Más de 600 presos de la cárcel de Bellavista, en Bello, entraron en huelga de hambre a modo de protesta por las malas condiciones de alimentación que sufren diariamente. Defensores de los derechos humanos adelantan visita al centro penitenciario.Son más de 600 reclusos del pabellón número 16 de la Cárcel de Bellavista los que iniciaron hoy la huelga de hambre. En este patio se encuentran las personas encarceladas pertenecientes al ELN, las disidencias de las FARC y grupos paramilitares.Esta protesta la hacen para manifestar su inconformidad con la empresa prestadora de los servicios alimenticios en este centro penitenciario que es Organización Nueva Aurora, pues denuncian que la comida que les suministran es de pésima calidad.Es importante recordar que hace menos de dos semanas incautaron cerca de una tonelada y media de carne en descomposición que iba a ser ingresada a esta cárcel. "Es una empresa que viene participando desde hace muchos tiempo, antes participaba en Pedregal, es una empresa que allá mismo se denunció reiterativamente en que no cumple con los mínimos del contrato. El patio 16 entra en huelga de hambre, hoy venimos a acompañarnos justamente para hacer respetar los derechos humanos”, dijo Valeria Zapata, representante de la asociación de familias de los privados de la libertad.El defensor de los derechos de los privados de la libertad, Jorge Carmona, señaló que están en contacto directo con la dirección del centro penitenciario que tiene toda la intención de mejorar esta situación pero es algo que se debe resolver desde la Unidad De Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec)."¿Qué hay con la Unidad de Servicios Penitenciarios? Por la pésima alimentación es una problemática que afecta a personas de guardia y custodia e internos y obviamente genera expectativas entre los familiares. Es una problemática de vieja data en la que la Uspec no ha querido solucionar todas las cosas que pasan con el tema de la alimentación y la salud."Finalmente, cuestionó el presupuesto de 12.000 pesos para la alimentación diaria de cada preso, algo que deriva en diferentes problemas al interior de la cárcel por lo que pide a la Uspec hacer presencia.
Las autoridades desecharon casi una tonelada y media de carne en mal estado que iba a ser suministrada a privados de la libertad en la cárcel Bellavista del municipio de Bello. Los alimentos no cumplían con los estándares mínimos de salubridad.Fue la Secretaría de Salud del municipio del norte del Valle de Aburrá la que decomisó los más de 1.300 kilogramos de carne en mal estado que iban a ingresar a este centro penitenciario.El cargamento que contenía carne de res, cerdo y pollo, no cumplía con los estándares de calidad, protocolos de separación ni la cadena de frío a la que deben someterse este tipo de alimentos. "Encontramos diferentes productos cárnicos con deficiente estado de almacenaje con contaminación cruzada y sin refrigeración lo que llevó a realizar la medida sanitaria y destrucción de más de 1.300 kilos de este producto cárnico", señaló Julián Felipe Pineda Velásquez, secretario de Salud de Bello.El secretario también señaló que realizarán la denuncia respectiva para iniciar un proceso sancionatorio contra la entidad encargada de suministrar los alimentos a los presos de este establecimiento carcelario.Es importante remarcar que consumir carne en este estado puede generar diferentes complicaciones en la salud desde malestar estomacal , diarrea y vómitos, hasta cuadros de infecciones severas.Cabe recordar que esta es la segunda incautación de un gran cargamento de carne en las últimas 24 horas en el Valle de Aburrá, luego de que las autoridades decomisaron más de 2.500 kilogramos de carne en mal estado en comercios del centro de Medellín.
El senador santandereano Gustavo Moreno, confirmó que, en marzo, será radicado por el Gobierno Nacional un proyecto de ley para una reforma a la justicia y el sistema carcelario del país."Hoy las cárceles no están cumpliendo con su principal rol que es la resocialización, ningún centro penitenciario de este país está resocializando y, por ende, queremos que se vuelvan centros productivos, que las personas privadas de la libertad puedan trabajar al interior de ellas", manifestó el congresista.En el proyecto se contempla disminuir hasta en un 40 % el hacinamiento en centros de reclusión del país."La idea consiste en crear cárceles regionales para que en su competencia asuman un número de detenidos en etapa de resocialización. Es necesario también crear la política pública de cárceles productivas en favor de la población privada de la libertad", aseveró Moreno Hurtado.El proyecto tendrá una inversión cercana al billón de pesos, con la cual disminuirá el hacinamiento de las estaciones de policía y cárceles en el país.Manifestó el senador que, se establecerán incentivos tributarios y administrativos para fomentar la vinculación de entidades y organizaciones a los programas productivos carcelarios, además, se dictan otras disposiciones contempladas en el decreto."Las personas privadas de la libertad en las nuevas cárceles regionales podrán laborar en talleres de confeccionen y producir bienes comerciales, alimentos, artesanías, agrícolas, musicales y audiovisuales, entre otros", afirmó el congresista santandereano .Este proyecto de ley responde a una de las exigencias que hoy demanda nuestro sistema penitenciario y carcelario en materia de resocialización y rehabilitación de la población privada de la libertad.Le puede interesar: 'El Camerino'
Gracias a un fallo de un tribunal de Medellín, Sebastián López, un joven de 23 años que se encuentra preso en la cárcel nacional de Bellavista y padece unas graves heridas que no sanaron bien, causándole una infección, está cerca de obtener la eutanasia que pidió para terminar con su sufrimiento.Luego de no ser escuchado inicialmente y teniendo el apoyo total de su familia que tampoco lo quería seguir viendo sufrir, interpusieron una acción de tutela frente al INPEC con ayuda de un veedor y defensor de DDHH y, tras largo tiempo, un Tribunal Superior de Medellín falló a su favor, obteniendo como resultado un proceso de exámenes con Medicina Legal, entidad encargada de determinar si está apto para seguir en la cárcel o tener prisión domiciliaria, ó si se le aplica la eutanasia o no.Jorge Alberto Carmona Vélez, veedor penitencial nacional y defensor de los DDHH de la población privada de la libertad en el departamento de Antioquia, ha estado al frente del proceso y anunció el fallo del tribunal con la nueva noticia: "Un tribunal superior de Medellín fallo a favor del privado de la libertad Sebastián López Arango. El fallo ordena a medicina legal que un plazo de 12 horas este privado de la libertad sea valorado para determinar su estado de salud", contó.Cabe recalcar que la continuación del proceso queda en manos de Medicina Legal y después de conocerse el resultado de los exámenes médicos, de acuerdo con el documento del fallo, en un plazo máximo de 48 horas esta misma entidad deberá definir si Sebastián López continúa en Bellavista o pasa a prisión domiciliaria, y también si se le aplica o no la eutanasia.Escuche el podcast Sin Tabú:
Ante el silencio del INPEC en el caso de Sebastián López, un joven interno de la cárcel de Bellavista en Medellín que pide la eutanasia, familiares del recluso anuncian que tomarán acciones legales.Los hechos comenzaron cuando el joven, de 23 años, subió un video a las redes sociales mostrando su complicado estado de salud y donde pedía con fervor que se le aplicara la eutanasia, según él, porque no aguanta el dolor de las heridas. Además, su familia lo apoyó inmediatamente con tal de no verlo sufrir.Estas heridas fueron producto de impactos de bala, que al no ser bien atendidos, se convirtieron en llagas que lo están “pudriendo en vida” según indican desde su familia. También, según ellos, tras varios días de esperar una respuesta, hasta el día de hoy, nadie se preocupa ni pregunta por el caso, ni el INPEC se ha pronunciado al respecto.Así lo relata Fernando López, padre del joven recluso que pide a gritos ser escuchado para tener una respuesta: “Entonces esta ha sido la afectación de Sebastián, esperando todos los protocolos del sistema. Este muchacho se está pudriendo en ese lugar, sin que a nadie más le importe, es sorprendente para nosotros”, dijo.Conforme a esto, la familia de Sebastián interpondrá una acción de tutela hacia el INPEC con el fin de demostrar que el estado del joven no es para estar en la cárcel y, posteriormente, esperan así lo puedan atender. Jorge Carmona, defensor de los derechos humanos, estará al frente de la acción de tutela y actuará como veedor en todo el proceso: “Nosotros vamos a coger el caso como veeduría penitenciaria y se vendrán dos demandas administrativas, pero también vamos a presentar una acción de tutela, se va a presentar en las próximas horas y está tutela será de medida provisional, intentando que obtenga casa por cárcel”, explicó.De esta manera, la familia buscará llevar el caso hasta el final, para, según ellos, lograr conseguir como mínimo casa por cárcel para el joven que, de no ser así, su familia dejaría todo en manos de Dios y pasaría sus últimos días encerrado, enfrentando burlas, aguantando el dolor que lo aqueja y que al final terminaría con su vida.Escuche el podcast Sin Tabú:
Un joven de 23 años sorprendió a todos en la cárcel Bellavista de Medellín tras solicitar la eutanasia por un grave estado de salud. Según su familia, tiene una llaga y una tuberculosis que lo están matando poco a poco, y además, la enfermedad lo obligó a movilizarse en silla de ruedas.Ante esta situación, el joven de 23 años por medio de un video expresó que desea que se le aplique la eutanasia para terminar con su vida, pues dice no poder aguantar y además cuenta con todo el apoyo de su familia que no lo quieren ver sufrir más. “Esta es la hora que no me he podido, estoy sentado en una silla de ruedas. No me he podido bañar y estoy orinado hasta el alma, tengo colostomía”, expresó.Jorge Carmona, defensor de los Derechos Humanos, habla de porqué se dan tanto estos casos "El tema de las enfermedades es recurrente pero esto se da por las condiciones de los sistemas carcelarios, no solo en Medellín, en todo el país", aclaró.Este joven que está recluido por fuga de presos, se encuentra en una situación complicada, ya que, por no ser enfermedades terminales no se le puede dar el derecho a la eutanasia de manera legal.Escuche el mensaje del joven sobre su caso:
Wilson Andrés Gil, un privado de la libertad en la cárcel Bellavista de Medellín, y su prometida, Leidy Vanessa Jaramillo, que está en libertad, no han podido contraer matrimonio pese a que desde hace cuatro meses que iniciaron el proceso para unir sus vidas ante los ojos de Dios. Todas las respuestas que han recibido han sido negativas, según ellos.De acuerdo a lo que cuenta Vanessa, tanto de la Notaría 2 de Bello como por el capellán de Bellavista, han tenido una respuesta negativa. En la notaría le dijeron que “a la cárcel no iban a casar a nadie” y, por el otro lado, el capellán de Bellavista le dijo que no los casaría porque sería un matrimonio nulo. También dijo que se dio cuenta de dos parejas más que se pudieron casar allí, una por notaria y otra de forma cristiana. “Es algo que está en un reglamento de Dios, entonces sí, fui y el capellán me dijo que no, que en realidad eso iba a ser nulo, que él no nos iba a casar”, expresó Vanessa Jaramillo.Por otro lado, la directora de Bellavista, Rosalva Valencia, argumentó que ellos se encuentran al tanto del proceso pero que parece que este se puede demorar: “Nosotros estamos haciendo el tramite, como ella se quiere casar por lo católico, tenemos todo dado acá, las razones. Ellos se van a poder casar, claro, pero lo que pasa es que ellos se quieren casar ya y eso es un trámite”, afirmó.Tras lo anterior, parece que las razones por las que estas dos personas no se han podido casar es porque lo quieren hacer por lo católico y lo más pronto posible, entendiendo que, según la directora de la cárcel, esto es un proceso que no se da de un momento a otro.El defensor de los Derechos Humanos Jorge Carmona fue el que realizó la denuncia de lo sucedido: “Es un derecho totalmente constitucional y que ni la directora del establecimiento ni las directrices de ese lugar penitenciario lo pueden impedir y mucho menos un capellán, porque si el capellán está de la mano de Dios tendría que darles la bendición pero muy rápido”, expuso.El defensor también aseguró que llevará el caso hasta las últimas instancias, donde hasta le mandará una carta al Papa Francisco para darle a conocer la situación y tener su pronunciamiento, ya que esta pareja lleva mucho tiempo intentando poder realizar este acto de amor y fe que, hasta ahora, les ha sido negado.Escuche el podcast Sin Tabú:
En diálogo con Mañanas BLU, Andrés Díaz, director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), se refirió a la liquidación del contrato para la construcción de un nuevo pabellón en la cárcel de Bellavista.Esta decisión se tomó porque, presuntamente, los contratistas habrían presentado garantías falsas. Además, en el proceso estaba el nombre de apareció Jorge Molina, uno de los implicados en el millonario escándalo de Centros Poblados con el Ministerio de las TIC.En primer lugar, Díaz señaló que el contrato era para “construir un pabellón para 500 privados de la libertad, por un valor de $16.000 millones. El contrato se adjudicó después de un proceso de licitación pública”.“El contrato fue liquidado. No se pagó ningún recurso de la entidad en la ejecución de este. ya empezaremos las acciones para iniciar otra vez este proyecto”, dijo Díaz.El director de la USPEC, además, añadió: “Es un engaño por parte de los contratistas. Estoy seguro de que el proceso se hizo de una manera objetiva y transparente”.“Esperamos que la Fiscalía pueda hacer una investigación adecuada”, sentenció Díaz.Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU:Entérese de los hechos deportivos más importantes del momento:
Por problemas con contratistas se retrasará reconstrucción de un pabellón en cárcel Bellavista. La dificultad ocurre luego de que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios suspendiera la licitación al descubrir que sería falsa una certificación de cupo de crédito del Banco Itaú por 16.000 millones de pesos que presentó el Consorcio Bellavista 2021, conformado con firmas del escándalo de Centros Poblados, que buscaba quedarse con ese contrato.El proyecto busca reconstruir el demolido pabellón 4 de la cárcel Bellavista para albergar a más de 500 internos y dar un alivio a la crisis carcelaria que viven los 3.200 reclusos del penal con un 120% de hacinamiento. También beneficiaría a detenidos que siguen en las estaciones de Policía del Valle de Aburrá con una sobrepoblación de hasta el 400 por ciento.Según el presidente del sindicato del Inpec en Antioquia, dragoneante Luis Alberto Pinzón, esta irregularidad deja en suspenso la obra y es incierto el tiempo de culminación.“Esto agrava la situación porque nosotros no tenemos en estos momentos, en la cárcel de Bellavista, dos pabellones. El pabellón cuarto está en el piso y está en etapa de suspenso si hay o no construcción y el pabellón dos, que duró tres años en el piso, y se reactivó apenas”, manifestó.El pabellón 4 fue demolido desde hace dos años y se tiene previsto que su reconstrucción se inaugurara en agosto de 2022, lo que no podría hacerse, pues ya ni siquiera hay contratista para empezar las obras.Escuche las noticias de Colombia y el mundo:
Un motín de detenidos contra el Esmad dejó dos personas heridas en el Centro Transitorio de Protección de La Minorista.Los enfrentamientos entre los detenidos y la fuerza pública se generaron luego de que ingresaran 22 policías a adelantar unas requisas en las celdas de detención donde habrían hallado elementos prohibidos como armas cortopunzantes, entre otros.El motín dejó una persona con un corte provocado por un elemento contundente y una más con arma blanca, mientras que otros detenidos del CTP de La Minorista denuncian que recibieron golpes, según el defensor de la Población Carcelaria en Antioquia, Jorge Carmona."22 policiales ingresaron a hacer unas volantes (unas requisas) en busca de elementos prohibidos y se desató esto. Terminaron heridas dos personas y los otros fueron golpeados por el Esmad", agregó el defensor de derechos humanos.Los detenidos heridos fueron atendidos por agentes de salud y están fuera de peligro.
Un juzgado especializado condenó este viernes a Edwin Raúl Murcia Rodríguez y Kevin Sebastián Hernández Socha por el delito de terrorismo agravado, tras comprobarse su responsabilidad en el ataque al CAI del barrio La Aurora durante el estallido social, la noche del 4 de mayo de 2021. En el lugar se encontraban refugiados 15 policías, y los agresores emplearon piedras, palos y bombas incendiarias para llevar a cabo el ataque.La sentencia se basó en pruebas contundentes presentadas durante el juicio. Los videos de las cámaras de seguridad, el reconocimiento fotográfico y los testimonios de las víctimas señalaron a Murcia Rodríguez y Hernández Socha como los responsables del ataque. Además, se encontró que los artefactos explosivos incautados en la vivienda de Murcia Rodríguez coincidían con las sustancias empleadas contra las instalaciones policiales.El juez desestimó las pruebas presentadas por la defensa, calificándolas de inconsistentes y contradictorias. En su fallo, afirmó que quedó demostrado “más allá de toda duda razonable” que los acusados actuaron con dolo y que las conductas punibles fueron ejecutadas con premeditación y violencia.El Ministerio Público también respaldó la condena. El procurador enfatizó que no se trató de una protesta social, como argumentaba la defensa, sino de un acto deliberado de terrorismo destinado a intimidar y generar temor. “Se comprobó la materialidad de las conductas y la responsabilidad penal de los procesados”, afirmó, añadiendo que el allanamiento realizado en la vivienda de Murcia Rodríguez cumplió con todos los protocolos legales.
La Superintendencia Nacional de Salud encabezada por Giovanni Rubiano, ha decidido adelantar la toma de posesión de la EPS Coosalud en Cartagena tras ordenar su intervención forzosa para la administración. Esta medida se fundamenta en una serie de hallazgos que según la entidad evidencian serias falencias, esta EPS tiene a más de 3.3 millones de afiliados.La intervención llega en el momento en el que Coosalud se encuentra dentro de las cuatro EPS que están siendo investigadas por la Fiscalía General de la Nación, a raíz de las denuncias presentadas por Luis Carlos Leal, el anterior superintendente por presunta corrupción.En un contexto de grandes reformas al sistema de salud, el presidente Gustavo Petro había declarado con firmeza durante la posesión de Giovanni Rubiano como nuevo superintendente, que la vigilancia de las EPS es una de las tareas cruciales en el marco de la reforma al sector. "Antes de la aprobación del proyecto de reforma a la salud, la Superintendencia debe vigilar las EPS" habia dicho el mandatarioY es que recordemos que durante esta posesión el mandatario solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar a fondo nuevas denuncias sobre corrupción en EPS. Al respecto, se refirió a la EPS Coosalud "Esta EPS no responde a las intervenidas, hoy por hoy es privada, aunque en mi opinión debería ser intervenida", señaló PetroLa intervención de Coosalud es la octava de este tipo y es la primera intervención ordenada por Rubiano desde su nombramiento. Durante la intervención el superintendente posiciono como agente interventor a Mauricio Camaro Fuentes. Coosalud es una de las EPS más grandes del país, ocupando la quinta posición en número de afiliados, con un total de 3.369.583 personas cubiertas bajo su servicio.
Un accidente de tránsito dejó tres personas lesionadas, dos de ellas de consideración grave, en un choque múltiple que involucró tres motocicletas y un bus. El incidente ocurrió en el kilómetro 14+180 de la vía Medellín-Bogotá, en el sector conocido como Peñolsito.De acuerdo con las primeras versiones y un video difundido en redes sociales, el accidente se presentó en condiciones de baja visibilidad debido a la niebla. En el siguiente video se observa cómo un bus se detiene en la vía, momento en el que uno de los motociclistas no logra frenar a tiempo y choca contra la parte trasera del vehículo. Tras el impacto, el motociclista cae sobre la calzada, provocando que las otras dos motocicletas que venían detrás también se estrellaran y terminaran en el suelo.Las autoridades de tránsito acudieron rápidamente al lugar para atender la emergencia y coordinar el traslado de los heridos a centros asistenciales cercanos. Se informó que dos de los lesionados presentan heridas de consideración y están bajo observación médica, mientras que el tercero sufrió lesiones menores.El tráfico en el sector se vio afectado durante varias horas mientras se realizaban las labores de atención y limpieza de la vía. Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para extremar las precauciones, especialmente en condiciones de baja visibilidad, y recordaron la importancia de mantener distancias seguras y respetar los límites de velocidad para evitar este tipo de accidentes.
La Sección de Apelación de la JEP decidió declarar improcedente la solicitud de nulidad que presentó el general en retiro Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército, quien fue imputado por su responsabilidad en casos de falsos positivos que se registraron en Antioquia mientras él comandó la Brigada Cuarta.“La Subsala consideró que tenía bases suficientes para señalar, entre otros, al compareciente MONTOYA URIBE como máximo responsable en calidad de autor por crímenes de guerra de homicidio en persona protegida y desaparición forzada y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada, en su calidad de comandante de la Brigada IV del Ejército Nacional, dada su posición de garante por competencia institucional y en atención al ejercicio de tal calidad en la configuración de los patrones macrocriminales analizados por la SRVR en el ADHC”, explicó la JEP.Montoya pidió anular dicha imputación y en una primera medida esa solicitud fue negada, por lo que su abogado volvió a apelar.“Mediante escritos del 17 y 24 de mayo de 2024, el representante judicial del compareciente interpuso de forma oportuna el recurso de apelación contra el auto 024 del 6 de mayo de 202445. Fundamentó su inconformidad en cuatro ejes temáticos: (i) Sobre la imputación como autor por instigación a título de dolo, cuestionó la decisión de la SRVR pues en su criterio los títulos de “autor” e “Instigador” usados por la Sala de justicia implican una mixtura de figuras legales, en tanto el primer vocablo alude al dominio del hecho y el segundo no. Situación que resulta confusa, incoherente e incomprensible para el compareciente y deviene en un vicio del consentimiento de cara a una posible aceptación46. (ii) La falta de enunciación de los hechos” explica la JEP.La defensa aseguraba que algunos hechos imputados se encuentran fuera del rango temporal en el que Montoya ejerció la comandancia en dicha Brigada y que habría violaciones a los derechos en el proceso.“ninguno de los disensos que elevó el representante judicial del señor MONTOYA URIBE configura una violación a sus garantías y derechos fundamentales, pues de lo conocido por la SA en el trámite, no es posible acreditar los principios, reglas y subreglas que regulan las nulidades ante la JEP. Por un lado, esta Sección referirá que lo alegado respecto al ADHC son aspectos sustanciales que no pueden ser objeto de nulidad pues hacen parte de la esfera valorativa de la SRVR, lo que deviene inevitablemente en una improcedencia de la solicitud de nulidad respecto a la controversia tanto en la imputación realizada por la Sala de Justicia como por la forma en que relacionó los hechos jurídicamente relevantes en el ADHC. Luego de analizar los argumentos de disenso, el a quo consideró que el procedimiento dialógico adelantado cumplió con las garantías procesales que le asisten al compareciente y que, contrario a lo sostenido por el recurrente, no hubo afectación de los derechos fundamentales al debido proceso. Como quedó reseñado, en la solicitud de nulidad se realizó una amplia serie de reproches, por lo que cabe aclarar que la SA sólo se ocupará de verificar el cumplimiento de los requisitos para la procedibilidad de los cargos de nulidad, en los que se insiste en la vulneración de garantías procesales por la indebida valoración de ciertos elementos materiales probatorios y por otra parte, debido a la ausencia de traslado de algunas versiones voluntarias que lo incriminan”, resolvió la JEP.Ante esta situación la Sección de Apelación declaró desierta la solicitud de Montoya.“REVOCAR el numeral CUARTO del auto SUB-D SUBCASO ANTIOQUIA- 024 del 6 de mayo de 2024 y en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad presentada por el representante judicial del compareciente señor Mario MONTOYA URIBE, frente a los cargos de formulación de imputación, determinación de los hechos y conductas y valoración probatoria, por las razones anotadas en la parte motiva de este proveído.Segundo.- DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación interpuesto por el abogado del compareciente MONTOYA URIBE en relación con la vulneración del debido proceso por la ausencia de traslado probatorio deprecado, al no cumplirse por parte del apelante la carga argumentativa conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.Tercero.- En firme esta providencia, DEVOLVER las diligencias a la Subsala D de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, para lo de su competencia”, dice el auto.De esta manera el general en retiro Mario Montoya deberá enfrentar un juicio adversarial, de ser vencido podría pagar 20 años de prisión.
Luis Fernando Llano se ha convertido en una de las voces que ha denunciado a lo largo de los años al sacerdote Darío Chavarriaga. Públicamente, Llano, de 62 años, lo acusó de abuso sexual, delito que, aseguró, se repitió en varias ocasiones y que también cometió contra sus siete hermanas, cuando eran todos menores de edad.En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, Llano contó su historia. Según recordó, los abusos por parte de Darío Chavarriaga, quien falleció en 2015, ocurrieron cuando tan solo tenía 14 años y era estudiante en el Colegio San Bartolomé de Bogotá en 1976.En ese entonces, el sacerdote, que era el segundo al mando, le otorgó una beca por su rendimiento académico y, de a poco, se ganó su confianza y la de su familia al punto de que Llano se llegó a quedar a dormir en los aposentos de Chavarriaga varias noches, donde ocurrieron parte de los abusos.Cadena de complicidadHoy, años después, Llano se pregunta cómo fue posible que en ese momento nadie, incluyendo sacerdotes, preguntara por las conductas inapropiadas que tenía Chavarriaga con él. Por eso, dijo que eso lo hace pensar en que, tal vez, se dieron cuenta, pero “guardaron silencio”.“Hubo gente alrededor, porque es muy raro que llegue un niño al colegio a las 11:00 de la noche a dormir, es algo muy raro. De esto puedo dar fe, que cuando bajábamos en la mañana, que yo bajo con el pelo mojado y mis libros, me siento en la mesa donde estaban sacerdotes y gente de la comunidad, cómo es posible que ninguno de ellos se haya levantado a preguntarle: ¿usted qué hace en el cuarto con este niño?”, comentó Llano.El día que se reencontró con su abusador: un hecho que lo animó a denunciar públicamenteLlano contó que fue en el 2014, en un evento al que asistió con parte de su familia, que se reencontró por casualidad al sacerdote Darío Chavarriaga. Cuando lo vio solo tuvo el impulso de irse contra él para enfrentarlo e, incluso, golpearlo por todo lo que le había hecho en la infancia, pero uno de sus sobrinos lo detuvo y lo calmó, pese a que nadie entendía qué pasaba.“No tenía previsto ese encuentro. Era un capítulo en mi vida que tenía sepultado, tapado con cerrojo, pero las circunstancias de la vida me llevaron a reaccionar de esa manera (…) Él me vio y vio mi reacción, se dio vuelta y subió a sus aposentos”, detalló.Denuncia al padre Francisco De RouxLuego de eso, Llano decidió denunciarlo y no seguir guardando silencio con su caso. Ese mismo año, lo acusó ante el padre Francisco De Roux, quien en ese entonces era el jefe de la comunidad en Colombia. Unos años más tarde lo hizo también ante el sacerdote alemán Hans Zollner, profesor en la Universidad Gregoriana de Roma y muy cercano al papa Francisco.“Él (De Roux) tomó unas medidas canónicas. Dijo que iba a obtener toda la información posible para una máxima sanción, pero, como lo dice en nuestra carta, la solicitud de llevarlo a la Fiscalía pues no se habló; era presentarlo a las autoridades, pensamos que con eso ya quedaba resuelta la solicitud”, agregó.Insistió que por la gravedad de los delitos denunciados, era suficiente para que Chavarriaga fuer apuesto en manos de la justicia ordinaria.“Yo pienso que él ha de ir más lejos porque los delitos que se estaban denunciando no eran simples faltas disciplinarias o una cuestión muy leve. Así como pedimos que llevara esto a las autoridades, esperábamos que fuera un paso más adelante. No lo juzgo, pero las cosas pudieron hacerse de otra manera en ese momento”, recalcó.Otros abusos: un recuerdo dolorosoFue año después de ese incidente que su hermana Sofia, en una conversación mientras conducía, le preguntó qué había pasado esa vez. Luis Fernando decidió contarle que había sido abusado por el cura.En ese momento, según recordó, su hermana “se tacó a llorar” y le reveló que ella también había sido abusada por él.Cuatro de los hermanos Llano, a partir de ahí, dijeron: “A mí también me pasó” y luego los demás. “Es muy difícil decirlo”, añadió sobre su lucha todos estos años.
