Luego de que en mayo de 2023 el Consejo de Estado declarara como nula la elección de Carlos Hernán Rodríguez para el cargo de contralor general de la República para la vigencia 2022 – 2026, y por este motivo, el cargo fue ocupado por el vicecontralor, Carlos Mario Zuluaga, este alto tribunal se pronunció respecto a este caso.En ese sentido, la sección quinta del Consejo de Estado ratificó el nombramiento de Carlos Mario Zuluaga como Contralor General encargado, la sustentación de esta demanda de anulación se basa en la falta de competencia del funcionario que expidió la resolución para declarar la falta absoluta del cargo y en ese sentido encargar al demandado con el fin de que asumiera las funciones de contralor general de la República.Además, se alegó también que esta facultad era exclusivamente del Congreso de la República.El Consejo de Estado aún debe resolver una serie de cuestionamientos sobre este caso, como determinar si “es nulo el acto enjuiciado por la falta de competencia del contralor general de la República para declarar la falta absoluta de su cargo, según lo disponen los artículos 267 y 268 de la CP; y 35 del decreto ley 267 de 2000 y, a su vez, determinar quién asumiría las funciones de ese cargo”, señaló el documento emitido por el alto tribunal.Por otro lado, la sentencia dice que el excontralor Carlos Hernán Rodríguez no tenía la capacidad legal para declarar la vacancia definitiva de su cargo ni para haber designado un reemplazo temporal, por esto se concluyó que incurrió en una extralimitación de las funciones constitucionalmente atribuidas.Por último, a pesar de la decisión del Consejo de Estado de dejar en firme el cargo de Zuluaga, la Corte Constitucional decidió suspender el proceso hasta que se resuelva la tutela que presentó el excontralor. Por tanto, se efectuará una discusión frente a este caso en la orden del día de la Corte Constitucional y así las cosas, Carlos Mario Zuluaga seguirá cumpliendo sus funciones como Contralor General.
El Plan Decenal del Sistema de Justicia, concebido en 2017 con el propósito de articular las políticas públicas del sistema de justicia durante 10 años, fue calificado por la Contraloría como un fracaso.Una evaluación adelantada por el órgano de control reveló un panorama marcado por serias debilidades estructurales que han conducido al fracaso en su diseño, ejecución y seguimiento.El contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, hizo un llamado a la fiscal electa Luz Adriana Camargo para que se apropie de este tema.“Quiero aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a la señora fiscal. Esta es una oportunidad para que la justicia pueda liderar de manera más enérgica este Plan Decenal de Justicia, entendiendo que los colombianos están agotados de percibir que las denuncias no trascienden. Lo dice este informe: el 80 % de las noticias criminales se archivan o quedan inactivas. Es una oportunidad esta evaluación que hace la Contraloría, a partir de la publicación de este informe, para que la Fiscalía General de la Nación en cabeza de la fiscal, Luz Adriana Camargo, lidere de manera categórica, en conjunto con el Ministerio de Justicia, la implementación de las metas previstas en el Plan Decenal”, comentó ZuluagaLa Contraloría evidenció una alarmante falta de sincronización y liderazgo institucional por parte del comité directivo del Plan. A pesar de los seis años transcurridos desde su inicio, las acciones formuladas no han generado los resultados esperados, lo que evidencia una desarticulación persistente en la implementación de las políticas de justicia.Asimismo, la persistencia del fenómeno de la impunidad sigue siendo un desafío crucial. Más del 80 % de las noticias criminales terminan archivadas, principalmente debido a la falta de identificación de los responsables. En lo que respecta a la congestión judicial, a excepción de la Jurisdicción Constitucional, se ha observado un aumento en el índice de congestión efectivo en todas las especialidades, lo que deja en evidencia la urgente necesidad de implementar medidas efectivas para agilizar los procesos judiciales.Ante este escenario, las instituciones responsables han tomado medidas correctivas, eliminando inicialmente 200 de las 735 acciones propuestas en el Plan. Sin embargo, la propuesta de suprimir otras 145 acciones adicionales representa un riesgo significativo para el cumplimiento de los objetivos planteados, según advierte la Contraloría General de la República.Una de las principales barreras identificadas radica en la insuficiencia de recursos presupuestales, lo que ha impactado negativamente en el desarrollo de las acciones contempladas en el Plan. En promedio, las entidades encargadas de la implementación han experimentado un rezago presupuestal del 49 %, lo que refleja una grave deficiencia en la planificación financiera del sistema de justicia.A pesar de los considerables esfuerzos fiscales y administrativos realizados, incluyendo una inversión significativa de $ 61,8 billones y la implementación de mecanismos virtuales para mejorar el acceso y la gestión judicial, los indicadores de gestión no han experimentado mejoras. La resolución de conflictos en el Sistema Judicial sigue siendo lenta y los ciudadanos continúan enfrentando barreras para acceder a una justicia oportuna y efectiva.En vista de estos líos, la Contraloría hizo un llamado urgente para realizar cambios estructurales en el Plan Decenal del Sistema de Justicia. Estos cambios incluyen la definición clara de metas, la asignación adecuada de recursos, el establecimiento de indicadores de seguimiento y medición de impacto, y una colaboración más armónica entre las entidades públicas involucradas.Además, se destaca la importancia de un liderazgo más firme por parte del Ministerio de Justicia, el Departamento Nacional de Planeación, el Poder Judicial y el Sistema de Justicia en su conjunto.
La Contraloría General de la República anunció una investigación tras las denuncias de la entrega de millonarios contratos de transición energética por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro que favorecen a Euclides Torres, uno de los principales financiadores de la campaña presidencial. El anuncio lo hizo desde Vaupés el contralor general en funciones, Carlos Mario Zuluaga. Por otra parte, la introducción del proyecto de ley 233 de 2023 ha generado duros cuestionamientos en la Cámara de Representantes, entre los que están los de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). La propuesta legislativa, que también corresponde al proyecto de ley 142 de 2022 en el Senado y busca introducir modificaciones en el funcionamiento del Sistema de Control y Vigilancia de Trámites de Tránsito (Sicov), se trata de un sistema clave para la regulación de procesos trascendentales como la revisión tecno-mecánica y los exámenes de conducción en el país, según reveló La Silla Vacía.La crítica principal de la Andi se centra en el artículo 15 del proyecto de ley, que, según argumentan, podría excluir de manera efectiva a cualquier competidor del Clan Torres en futuras licitaciones para la operación del Sicov.Pero este no es el único escíndalo al que se refirió el contralor Zuluaga, la Contraloría General hizo un llamado al Ministerio de Defensa para poner en marcha un plan para que se pongan en funcionamiento los helicópteros MI-17 que están sin funcionamiento.Además, autorizó una revisión fiscal para revisar porque no están en operación.Mientras el contralor hacia este el ministro de la Defensa, Iván Velásquez aclaró: “Que el hecho de que una empresa en cualquier parte del mundo esté en la lista impide establecer relaciones financieras con estas empresas rusas que hacían el mantenimiento, no tenemos posibilidad de desarrollar las relaciones para el mantenimiento, se produjo desde el primer semestre del 2022, estamos buscando alternativas, si con empresas rusas que no estén sometidas a sanción o las que estén en otros países”.Esto luego que la embajada de Rusia en Colombia revelara que, a comienzos del año pasado, entre el Ministerio de Defensa y la empresa Nasc fueron firmados documentos que permitían seguir con la ejecución de los contratos, “pero en febrero de 2023, el Ministerio otra vez detuvo el cumplimiento de sus obligaciones bajo los contratos vigentes y unilateralmente suspendió su ejecución”.Entre tanto, el Contralor en funciones reveló que se reunió con el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, para coordinar acciones entre ambas entidades que permitan esclarecer las irregularidades que se presentaron en la compra y operación de 40 carrotanques para La Guajira.Además, Zuluaga también reveló que se ha reunido con el canciller (e) Luis Gilberto Murillo y delegados de Thomas Greg & Sons para que se siga con la expedición de pasaportes. Esto para evitar un detrimento patrimonial en una demanda de Greg & Sons. La próxima semana habrá una nueva reunión.
En un reciente comunicado, la Contraloría General de la República (CGR) informó que encontró serias irregularidades en la adquisición de 40 carrotanques destinados a distribuir agua potable en el departamento de La Guajira, un caso ahora considerado de impacto nacional por la entidad fiscalizadora.De acuerdo con el organismo, se evidenció un sobrecosto de $7.760 millones, que ha puesto en jaque a exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y a representantes legales de tres empresas, por lo que inició un proceso de responsabilidad fiscal en su contra.“Estos exfuncionarios no solamente serán vinculados como presuntos responsables fiscales dentro de la investigación formal que realizará la Unidad de Investigaciones especial contra la corrupción, sino que también se decretarán medidas cautelares en su contra", precisó el contralor en funciones, Carlos Mario ZuluagaLa CGR preliminarmente ha determinado un presunto sobrecosto de más de $7.760 millones (exactamente $7.760´009.410), a partir de un análisis del costo unitario de cada carrotanque nuevo puesto en La Guajira y realizado a partir de cotizaciones obtenidas por un equipo de la Delegada de Infraestructura, según el comunicado. La investigación determinó que el valor total, sin incluir IVA, de los 40 carrotanques debió ser de aproximadamente $31.567 millones y no los $39.327 millones pagados a la firma Impoamericana Roger SAS, antes de IVA”, dice el comunicado de la Contraloría.De acuerdo con la Contraloría el caso revela una serie de fallas procesales y de transparencia. Se ha identificado que, contrario a lo esperado en un proceso de tal envergadura, "la UNGRD no ha presentado los estudios previos y de necesidad de adquisición de estos carrotanques ni tampoco el estudio de mercado para establecer el valor máximo de los mismos", lo que agrava las sospechas de irregularidad en la gestión de los recursos destinados a mitigar la crisis hídrica en La Guajira.Además, llama la atención el descubrimiento de vínculos entre las empresas cotizantes, particularmente la adjudicataria, cuyo objeto social ni siquiera incluye la venta de carrotanques, de acuerdo con el ente de control.De acuerdo con la Contraloría, la investigación ha desvelado una trama de relaciones y apresuramientos que ponen en duda la transparencia del proceso."También encontró la Contraloría que la empresa adjudicataria IMPOAMERICANA ROGER SAS era la de menor capacidad entre las tres cotizantes; en su objeto social no estaba incluida la venta de carrotanques y que tenía un escaso capital de trabajo de $207 millones para responder y cumplir por un contrato de $46.800 millones", señaló el vicecontralor en funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga.Estas son las conclusiones del informe realizado por la Contraloría Delegada para Infraestructura:La UNGRD no presentó los Estudios Previos y de Análisis de la Necesidad que sustentaran con suficiencia lo contratado mediante la Orden de Proveeduría Nro. SMD-GS-CTQ-192-2023 ni tampoco los Estudios de Mercado que soportaran el valor unitario pagado por la compraventa de estos carrotanques.La UNGRD no presentó un Plan de Acción específico para la logística, funcionamiento, aprovisionamiento y distribución adecuada del agua potable a suministrar a las Comunidades de Uribia y sus zonas rurales.Conforme lo presentado en este Informe, es evidente que no hubo una selección idónea y objetiva de las tres empresas que presentaron cotización para esta Orden de Proveeduría.Los tres proveedores escogidos por la UNGRD para que presentaran cotización para la compraventa de los 40 carrotanques, tienen relaciones familiares, comerciales y personales entre ellos, de modo que la UNGRD no realizó una selección que evidenciara competencia, objetividad y transparencia en el proceso de selección y adjudicación.No se evidencia una planeación adecuada de la UNGRD para garantizar la debida operatividad y sostenibilidad de suministro de agua potable mediante carrotanques para las condiciones particulares de Uribia y sus zonas rurales, toda vez que el aprovisionamiento de agua no está asegurado; tampoco está bien definida la contratación, pago y supervisión de los operarios que participan en este programa; ni tampoco están establecidas con precisión las comunidades beneficiarias del mismo ni la mejor ruta para llegar a ellas.A partir de lo informado por el Funcionario de la CGR que visitó la Base Militar Matamoros en Uribia, se hace necesario investigar a profundidad si hubo o no una presunta duplicidad en la contratación del suministro e instalación de la motobomba, mangueras y del alistamiento final de los carrotanques, puesto que hubo una manifestación del doctor Olmedo de Jesús López Martínez en Uribia al citado Funcionario, de que la UNGRD suscribió una Orden de Proveeduría adicional para el suministro e instalación de estos elementos, lo cual no pudo ser constatado en los documentos recolectados ni en los testimonios obtenidos.Dado que se entregaron, recibieron a satisfacción y pagaron, nueve (9) carrotanques con capacidad volumétrica inferior a la contratada (15.000 litros),Se determinó un incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Orden de Proveeduría suscrita por la UNGRD y, como consecuencia de ello, un presunto detrimento patrimonial al Estado por haberlos pagado sin el pleno cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas.Pese a que, según la UNGRD, estos carrotanques fueron adquiridos para contribuir a superar la situación de desastre nacional en el Departamento de La Guajira, los mismos solo empezaron a ser utilizados a partir de febrero 22 de 2024, es decir, 3 meses después de haber sido recibidos a satisfacción y 2 meses después de haber sido pagados al proveedor.Importante anotar que la UNGRD no ha presentado la necesaria certificación de la debida desinfección de los tanques en acero inoxidable, habida cuenta de que fueron adquiridos para distribuir agua potable a las comunidades de Uribia y sus zonas rurales.Por último, el análisis del costo unitario de suministrar y entregar a satisfacción en Uribia, un carrotanque doble troque nuevo marca DAF de 15.000 litros de capacidad, indica que se presentó un presunto sobrecosto de $ 7.760 millones en la adquisición de estos 40 carrotanques.
La Contraloría General de la República ya terminó un informe que detalla las irregularidades que se habrían presentado en la polémica compra de 40 carrotanques que llevan agua al departamento de La Guajira.Estos vehículos han sido el centro de varios cuestionamientos por las irregularidades que se habrían cometido a la hora de su compra y adecuación para ponerlos en funcionamiento.El informe del ente de control detalla que conclusiones preliminares relacionadas con una celebración irregular de contratos con algunos sobrecostos y elementos como la elaboración de mallas de contratación de relacionamiento de empresas que participaron en estas y en otras contrataciones que adelantó la UNGRD en las últimas semanas.La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría (Diari) está terminando este informe que será presentado el próximo lunes 11 de marzo.“Ya concluyó la etapa investigativa de la primera revisión y lo que aspiramos es que podamos tomar decisiones mucho más amplias de lo que el país espera”, dijo el contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga.Sin embargo, el informe de la Contraloría no solo tendrá información exclusivamente del escándalo de carrotanques en el departamento de La Guajira, sino que contará detalles de los contratos de la Unidad y el manejo de los recursos que superan el billón de pesos.Le puede interesar:
El contralor general encargado, Carlos Mario Zuluaga, anunció que presentará una denuncia penal contra varias EPS que le dieron información a la Contraloría General de la República y luego han salido a decir a los medios de comunicación que el informe de la entidad presenta cifras que no son reales. La denuncia sería presentada por el delito de falsedad documental.La Contraloría publicó un informe según el cual solamente cinco de las EPS del país cumplen con los requisitos financieros y patrimoniales para operar y las otras 21 podrían ser intervenidas por la Superintendencia de Salud en cualquier momento.El informe habla de un hueco en las finanzas por 25 billones de pesos en deudas a otros actores del sector salud y de un faltante de más de 12 billones en las reservas técnicas.“Quiero recordarles a Acemi y a todas las agremiaciones de salud que ninguno de ellos le enseña al órgano de control cuáles son las metodologías que durante 100 años ha tenido la Contraloría para hacer vigilancia a los recursos públicos, de cuál es la metodología que le conviene a ellos para que los informes de la Contraloría no les afecte ni su reputación ni algunos asuntos en los que hemos dicho hay unas cosas que mejorar que son fallas estructurales del sistema”, dijo Zuluaga.Tras la publicación del informe de la Contraloría, el gremio de las EPS, Acemi, pidió una mesa técnica con el Gobierno, dijo que las cifras estaban distantes de la realidad y que “la incertidumbre y el alarmismo que generan los datos parciales y sin contexto afectan el sistema”.El Contralor anunció que en marzo publicará un nuevo informe detallando a dónde fueron a parar los recursos de la UPC (que es lo que el Gobierno paga por cada afiliado).Las otras demandas y problemas que enfrentan las EPS en ColombiaAdemás, en línea con lo que ha venido pidiendo el Gobierno nacional, habló de la necesidad de levantar el velo corporativo y perseguir directamente a los dueños de las EPS en caso de que se encuentre que se desviaron recursos.Las denuncias del contralor se suman a la demanda de acción popular del Ministerio de Salud contra 21 EPS, a las que acusa de comprometer el acceso a la seguridad social en salud y de no cumplir con los requisitos financieros establecidos por la Superintendencia de Salud.En su defensa, las EPS insisten en que los recursos del sistema están mal calculados y no se pagan a tiempo y que el Gobierno les debe 5.6 billones de pesos.El telón de fondo de esta polémica es la discusión de la reforma a la salud en el Congreso que acabaría con las EPS para transformarlas en gestoras de salud y vida sin la gestión de los recursos del sistema que pasarían a ser directamente administrados por el Gobierno nacional.La reforma a la salud cursa su tercero de cuatro debates en el Senado de la República y debe ser aprobada antes del fin del periodo legislativo o se hundiría por falta de trámite.
En una entrevista con Mañanas Blu, el contralor general de la República (e), Carlos Mario Zuluaga, se refirió a su más reciente informe sobre la situación financiera de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). El documento revela que el 80% de las EPS no cumplen con los estándares de solvencia y reservas técnicas exigidos, lo que representa un riesgo para su estabilidad y funcionamiento.Según el informe, solo cinco de las EPS evaluadas cumplen con los indicadores técnicos requeridos: Salud Total, Sura con Foscal, E.P.S. Sanitas, Compensar, y la Nueva EPS. Las dificultades financieras del sistema de salud, de acuerdo con la Contraloría, se atribuyen a la ineficiente gestión de recursos por parte de algunas EPS, la no constitución de reservas técnicas adecuadas, retrasos en los pagos del Estado y debates sobre la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para cubrir los costos del sistema.“Significa que hay unos indicadores que establece la ley, como el de solvencia o el de las reservas técnicas, que no están siendo cumplidas por estas 16 EPS. Son 16 realmente, las que no están cumpliendo esos tres indicadores. Algunas cumplen dos, otras cumplen uno, pero estas cinco cumplen los tres indicadores, 16 no cumplen ninguno de los tres indicadores y algunas se reparten entre un indicador y otro, lo que hace de que el nivel de cumplimiento de las obligaciones de ley que tienen las EPS en Colombia pongan en riesgo, digamos, su propia estabilidad y su propio autosostenimiento”, dijo.El contralor Zuluaga destacó la importancia de encontrar soluciones que aseguren la calidad en la prestación del servicio de salud a la población colombiana.Este informe adquiere relevancia en el contexto del debate sobre una reforma al sistema de salud. En ese sentido, Zuluaga subrayó que la Contraloría publica sus informes basados en datos reales y los somete a rigurosas revisiones, independientemente de los debates políticos en curso. La función del ente contralor es generar informes con información precisa y verificable, sin influir en las discusiones políticas relacionadas con el sistema de salud.“Hay tres temas en los que nosotros hemos tenido un impecable seguimiento: transición energética, salud y recaudo con elefantes blancos y salud. Nosotros hemos hablado permanentemente de esto. Ahorita en el mes de marzo vamos a publicar un nuevo informe de qué pasó con los recursos que le giró el Estado en el Gobierno del presidente Duque a las EPS y qué pasó con esos recursos de UPC, que estuvieron suspendidos. La corte ha dicho claramente para qué también son esos recursos. Uno no puede utilizar recursos de una vigencia para hacer gastos de otras vigencias. Cuando publique ese informe en marzo, que vamos a decir no sé en qué estado va a estar la reforma o el debate en el Congreso, pero lo vamos a publicar”, dijo.Principales hallazgos del informe de la Contraloría General de la República sobre EPSLa Contraloría General de la República realizó un análisis detallado sobre la situación financiera de 26 Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia, con datos recabados hasta octubre de 2023. Deuda total con IPS y proveedores: Las 26 EPS acumulan una deuda total de $25 billones de pesos con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y proveedores, lo que incluye cuentas por pagar, reservas técnicas y pasivos administrativos.Indicadores de solvencia insatisfactorios: De las 26 EPS analizadas, 16 (equivalentes al 61.5%) presentan indicadores de margen de solvencia no satisfactorios y no cumplen con los tres Requisitos para Operar:Capital mínimo requeridoPatrimonio adecuadoConstitución y inversión de reservas técnicasDeuda con las IPS: La deuda total de las EPS únicamente con las IPS asciende a $11.3 billones.Deficiencia en reservas tTécnicas: De 21 EPS analizadas en este aspecto, se encontró que solo están respaldados $1.3 billones de los $13.7 billones requeridos en reservas técnicas. Esto representa un incumplimiento del 100% de inversión de los recursos, según lo exige el Decreto 780 de 2016.Cumplimiento en la provisión de reservas técnicas: Solo 5 EPS (Salud Total EPS, Sura EPS, Comfachocó, Capresoca y EPM Salud) cumplen con la provisión y con la inversión de sus reservas técnicas.Falta de cumplimiento en la mayoría: El 80.7% de las EPS no cumple con la provisión ni con la inversión de sus reservas técnicas, evidenciando un grave incumplimiento normativo y un riesgo para el sistema de salud.EPS con indicadores financieros satisfactorios: Solo 10 de las 26 EPS (38.4%) presentan indicadores de liquidez y de margen de solvencia satisfactorios, lo que indica una situación financiera adecuada para la prestación de servicios de salud.Análisis de cartera de las EPSEl 93.5% de la cartera total es menor a un año, indicando que la mayoría de las deudas se concentran en la cartera corriente.El 51% de la cartera corriente se concentra en tres EPS: Famisanar, Sanitas y Emssanar, sumando un total de $5.4 billones.Famisanar y Sanitas acumulan el 40% de la cartera corriente, con un monto de $4.1 billones.El 59% de la cartera no corriente está en manos de tres EPS: Famisanar, Emssanar y Asmet Salud, totalizando $436 mil millones.Varias EPS, como Sanitas, Salud Total y Salud Bolívar, no presentan deudas mayores a 360 días, indicando ausencia de cartera no corriente.Nueva EPS, Asmet Salud, Sura, Salud Total y SOS acumulan el 35% de la cartera corriente ($3.66 billones) y el 33% del pasivo no corriente ($237 mil millones).
El Ministerio de Salud presentó una demanda de acción popular contra 21 EPS. Según el Gobierno las entidades comprometen el acceso a la seguridad social en salud y no cumplen con los requisitos financieros establecidos por la Superintendencia de Salud. Puntos esenciales para el funcionamiento del sistema.Entre los demandados también está la Contraloría, incluso se pide que se interrogue a Carlos Mario Zuluaga, en calidad de Contralor General de la República en funciones y en condición de testimonio técnico, dado que supuestamente el titular del ente de control conoce los fundamentos en que se soporta la demanda.Por esta razón, esta mañana del miércoles el contralor rechazó su vinculación, así como el hecho de que se haya solicitado su interrogatorio y de pretender coactivamente, mediante orden judicial, que se realice auditoría forense a las EPS. Además, Zuluaga explicó nuevamente que el ministerio desconoce la autonomía del ente control.“Nuevamente el ministro de Salud desconoce la autonomía del ente de control, como cuando quiso ordenarnos levantar el velo corporativo de las EPS sin que mediara actuación administrativa para ello”, enfatizó Carlos Mario Zuluaga.Ministerio de Salud demanda a 21 EPSEl Ministerio de Salud presentó hace unos días una acción popular contra 21 Entidades Promotoras de Salud (EPS) por, supuestamente, incumplir con la obligatoriedad de constituir y mantener las reservas técnicas para garantizar los pagos para la prestación de servicios de salud.Las EPS son las entidades responsables de gestionar el aseguramiento en salud en Colombia. De acuerdo con la ley, deben constituir y mantener reservas técnicas para garantizar que tengan los recursos suficientes para pagar los servicios de salud que sus afiliados requieran.El Ministerio de Salud afirma que, según un informe de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), las 21 EPS demandadas no cumplieron con esta obligatoriedad al 30 de septiembre de 2023.En particular, las EPS demandadas no cumplieron, según la demanda, con los siguientes indicadores:Capital mínimo: el capital mínimo es el patrimonio que debe tener una EPS para garantizar su solvencia financiera. Las EPS demandadas no cumplieron con el capital mínimo exigido por la ley.Patrimonio adecuado: el patrimonio adecuado es la relación entre el patrimonio de una EPS y sus obligaciones. Las EPS demandadas no tuvieron un patrimonio adecuado.Régimen de inversión de reserva técnica: las EPS deben invertir sus reservas técnicas en instrumentos financieros seguros y rentables. Las EPS demandadas no invirtieron sus reservas técnicas de acuerdo con la ley.
El término del ente de control se conoce después que Zuluaga fuera asignado en el cargo, por el excontralor general Carlos Hernán Rodríguez a pesar de que ya había sido destituido por el propio Consejo de Estado por vicios en el trámite de elección en el Congreso.La conclusión del concepto asegura que se “solicita declarar la nulidad electoral por la cual se declara la ocurrencia de la falta absoluta del titular del cargo de contralor general de la República y, por ende, del supuesto hecho previsto en la ley para la asunción de funciones por parte del vicecontralor, sin que ello implique que el Carlos Mario Zuluaga Pardo abandone las funciones del cargo de contralor general de la República”.El documento firmado por la procuradora Séptima delegada ante el Consejo de Estado, llegó en medio de una demanda que interpuso el abogado Germán Calderón España, y la cual es estudiada por la Sección Quinta del alto tribunal.La procuradora delegada Yolima Carrillo, explicó que “están dados los elementos de juicio para que se decrete la nulidad de la resolución”, la cual firmó el contralor Rodríguez cuando ya era un “funcionario sin competencia”.Le puede interesar "Esto no parece ser una manzana podrida": Daniel Duque por imputaciones a exfuncionarios de Quintero:
El contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, anunció la apertura de un proceso administrativo disciplinario fiscal en contra del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres Javier Pava y el actual director, Olmedo López, por los retrasos en las obras de reconstrucción de Mocoa.Además, Carlos Mario Zuluaga reveló que de 1.6 billones de pesos, que estaban destinados para este fin, solo se han comprometido (no ejecutado) 400.000 millones de pesos.El contralor dice que la UNGRD no ha cumplido con las obras y, además, no responde los llamados de la entidad.Le puede interesar "Fecode contra bono para colegios privados: El Estado debe garantizar la educación pública":
