El caso que se sigue en contra del exalcalde de Montería y exministro de Ambiente Carlos Eduardo Correa por presuntos hechos de corrupción que investiga la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, ahora pasará al juzgado penal del circuito con funciones de conocimiento de la ciudad de Montería.La decisión tiene que ver con el fuero que ejercía Carlos Correa cuando se desempeñaba como ministro de Ambiente en la finalizada Presidencia de Iván Duque.El proceso había pasado a la Corte Suprema en el año 2021 cuando Correa fue designado como ministro de Ambiente.Al exalcalde se le investiga por presuntos sobrecostos en la remodelación del Coliseo de Combate Miguel Happy Lora en Montería, en el año 2012. Coliseo que debía entregarse para la realización de los Juegos Nacionales y que contó con una inversión final de 12.000 millones de pesos, pero solo fue hasta el año 2017 que pudo ser entregado.Cabe recordar que Correa fue capturado por este proceso en junio de 2017 cuando se desempeñaba como alto consejero presidencial para las regiones.Ahora será el juzgado de Montería el que decida la responsabilidad de Correa en las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación, en torno al tema de posibles sobrecostos en la construcción del coliseo.Escuche y siga el podcast El Mundo Hoy
El ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, asegura que "Colombia no es un país peligroso para defender la naturaleza", aunque sigue a la cabeza de la triste lista de líderes ambientales asesinados, mientras que se muestra "feliz" por el trabajo realizado a pocos meses de entregar el cargo."No es peligroso defender el medio ambiente en Colombia. Todo lo contrario", explica Correa en una entrevista con Efe, para precisar que "cada caso (de muertes de líderes ambientales) que se ha presentado es un caso totalmente diferente".Por esto insiste en que "no se puede generalizar que defender el medio ambiente en Colombia es riesgoso", a lo que agregó que es necesario que el Congreso ratifique, en el que será el segundo intento, el Acuerdo de Escazú.Este es considerado el primer tratado multilateral en América Latina y el Caribe sobre asuntos ambientales que tiene un componente importante de protección de los líderes ambientales.Los últimos datos de la organización Global Witness sitúan a Colombia como el país más letal para defender el medioambiente por segundo año consecutivo.Solo en 2020, 65 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas en Colombia.En cuanto a la agenda ambiental, de cambio climático y diversidad impulsada por el Gobierno para afrontar la triple crisis que enfrenta el planeta, Colombia "está mostrando un liderazgo muy importante, no solamente regional sino a nivel global", celebró.Correa también defendió que "el medioambiente no puede tener banderas ni colores políticos", algo que "ha demostrado este Gobierno", en su opinión."Los temas de cambio climático y de medio ambiente son de interés global", insistió Correa al recordar que Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo y pedir que las tres crisis que amenazan al planeta estén en la agenda electoral que vive el país andino ante la inminente renovación del Gobierno.ACIERTOS Y RETOSLa pandemia de covid-19 no ha permitido "estar en el territorio por casi año y medio", pero el Gobierno ha apostado por crear políticas públicas e implementarlas, especialmente en los últimos doce meses en los que las restricciones se redujeron.Uno de los grandes aciertos de este Gobierno, agregó Correa, ha sido la prohibición de la pesca de tiburón, "que apunta a ese objetivo de reducir la pérdida de biodiversidad", así como la aprobación de una Política Nacional de Áreas Protegidas y un decreto "muy importante" de no maderables, que busca frenar la deforestación y ayudar a las comunidades a hacer un uso sostenible del bosque.Por último, el ministro dijo que la cúspide de estos cuatro años en materia ambiental llegó con la aprobación de la Ley de Acción Climática, un "hito histórico para el país" que estipula como delito la deforestación, que ahora tiene penas de entre cinco y quince años de cárcel; la pesca ilegal, y el comercio ilegal de fauna.Las políticas ambientales "no quedan solo como un programa de gobierno de cuatro años, sino una hoja de ruta de Colombia hacia los próximos 30 años", asegura el ministro, que a pocos meses de dejar su cargo celebra que deja el sector ambiental "organizado, con unas líneas claras en el largo plazo y en un proceso de transformación tecnológica muy importante".Por otra parte, Correa considera que su sucesor en el cargo tras las elecciones presidenciales tendrá el reto de aplicar la Ley de Acción Climática, así como "la implementación y la buena gestión de las áreas protegidas" que pretenden llegar a un 30 % del territorio terrestre y marítimo.La siempre presente lucha contra la deforestación, la restauración de hectáreas para el 2030 y la protección de los océanos también marcarán las líneas de la próxima gestión ambiental, con otro "reto muy importante: madurar el mercado de carbono, no solamente el voluntario, sino también el mercado regulado".OPERACIÓN ARTEMISACon relación a la Operación Artemisa, que ha recibido fuertes críticas por considerarse una militarización de la conservación del medioambiente, Correa defendió que es "una campaña importante de Defensa Nacional, con las fuerzas militares y la Policía, así como con la Fiscalía para poder llegar al territorio y tener control sobre todo de las actividades ilícitas que impactan en la deforestación".Correa enumeró la minería ilegal, los cultivos ilícitos y la expansión de la frontera agrícola como actividades estrechamente relacionadas con la deforestación, que año tras año acaba con millones de hectáreas de tierra.Este desafío cuenta con una particularidad, según Correa, que es el narcotráfico como una de sus principales causas.El narcotráfico "financia la minería ilegal, el acaparamiento de tierras y hace lavado de activos y de dinero a través de ganadería ilegal"."Cada litro cada galón de gasolina, de ácidos, de químicos que usan para preparar y procesar cocaína está afectando el medio ambiente. El mercurio para la minería ilegal está afectando el medio", lamenta.Todo esto, continua Correa, "es un tema de Defensa Nacional" y por lo tanto se tienen que encargar las fuerzas militares, ya que "a pesar de que Colombia solo tiene el 6 % de toda la Amazonía, esta representa el 34 % del territorio nacional y hay que protegerlo y hay que cuidarlo".Le puede interesar: El 'Man', con Alberto Linero
El ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, habló en Mañanas BLU sobre la Resolución 110 del 28 de enero 2022 que facilitaría la sustracción en reservas forestales para proyectos extractivos en Parques Nacionales y reservas forestales.“En el año 1974 se crea el Código de recursos Naturales de Colombia donde se establece que se pueden hacer sustracciones de bosques cuando son proyectos de interés comunitario o público. Lo que se hizo en esta resolución es reglamentar ese procedimiento de sustracciones, pero en ningún momento se está permitiendo hacer exploración, ni explotación en nuestras áreas protegidas.”, indicó el funcionario.El ministro Correa aclaró que lo que se reglamentó en la resolución, criticada por ambientalistas, fue la sustracción en bosques por interés comunitario o público y que las reservas forestales no son áreas protegidas. "En ningún momento se está permitiendo hacer exploración ni explotación en nuestras áreas protegidas. Estamos pasando de un 15% de áreas protegidas a un 30%", sostuvo el funcionario. "Las reservas forestales no son áreas protegidas, en algunas de estas zonas puede no haber árboles ni bosque. Si una persona y quiere hacer la exploración, tiene que comunicarle al Ministerio, que va y revisa el área y puede permitir una sustracción temporal, si no toca, en lo absoluto, ninguna cuenca hidrográfico, fuente hídrica, si no hay árboles. En ningún momento se permite la flexibilización ni la facilitación para que haya esa exploración ni explotación", complementó. Correa habló de los requisitos para adelantar la sustracción de áreas, los interesados deben surtir un proceso que se hace en Ministerio de Ambiente con muchos requisitos que hoy se solicitan.El ministro de Ambiente también habló sobre la contaminación del uso del tapabocas y si hay estudios o cifras que muestren cómo se ha afectado el ambiente por este elemento que se ha vuelto imprescindible en la pandemia del COVID-19.“Definitivamente como colombianos nos toca tener mayor conciencia del reciclaje y de la clasificación de nuestros residuos, algunos tipos de tapabocas son más contaminantes no tenemos cifras para saber cómo impactan, pero ya hay empresas que trabajan con estos materiales para hacer otro tipo de productos. Creo que será uno los temas importantes de aquí en adelante en materia de reciclaje y clasificación de residuos que es toda la estrategia de economía circular que se viene trabajando desde el Ministerio y que queremos elevar a una Ley”, indicó el jefe de cartera de Ambiente.Correa se refirió a la polémica sobre los hipopótamos y habló de la reproducción que han tenido estos animales desde 1982 cuando fueron traídas ilegalmente cuatro especies por el capo del narcotráfico Pablo Escobar. “Son casi 130 animales que tenemos georreferenciados en toda la ribera del río Magdalena que empiezan a desplazarse amenazando a las demás especies. El primer paso que se acordó con ONG´'s, exministros, la academia y demás estudios es que son amenazas para los demás animales y para la población cercana y si no se hace nada en ocho años tendremos una población que superará los 400 hipopótamos (…) Lo primero que hicimos es declararlos como especie invasora”, indicó.Teniendo en cuenta esta clasificación, se hará un plan de manejo para evitar que los hipopótamos se sigan reproduciendo, se habla de castración y de esterilización. Lo cierto es que los sectores involucrados son claros en decir que son especies territoriales y que se deben tomar medidas para evitar estragos en las zonas donde se encuentran estos animales.Escuche la entrevista en Mañanas BLU:
El pasado viernes, 29 de octubre, a las 5: 00 de la tarde, fue radicado el proyecto de Escazú por el viceministro Francisco Cruz, encargado mientras el ministro de Ambiente, Carlos Correa, se encuentra en la COP26.A pensar del revuelo que ha tenido el retraso en la presentación de este proyecto, el ministro de Ambiente, Carlos Correa, confirmó que no irá con mensaje de urgencia.“Se presentó sin mensaje de urgencia el acuerdo. El viernes, a las 5:00 de la tarde, lo presentamos al Congreso”, afirmó. De igual manera, el jefe de la cartera insistió en que defenderán la radicación ante el Congreso.Recordemos que este proyecto contaba con mensaje de urgencia por parte del Gobierno en la pasada legislatura, pero se hundió por falta de trámite en las comisiones segundas conjuntas.Antes de que se radicara el proyecto se socializó desde el 9 de septiembre hasta el 14 de octubre, y el Gobierno esperaba tener el último diálogo y presentar el acuerdo.Ese ejerció de socialización se hizo con miembros de distintas bancadas, con organizaciones no gubernamentales y gremios, y el objetivo, según dijo Correa, es aclarar todas las dudas para fijar la ratificación del acuerdo de Escazú.El objetivo principal del Acuerdo de Escazú es garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia como la protección de líderes ambientales.
Carlos Eduardo Correa llega en remplazo de Ricardo Lozano, quien hace unos días presentó su renuncia al cargo debido a problemas de salud y a una reciente cirugía que le realizaron.El anuncio lo hizo el presidente Iván Duque a través de sus redes sociales. El mandatario resaltó la experiencia del nuevo ministro de Ambiente en proyectos sostenibles.“He designado como nuevo ministro de Medio Ambiente al exalcalde de Montería, Carlos Correa. Experto en temas de ciudades y territorios sostenibles, fue asesor del BID, ONU Hábitat y CAF. Ha liderado proyectos de energía solar y acciones de cultura hacia sostenibilidad”, escribió el mandatario.El jefe de Estado, agradeció el trabajo de Ricardo Lozano, quien inició en esta cartera en el 2018, cuando llegó al gobierno de Iván Duque.Este es el perfil del nuevo ministro de Ambiente:Fue alcalde de Montería en el período 2012-2015, es administrador de empresas de la Universidad Eafit de Medellín y se ha convertido en un referente para los líderes regionales, nacionales e internacionales en temas de sostenibilidad.Es experto en temas desarrollo social, planeación urbana y desarrollo territorial. Fue asesor y conferencista en temas de ciudades y territorios sostenibles en el BID, ONU Hábitat y CAF, entre otros.Fue viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico y alto consejero Presidencial para las regiones.
La defensa del alto consejero Presidencial para las Regiones, Carlos Eduardo Correa, asegura que cuenta con pruebas de la DNP en las que se corrobora la entrega de la obra de remodelación del coliseo Miguel ‘Happy’ Lora. Tras la detención este viernes del alto consejero para las regiones, Carlos Eduardo Correa, y del alcalde de Montería, Carlos Pineda, el abogado Andrés Garzón, quien defiende a Correa, asegura que tienen pruebas, incluso, de la Dirección Nacional de Planeación en las que se corrobora con satisfacción la entrega de la obra de remodelación del coliseo Miguel ‘Happy’ Lora en Montería. “Dentro de la ejecución tenemos pruebas de distintas entidades del Estado, como la DNP, que recibieron a satisfacción dichas obras. No solamente con certificado, sino con análisis profundos en donde se verifica el cumplimiento del contrato”, señaló el abogado. Según Correa, quien se desempeñaba como alcalde de Montería durante la época de los hechos investigados, no es responsable de ningún delito y dice en un comunicado que espera “aclarar lo antes posible las dudas del ente investigador (Fiscalía General)” y demostrar su “transparencia en todas mis actuaciones como servidor público”.
Según Correa, quien se desempeñaba como alcalde de Montería durante la época de los hechos investigados, no es responsable de ningún delito. El alto consejero Presidencial para las Regiones, Carlos Eduardo Correa, emitió un comunicado luego de ser capturado este viernes tras resultar implicado en un caso de irregularidades en contratación en la remodelación del coliseo Miguel Happy Lora, de Montería. Según Correa, quien se desempeñaba como alcalde de Montería durante la época de los hechos investigados, no es responsable de ningún delito. “Espero aclarar lo antes posible las dudas del ente investigador (Fiscalía General) y demostrar mi total transparencia en todas mis actuaciones como servidor público”, dice el comunicado emitido por Correa.Además, asegura que fue él quien se puso a disposición de las autoridades y no que fue capturado. “He decidido de forma inmediata y voluntaria acudir antes las autoridades competentes para ponerme a disposición y asegurar mi comparecencia en el proceso”, añade el funcionario. El caso en el que Carlos Eduardo Correa estaría comprometido tiene que ver con un contrato de $4.586 millones del proyecto de rehabilitación del Coliseo Miguel Happy Lora, de Montería, obra financiada con recursos de regalías. Por su parte, la Alcaldía de Montería aseguró que su el actual mandatario, Marcos Daniel Pineda García, también implicado en los presuntos actos corruptos, se entregó a las autoridades “de manera voluntaria”. “Compareció ante la autoridad de manera voluntaria en la ciudad de Montería y se dirige a Bogotá, en donde espera ejercer sus derechos para evidenciar ante las instancias competentes, la transparencia de sus actos en todo momento de su vida pública”, dice el comunicado.
El alto consejero Presidencial para las Regiones, Carlos Eduardo Correa Escaf, y el alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, fueron capturados este viernes, implicados en un caso de irregularidades en contratación. El caso en que ambos funcionarios son relacionados hace referencia a un contrato $4.586 millones del proyecto de rehabilitación del Coliseo Miguel Happy Lora, de Montería, obra financiada con recursos de regalías. El coliseo no se pudo rehabilitar para servir de escenario de los torneos de boxeo de los Juegos Deportivos Nacionales de 2012, hecho que constituyó en un presunto daño patrimonial.
