La Fiscalía General de la Nación emitió disculpas públicas a Carolina Andrea Sabino Rodríguez, en respuesta a la revelación indebida de información en 2016. Este acto de desagravio se llevó a cabo en cumplimiento de una sentencia de segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.Carlos Alberto Saboyá González, director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía, ofreció las disculpas en nombre de la entidad, reconociendo la violación de los derechos de Sabino y aclarando que este incidente no refleja una política institucional.Además de las disculpas, se informó sobre la implementación de una estrategia de capacitación para fortalecer las competencias de los funcionarios en el manejo de información sensible, especialmente en lo referente a cuestiones de género. Se resaltó el enfoque diferencial que la Fiscalía está adoptando en todas las etapas procesales, con especial atención en la protección de datos sensibles para preservar la dignidad humana.“El derecho a la privacidad es de todos. Por supuesto, en este caso particular, hago énfasis en nuestro género. Celebramos la semana anterior nuestro día y la mayoría de mensajes expuestos por nosotras mismas siguen cargados de una inminente y contundente necesidad de aprobación y afirmación de nuestra valía. Hoy las invito y los invito a comprender la importancia de este histórico momento en nuestro país”, dijo la actriz Sabino durante su intervención.En 2020, un juzgado en Bogotá ordenó a la Fiscalía indemnizar a Sabino por el daño público sufrido, y en enero de 2023, dicho proceso fue ratificado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con una orden de compensación de 464 millones de pesos y una disculpa pública.
La Fiscalía de Colombia fue condenada a pagar más de 520 millones de pesos colombianos (110.000 dólares) y a pedir una disculpa pública a la actriz colombiana Carolina Sabino por un error judicial de la entidad en el año 2015 cuando filtró información confidencial de su aborto por el que pretendía imputarla.Además, la institución tendrá que capacitar a sus funcionarios en materia de derechos sexuales y reproductivos para las investigaciones vinculadas a la interrupción voluntaria del embarazo, según el fallo de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.El caso sucedió en 2015 cuando las autoridades colombianas escuchaban las conversaciones telefónicas del entorno del informático Andrés Fernando Sepúlveda, alias "El Hacker", presuntamente implicado en escuchas ilegales en el marco del proceso de paz del Gobierno con las FARC.En esta labor, la Fiscalía tuvo acceso a una charla privada de la pareja de Sepúlveda, que era la hermana de Sabino, en la que se hablaba de que la artista había abortado."Tiempo después de conocerse esta información, algunos funcionarios dentro de la Fiscalía iniciaron una investigación penal contra ella", explicó a EFE la portavoz del Centro de Derechos Reproductivos en Colombia e integrante del Movimiento Causa Justa, Cristina Rosero. Investigación "sin fundamento"Según Rosero, dicha investigación "no tenía fundamento" en la medida en que la artista accedió al aborto amparada por una de las tres causales contempladas en la Sentencia C-355 del 2006 de la Corte Constitucional: violación o incesto, riesgo para la salud integral de la madre o malformación del feto.En este caso, Sabino contaba con un certificado en el que se probaba que la gestación suponía un riesgo para su salud mental."Lo que es más grave es que esa información se filtró a los medios haciendo que se empezase a hablar públicamente de algo que, por supuesto, se trataba de información confidencial protegida por la historia clínica", agregó Rosero.En consecuencia, Sabino acudió a la Justicia para exigir una reparación por la actuación de la Fiscalía.Por tanto, para Rosero la sentencia que condena a la Fiscalía colombiana es "un paso adelante porque creemos que es vital que se empiecen a superar estos imaginarios en los cuales debe haber culpabilidad o persecución contra las mujeres que abortan"."Se trata de un derecho protegido por la ley. Las entidades no están para perseguir a las mujeres que están en su derecho de interrumpir su embarazo", insistió la abogada.Respuestas a la filtraciónLas organizaciones de la sociedad civil condenaron que se conociera públicamente la historia clínica de la actriz y que las autoridades iniciasen un proceso penal contra ella pese a que su caso se encontrase dentro de las tres causales permitidas."Para nosotros estaba claro que hubo una violación al derecho a la confidencialidad", agregó Rosero, quien lo consideró "un error judicial" y un perjuicio "a la honra y buen nombre".Por su parte, la respuesta del entonces fiscal general, Eduardo Montealegre, fue anunciar que la Fiscalía expediría una directiva interna donde se incluirían directrices sobre cómo investigar el delito del aborto, tal y como explicó la abogada.Para Rosero, lo "interesante" de esta directiva, vigente a fecha de hoy, es que "establece que en los casos no cubiertos por las tres causales" la Fiscalía "debería evaluar si merece o no la pena perseguir penalmente este tipo de delitos" siguiendo el "principio de oportunidad".No obstante, reivindicó la importancia de actualizar dicha directiva de manera que pueda adecuarse a la sentencia de 2022 de la Corte Constitucional en la que se despenalizó el aborto hasta la semana 24.Escuche el podcast: Se está poniendo viejo - Los síntomas de la vejez
Varios famosos consiguieron estar estilizados con ayudas extras y visitas al quirófano. Sin embargo, tiempo después esos kilos regresaron y actualmente no se los han podido quitar de encima.En la lista figuran personajes como el exarquero René Higuita, las actrices Carolina Sabino y Martha Liliana Ruiz, el acordeonero Rolando Ochoa y el cantante vallenato Poncho Zuleta.
De acuerdo con el ente acusador, la decisión se debió a que "luego de que el fiscal del caso concluyera que no existen motivos o circunstancias que permitan establecer que la conducta debía ser objeto de reproche penal". (Lea también: ‘Reversazo’ de Fiscalía: retiran imputación a Carolina Sabino por aborto) El archivo de la investigación en contra de la actriz, de acuerdo con la Fiscalía, tiene que ver con lo que señalan los desarrollos jurisprudenciales sobre la interrupción voluntaria del embarazo, en los casos en que este ponga en riesgo la salud de la mujer, donde el Estado debe garantizar el derecho a la vida, la salud y la integridad.
