El líder opositor cubano, José Daniel Ferrer, recientemente liberado tras pasar tres años y medio encarcelado en condiciones infrahumanas, denunció los abusos sistemáticos del régimen cubano en las cárceles. En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Ferrer describió la extrema violencia, la precariedad sanitaria y la brutalidad del aislamiento a la que fue sometido en prisión. Su testimonio arroja luz sobre las prácticas represivas en el sistema penitenciario de Cuba y se da en un contexto marcado por los recientes acuerdos entre el régimen cubano y el Gobierno de Estados Unidos para liberar a cientos de presos políticos.Durante su relato, Ferrer calificó las cárceles cubanas como “un verdadero infierno”, con condiciones que describió como “medievales”. Entre los episodios más estremecedores, señaló que muchos prisioneros se ven obligados a cazar ratones para sobrevivir:El opositor, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), también denunció la falta de acceso a medicinas básicas, un problema crítico que se agrava debido a la inexperiencia de los médicos designados en los penales. Según Ferrer, estos profesionales están más comprometidos con la policía política que con el cuidado de la salud de los reclusos.Otro de los puntos críticos que abordó Ferrer fue el aislamiento extremo al que fue sometido. Durante los primeros 14 meses de su encarcelamiento, no se le permitió tener contacto con su familia ni utilizar papel y lápiz. Pasó un año y nueve meses sin ver a su hijo menor y solo tuvo visitas limitadas de otros familiares por presión internacional:Ferrer también mencionó que las celdas están infestadas de ratas, chinches y moscas, mientras enfermedades como la tuberculosis y la sarna se propagan rápidamente entre los prisioneros.¿Cuándo y por qué fue arrestado Ferrer por el régimen cubano?En octubre de 2019, Ferrer fue arrestado y condenado por cargos que califica como fabricados. Según su testimonio, fue acusado de secuestro y agresión sin pruebas ni testimonios consistentes que respaldaran las acusaciones. El opositor vinculó su encarcelamiento a su activismo político, una actividad que lo ha convertido en uno de los líderes más visibles de la disidencia cubana desde hace más de dos décadas.La presión internacional y el reclamo de organizaciones de derechos humanos fueron clave para lograr su liberación. A pesar de esto, Ferrer asegura que fue liberado con condiciones inaceptables, entre ellas, la prohibición de realizar cualquier tipo de actividad política. Condiciones que, según el activista, rechazó de inmediato.A pesar del sufrimiento vivido, José Daniel Ferrer aseguró que no tiene planes de abandonar Cuba. Reafirmó su compromiso con la lucha por la democratización del país, haciendo un llamado a la solidaridad internacional para mantener la presión sobre el régimen cubano.“Mi único objetivo es la libertad de Cuba. No abandonaré mi país. Nuestro pueblo merece un futuro democrático, lejos de regímenes autoritarios que han traído miseria y represión por más de seis décadas”, declaró. Ferrer también advirtió sobre las alianzas del régimen cubano con gobiernos autoritarios de la región y expresó su preocupación por la situación en países como Venezuela, Nicaragua y Colombia.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) llevó a cabo un mega operativo al interior de más de 120 cárceles del país para hallar elementos ilegales. Actividad que tuvo éxito y lograron incautar 14 kilos de drogas, armas y lo que más sorprendió fue el hallazgo de elementos de brujería, como muñecos vudú.“Desafortunadamente es algo que viene hace mucho tiempo, ese ingreso de elementos no permitidos. Pero ese es el reto, el propósito del Gobierno nacional, el presidente y la ministra (Justicia) y del nuestro, ir acabando esas malas prácticas. Quitar eso (…) La idea es articular con la Fiscalía y Policía para investigar cómo es que ingresa todo eso, cuáles son las redes criminales y quiénes se prestan con la corrupción para poderlos desenmascarar”, explicó el director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, en diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales.¿Qué encontraron al interior de las cárceles de Colombia?Por un lado, en la cárcel La Modelo de Bogotá hallaron una tienda de alimentos, como chicles, papas, pan y dulces, entre otros elementos; algo que, según el director, sorprendió al Inpec al no entender de la forma en que ingresaron estos elementos: “Son prohibidos y cuando se encontró eso, se desarmó y nace esa pregunta de cómo llega eso”.No obstante, lo que más sorprendió fue que encontraron elementos de santería, como altares o elementos satánicos, como de brujería, algo que fue común en todas las cárceles. Según Gutiérrez, lo usaban para espantar a los guardias y evitar que revisaran sus celdas.“Ese propósito era para que no hicieran operativos y generarles ese miedo a los guardias. Cuando querían entrar los perros sentían ese ambiente pesado porque había como duendes, muñecos que habían construido. Había oraciones y había nombres de hombres, además de olores fétidos y unos líquidos raros en una botella. Detrás una pared había también celulares”, detalló.Hay 3.800 funcionarios del Inpec investigados por corrupciónDe acuerdo del director del Inpec, entre el 2023 y 204, hay 3.800 funcionarios del Inpec investigados. Además, hay 73 procesos con la Fiscalía para que esos temas se conviertan en algo penal, no solo lo disciplinario.“La solución es ir articulando esas capacidades de otras entidades como la Fiscalía y Policía para tener capturas a fondo. Tener una incorporación más rigurosa al interior del Inpec para evitar eso”, añadió.
Uh hombre pagará 10 años de cárcel en Medellín por prenderle fuego a un habitante de calle. Esta condena es producto de un recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación, donde el Tribunal Superior de Medellín revocó una sentencia de primera instancia y condenó a Juan Fernando Acevedo Muñoz, alias ‘Orejas’, a 10 años y 3 meses de prisión por su participación en este homicidio.Estos hechos habían ocurrido el 22 de abril de 2015 en el Parque Bolívar de Medellín, donde alias ‘Orejas’ roció con alcohol al habitante de calle, mientras que otra persona que le ayudó en el crimen le prendía fuego. Según detallan las investigaciones, la víctima había sido atacada cuando se encontraba desprevenida haciendo una fila para ingresar a un baño público de la zona.Debido a esto, el hombre fue trasladado a un centro asistencial, donde finalmente falleció el 11 de mayo del 2015, producto de una falla multiorgánica causada por las quemaduras recibidas. El fallo declaró que este hombre es responsable del delito de homicidio preterintencional simple, al tiempo que ordenó su captura para cumplir su pena en el establecimiento carcelario que determine el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).A raíz de las evidencias y el material probatorio, la justicia también determinó condenar a la persona que ayudó a alias ‘Orejas’ a realizar este crimen, por eso, Robinzon Andrés González, alias ‘Llorón’, fue sentenciado a una pena de 41 años y 8 meses de prisión por el delito de homicidio agravado.
Fue enviado a la cárcel Jolman Mosquera Volverás, jefe de finanzas de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Iván Mordisco’ en el noroccidente del Huila. Este hombre fue capturado el pasado 11 de enero en el Centro Poblado de Gallego, de La Plata, por el CTI en coordinación con el Ejército.Un fiscal especializado le imputó los delitos de concierto para delinquir, extorsión y hurto calificado, ambas conductas agravadas; desplazamiento forzado, violencia intrafamiliar, reclutamiento ilícito, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego accesorios, partes o municiones.De acuerdo con las investigaciones, entre abril y junio de 2024, en la vía que de Popayán conduce a La Plata, Mosquera, al parecer, identificándose como comandante del grupo armado ilegal y portando armas de fuego, abordó a un ganadero y un empleado de un almacén de cadena. Allí les retuvo sus vehículos y, a cambio de devolverlos, les exigió pagos entre 10 y 40 millones de pesos.También, en septiembre de 2024, este hombre llegó hasta la vereda Los Cauchos de La Plata, Huila, donde se encontraba su excompañera sentimental en una actividad familiar, y la habría golpeado causándole varias heridas en su cuerpo. Al parecer, la amenazó con llevarse a dos de sus hijos menores de edad para reclutarlos, por lo que ella decidió abandonar el sector.
La ONG de Venezuela Foro Penal aseguró este domingo que desde el 1 de enero de 2025 ha registrado 83 arrestos "políticos" en el país, entre ellos los de un extranjero, un adolescente y trece mujeres.Según el balance de "detenidos políticos en Venezuela" en lo que va de año, la gran mayoría de los arrestos sucedieron el pasado jueves cuando la oposición mayoritaria -agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- protestó en Caracas y varias ciudades del país y del mundo en defensa del reclamado triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones del 28 de julio.El 9 de enero pasado, cuando hubo 46 encarcelaciones "políticas", según la organización no gubernamental, el chavismo también se movilizó, pero en respaldo a su líder, Nicolás Maduro, que el viernes juró como mandatario para un tercer sexenio consecutivo, lo que la PUD, González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado denunciaron como la consumación de un "golpe de Estado".Foro Penal señaló que el segundo día con más detenciones fue el 7 de enero, con 17, entre ellas la del activista Carlos Correa, cuyo paradero se desconoce desde entonces, el excandidato presidencial opositor Enrique Márquez y la de Rafael Tudares, yerno de González Urrutia, quien calificó el hecho como un "secuestro".Por otra parte, 18 de los arrestos fueron en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), donde se registró el mayor número, seguido de Trujillo, con 14, y Caracas, con 10.El sábado, Machado alertó de las recientes detenciones, incluyendo las de varios colaboradores de su partido, Vente Venezuela (VV), por parte de "las fuerzas represoras de Maduro".En X, la exdiputada expresó que, en "su desesperación y aislamiento, al régimen (chavista) lo único que le queda es arremeter contra valientes ciudadanos".También el sábado el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país, denunció una "campaña de intimidación por medio de aprehensiones selectivas ilegales que los órganos policiales han emprendido con renovada intensidad" contra "ciudadanos defensores de derechos humanos o que protestan pacíficamente por unos resultados electorales confiables".El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó el miércoles su "profunda preocupación" por la "detención arbitraria y persecución" de opositores y sus familiares en el país caribeño, y la Unión Europea (UE) instó ese mismo día a la liberación "inmediata" de todos los "presos políticos" en Venezuela.
Una grave denuncia se dio a conocer contra cuatro guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), señalados de abusar, en dos fechas y momentos diferentes, de dos mujeres privadas de la libertad en la cárcel El Pedregal de Medellín.Los casos fueron denunciados por la Corporación Mujeres Libres, que primero tuvo conocimiento del caso de una mujer de 27 años que denunció ser víctima de abuso sexual entre agosto y septiembre del 2024, por parte de dos dragoneantes. Pese a ello y a que producto del acto quedó embarazada, la víctima no ha sido trasladada a Medicina Legal, según le indicó a Blu Radio Claudia Alejandra Cardona, directora de dicha corporación."En la primera denuncia la mujer nos comenta que está embarazada, que la pasaron al patio de maternas, pero que un día se sintió muy mal y la llevaron al hospital y allí dice que le dieron algún tipo de sustancia abortiva sin su consentimiento en la comida", detalló la directora.Cardona dio a conocer a la Policía Judicial del Inpec, el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo y otras entidades esta denuncia.Más denuncias Se trata de una mujer del patio 18, la cual no solo denuncia ser objeto de vejámenes sexuales por parte de otros dos dragoneantes, sino haber sido drogada el pasado 24 de diciembre. Para este caso son señalados otros dos dragoneantes diferentes.Por el momento, ambas denunciantes siguen en la misma cárcel a la espera de que se decida si la trasladan a otro centro de reclusión fuera de Medellín, pero temen represalias, no solo mientras continúan en El Pedregal, sino con su llegada a otro centro de reclusión que también es operado por este personal."La denuncia se hace ante la Policía Judicial y Policía Judicial en la misma guardia, entonces están recibiendo las denuncias de sus compañeros y estas denuncias nunca proceden. La violación es un tipo de violencia contra las mujeres y se debe proceder a nivel penal, en el que no debe estar el Inpec ahí, porque no puede ser arte y parte", manifestó.Según Cardona, es urgente que las entidades tomen cartas en el asunto, adelantando una investigación con enfoque de género por parte de la Fiscalía General de la Nación, que las víctimas sean trasladadas a Medicina Legal para su valoración y que las envíen a otra prisión en Bogotá para garantizar su seguridad, pues habrían sido intimidadas.Por ahora se conoce que los dos primeros dragoneantes denunciados fueron apartados de su cargo mientras avanza la investigación, mientras que este martes se adelantaría una visita por parte de una comisión del Inpec al Pedregal para abordar la grave denuncia.
La Asamblea de Venezuela declarará como personas ‘non grata’ a los expresidentes integrantes del grupo IDEA si estos cumplen su anuncio de ir a Caracas el próximo 10 de enero en apoyo al opositor Edmundo González.Entre los exmandatarios que se reunirán con González Urrutia en su gira por Panamá están Felipe Calderón y Vicente Fox de México, Mario Abdo Benítez de Paraguay, Jorge Quiroga de Bolivia, Jamil Mahuad de Ecuador y Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Valladares de Panamá.Fue Jorge Rodríguez, este domingo 5 de enero, ratificado como presidente de la Asamblea Nacional por quinto año consecutivo, quien hizo la advertencia.“Y como invasores serán tratados cualquier extranjero que intente penetrar de manera ilegal en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cómo no nos vamos a considerar nosotros personas 'non grata' si son enemigos de la paz de la República?”, señaló durante la instalación de la asamblea.Rodríguez también le envió un mensaje a González, asegurando que si llega a pisar territorio venezolano será apresado de inmediato y por eso pidió a los demás diputados respaldar esa decisión.“Estamos obligados a contribuir con la Fiscalía (...) Solicitaremos, en caso de que toque un palmo del terreno de la República Bolivariana de Venezuela el arresto inmediato por violación de la ley orgánica libertador Simón Bolívar por usurpación de funciones, por traición a la patria, por lavado de dinero", manifestó el chavista.La ley Bolívar contempla penas de entre 25 y 30 años de prisión, así como multas millonarias y 60 años de inhabilitación política a quienes promuevan sanciones contra el Gobierno o funcionarios públicos. Rodríguez no detalló qué artículos de esta norma estaría violando González Urrutia al ingresar a Venezuela.El líder opositor ha visitado, durante la gira que comenzó este sábado, Argentina, donde se reunió con el presidente Javier Milei, y Uruguay, en cuya capital sostuvo un encuentro con el mandatario Luis Lacalle Pou.Este domingo viaja a Estados Unidos, donde espera reunirse con el presidente Joe Biden para continuar con la búsqueda de apoyos antes de la ceremonia de asunción a la presidencia, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó la victoria a Maduro, un resultado calificado de "fraude" por numerosos países y organismos nacionales e internacionales.Recientemente, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Venezuela anunció una recompensa de 100.000 dólares por información sobre la ubicación de González Urrutia.
La ONG venezolana Comité por la Liberación de los Presos Políticos pidió este lunes al Estado crear una "comisión independiente" para que investigue las muertes bajo custodia de los considerados "presos políticos" y -dijo- establecer responsabilidades.La organización indicó, en un informe titulado 'Prisión injusta, celdas inhumanas', que las muertes bajo custodia del Estado son un "recordatorio trágico" de las condiciones de reclusión y de "las violaciones de derechos humanos que enfrentan los presos políticos"."Estas pérdidas violan las 'Reglas Mandela' de las Naciones Unidas, profundizando la desconfianza en los sistema judicial y penitenciario venezolanos", añadió.La ONG sostuvo que, tras la crisis postelectoral en el país, han fallecido tres "presos políticos", "que se sumaron a la ya triste cifra de, al menos, 19 personas que desde 2015 han muerto en custodia del Estado venezolano".La organización pidió que se presenten informes periódicos sobre las condiciones carcelarias y las medidas adoptadas para mejorarlas, así como abrir procedimientos administrativos sancionatorios contra los funcionarios penitenciarios que incurran en "vejaciones y agresiones" contra estos detenidos y sus familiares.Igualmente, instó a organismos internacionales, como la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA), a enviar delegaciones a Venezuela para que puedan verificar las condiciones de reclusión.También pidió crear una "mesa de diálogo" con el Ministerio de Asuntos Penitenciarios para establecer "mecanismos permanentes de comunicación que permitan a los familiares" transmitir inquietudes de forma directa sobre los reos.El Comité exigió la eliminación de "tratos crueles, inhumanos y degradantes a los familiares durante las visitas", así como garantizar el derecho de los detenidos de recibir "visitas regulares" sin "restricciones arbitrarias".Instó a proveer atención médica "adecuada y oportuna" y asegurar el "suministro regular de medicamentos para las personas con enfermedades crónicas".Hasta el pasado jueves y tras las excarcelaciones de las últimas semanas, la ONG Foro Penal computaba 1.849 "presos políticos", en su mayoría detenidos luego de los comicios del 28 de julio, en los que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el organismo electoral, un resultado señalado como "fraudulento" por la oposición mayoritaria.El abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, dijo recientemente a EFE que la organización aún no tiene una cifra completa de excarcelados, ya que -explicó- si bien la Fiscalía ha informado de 956 liberaciones, no ha publicado una lista con los nombres y apellidos, por lo que la ONG no ha podido verificar este número en su totalidad.
En un operativo simultáneo a nivel nacional, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) intervino 124 centros penitenciarios, logrando incautar más de 1.000 celulares que habían ingresado de manera irregular. Este hallazgo forma parte de una estrategia para combatir la corrupción dentro del sistema penitenciario.Durante la intervención, las autoridades confiscaron 1.078 teléfonos móviles, 2.263 accesorios, 475 tarjetas SIM y 15 módems wifi, elementos que suelen ser utilizados para extorsión y narcotráfico desde las cárceles. Además, se decomisaron 18 kilos y 885 gramos de estupefacientes, 720 armas de fabricación artesanal y un millón de pesos en efectivo.El operativo contó con la participación de 3.165 funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia, quienes revisaron 146 pabellones y 23.845 personas privadas de la libertad (PPL). Según el coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, estas acciones son parte de una lucha frontal contra la corrupción.El ingreso de objetos ilícitos a los penales es un problema recurrente. Este año, el Inpec ha confiscado más de 31.000 celulares en 24.305 operativos, mientras 3.751 funcionarios, incluidos 3.299 custodios y 135 directores, están siendo investigados por delitos relacionados con corrupción. “Estamos atacando las raíces de la corrupción, pero este es un problema complejo que requiere continuidad y compromiso”, afirmó el coronel Gutiérrez.En colaboración con el Gaula de la Policía, el Inpec ha desarticulado redes de extorsión desde las cárceles. En lo corrido del año, 35 dinamizadores de estas operaciones han sido identificados, y 120 internos han sido trasladados como medida preventiva.El coronel Gutiérrez advirtió que, aunque los resultados son significativos, el reto es persistente. “La lucha contra la corrupción continuará siendo una prioridad para garantizar el control en los centros penitenciarios”, concluyó.
El ingreso de celulares, bebidas alcohólicas y estupefacientes en los centros de reclusión del país ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en una rutina alarmante. Durante 2024, más de 5.245 investigaciones continúan vigentes por presuntas irregularidades cometidas por dragoneantes y otros funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.El coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, confirmó que los procesos abiertos en colaboración con la Fiscalía han permitido capturar a 98 funcionarios mediante órdenes judiciales y en flagrancia. Sin embargo, la corrupción persiste en las cárceles, donde redes criminales siguen operando desde el interior, utilizando objetos ilícitos que ingresan con complicidad de algunos empleados.Actualmente, 3.751 funcionarios están siendo investigados por diferentes delitos relacionados con corrupción. Entre los señalados hay 135 directores de Eron, 115 administrativos, 3.299 custodios y vigilantes y 202 auxiliares bachilleres. A corte de diciembre, las acciones disciplinarias han resultado en 65 destituciones, 102 suspensiones, 9 multas, 6 amonestaciones y 551 procesos vigentes.El ingreso ilegal de celulares es una de las principales problemáticas en las cárceles del país. En lo corrido del año, se han incautado 31.244 celulares durante 24.305 operativos de control. Estos dispositivos son clave para la ejecución de delitos como la extorsión y el narcotráfico, que se gestan detrás de las rejas.Como parte de la operación dominó, una estrategia adelantada por el Inpec y el Gaula de la Policía, se ha logrado identificar a 35 dinamizadores de la extorsión que operaban desde los centros penitenciarios. Además, se han incautado 9.615 celulares en 1.773 operativos, y se han realizado 120 traslados de personas privadas de la libertad (PPL) con el fin de desarticular estas redes delictivas.A pesar de las acciones emprendidas, los resultados evidencian la magnitud del problema. El coronel Gutiérrez advirtió que la lucha contra la corrupción continuará siendo una prioridad.
