Se cumplen dos semanas del episodio ocurrido en la cárcel La Picota, donde murió a causa de una puñalada Francisco Luis Correa, señalado como el cerebro detrás del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en las playas de Barú en 2022.En minutos se espera el inicio de una reunión entre la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y la familia de Marcelo Pecci, tal como lo solicitó su viuda, Claudia Aguilera.Durante el encuentro, se entregarán detalles de las investigaciones disciplinarias contra al menos tres integrantes del Inpec y del proceso judicial contra Samuel Zuleta, autor del crimen de Correa.Sin embargo, la familia Pecci sigue cuestionándose si la muerte de Correa fue realmente producto de una riña o si existían otros intereses detrás de acabar con su vida.Un dato relevante conocido por Blu Radio es que este 23 de enero estaba programada la audiencia para legalizar un principio de oportunidad a Francisco Luis Correa, lo que habría permitido a la Fiscalía de Colombia y Paraguay acercarse a identificar a las personas o grupos criminales que dieron la orden de asesinar al funcionario paraguayo.En las audiencias, la Fiscalía señaló que la discusión que derivó en el homicidio fue consecuencia de una riña ocurrida tras una reunión irregular de varios presos a altas horas de la noche, en la que consumieron bebidas alcohólicas. Esta situación habría generado dos posibles escenarios: primero, insultos entre Correa y Zuleta; segundo, un reclamo de Correa a Zuleta, al parecer por una cadena que este último le habría arrebatado.Estos detalles serán compartidos con la familia Pecci en la reunión con la ministra. Además, la familia presentará una petición específica: que se garantice la vida de los demás implicados en el asesinato de Pecci, como los hermanos Pérez Hoyos y Margaret Chacón.
Un informe conocido por Blu Radio detalla el minuto a minuto de lo que fue el asesinato de Francisco Luis Correa Galeano, el cerebro detrás del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Según el documento, en la celda 25 del pabellón 32 de la cárcel La Picota, lugar donde sucedieron los hechos, había nueve personas celebrando el inicio de año consumiendo una bebida embriagante que se conoce como ‘chamber’.Fue aproximadamente a las 11:30 p.m. del 2 de diciembre que se presentó una violenta pele en la que Samuel Zuleta Márquez sacó un arma blanca conocida como patecabra y apuñaló a Correa Galeano en el pecho, causándole la muerte de manera instantánea en el sitio.No fue sino hasta las 12:05 de la madrugada del 3 de diciembre, en el cambio de guardia, que los dragoneantes del Inpec fueron alertados del hecho por los gritos de los privados de la libertad en la celda y, una vez llegaron, se encontraron con Zuleta sentado en una silla de plástico, riéndose. Allí, este hombre muy tranquilo dijo “tranquilo, yo lo maté”, sacó del bolsillo el arma blanca y la dejó en el piso.No siendo suficiente con esto, Zuleta se fue sobre el cuerpo de Correa y con gestos de burla dijo: “ahí le quedó el violo y el marica” y les dijo a las personas que estaban con él en la celda “yo lo maté, yo lo pago”, teniendo en cuenta que Correa Galeano, al parecer, trataba a este hombre de violador y homosexual y este habría sido el motivo de la disputa en la celda.“Se trata del cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino de 46 años de edad que en vida respondía al nombre de Francisco Luis Correa Galeano. El cuerpo se encuentra en posición natural, presenta como signos de violencia una herida en región del tórax”, indica el documento.
La madre del fiscal paraguayo Marcelo Pecci reaccionó al asesinato de Francisco Luis Correa Galeano, considerado el cerebro del crimen del fiscal antimafia, perpetrado el 10 de mayo de 2022 en Colombia. El señalado culpable se encontraba pagando su condena en la cárcel La Picota, en Bogotá.En entrevista con Radio Ñandutí, la madre de Pecci comentó que tenía sentimientos encontrados. Primero, un poco de felicidad por la manera en el que Correa había sido asesinado, pues lo consideró de la misma manera en la que había muerto su hijo. Sin embargo, como una creyente cristiana, no desea ese tipo de muerte a nadie."Tengo sentimientos encontrados. Por un lado, estoy feliz porque murió de la misma forma que él mató a mi hijo. Por otro lado, como cristiana, no puedo desear la suerte que corrió esta persona, pero es más fuerte mi felicidad que la pena que tengo", expresó Maricel Albertini."Una quema de archivo"La madre de Pecci también consideró el asesinato de Correa Galeano como "una quema de archivo", pues, según expresó, estaba estipulado que este viernes tendría que declarar ante las autoridades para entregar mayor información de los implicados de este crimen, pero lo atacaron con una arma blanca en su celda antes de hablar."Hoy tenía que declarar... ocurrió lo que ocurrió. Antes de que él habló lo eliminaron, lo mataron, una quemada de archivo", añadió.La mujer también cuestionó la versión de que, presuntamente, en la cárcel La Picota se estaba realizando una fiesta, en la que se incluía alcohol y en ese momento se presentó el ataque."Es un escándalo para Colombia, si él era una pieza importante, cómo no lo cuidaron, cómo no lo protegieron", comentó Maricel Albertini.¿Cómo asesinaron a Correa en La Picota?Correa Galeano, de 45 años, fue atacado esta madrugada con arma blanca en uno de los patios de La Picota, a donde había sido trasladado desde el búnker de la Fiscalía, lugar en el que inicialmente estuvo detenido, confirmaron a EFE fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).Según las primeras informaciones, Correa Galeano fue asesinado en la celda 25 del pabellón 32 de La Picota, cárcel situada en el sur de Bogotá.Un juzgado colombiano había condenado en mayo de 2024 a Correa Galeano, considerado uno de los 'articuladores' del asesinato de Pecci, a seis años y medio de prisión después de que este llegara a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía para dar más detalles del crimen.A esa condena de pena reducida se llegó después de que el acusado se comprometiera a reparar a las víctimas y aceptara su responsabilidad en el asesinato del fiscal antimafia paraguayo.Así lo informó en ese momento la Fiscalía de Colombia, que indicó que Correa aceptó que transportó el arma de fuego usada en el crimen, mientras que también le imputaron un cargo de amenazas contra la fiscal y el juez de control de garantías que participaron en las audiencias en las que se legalizó su captura y judicialización.Según indicó entonces la Fiscalía, "uno de los articuladores del homicidio, Francisco Luis Correa Galeano, concretó varios aspectos para materializar el asesinato del fiscal paraguayo".Pecci, uno de los fiscales antimafia más importantes de Paraguay, fue asesinado por sicarios delante de su esposa, Claudia Aguilera, en la playa de un hotel de la isla colombiana de Barú donde la pareja pasaba la luna de miel.Por el asesinato de Pecci, las autoridades colombianas han capturado y condenado a siete personas y también se han efectuado detenciones en Venezuela y El Salvador.
Fue asesinado en una celda de la cárcel La Picota de Bogotá Francisco Luis Correa Galeano, el hombre considerado cerebro del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022. Correa entregó información clave a las autoridades colombianas que llevaron a la captura de varios hombres involucrados en el asesinhato.Fue aproximadamente a las 12:05 de la madrugada de este viernes, 3 de enero, que se escuchó un llamado por radio de uno de los guardianes del Inpec en el pabellón 32 de la cárcel La Picota. Rápidamente, otros dragoneantes se movilizaron a la celda 25 donde se encontraron con el cuerpo sin vida de Correa Galeano.De inmediato, los encargados de la seguridad llamaron al médico de turno y la enfermera, quienes fueron los que dictaminaron que el hombre se encontraba sin signos vitales; estaba tendido en el piso de la celda con varias heridas por arma blanca, mismas que le causaron la muerte.Al parecer, de acuerdo con las primeras versiones del hecho, Correa Galeano, cerebro detrás del asesinato del fiscal paraguayo, tuvo una violenta pelea con otra persona privada de la libertad identificada con el nombre de Samuel, quien fue el que contó lo que ocurrió dentro de la celda. Luego, al sitio acudió la Policía para adelantar el respectivo levantamiento del cuerpo del hombre que estaba dentro de la celda.Asimismo, el general William Salamanca, director de la Policía Nacional, reveló en diálogo con Blu Radio que el asesinato de Correa fue en medio de una riña en el pabellón donde estaba. La investigación por este hecho, añadió, estará a cargo del Inpec.
El Gobierno nacional está evaluando la implementación de Polaris, un sistema innovador que promete resolver la problemática generada por los inhibidores de señal en las cárceles. Esta tecnología busca evitar que las llamadas ilegales desde las prisiones sigan ocurriendo, sin afectar la comunicación de las zonas aledañas, un motivo recurrente de demandas contra la nación.Según fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el sistema Polaris se implementaría inicialmente como un piloto en cuatro cárceles priorizadas: La Picota, El Barne, La Dorada y la Tramacúa, en Valledupar. El proyecto es parte de una estrategia conjunta entre el Inpec, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).¿Cómo funcionaría Polaris?A diferencia de los inhibidores tradicionales, Polaris es un sistema completamente virtual que bloquea las señales exclusivamente dentro del perímetro carcelario. Según explicó la fuente, esta tecnología crea un esquema de “celdas blancas y negras”. En las “celdas blancas” se permitiría el uso de teléfonos institucionales, como los de directores y comandantes de vigilancia, mientras que en las “celdas negras” se bloquearían por completo las comunicaciones no autorizadas.“Lo bueno de este sistema es que no genera afectaciones a los vecinos que antes se veían perjudicados por la interferencia. Esto soluciona el problema que nos ha llevado a enfrentar demandas”, comentó la fuente del Inpec. Además, al ser un sistema virtual, no puede ser vandalizado como ocurre con las estructuras físicas actuales.El sistema Polaris se basa en la experiencia de Costa Rica, país que ya implementó con éxito esta tecnología en sus cárceles. En los próximos meses, un equipo técnico y directivo de las entidades participantes viajaría al país centroamericano para conocer de cerca el funcionamiento del modelo.El desarrollo del piloto requiere ajustes técnicos y colaboración con empresas de telecomunicaciones para asegurar que la tecnología funcione de manera precisa y eficiente. Aunque no se ha confirmado la fecha de implementación, el Gobierno tiene la intención de expandir el sistema a todas las cárceles del país, dependiendo de los resultados del piloto y la disponibilidad de recursos.“Polaris es una solución a largo plazo que no solo combate el crimen organizado dentro de los penales, sino que también reduce las afectaciones externas, evitando conflictos legales y mejorando la convivencia en las comunidades cercanas”, concluyó el vocero del Inpec.
La congresista Carolina Arbeláez señaló que la extorsión durante el 2024 en Colombia sigue en aumento con un 22 % en comparación del año 2023 y, a pesar de esto, los inhibidores de señal en ocho cárceles del país, incluyendo La Picota y La Tramacúa de Valledupar, están fuera de servicio. Esto, según ella, ha facilitado la extorsión desde los centros penitenciarios.“El impacto es evidente. Bogotá es una de las ciudades donde más extorsiones denuncian, pues subió un 71 % en 2024 comparado con el mismo periodo del año anterior, pasando de 1.138 a 1.942 casos. Localidades como Fontibón, Los Mártires, Candelaria, Teusaquillo, Santa Fe, Engativá, Ciudad Bolívar, Suba y Kennedy; enfrentan incrementos preocupantes que pasan el 170 %, afectando comerciantes y ciudadanos", afirmó Arbeláez.Añadió que "la falta de control dentro de las cárceles ha resultado en investigaciones y sanciones a 3.863 funcionarios y en la incautación de más de 6.300 equipos de comunicación solo en 2023”.A lo anterior se le suma la baja ejecución presupuestal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en herramientas tecnológicas que, según dijo la representante, apenas alcanza un 0,12 %.“Sin inversión adecuada en tecnología para evitar las extorsiones desde las cárceles, el Gobierno carece de control real sobre este flagelo” añadió.
El empresario Carlos Mattos, condenado por sobornar jueces y funcionarios judiciales dentro de un proceso por la distribución de la marca Hyundai en Colombia, enfrenta una imputación de cargos por haber salido irregularmente de la cárcel La Picota de Bogotá, en donde se encontraba recluido.En su momento, esas salidas de Mattos ocasionaron el retiro fulminante del director del Inpec, general Mariano Botero, y el director de La Picota, coronel Wilmer Valencia.Los hechos se remontan a marzo de 2022. Para esa fecha, un informe presentado por la unidad investigativa de Noticias Caracol reveló que Mattos salió de manera irregular de la cárcel La Picota, en un vehículo del Inpec, por lo menos en dos ocasiones, y se trasladó a su oficina en el norte de Bogotá.Optometría, oftalmología y muchas otras citas fueron el pretexto utilizó Mattos para poder verse en una oficina del norte de Bogotá con amigos y familiares. Según detalló la fiscal Aida Moreno, el condenado empresario con la complicidad de dragoneantes del Inpec no cumplió esas citas en por lo menos cuatro oportunidades.“En cuanto a estas resoluciones emitidas, se pudo establecer que en cuatro de estos eventos, el señor Mattos Barrera, hizo desviar el curso de la remisión dispuesta en las resoluciones otorgadas por la dirección general del Inpec y autorizadas por el director del de La Picota, que deberían cumplirse en el vehículo para tal fin. Ese cambio de curso fue con el fin de satisfacer sus propios caprichos y llevar a cabo reuniones, celebraciones, visitas con familiares y amigos, como si fuera una persona del común y no una persona que está sujeta a un proceso penal con una medida de aseguramiento privativa de la libertad”.A los funcionarios del Inpec involucrados en esas salidas irregulares, identificados como William René Caballero, Jorge Hernán Guerrero y Luis Alejandro Rojas Camacho, se les imputarán cargos de peculado por uso y prevaricato por omisión. Las acusaciones giran en torno a su complicidad en la facilitación de las salidas no autorizadas de Mattos.La fiscal Aida Moreno dio detalles de las actuaciones de los dragoneantes Jorge Hernán Guerrero y Luis Alejandro Rojas “Después de cumplir la cita antes indicada para retiro de puntos, realizaron el traslado de Mattos al edificio Ferrara ubicado en la carrera 19 (...) Es decir, que se desviaron de la ruta asignada por el jefe de remisiones, señor Duarte Castillo, dos horas y 15 minutos, como aparece en las constancias de ingreso al centro penitenciario.Además, la Fiscalía señaló que los dos funcionarios del Inpec permitieron el uso de celulares a Mattos durante esos espacios en que no estaban atendiendo citas médicas.“Permitieron el uso de teléfono móvil celular sin que usted o su compañero se rehusaran a que lo usara, así como contacto o le permitieron al interno contacto con personas particulares, familiares, comportamientos que se encuentran prohibidos y no permitidos conforme a la normatividad que les aplica, como son el manual de funciones y la ley 60”.
Yhonier Leal le envió una carta a la Procuraduría denunciando supuesta “tortura” por parte de funcionarios del Inpec. Manifestó que han entrado de manera arbitraria a su celda en las noches a hacer inspecciones, lo que, según él, constituye actos de constreñimiento.Leal, a través de una carta escrita a mano y enviada a la Procuraduría, afirmó que durante el mes de agosto fue objeto de varias inspecciones nocturnas en su celda, lo que según él constituye un acto de constreñimiento y tortura psicológica. En su denuncia, menciona que el 4 de agosto, pasadas las 8:15 p.m., fue despertado por funcionarios del Inpec, quienes entraron a su celda con una orden de requisa expedida por la Fiscalía.>>> Lea también: Defensa de Yhonier Leal sí recibió videos clave del caso Mauricio Leal: ProcuraduríaSegún el testimonio de Leal, estos funcionarios realizaron el cateo cuando él dormía y le impidieron observar el procedimiento en su celda, lo que, en su opinión, vulnera sus derechos. Leal considera que dichas acciones, al realizarse después de las 8:00 p.m., violan las normas que regulan las requisas y afectan su tranquilidad personal."El estar detenido y preso no es motivo para que se usen métodos de tortura psicológica, persecución o constreñimiento contra mí, ya que estas acciones me degradan aún más y afectan mi tranquilidad y paz, me afectan psíquica y psicológicamente", se lee en la carta.Asimismo, solicitó a la Procuraduría que tome medidas para proteger sus derechos y que se investigue el proceder de la Fiscalía, representada por el fiscal Mario Andrés Burgos, en relación con las inspecciones nocturnas que han sido llevadas a cabo.“Pido a este ente que me den la protección, control e investigación para que la Fiscalía en cabeza del fiscal Mario Andrés Burgos respete mis derechos”, agregó.Yhonier Leal está cumpliendo una condena de más de 55 años de cárcel por el asesinato de su hermano, el estilista Mauricio Leal, y su madre, Marleny Hernández. En el caso, la Fiscalía presentó más de 100 pruebas que acreditaban su responsabilidad en el doble homicidio, según fuentes cercanas al proceso. Estas pruebas, incluyendo una carta suicida que Yhonier habría obligado a su hermano a redactar, fueron fundamentales para sustentar la condena.
El Inpec va a trasladar en las próximas horas a Yhonier Leal, condenado por el asesinato de su hermano, Mauricio Leal, y su madre, Marleny Hernández, a un nuevo centro penitenciario por petición de la Fiscalía. Leal, quien se encuentra en la cárcel La Picota de Bogotá, fue hallado usando dispositivos electrónicos que estaban prohibidos.El documento de la Fiscalía que ordena el traslado de Leal a una cárcel de máxima seguridad señala que el condenado habría tenido acceso a celulares dentro de La Picota, lo que plantea serias preocupaciones sobre los beneficios y privilegios a los que estaría accediendo dentro de la prisión.El traslado, que se espera se concrete en los próximos días, se realizaría a una prisión de máxima seguridad para evitar que Leal siga teniendo acceso a esos dispositivos. Según fuentes cercanas al caso, se barajan como posibles destinos las cárceles de Cómbita, en Boyacá, y La Tramacúa, en Valledupar, conocidas por sus estrictas medidas de seguridad.La controversia en torno a Yhonier Leal se intensificó recientemente cuando salió a la luz que, a pesar de existir pruebas materiales como un video relacionado con el caso, estas no fueron utilizadas ni por la Fiscalía ni por la defensa. Un investigador del caso aseguró no haber tenido conocimiento de dicho video, lo que ha generado especulación sobre posibles errores o irregularidades en el proceso judicial que culminó con la condena de 55 años de prisión para Leal.Este traslado a una prisión de máxima seguridad busca cortar cualquier tipo de comunicación ilícita y asegurar que Leal cumpla su condena bajo estrictas condiciones de aislamiento y control, según lo ha solicitado la Fiscalía.¿Qué pasará con Yhonier Leal ?El director del Inpec, Daniel Gutiérrez, confirmó que Yhonier Leal, condenado por el asesinato de su hermano Mauricio Leal, será trasladado de la cárcel La Picota de Bogotá a un centro penitenciario de máxima seguridad, posiblemente a Tramacúa en Valledupar o a Cómbita en Boyacá. La decisión responde a una solicitud de la Fiscalía General de la Nación."Estamos revisando la posibilidad de que sea trasladado a una cárcel de máxima seguridad," indicó Gutiérrez, quien también destacó que la medida se toma para "salvaguardar la seguridad de los funcionarios y de esta persona que está privada de libertad."El traslado fue motivado por presuntas irregularidades, como el posible acceso de Leal a celulares dentro del penal. Gutiérrez agregó: "Eso es lo que estamos revisando en la solicitud que hace la Fiscalía, aduce de unas posibles situaciones o anomalías."La Fiscalía había solicitado el traslado debido a la necesidad de investigar más a fondo estas irregularidades. "Estamos revisando para impactar en la conducta como tal y por eso también se tomó la decisión del traslado", concluyó Gutiérrez.
El patrullero Diego Muñoz, quien en junio de 2023 fue capturado por extorsionar a comerciantes en Soacha, Cundinamarca, vive ahora un nuevo capítulo tras las rejas. Relegado al patio de funcionarios públicos en la cárcel La Picota, Muñoz se encuentra bajo la sombra de un ataque que casi le cuesta la vida. Según fuentes cercanas, el expolicía fue apuñalado con un arma cortopunzante, un intento de asesinato que sus abogados consideran un acto de represalia por su cooperación con la justicia.El abogado defensor, Luis Gustavo Moreno, no ocultó su preocupación al hacer un llamado urgente a los entes de control para que investiguen lo ocurrido y garanticen la seguridad de su cliente. "Exigimos que se garantice la vida y la integridad física de las personas que deciden cooperar con la justicia", demandó el abogado, en una declaración donde subrayó que Muñoz ha decidido someterse a la justicia, encontrándose en pleno proceso de negociación de un preacuerdo con la Fiscalía.En contexto: Video: Policías en Soacha se tragaron los $500.000 de una extorsión al ser descubiertos“Le pido a las vías que tomen acciones, a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Fiscalía, que haya garantías. Diego Muñoz es una persona que ha decidido someterse a la justicia y se encuentra en ese momento tramitando un preacuerdo, asumiendo su responsabilidad. Exigimos que se garantice la vida de los privados de la libertad. Exigimos que se garantice la vida y la integridad física de las personas que deciden cooperar con la justicia, someterse a la justicia”, dijo Moreno.Los detalles detrás de este ataque están profundamente entrelazados con la causa que llevó a Muñoz a prisión. Durante su captura en 2023, el patrullero fue señalado por exigir dinero a los comerciantes a cambio de no judicializarlos, un hecho que quedó registrado cuando, en un desesperado intento por ocultar la evidencia, se tragó varios billetes. La gravedad de los cargos se amplifica al incluir extorsión y privación arbitraria de la libertad, delitos que Muñoz buscó mitigar mediante la negociación con la justicia.Sin embargo, esta cooperación lo convirtió en un blanco dentro y fuera de la prisión. Según fuentes cercanas a Blu Radio, el expatrullero cargaba con el resentimiento de antiguos compañeros y otros interesados en silenciar su testimonio. La negociación con la Fiscalía ha sido lenta, obstaculizada por apelaciones y problemas con la consignación del dinero recuperado.