El senador Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, del Partido Comunes y firmante del acuerdo de paz, denunció, a través de sus redes sociales, que tuvo que viajar hacía el departamento de Bolívar sin protección de la Policía y de su esquema de la Unidad Nacional de Protección, UNP. El congresista realizará un recorrido este fin de semana por varios municipios del departamento."No vamos a ceder a las presiones de aquellos que pregonando el odio y la estigmatización quieren que se recorten nuestros derechos, tampoco vamos a ceder a las negligencias burocráticas. Continuamos adelante sin prejuicio de que recurramos a las acciones judiciales para la protección de nuestros derechos como firmantes de la paz", dijo el senador Gallo, a través de un video.La denuncia se conoce en medio del llamado que hizo la Corte Constitucional al Gobierno solicitando información en varias dependencias para conocer en detalle la situación de riesgo de los integrantes del Partido Comunes, ex integrantes de las Farc, con la llegada de las elecciones regionales en el mes de octubre.Hay que resaltar que la Defensoría del Pueblo también ha detectado 92 amenazas contra candidatos y campañas en 22 departamentos del país; esa información se conoció en medio del informe que reveló la entidad sobre el riesgo extremo y alto por violencia en la jornada electoral que se va a registrar en los próximos dos meses en Colombia.Le puede interesar
El presidente de la República, Gustavo Petro, abrió la puerta a hacer algunas modificaciones al acuerdo de paz firmado entre la extinta guerrilla de las Farc y el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, en el año 2016. Para el mandatario nacional, este acuerdo quedó incompleto y no incluye algunas palabras que para él son clave, pero también cuestionó que no se haya tenido en cuenta en los puntos de la agenda la revisión del modelo económico en Colombia."No está escrito en los acuerdos la palabra conocimiento, la palabra saber, la palabra universidad, no está escrita la palabra industrialización, pareciera que fuera un mundo romántico, de antes, como si se pudiera mirar hacia atrás y construir una sociedad rural, que ya no somos indudablemente, con los procesos de urbanización", señaló Petro.Desde el partido Comunes, creado por los exguerrilleros de las Farc, respondieron al presidente Petro, asegurando que cualquier decisión que se tome con el acuerdo de paz y su implementación debe ser consensuada. Sin embargo, aseguran que está abierta la posibilidad a discutir algunos temas que en su momento el Gobierno decidió no incorporar a la agenda."Se pueden abordar otra serie de temas que en su momento el Estado colombiano, en cabeza de la delegación del gobierno de Juan Manuel Santos, se negaron a abordar, por ejemplo, el modelo económico neoliberal. Si como le entendemos nosotros al presidente Petro, lo que él quiere es abrir una discusión acerca de la necesidad de desmontar el neoliberalismo y avanzar en la profundización del proceso de reformas estructurales desde luego que bienvenida esa discusión", señaló Carlos Antonio Lozada, senador del partido Comunes.Conéctese a la señal de Blu Radio en vivo:
El senador del partido Comunes, Julián Gallo, calificó como inaceptable y le pidió al Gobierno Nacional que se pronuncie para exigirle a las disidencias suspender todo tipo de atentados contra los excombatientes que sí le están cumpliendo con el acuerdo de paz logrado en La Habana.En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el senador Carlos Antonio Lozada, señaló que, pese a que apoyan la iniciativa de paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro, le hacen un llamado para avanzar en la implementación del acuerdo logrado con las entonces Farc.“El Gobierno debe exigir unos mínimos a estos grupos y se debe respetar la vida a los colombianos”, dijo sobre los diálogos con grupos armados.Sobre las disidencias y la voluntad, manifestó que “hay que insistir en la búsqueda de salidas a través del diálogo. No podemos como sociedad vivir eternamente en estos conflictos”.Le puede interesar:
Jesús Antonio Bejarano era un economista y profesor universitario, que se desempeñó como consejero de paz en los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria, pues era experto en resolución de conflictos. En septiembre del año 1999 hombres de las Farc entraron al campus de la Universidad Nacional y lo asesinaron. En el año 2020, la antigua guerrilla de las Farc envió un documento a la JEP comprometiéndose a aportar verdad y asumir responsabilidad en este caso.El hoy senador del partido comunes y excomandante de la guerrilla Julián Gallo en plena Universidad Nacional y en un conversatorio en el que hablaba de paz y reconciliación, le pidió perdón a los estudiantes y dijo que sentía vergüenza por el crimen."En un hecho que nos avergüenza y por el cual pedimos perdón una unidad nuestra aquí en este campus asesinó a un profesor, al profesor Bejarano y eso a nosotros nos avergüenza porque cómo así, ¿a un profesor universitario?, por las diferencias políticas que se tuviesen. Uno se pregunta cuáles son los niveles de demencia a los que lleva una confrontación armada para que sucedan ese tipo de hechos", señaló.En el evento estuvo presente también el general en retiro Óscar Naranjo, exvicepresidente y negociador de paz que también pidió perdón a los estudiantes por haberlos estigmatizado mientras fue director de la policía."Yo pensaba que la universidades públicas eran una cantera de la guerrilla. Estaba equivocado y les pido que me perdonen", señaló Naranjo.Escuche el podcast El Camerino:Le puede interesar:
Desde el partido de los Comunes rechazaron la determinación de un juez de la República de dejar en libertad a los militares investigados por el homicidio de Dimar Torres, excombatiente de las Farc y reincorporado a la sociedad civil.El pronunciamiento se dio luego de que un juez penal municipal de control de garantías de Norte de Santander dejara en libertad al coronel (r) del Ejército Jorge Armando Pérez Amézquita y otras cuatro personas investigadas por el homicidio del exguerrillero.“Exigimos garantías judiciales y de acceso a la justicia de los familiares de Dimar Torres. Colombia no puede seguir inerme ante esta impunidad”, dijo la senadora Sandra Ramírez.Lo propio dijo el congresista Julián Gallo, más conocido como ‘Carlos Antonio Lozada’.“Es insólito que habiendo prácticamente claridad sobre los autores responsables de este asesinato de un firmante del acuerdo de paz, a manos de integrantes de la fuerza pública, hoy en día nos enteremos de que este crimen de Estado va camino a la impunidad”, indicó.El crimen contra el excombatiente Dimar Torres ocurrió el 22 de abril de 2019, mientras se encontraba en zona rural del municipio de Convención en Norte de Santander. Según testigos, allí habría sido asesinado por varios uniformados del Ejército.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca el impacto de los ‘Petrovideos’ en la campaña del Pacto Histórico:
La sección de ausencia de reconocimiento de la JEP resolvió una tutela interpuesta por los familiares del exlíder conservador Álvaro Gómez Hurtado en la que pedían reprogramar una audiencia con la exsenadora Piedad Córdoba, en la cual se refirió a la información que tenía sobre el asesinato de Gómez, ocurrido el 2 de noviembre de 1995.Los familiares pedían que se les respetara el debido proceso pues cuando se realizó la audiencia ellos no estuvieron presentes por lo que no tuvieron la oportunidad de interrogar o cuestionar a Córdoba sobre la información que estaba entregando. Ante esto, pedían que la audiencia fuera reprogramada y que en esta oportunidad si pudieran hacerle preguntas a la exsenadora.La sala de reconocimiento de esta jurisdicción ahora deberá fijar una nueva fecha para la audiencia, según lo que ha manifestado Córdoba, ella escuchó el testimonio de dos personas que aseguraban que los responsables de este homicidio fueron las extintas Farc, en este momento la JEP estudia si asume competencia o no frente al caso, razón por la cual han llamado a la exsenadora a que explique sus versiones, así como a otros miembros de la extinta guerrilla como el senador del partido Comunes Carlos Antonio Lozada.Sin embargo, los familiares de Gómez Hurtado han pedido que no se asuma competencia en el caso pues, para ellos, los miembros de la extinta guerrilla no han podido demostrar ser los responsables, e incluso pidieron la expulsión de Lozada de esta jurisdicción por lo que consideran que ha tenido un testimonio inconsistente y poco detallado en el caso.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remite por competencia privativa, preferente y prevalente de la Jurisdicción Especial para la Paz la indagación que se adelanta contra los senadores Pablo Catatumbo y Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada.Le puede interesar: La decisión de abrir indagación se da luego de que el 13 de octubre de 2020 se hizo pública la carta con la que el antiguo secretario de las Farc reconoció los crímenes de Álvaro Gómez Hurtado y el del congresista Pablo Emilio Guarín, el del exguerrillero José Fedor Rey, el profesor Jesús Antonio Bejarano y el del general en retiro Fernando Landazabal Reyes.Sin embargo, la investigación que adelantaba la Corte Suprema, según la Sala de instrucción: “resulta competencia privativa, preferente y prevalente de la JEP”, debido a que tanto la Fiscalía como la Jurisdicción Especial para la Paz han tenido competencia en este caso y además, las investigaciones contra la extinta Farc son competencia de esta jurisdicción.
Tal y como lo había anunciado la familia del asesinado líder conservador Álvaro Gómez Hurtado presentó ante la Sección de Apelación de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de la Jurisdicción Especial de Paz el recurso de apelación contra la decisión de esa justicia transicional de no abrir el incidente de desacato en contra de Carlos Antonio Lozada.Su sobrino, Enrique Gómez, ratificó que sí procede la expulsión por las inconsistencias que habría tenido el testimonio del exjefe guerrillero y hoy congresista, en referencia al magnicidio de Gómez Hurtado, ocurrido hace 26 años.“Para nadie es un secreto que el relato del compareciente respecto al homicidio del señor Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir es oscuro, impreciso y poco detallado, carente por completo de pruebas”, dice.En el documento, presentado en las últimas horas, el argumento principal es que hay una obligación de quienes firmaron el acuerdo de paz a contribuir con la verdad como una garantía esencial para mantener los beneficios.“Aquí olvida la SRVR los criterios enseñados por la Corte Constitucional en la sentencia C-080 de 2018, especialmente, el de contribuir a la verdad como una garantía esencial para mantener los beneficios que gozan los comparecientes y que se derivan de los acuerdos de paz y el A.L 01 de 2017 (…) Razones válidas que permiten establecer, que la SRVR debió proceder a aperturar el incidente de incumplimiento”, señala la apelación conocida este lunes.Una vez se resuelva este recurso se sabrá si la JEP mantiene la decisión o acoge esta nueva solicitud de expulsar a Julián Gallo.Vea el documento: Le puede interesar. Escuche Cuatro Punto Cero:
El senador del partido Comunes Carlos Antonio Lozada rechazó las declaraciones de Rodrigo Granda, quien era conocido como el canciller de las Farc.Granda aseguró en un evento del aniversario de los cinco años de la firma del acuerdo de paz, que los secuestrados no fueron obligados a trabajos forzados.El senador Lozada manifestó que aunque no conoce lo que dijo Granda rechaza este tipo de pronunciamientos por parte de miembros del partido.“Pienso que está profundamente equivocado, es una declaración fuera de todo contexto, no la comparto, por su puesto, me parece que es vulnerar más los derechos de las víctimas y llamo a los compañeros del partido a que sean más prudentes en esas declaraciones”, afirmó.Por su parte, el general (r) Luis Mendieta, quien estuvo secuestrado por 12 años, piensa que las Farc continúan utilizando un lenguaje que justifica los actos cometidos durante el conflicto.“En el caso de la esclavitud pretenden justificar estos hechos, los cuales nosotros fuimos obligados allí bajo las amenazas de armas de fuego a hacer esos trabajos”, aseguró Mendieta.
Se cumple un año desde que las Farc admitieron haber asesinado al candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado y al exministro de Defensa, general Fernando Landazábal. Sin embargo, BLU Radio conoció en primicia que la JEP ordenó una serie de pruebas para agilizar la investigación sobre dichos asesinatos y determinar si existen contradicciones en la versión que Carlos Antonio Lozada, actual congresista del partido Comunes, entregó a la Justicia Especial para la Paz sobre ambos crímenes.Según conoció en primicia Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de BLU Radio, la JEP busca establecer si Lozada “habría dado declaraciones periodísticas con versiones que contradicen las entregadas en la Justicia Transicional”.Además, en el documento que está en poder de BLU Radio, el abogado de la familia del exministro Landazábal pide a la Comisión de la Verdad aportar la versión dada por Carlos Antonio Lozada sobre la estructura y el funcionamiento de la RUAN (Red Urbana Antonio Nariño), que según el exjefe guerrillero fue la responsable del asesinato de Álvaro Gómez y el general Fernando Landazábal.Lo que también llama la atención y lleva a la JEP a ordenar las pruebas es que alias ‘Robinson’, exintegrante de esa guerrilla, dijo en una entrevista que las Farc sí habían asesinado a Landazábal y a Álvaro Gómez Hurtado pero que dicho crimen no lo había cometido la RUAN, contrario a lo que Lozada había dicho ante la Justicia Especial para la Paz.Finalmente, la defensa de Landazábal pidió que se cite a Lozada a la “audiencia de solicitud de práctica de pruebas mencionada por Lozada”, que se adjunte al caso la evidencia que se tenga del computador de alias 'El Mono Jojoy' y la declaración del entonces presidente Andrés Pastrana, de Álvaro Leyva, negociador de paz de la época y Víctor G Ricardo, comisionado de paz en ese entonces, sobre el asesinato de Landazábal.
En entrevista con Camila Zuluaga en Mañanas Blu, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), ofreció una visión crítica sobre las perspectivas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en cuanto a las negociaciones de paz con el Gobierno Nacional. Bonilla resaltó varios desafíos clave que enfrenta Colombia para lograr una paz duradera con este grupo armado.Según la experta, "la llave de la paz nunca se debe botar definitivamente", aunque advirtió que esto no implica abrir las puertas a negociaciones sin condiciones. Este tipo de enfoque, como el que se observó al inicio del actual Gobierno, podría ser contraproducente, ya que no garantizaría el control institucional sobre el país. La subdirectora destacó que "este Gobierno el ELN tuvo varios golpes como organización", lo que demuestra que su disposición a negociar está más ligada a cumplir sus demandas que a un verdadero deseo de dejar las armas.Bonilla también señaló que la guerra del ELN ha tenido un costo elevado, con un número significativo de víctimas civiles, ya que la organización busca consolidar su poder sobre los territorios en disputa. Sin embargo, destacó que el proceso de paz no ha sido lo que ha fortalecido al grupo: "Desmovilizamos un grupo, pero no somos capaces de controlar el territorio", señaló, apuntando a las debilidades institucionales en la implementación de los acuerdos.Además, la analista subrayó las fracturas internas dentro del ELN, las cuales se han profundizado por la falta de avances en los diálogos con el Gobierno. "El ELN se fortaleció en paz y en guerra, o estamos haciendo mal la paz o la guerra, o las dos", comentó, sugiriendo que el enfoque actual para tratar con este grupo no está funcionando.Finalmente, Bonilla hizo énfasis en la diferencia entre el ELN y las Farc, destacando que los ciclos de la guerra son distintos y que las herramientas usadas con las Farc no son aplicables para otros grupos armados. "En este momento ningún grupo se parece a las Farc", concluyó, reafirmando la complejidad del conflicto y la necesidad de un enfoque adaptado a cada situación.En relación a la situación política en Venezuela, Bonilla también indicó que "si ahora el Gobierno de Maduro se cae no sería para un problema en Colombia y las negociaciones, sería más un problema para el ELN". Esta declaración subraya cómo el ELN, con su presencia en la frontera colombo-venezolana, podría verse afectado por los cambios en el poder en Venezuela, afectando sus propias dinámicas y estrategias."El próximo Gobierno tiene que tener decisiones inteligentes, es importante considerar las evidencias", terminó sugiriendo Bonilla al Gobierno que sea electo como sucesor del actual, el de Gustavo Petro.
Tal y como lo había denunciado la comunidad, siete personas se encontraban retenidas en una finca de la vereda Los Trozos de Anorí, por parte de integrantes del Clan del Golfo y en las últimas horas tropas de la Brigada 14 del Ejército lograron su liberación.De acuerdo con los testimonios de los liberados, estos habían sido forzados a permanecer en allí, donde eran obligados a realizar labores de cocina para presuntos integrantes de la subestructura Jorge Mario Valle, del Clan del Golfo. A la par, más familias siguen desplazándose por los combates entre este grupo armado, las disidencias de las FARC y el ELN, en los últimos días, cifra que ya llega a las 150 que han llegado al casco urbano, por lo que las fuerzas militares mantienen la ofensiva en la zona. El coronel José Vicente Ávila Ballen, comandante de la Décima Cuarta Brigada del Ejército."Posterior a su liberación, a las personas se les brindó atención médica por parte de las tropas, verificando su estado de salud, así como el acompañamiento necesario para garantizarles la protección de sus derechos fundamentales. El Ejército Nacional continúa adelantando operaciones de esta zona del nordeste antioqueño con el fin de garantizar la protección de la población civil", manifestó.En su huida, los ilegales se llevaron tres equinos de la comunidad, exponiendo a las personas retenidas a graves riesgos, teniendo cuenta que pueden ser estigmatizadas como supuestos colaboradores de organizaciones al margen de la ley.José David Hernández Gandía, representante legal de la Asociación de Campesinos del Norte y Nordeste de Antioquia, había mostrado su preocupación por la familia retenida."Llamaba a los familiares que están acá en el municipio de Anorí y la llamada era de 20 segundos y colgaba y decía que estaba bien. Ellos están de rehenes del grupo paramilitar que se encuentra en la zona. Ya se supo por medio de un trabajador que a ellos los tienen detenidos en una vivienda", dijo en su momento.
A pesar de la presencia de la Fuerza Pública en El Plateado, corregimiento del municipio de Argelia, Cauca ubicado en el corazón del Cañón del Micay, las disidencias de alias “Iván Mordico” sigue atemorizando a la población civil.Esta semana, según lideres de la comunidad, el grupo armado ilegal se llevó 15 menores de edad que estudiaban en la Institución Educativa Técnica Miguel Zapata.Los padres de cinco de estos niños alertaron sobre el reclutamiento, los demás no han interpuesto la denuncia por temor a una represalia.La Defensoría del Pueblo reveló un informe según el cual cerca de 200 niños han sido reclutados en el Cauca este año y el gobernador del departamento, Octavio Guzmán, asegura que podrían ser más de 350 niños reclutados por estos grupos criminales."El reclutamiento en nuestra región hoy nos pone en el primer lugar del mayor numero de casos en el país, según la Defensoría del pueblo van 210 niños reclutados en lo corrido del 2024, pero las organizaciones sociales señalan que son mas de 350 niños reclutados y tenemos que enfrentar eso", dijo el mandatario.No sólo las disidencias de las Farc, también el ELN estaría reclutando niños en el Cauca en medio de la disputa por el control de esa zona del suroccidente colombiano.
El director de Asoportuaria, Lucas Ariza, aseguró que es "bastante delicada" la alerta que lanzó la Contraloría sobre la posibilidad de que haya una terminación anticipada de este contrato de obras en el Canal del Dique.Advierte que esto genera "un problema, primero, para las comunidades, porque este es un proyecto ambiental de mitigación de efectos del cambio climático" y esto sería "quitarle la oportunidad a las personas de tener una solución segura, para que no vuelvan a sufrir una inundación".Agrega que "este es un contrato que se adjudicó y cumplía con todos los requisitos", por lo tanto, "debe respetarse" por el bien del país."Al final termina perdiendo el país, porque si aquí hay un tema de terminación anticipada del contrato, seguramente tendremos que estar expuestos a indemnizaciones y demás. Es una mala noticia", dijo.En este mismo sentido se pronunció el director ejecutivo de la Cámara Colombia de Infraestructura capitulo norte, Héctor Carbonell, quien ha pedido que se facilite el camino para que el megaproyecto se ejecute a favor de todos.
Una fuente reservada respondió a varios interrogantes sobre el papel que jugó el general Jorge Luis Vargas, quien era director de la Policía Nacional en el año 2021 en la llegada de los miembros de NSO Group, desarrolladores de Pegasus en medio de la polémica por la compra del software. Vargas, hace unos días se presentó ante la Fiscalía y, tras una citación, decidió “guardar silencio”.Blu Radio pudo establecer, según informaron fuentes reservadas, que miembros de NSO Group llegaron al aeropuerto de Catam tras una solicitud extendida por la oficina de asuntos multilaterales de la CIA, adscrita a la embajada de Estados Unidos, en el marco de la colaboración existente entre ambos países(Colombia, EE.UU.)El objetivo de esta colaboración era adquirir una herramienta informática para combatir el narcotráfico, mejorar la operatividad y capacitar al personal. Este proceso fue notificado por un oficial de alto rango de Estados Unidos a su homólogo, el general Jorge Luis Vargas, explicando las razones de la visita de la comitiva israelí.Como respuesta, Vargas dio trámite a la solicitud, delegando al entonces general Norberto Mujica, director de la dirección de Inteligencia Policial(Dipon) para que brindara el apoyo necesario. Finalmente, se acordó un acompañamiento como parte de los convenios de policía judicial a nivel internacional, asegurando que el equipo contara con todas las facilidades durante su estadía y los diferentes viajes realizados entre junio y septiembre de 2021 mientras se desarrollaban las capacitaciones sobre el software. Ese acompañamiento estuvo a cargo de un coronel de la institución.El pasado 8 de noviembre, el fiscal sexto delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Hernando Barreto, el general Jorge Luis Vargas, exdirector de la Policía, guardó silencio frente a todo lo relacionado con el programa espía Pegasus, señalando que todo esto forma parte del marco de algunas operaciones reservadas manejadas por la Policía Nacional, razón por la cual decidió no hablar.La investigación en Fiscalía y las ‘chuzadas’ que denunció el magistrado IbáñezEl cese de operaciones de la herramienta Pegasus por parte de los Estados Unidos en el año 2021, cuando establecieron que NSO Group había vendido el software a otro cliente que estaba usándolo en su contra, deja un interrogante frente a la investigación que aperturó la Fiscalía tras la denuncia que presentó el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Toro Ramírez, por interceptaciones ilegales y que alertó a las autoridades.El 5 de septiembre de 2024, la Fiscalía anunció que abría investigación por Pegasus por medio de un acto administrativo que firmó la fiscal Luz Adriana Camargo, designando al fiscal delegado ante la Corte, Hernando Barreto Ardila, para que liderara el caso.“Luego de tomar atenta nota del contenido de la denuncia presentada en la alocución del presidente Gustavo Petro Urrego, la Fiscalía incorporó la información revelada públicamente por el Jefe de Estado a la indagación de los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía por un magistrado de la Corte Constitucional”, informó en un comunicado el ente acusador.Sin embargo, la denuncia del presidente Petro en una alocución con la denuncia del uso indebido de Pegasus y la denuncia del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez, también por ‘chuzadas’, no coincide en los tiempos, pues los hechos que informó el togado corresponden a 2024, mientras que la herramienta Pegasus dejó de utilizarse antes de que Gustavo Petro se instalara en el Palacio de Nariño en 2022 según el Gobierno estadounidense.
