La congresista Carolina Arbeláez señaló que la extorsión durante el 2024 en Colombia sigue en aumento con un 22 % en comparación del año 2023 y, a pesar de esto, los inhibidores de señal en ocho cárceles del país, incluyendo La Picota y La Tramacúa de Valledupar, están fuera de servicio. Esto, según ella, ha facilitado la extorsión desde los centros penitenciarios.“El impacto es evidente. Bogotá es una de las ciudades donde más extorsiones denuncian, pues subió un 71 % en 2024 comparado con el mismo periodo del año anterior, pasando de 1.138 a 1.942 casos. Localidades como Fontibón, Los Mártires, Candelaria, Teusaquillo, Santa Fe, Engativá, Ciudad Bolívar, Suba y Kennedy; enfrentan incrementos preocupantes que pasan el 170 %, afectando comerciantes y ciudadanos", afirmó Arbeláez.Añadió que "la falta de control dentro de las cárceles ha resultado en investigaciones y sanciones a 3.863 funcionarios y en la incautación de más de 6.300 equipos de comunicación solo en 2023”.A lo anterior se le suma la baja ejecución presupuestal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en herramientas tecnológicas que, según dijo la representante, apenas alcanza un 0,12 %.“Sin inversión adecuada en tecnología para evitar las extorsiones desde las cárceles, el Gobierno carece de control real sobre este flagelo” añadió.
El empresario Carlos Mattos, condenado por sobornar jueces y funcionarios judiciales dentro de un proceso por la distribución de la marca Hyundai en Colombia, enfrenta una imputación de cargos por haber salido irregularmente de la cárcel La Picota de Bogotá, en donde se encontraba recluido.En su momento, esas salidas de Mattos ocasionaron el retiro fulminante del director del Inpec, general Mariano Botero, y el director de La Picota, coronel Wilmer Valencia.Los hechos se remontan a marzo de 2022. Para esa fecha, un informe presentado por la unidad investigativa de Noticias Caracol reveló que Mattos salió de manera irregular de la cárcel La Picota, en un vehículo del Inpec, por lo menos en dos ocasiones, y se trasladó a su oficina en el norte de Bogotá.Optometría, oftalmología y muchas otras citas fueron el pretexto utilizó Mattos para poder verse en una oficina del norte de Bogotá con amigos y familiares. Según detalló la fiscal Aida Moreno, el condenado empresario con la complicidad de dragoneantes del Inpec no cumplió esas citas en por lo menos cuatro oportunidades.“En cuanto a estas resoluciones emitidas, se pudo establecer que en cuatro de estos eventos, el señor Mattos Barrera, hizo desviar el curso de la remisión dispuesta en las resoluciones otorgadas por la dirección general del Inpec y autorizadas por el director del de La Picota, que deberían cumplirse en el vehículo para tal fin. Ese cambio de curso fue con el fin de satisfacer sus propios caprichos y llevar a cabo reuniones, celebraciones, visitas con familiares y amigos, como si fuera una persona del común y no una persona que está sujeta a un proceso penal con una medida de aseguramiento privativa de la libertad”.A los funcionarios del Inpec involucrados en esas salidas irregulares, identificados como William René Caballero, Jorge Hernán Guerrero y Luis Alejandro Rojas Camacho, se les imputarán cargos de peculado por uso y prevaricato por omisión. Las acusaciones giran en torno a su complicidad en la facilitación de las salidas no autorizadas de Mattos.La fiscal Aida Moreno dio detalles de las actuaciones de los dragoneantes Jorge Hernán Guerrero y Luis Alejandro Rojas “Después de cumplir la cita antes indicada para retiro de puntos, realizaron el traslado de Mattos al edificio Ferrara ubicado en la carrera 19 (...) Es decir, que se desviaron de la ruta asignada por el jefe de remisiones, señor Duarte Castillo, dos horas y 15 minutos, como aparece en las constancias de ingreso al centro penitenciario.Además, la Fiscalía señaló que los dos funcionarios del Inpec permitieron el uso de celulares a Mattos durante esos espacios en que no estaban atendiendo citas médicas.“Permitieron el uso de teléfono móvil celular sin que usted o su compañero se rehusaran a que lo usara, así como contacto o le permitieron al interno contacto con personas particulares, familiares, comportamientos que se encuentran prohibidos y no permitidos conforme a la normatividad que les aplica, como son el manual de funciones y la ley 60”.
Yhonier Leal le envió una carta a la Procuraduría denunciando supuesta “tortura” por parte de funcionarios del Inpec. Manifestó que han entrado de manera arbitraria a su celda en las noches a hacer inspecciones, lo que, según él, constituye actos de constreñimiento.Leal, a través de una carta escrita a mano y enviada a la Procuraduría, afirmó que durante el mes de agosto fue objeto de varias inspecciones nocturnas en su celda, lo que según él constituye un acto de constreñimiento y tortura psicológica. En su denuncia, menciona que el 4 de agosto, pasadas las 8:15 p.m., fue despertado por funcionarios del Inpec, quienes entraron a su celda con una orden de requisa expedida por la Fiscalía.>>> Lea también: Defensa de Yhonier Leal sí recibió videos clave del caso Mauricio Leal: ProcuraduríaSegún el testimonio de Leal, estos funcionarios realizaron el cateo cuando él dormía y le impidieron observar el procedimiento en su celda, lo que, en su opinión, vulnera sus derechos. Leal considera que dichas acciones, al realizarse después de las 8:00 p.m., violan las normas que regulan las requisas y afectan su tranquilidad personal."El estar detenido y preso no es motivo para que se usen métodos de tortura psicológica, persecución o constreñimiento contra mí, ya que estas acciones me degradan aún más y afectan mi tranquilidad y paz, me afectan psíquica y psicológicamente", se lee en la carta.Asimismo, solicitó a la Procuraduría que tome medidas para proteger sus derechos y que se investigue el proceder de la Fiscalía, representada por el fiscal Mario Andrés Burgos, en relación con las inspecciones nocturnas que han sido llevadas a cabo.“Pido a este ente que me den la protección, control e investigación para que la Fiscalía en cabeza del fiscal Mario Andrés Burgos respete mis derechos”, agregó.Yhonier Leal está cumpliendo una condena de más de 55 años de cárcel por el asesinato de su hermano, el estilista Mauricio Leal, y su madre, Marleny Hernández. En el caso, la Fiscalía presentó más de 100 pruebas que acreditaban su responsabilidad en el doble homicidio, según fuentes cercanas al proceso. Estas pruebas, incluyendo una carta suicida que Yhonier habría obligado a su hermano a redactar, fueron fundamentales para sustentar la condena.
El Inpec va a trasladar en las próximas horas a Yhonier Leal, condenado por el asesinato de su hermano, Mauricio Leal, y su madre, Marleny Hernández, a un nuevo centro penitenciario por petición de la Fiscalía. Leal, quien se encuentra en la cárcel La Picota de Bogotá, fue hallado usando dispositivos electrónicos que estaban prohibidos.El documento de la Fiscalía que ordena el traslado de Leal a una cárcel de máxima seguridad señala que el condenado habría tenido acceso a celulares dentro de La Picota, lo que plantea serias preocupaciones sobre los beneficios y privilegios a los que estaría accediendo dentro de la prisión.El traslado, que se espera se concrete en los próximos días, se realizaría a una prisión de máxima seguridad para evitar que Leal siga teniendo acceso a esos dispositivos. Según fuentes cercanas al caso, se barajan como posibles destinos las cárceles de Cómbita, en Boyacá, y La Tramacúa, en Valledupar, conocidas por sus estrictas medidas de seguridad.La controversia en torno a Yhonier Leal se intensificó recientemente cuando salió a la luz que, a pesar de existir pruebas materiales como un video relacionado con el caso, estas no fueron utilizadas ni por la Fiscalía ni por la defensa. Un investigador del caso aseguró no haber tenido conocimiento de dicho video, lo que ha generado especulación sobre posibles errores o irregularidades en el proceso judicial que culminó con la condena de 55 años de prisión para Leal.Este traslado a una prisión de máxima seguridad busca cortar cualquier tipo de comunicación ilícita y asegurar que Leal cumpla su condena bajo estrictas condiciones de aislamiento y control, según lo ha solicitado la Fiscalía.¿Qué pasará con Yhonier Leal ?El director del Inpec, Daniel Gutiérrez, confirmó que Yhonier Leal, condenado por el asesinato de su hermano Mauricio Leal, será trasladado de la cárcel La Picota de Bogotá a un centro penitenciario de máxima seguridad, posiblemente a Tramacúa en Valledupar o a Cómbita en Boyacá. La decisión responde a una solicitud de la Fiscalía General de la Nación."Estamos revisando la posibilidad de que sea trasladado a una cárcel de máxima seguridad," indicó Gutiérrez, quien también destacó que la medida se toma para "salvaguardar la seguridad de los funcionarios y de esta persona que está privada de libertad."El traslado fue motivado por presuntas irregularidades, como el posible acceso de Leal a celulares dentro del penal. Gutiérrez agregó: "Eso es lo que estamos revisando en la solicitud que hace la Fiscalía, aduce de unas posibles situaciones o anomalías."La Fiscalía había solicitado el traslado debido a la necesidad de investigar más a fondo estas irregularidades. "Estamos revisando para impactar en la conducta como tal y por eso también se tomó la decisión del traslado", concluyó Gutiérrez.
El patrullero Diego Muñoz, quien en junio de 2023 fue capturado por extorsionar a comerciantes en Soacha, Cundinamarca, vive ahora un nuevo capítulo tras las rejas. Relegado al patio de funcionarios públicos en la cárcel La Picota, Muñoz se encuentra bajo la sombra de un ataque que casi le cuesta la vida. Según fuentes cercanas, el expolicía fue apuñalado con un arma cortopunzante, un intento de asesinato que sus abogados consideran un acto de represalia por su cooperación con la justicia.El abogado defensor, Luis Gustavo Moreno, no ocultó su preocupación al hacer un llamado urgente a los entes de control para que investiguen lo ocurrido y garanticen la seguridad de su cliente. "Exigimos que se garantice la vida y la integridad física de las personas que deciden cooperar con la justicia", demandó el abogado, en una declaración donde subrayó que Muñoz ha decidido someterse a la justicia, encontrándose en pleno proceso de negociación de un preacuerdo con la Fiscalía.En contexto: Video: Policías en Soacha se tragaron los $500.000 de una extorsión al ser descubiertos“Le pido a las vías que tomen acciones, a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Fiscalía, que haya garantías. Diego Muñoz es una persona que ha decidido someterse a la justicia y se encuentra en ese momento tramitando un preacuerdo, asumiendo su responsabilidad. Exigimos que se garantice la vida de los privados de la libertad. Exigimos que se garantice la vida y la integridad física de las personas que deciden cooperar con la justicia, someterse a la justicia”, dijo Moreno.Los detalles detrás de este ataque están profundamente entrelazados con la causa que llevó a Muñoz a prisión. Durante su captura en 2023, el patrullero fue señalado por exigir dinero a los comerciantes a cambio de no judicializarlos, un hecho que quedó registrado cuando, en un desesperado intento por ocultar la evidencia, se tragó varios billetes. La gravedad de los cargos se amplifica al incluir extorsión y privación arbitraria de la libertad, delitos que Muñoz buscó mitigar mediante la negociación con la justicia.Sin embargo, esta cooperación lo convirtió en un blanco dentro y fuera de la prisión. Según fuentes cercanas a Blu Radio, el expatrullero cargaba con el resentimiento de antiguos compañeros y otros interesados en silenciar su testimonio. La negociación con la Fiscalía ha sido lenta, obstaculizada por apelaciones y problemas con la consignación del dinero recuperado.
El expatrullero Diego Muñoz, recluido en La Picota y conocido por haberse tragado unos billetes de una extorsión en Soacha en 2023, fue víctima de un ataque con arma blanca al interior del centro penitenciario. Su defensa está tramitando un preacuerdo con la Fiscalía.Este caso se remonta a junio de 2023, cuando en Soacha, Cundinamarca, se reportó un caso de extorsión involucrando a varios policías. La víctima, previamente acusada de un delito sexual, denunció que los agentes exigían dinero a cambio de no tomar acciones legales. La familia de la víctima logró reunir parte del dinero, pero la víctima fue retenida ilegalmente en una estación de Policía y obligada a entregar más dinero semanalmente.En contexto: Video: Policías en Soacha se tragaron los $500.000 de una extorsión al ser descubiertosDurante la captura de los policías, uno de ellos intentó ocultar la evidencia tragando billetes, lo que requirió asistencia médica para remover el dinero atascado en su garganta.El director de la Fiscalía de Cundinamarca, Carlos Manuel Silva, reveló detalles sobre el caso de extorsión en Soacha durante una entrevista con Mañanas Blu. Según Silva, los patrulleros de la Policía Metropolitana de Soacha incurrieron en un procedimiento ilegal e irregular, lo que llevó a uno de ellos a tragarse 500.000 pesos para evitar dejar evidencia de su delito.El dinero ingerido consistió en un billete de 100.000 pesos y ocho billetes de 50.000 pesos. Los dos oficiales involucrados, de entre 30 y 35 años, fueron hospitalizados debido a complicaciones estomacales causadas por la ingesta del papel moneda. Silva destacó que el material utilizado para fabricar los billetes es resistente y no se digiere fácilmente.
Fue el primero de noviembre del año 2012, cuando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió medida de aseguramiento en contra el exsenador Álvaro García Romero en un proceso por desplazamiento forzado, asimismo, en julio de 2018 con la creación de las salas especiales de la Corte el caso pasó a la Sala de Primera instancia y en concreto al despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas.El excongresista que en febrero del año 2010 fue condenado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio múltiple y homicidio simple todo esto por los hechos de la masacre de Macayepo, ocurrida en octubre del año 2000, obtuvo el beneficio de libertad condicional que le fue otorgado por el juez 22 de ejecución de penas de Bogotá, sin embargo, fue puesto a disposición del despacho del magistrado quien emitió la correspondiente boleta de detención.En este caso, la decisión se tomó porque el exsenador cumplió 25 años y 3 meses de detención, pero, en la decisión del juzgado 22 también se ordenó el pago de una caución de diez salarios mínimos legales vigente, cuyo trámite deberá hacerse efectivo ante las autoridades carcelarias.Así las cosas, hasta que la Corte Suprema de Justicia no tome una decisión sobre una petición de libertad condicional que pidió el abogado defensor de García, en el proceso que se adelanta en su contra, él deberá seguir recluido en la cárcel La Picota.
En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el coronel Rolando Ramírez, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), habló sobre las condiciones en las que se dio la liberación de Salvatore Mancuso y el proceso que ahora sigue, siendo gestor de paz del Gobierno de Gustavo Petro. En concreto, reveló cómo se manejaron los protocolos y los requisitos para poder dejarlo en libertad. “Desde el día viernes de la semana anterior nos llegan unos requerimientos por parte de Justicia y Paz frente a la libertad del señor Salvatore Mancuso. Se continúa con un trabajo que se hace de revisión, de sustanciar la hoja de vida, de revisar los procesos que puedan estar pendientes. Se oficializa a la JEP con el fin de que nos dé respuesta, porque así se revisa qué procesos pueden estar pendientes. La JEP nos da respuesta el día sábado de que no hay ningún proceso pendiente con ellos”, precisó.Sin embargo, aclaró, se encontraron con 31 requerimientos y un proceso del cual necesitaban “respuesta por parte de las autoridades judiciales, ya fuera de Justicia y Paz y JEP”, que pertenecían a Medellín y Bogotá.“Sobre las 10:00 de la mañana ya tenemos respuesta de esas autoridades judiciales y es entonces donde inicia por parte del establecimiento de La Picota la sistematización con el fin de poder dar la libertad en razón a que, luego de los pronunciamientos de Justicia y Paz y de las autorías judiciales, no hay requerimiento que permita tener privada la libertad del señor Salvador de Mancuso. Además de eso, el tema jurídico, pues inicia una evaluación médica a este señor y se coordina con la Unidad Nacional de Protección con el fin de brindarle la seguridad; a eso de las 3:00 de la tarde aproximadamente, el señor Salvatore de Mancuso sale en libertad”, describió.
Álvaro García Romero, el excongresista que en febrero de 2010 fue condenado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, fue condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio múltiple y homicidio simple todo esto por los hechos de la masacre de Macayepo, ocurrida en octubre del año 2000, obtuvo el beneficio de libertad condicional que le fue otorgado por el juez 22 de ejecución de penas de Bogotá.En este caso, la decisión se toma porque García Romero habría cumplido un tiempo físico de detención de 25 años y 3 meses, él deberá firmar un compromiso con un periodo de prueba de 14 años y 8 meses, recordemos que en la masacre de Macayepo, fueron asesinados 12 campesinos que para esa época fueron señalados por los paramilitares como colaboradores de la guerrilla de las Farc.En la Corte Suprema de Justicia existe otra investigación en contra del exsenador por el desplazamiento forzado que causó en los pobladores de la región de Sucre, la cual retornó al alto tribunal luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz rechazó su sometimiento.Por otro lado, en la decisión por parte del juzgado 22 también se ordenó el pago de una caución en cuantía de diez salarios mínimos legales vigente, cuyo trámite deberá hacerse efectivo ante las autoridades carcelarias.Blu Radio conoció que el juzgado 22 de ejecución de penas de la ciudad de Bogotá, no remite la boleta de libertad del excongresista Álvaro García al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, por lo que su salida de la cárcel La Picota podría darse en los próximos días una vez se cumpla con toda la tramitología establecida.
La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a Irben Adrián Romero y a Octavio Rodríguez, dos ciudadanos venezolanos quienes son los presuntos responsables del homicidio del patrullero de la Policía Heiner Yoel Loaiza Colo, ocurrido el pasado 6 de julio, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.De acuerdo con la investigación, las pruebas indican que varias unidades de la Policía atendieron el llamado de un comerciante, que daba cuenta de un hurto en inmediaciones del portal sur de TransMilenio, aproximadamente $20 millones y joyas. Al llegar al lugar, los patrulleros fueron recibidos a disparos por cuatro hombres que se movilizaban en motos.Varios de los disparos impactaron al patrullero Loaiza, quien fue trasladado de urgencias a un centro asistencial, donde horas después murió por la gravedad de las heridas. De otra parte, en medio de la reacción de los patrulleros, uno de los señalados delincuentes resultó herido y otro fue capturado en situación de flagrancia.Una fiscal de la Seccional Bogotá imputó a los dos delincuentes los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; hurto calificado y violencia contra servidor público, todas las conductas agravadas.Los cargos no fueron aceptados por los procesados; sin embargo, deberán cumplir medida de aseguramiento en la cárcel.
En un duro pronunciamiento, el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, cuestionó la voluntad de paz del ELN y aseguró que esta guerrilla le ha tomado el pelo a este y a todos los gobiernos.“Al ELN le importa más la mesa de negociaciones que la paz de Colombia, les fascina estar sentados en una mesa hablando de paz y haciendo la guerra y daño a la población civil y las fuerzas militares”, dijo el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, quien rechazó el reciente atentado de esta guerrilla que dejó cuatro soldados muertos en Anori, Antioquia.El Ministro Cristo reconoció que el ELN “le ha tomado el pelo” al Gobierno Petro y todos los gobiernos. “Es muy triste y decepcionante esa actitud del ELN, genera rabia e indignación a todos los colombianos y a mí como víctima”, dijo.Estas declaraciones se dan luego de que tres soldados profesionales y un suboficial del Ejército fueran asesinados en un ataque con explosivos perpetrado por el ELN en el municipio de Anorí, Antioquia.Según las autoridades, miembros de este grupo armado ilegal utilizaron plataformas para lanzar los artefactos contra las tropas.El ataque ha sido atribuido a los frentes Héroes y Mártires de Anorí del ELN, que operan en la región. Además, un oficial del Ejército, cinco soldados profesionales y un civil resultaron heridos en el incidente y están recibiendo atención médica en este momento.
Los hechos que fueron noticia en Colombia y el mundo en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 21 de noviembre de 2024:Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, reveló detalles de la sanción contra el técnico Efraín Juárez, quien no podría entrar durante tres años a los estadios por su celebración en partido ante el DIM. Explicó, que, aún la sanción no está en firme, pues se apeló en segunda instancia y se encuentran a la espera de la respuesta de la Secretaría de Seguridad.Para hablar sobre las declaraciones del ministro de Educación, Daniel Rojas, sobre el desfinanciamiento de Icetex para 2025, se conectó María José Castañeda, presidenta de Acrees, quien expresó las afectaciones a estudiantes. Reconoció los problemas de la entidad, y recalcó que la solución no es acabarlo.Diego López, alcalde de El Colegio, Cundinamarca, alertó de las inundaciones en el municipio, y la manera en que se está afrontando la emergencia. Adriana Soto, secretaria de Ambiente de Bogotá, habló de los árboles que están en riesgo de caída en la capital. Bogotá tiene cerca de 2.200.000 árboles y de esos hay cerca de 1.400.000 que están en espacio público. Explicó que se desconoce por ahora la cifra exacta de árboles que están en riesgo. Escuche el programa completo aquí:
En Colombia ha iniciado formalmente la negociación para definir el salario mínimo que regirá en 2025, un proceso que enfrenta a los sectores empresariales y a las centrales obreras en un pulso que, de no llegar a consenso, podría terminar con un decreto gubernamental. Este año, el debate se desarrolla en un contexto marcado por una inflación proyectada del 5,2 %, un crecimiento económico moderado y un déficit fiscal superior a $30 billones.El cronograma establecido para las conversaciones incluye fechas clave, como el 3 de diciembre, cuando el Dane presentará los datos técnicos, y el 11 de diciembre, cuando las partes formalizarán sus propuestas de incremento. Sin embargo, las posiciones ya empiezan a ser evidentes.Desde las centrales obreras, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), defiende un aumento de dos dígitos, superior al 10 %, argumentando que es necesario un ajuste significativo para compensar la pérdida del poder adquisitivo. Por otro lado, los empresarios han señalado que el incremento no debería superar el 6,3 %, en línea con las proyecciones inflacionarias y el limitado crecimiento económico.El gobierno, representado principalmente por el Ministerio de Hacienda, sugiere un aumento que parta del 6,2 %, incluyendo la inflación proyectada y un punto de productividad, pero rechaza de plano cualquier ajuste que alcance los dos dígitos. Esta postura ha sido fuertemente criticada por las centrales obreras, que consideran que el Ministerio se ha adelantado indebidamente en la discusión.El proceso está diseñado para alcanzar un acuerdo tripartito, algo que no se logró en 2024, cuando el salario mínimo se fijó por decreto en $1.300.000, con un incremento del 12,07 %. En años recientes, solo las negociaciones de 2022 y 2023 lograron un consenso, una situación que podría ser difícil de replicar este año dada la distancia entre las posiciones actuales.Si no se alcanza un acuerdo antes del 15 de diciembre, la ley establece mecanismos para continuar el debate hasta el 30 de diciembre, fecha límite para que el gobierno decrete el aumento si es necesario. La negociación del salario mínimo se convierte así en un campo de tensión entre los intereses de trabajadores, empresarios y las proyecciones macroeconómicas del país, marcando un final de año crucial para la economía colombiana.
La renovación de la licencia de conducción es un trámite obligatorio para garantizar que los conductores en Colombia cumplen con las condiciones legales, físicas y psicológicas necesarias para operar un vehículo de manera segura.Este proceso debe realizarse periódicamente, dependiendo del tipo de licencia y la edad del conductor, según lo establecido en el Código Nacional de Tránsito. Sin embargo, un alto número de conductores en el país podría enfrentarse a la suspensión de este documento antes de que termine este 2024.Cuántos conductores deben renovar la licencia antes de que acabe el 2024Según OlimpIA, empresa de tecnología experta en identidad digital consultada por Blu Radio, a nivel nacional hay 347.359 licencias de conducción que aún no han sido renovadas. De estas, un 77 % pertenece a hombres y el 23 % a mujeres.Para saber si tiene su licencia vencida, o no, basta con mirar el reverso de esta y ahí dirá para cada categoría que tenga en su documento la fecha de vencimiento correspondiente. Si no la tiene física, puede consultar por la página del Runt.Cada cuánto se tiene que renovar la licencia de conducirEl Ministerio de Transporte establece que las licencias de conducción tienen una vigencia diferente dependiendo del tipo de vehículo y la edad del conductor.Vehículos de servicio particular10 años de vigencia para conductores menores de 60 años.5 años para conductores entre 60 y 80 años.1 año para conductores mayores de 80 años.Vehículos de servicio público3 años para conductores menores de 60 años.1 año para conductores mayores de 60 años.Si un conductor no renueva su licencia dentro de los plazos establecidos, no podrá continuar manejando legalmente y estará sujeto a sanciones y multas por parte de las autoridades de tránsito y transporte de cada ciudad.Cuál es la multa por no renovar la licencia de conducciónDe acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, conducir con una licencia vencida constituye una infracción en Colombia y puede acarrear las siguientes sanciones:Multa de $347.000 por conducir con la licencia vencida.Multa de $347.000 por no portar la licencia.Multa de $650.000 por presentar una licencia adulterada o ajena.Multa de $1.300.000 por conducir sin haber obtenido una licencia válida.Además, en algunos casos, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo del infractor.Requisitos para renovar la licenciaPara renovar la licencia de conducción en Colombia, los conductores deben cumplir con los siguientes pasos:Estar registrado en el RUNT.Presentar un examen médico: este examen evalúa la aptitud física, mental y de coordinación motriz, y debe ser realizado en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado.No tener multas pendientes: el conductor debe estar a paz y salvo por infracciones de tránsito.Portar el documento de identidad original.Cómo renovar la licencia de conducción en ColombiaDependiendo de la secretaría de Tránsito que haya expedido la licencia, los conductores pueden realizar el proceso de renovación, por ejemplo en Bogotá, a través de las Ventanillas Únicas de Servicios de Movilidad.Cumplir con los requisitosAgendar cita a través de la aplicación ‘Mi Movilidad a un clic’ o en el sitio web www.ventanillamovilidad.com.co .Asistir a la cita y presentarse en la fecha y hora programada en el punto de atención seleccionado.Entrega de documentos.Asegurarse de que los datos personales en la licencia son correctos.En reiteradas ocasiones, las autoridades de tránsito y organismos como la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá han lanzado campañas para recordar a los ciudadanos la importancia de mantener al día su licencia de conducción.
El Gobierno nacional le pidió a ‘Iván Márquez’ que aparezca personalmente para expresar su voluntad de continuar o no en las conversaciones de paz, afirmó Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con la segunda marquetalia.“Nosotros vamos a insistir en avanzar en las mesas de diálogos con quienes están presentes y quieren avanzar, en cuanto a Márquez hemos pedido que nos diga si está interesado en avanzar, que aparezca y podamos tener una reunión con él porque los mensajes que nos han llegado no nos ofrecen certeza ni sobre su autoría ni sobre el contenido de los mismos”, dijo.Estas declaraciones surgen tras confirmarse la ruptura dentro de la organización conocida como la Segunda Marquetalia. En un comunicado, se anunció que los grupos denominados ‘Comandos de la Frontera’ y la ‘Coordinadora Guerrillera del Pacífico’ decidieron desvincularse de la Segunda Marquetalia para continuar negociaciones independientes con el Gobierno de Gustavo Petro. Esto ocurrió luego de que ‘Iván Márquez’, líder principal de la organización, desconociera los avances alcanzados en las mesas de paz.El comunicado menciona una carta enviada por ‘Iván Márquez’ a los países garantes y a la ONU, en la que deslegitima los acuerdos logrados por sus delegados en los diálogos, encabezados por ‘Walter Mendoza’. Según este sector, la postura de Márquez representa “un claro rompimiento con el mecanismo de coordinación y unidad que se había consolidado en la búsqueda de la paz”.
