que la empresa francesa ha vendido en lo corrido del año. Sin embargo, registra una variación anual negativa, que asciende al 13.8 %, en comparación con el mismo periodo del año pasado.Las cifras de Renault contrastan con las de otras marcas en el mercado automotor colombiano. Por ejemplo, Toyota que va en primer lugar con matrículas tiene una variación anual positiva del 8.2 %, mientras que Kia, que completa el top 3, ha crecido 52.1 % en el mismo periodo.Por su parte, dentro del portafolio de Renault, el carro más vendido en este 2024 ha sido la Duster con 5.32 unidades y una reducción del 8.3 % respecto a las mismas matrículas que registró en los primeros diez meses del 2023.
La construcción del metro de Bogotá es la obra de infraestructura más ambiciosa en desarrollo en Colombia, no solo por su impacto en la movilidad de millones de ciudadanos, sino también por su trascendental contribución al desarrollo urbanístico de la capital. Fuera del viaducto que atraviesa de sur a norte la ciudad, se construyen también las 16 estaciones que además de prometer espacios comerciales, se conoció recientemente un ambicioso plan que busca la construcción de un proyecto inmobiliario y comercial en la estación 16 del metro ubicada en el sur de Bogotá, exactamente en la avenida Primera de Mayo con avenida Boyacá. El megaproyecto que se construirá en la estación 16 del metro de BogotáEste ambicioso proyecto de desarrollo inmobiliario de la Empresa Metro de Bogotá se basa en la utilización de un predio remanente de las obras de infraestructura y de la Estación 6 del sistema. Ubicado en la intersección de la Avenida Boyacá con la Avenida Primero de Mayo, este terreno representa una oportunidad para la revitalización urbana, aprovechando suelo público para desarrollar un proyecto de usos mixtos que se integrará con la principal infraestructura de transporte de la ciudad. Este modelo busca mejorar significativamente la calidad de vida de miles de residentes y usuarios de la zona.La Estación 6 del Metro de Bogotá abarca un área de influencia con una población potencial de 130.000 personas en un radio de 1,5 km. En este sector se encuentran aproximadamente 45.000 hogares con un promedio de tres integrantes cada uno. Para 2028, año en que iniciará la operación comercial del metro, se estima un flujo de 55.000 pasajeros diarios.El proyecto inicial contempla una estructura mínima con uso comercial distribuida en tres pisos y un sótano, mientras que el diseño máximo dependerá del aliado empresarial dentro de los parámetros normativos de la ciudad. El éxito de este modelo será clave para fomentar futuros desarrollos asociados al transporte público sostenible, con beneficios financieros y urbanísticos de largo alcance.El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó durante un encuentro con promotores, desarrolladores, operadores inmobiliarios e inversionistas:Por su parte, el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, subrayó que el suelo permanecerá en propiedad de la EMB y no será objeto de venta, garantía o hipoteca por parte del aliado empresarial. Además, el desarrollo inmobiliario estabilizado será revertido a la Empresa Metro.
Estados Unidos anunció que prohibió la entrada al país al excomandante del Ejército Mario Montoya Uribe, general retirado y acusado de ser uno de los autores de los llamados "falsos positivos", por "graves violaciones" a los derechos humanos."Existen pruebas creíbles de que durante su mandato, Montoya Uribe estuvo involucrado en ejecuciones extrajudiciales de civiles, que se informaron falsamente como muertes en combate durante el conflicto armado interno de Colombia", dijo en un comunicado el secretario de Estado, Antony Blinken.La Administración de Joe Biden decidió sancionar al excomandante por participar en "graves violaciones de los derechos humanos" y, como resultado de esta decisión, Montoya Uribe y sus familiares directos "no tienen derecho a entrar a Estados Unidos"."Estados Unidos ha apoyado con orgullo la implementación del Acuerdo de Paz de Colombia desde su firma en 2016. Nos sumamos al pueblo colombiano para conmemorar su octavo aniversario este noviembre", agregó el jefe de la diplomacia estadounidense.Blinken afirmó que Estados Unidos seguirá respaldando "una paz duradera en Colombia que reconozca las necesidades de las víctimas y los supervivientes".Asimismo, encomió la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para "poner fin a la impunidad de los crímenes relacionados con el conflicto".El año pasado, la JEP acusó al general retirado Mario Montoya, junto a otros 8 militares, de 130 ejecuciones extrajudiciales de jóvenes inocentes.
La emergencia se registra en la vía principal que de Piedecuesta conduce a Málaga, Santander, específicamente entre los municipios de San Andrés y Guaca. Las lluvias debilitaron las bases que sostienen el puente vehicular, conocido como ‘Primero’, que empezó a abrirse y a colapsar.Esta situación deja incomunicados a 13 municipios del oriente de Santander con Bucaramanga, por la vía principal Curos - Málaga. Según denuncian las autoridades locales, el puente ya venía presentando problemas estructurales, los cuales no fueron atendidos a tiempo.Fredy Ramírez, alcalde de San Andrés, expresó su preocupación y tristeza ante la situación. "Es otra noticia triste porque nos afecta profundamente. Este puente Primero ya había tenido varias afectaciones previas, especialmente fisuras en la parte estructural y metálica. En su momento, el consorcio contratista de Invías que se encargaba de su mantenimiento decidió colocar costales llenos de arena como solución para estabilizarlo. Yo nunca estuve de acuerdo con esa medida, se los manifesté en varias reuniones", explicó Ramírez.El alcalde también destacó que, tras la detección de los primeros daños, se realizaron reuniones con el Instituto Nacional de Vías (Invías) y otros alcaldes de la región para alertar sobre la necesidad urgente de reparar el puente. Sin embargo, a pesar de las advertencias, el colapso se produjo a principios de esta semana, cuando los habitantes de la zona escucharon un fuerte estruendo, lo que les hizo temer lo peor."El consorcio nos informó que tenían un presupuesto de $1.200 millones para atender la emergencia. No obstante, los daños eran tan graves que no se pudo evitar el colapso", indicó el mandatario local, quien también reveló que hace una semana se había reunido con el ingeniero del consorcio, quien le había confirmado que las soldaduras del puente se estaban despegando.Las autoridades locales solicitaron a Invías y al Gobierno Nacional una solución inmediata, pues los impactos en el transporte, la economía local y la seguridad de los habitantes son graves.
