Después de la reunión sostenida con las comunidades de Toledo, San José de la Montaña, Ituango, los alcaldes de estos tres municipios, las juntas de acción comunal, la Personería y la Procuraduría, los manifestantes levantaron el paro que adelantaban desde 4 de enero en el sector de El Granero, en el norte del departamento, reclamando el mantenimiento de la vía.El secretario de Infraestructura Física de Antioquia, Luis Horacio Gallón, manifestó en la reunión los compromisos adquiridos en el plan de desarrollo vigente, en el cual se contempla la pavimentación de los 32,5 km de vía entre el Alto del Cardal y Toledo, el cual fue priorizado y cuyos estudios y diseños están en marcha para iniciar, en cuanto haya viabilidad con esta obra."Nuestro plan de desarrollo tiene plasmado que vamos a pavimentar la vía entre San José de la Montaña y Toledo, que vamos a hacer el mantenimiento que hemos venido haciendo de manera rutinaria con la maquinaria amarilla para que la vía esté en buenas condiciones. Además, el ente departamental anunció que continuará con el mantenimiento rutinario de la vía con maquinaria amarilla la próxima semana y con las actividades de rocería cuando se surtan los procesos contractuales."Además ellos están pidiendo en los próximos días una reunión con algunos secretarios de la Gobernación para tratar temas de educación, de servicios públicos que son muy pertinentes. Nosotros todas estas solicitudes que tiene la comunidad, gracias a Dios, las tenemos plasmadas en nuestro plan de desarrollo", detalló el secretario.Vías fundamentales en la zonaHay preocupación en el norte de Antioquia pues, a pesar de ni siquiera iniciar la temporada invernal anunciada por las autoridades de gestión del riesgo en el departamento, en los primeros meses de 2025, ya hay fuertes repercusiones para la movilidad de esta subregión del departamento.Por ejemplo, la pérdida de la banca en la vía que comunica a los municipios de San Andrés de Cuerquia y de Toledo ha generado dificultades en el tránsito hacia otros municipios del norte como Ituango y la misma central de generación de energía de Hidroituango.
El presidente Gustavo Petro, firmó este martes el decreto de aumento de salario mínimo en el país -tras la falta de consenso con los sectores empresariales y sindicatos- del 9,54 %, lo que significa a partir del 1 de enero será de 1.423.500 pesos colombianos (unos 322 dólares al cambio de hoy)."Es un crecimiento del nivel de vida de todas las personas que ligan su ingreso al salario mínimo", dijo el mandatario. La reciente discusión sobre el aumento del salario mínimo en Colombia ha puesto de relieve la compleja situación de los trabajadores informales, que constituyen un porcentaje significativo de la población laboral del país. En Colombia, la informalidad laboral es un tema de gran preocupación, ya que se estima que un 33.4% de la población en Bogotá se encuentra en esta situación. Muchos de estos trabajadores, alrededor de diez millones en total, ganan menos que el salario mínimo legal. En diálogo con Mañanas Blu, Fabio Arias, presidente de la CUT, se refirió al tema y aseguró que debe haber más control a empresas y empleadores. La brecha entre trabajadores formales e informales El aumento en el salario mínimo puede parecer beneficioso para muchos, pero ignora a una gran parte de los trabajadores informales que no se ven favorecidos por esta medida. Estos trabajadores, incluyendo a quienes laboran en el campo y a aquellos en posiciones menos visibles en áreas urbanas, sufren la desventaja de no tener acceso a las oportunidades que ofrecen las formalidades laborales. La informalidad en el sector rural es uno de los más afectados por esta informalidad, donde los trabajadores no son contratados de acuerdo con la ley. Esta situación es aún más grave dado que la informalidad laboral en el campo es muchas veces confundida con la ilegalidad, dado que los empleadores omiten sus responsabilidades laborales"La mayor informalidad es en el sector rural. De acuerdo exactamente a la temporalidad que tengan los la producción en el campo. Ellos, que deberían ser contratados de acuerdo al código sustantivo del trabajo, desafortunadamente no son contratados con esa con esa formalidad y por tal motivo es una informalidad, pero de la ilegalidad de los empresarios que no le pagan los plenos derechos a esos trabajadores", dijo. A veces, las empresas multinacionales que operan en estos campos no reconocen los derechos laborales de sus trabajadores, creando un vacío que perpetúa la informalidad.Escuche aquí la entrevista:
Actualmente, alrededor de 12,000 campesinos participan en la Audiencia Pública “Voces del Suroccidente”, que se lleva a cabo en el Coliseo Municipal de Alfaguara, en Jamundí. El objetivo de este encuentro es visibilizar las problemáticas que enfrentan las comunidades rurales y exigir respuestas inmediatas tanto del gobierno nacional como del gobierno departamental."Estamos alzando la voz para ser escuchados y que nos brinden soluciones concretas ante desafíos como el uso de glifosato, el incumplimiento de los acuerdos de paz y la falta de inversión social. Esperamos que estas exigencias sean atendidas, buscando que los gobiernos consideren sus voces en su compromiso con el desarrollo rural y la protección del medio ambiente", afirmó un líder que participa en la audiencia. Sin embargo, afirmaron que si ninguno de los representantes del gobierno nacional ni de la administración departamental acude al llamado, los participantes de la Audiencia Pública “Voces del Suroccidente” han decidido continuar su ruta hasta la ciudad de Cali.Con esta audiencia también quieren definir las acciones necesarias para llevar estas exigencias a las instancias correspondientes, en busca de soluciones reales que beneficien a los campesinos y sus familias.
La comunidad indígena y campesina de Bosconia y El Copey, Cesar, decidió apostarse en la Ruta del Sol, que comunica a la Costa con el interior del país, y viceversa, para llamar la atención de los funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), a quienes acusan de no cumplir compromisos pactados frente la implementación de la Reforma Agraria en este territorio. La manifestación inició hacia las 5:00 de la tarde del lunes 2 de diciembre, con bloqueos intermitentes y pasos humanitarios, solo para ambulancias y personas que tienen citas médicas, lo que ha generado más de 8 kilómetros de trancón, que afecta, especialmente, la movilización de pasajeros y mercancía. "El paso ha sido intermitente, hay un corredor humanitario. En cuanto a algunos pasos que han permitido, gente con citas médicas y ambulancias. La gobernadora dio la directriz para que se pudiera tener el control en la zona. La Policía está en el territorio", explicó Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno de Cesar. El funcionario precisó que hacia las 9:00 de la mañana llegarán representantes de la ANT para conversar con los líderes de la protesta, debido a que estos se han opuesto a tener algún tipo de diálogo con el gobierno departamental, pues consideran que las reclamaciones que han levantado son de orden nacional. De acuerdo con el proyecto Ruta del Sol 3, el bloqueo se da exactamente entre Bosconia y el peaje El Copey, Pr 8+200 Ruta 4517."Vamos a estar pendientes para acompañar la conversación entre los indígenas Chimila y los campesinos con el Gobierno nacional", señaló el secretario.
Con la firma del Decreto Reglamentario 1322 de 2024, el presidente Gustavo Petro y la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, dieron un paso clave en la implementación de la Reforma Agraria Integral en Colombia. Este decreto otorga a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) facultades ampliadas para estructurar, cofinanciar y ejecutar proyectos de desarrollo agropecuario y rural, con enfoque en fortalecer a organizaciones campesinas y fomentar la producción sostenible en las zonas rurales del país.El propósito principal de esta normativa es impulsar una economía rural productiva, apoyando a los campesinos mediante la implementación de proyectos integrales que beneficien directamente a las comunidades más vulnerables. Según el director de la ANT, Felipe Harman, la reforma busca garantizar la participación activa de las organizaciones campesinas en la gestión y ejecución de estos proyectos, "lo que será fundamental para promover el desarrollo agroalimentario y reducir la pobreza en las zonas rurales. Nosotros hemos avanzado en un 1.2 millones de hectáreas urbanizadas, hemos avanzado en alrededor de 300.000 hectáreas entregadas".Por otra parte, el director se refirió a las nuevas facultades productivas que tendrá la Agencia Nacional de Tierras explicando que, como entidad, ya no tendrán "que esperar al título final para iniciar un ruta de producción de la tierra, sino que directamente la ANT será la encargada de desarrollar un esquema de estructuración que permita poner a producir la tierra. La tierra que vamos comprando no se puede quedar ahí, hay que ponerla a producir", agregó Harman.El Decreto 1322 establece un marco legal para la creación de iniciativas de desarrollo que no solo apoyan a los campesinos beneficiarios de programas de adquisición y redistribución de tierras, sino que también fomentan la creación de formas asociativas de producción campesina. Estos proyectos, que incluyen actividades agrícolas y pecuarias, tienen como objetivo mejorar la seguridad alimentaria de las comunidades y promover la integración de los campesinos en un modelo productivo sostenible.Además de apoyar a los campesinos, el decreto incluye figuras territoriales claves como las Zonas de Reserva Campesinas, los Territorios Campesinos Agroalimentarios (Tecam) y los Ecosistemas Acuáticos Agroalimentarios, entre otros. Estas territorialidades, que han sido parte de los acuerdos de paz, serán beneficiadas con el acceso a recursos y proyectos productivos que les permitan transitar hacia sistemas agrícolas más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.Un aspecto importante de esta reforma es la orientación hacia la recuperación de suelos de uso ineficiente, con el objetivo de transformarlos en áreas productivas que contribuyan al desarrollo de una agricultura sostenible. Los proyectos también buscan avanzar en el reconocimiento de las territorialidades campesinas, promoviendo la implementación efectiva del Acuerdo de Paz, lo cual es crucial para la estabilidad social y económica de las regiones rurales.La Agencia de Desarrollo Rural (ADR), en coordinación con la ANT, jugará un papel fundamental en la ejecución de estos proyectos, en especial en lo que se refiere a la concertación de esfuerzos para la mejora de la infraestructura agropecuaria y el fortalecimiento de la producción. La colaboración entre estas entidades permitirá que los campesinos no solo reciban tierras, sino que también cuenten con el apoyo necesario para hacerlas productivas y rentables a largo plazo.La implementación de esta reforma, con el respaldo de las políticas públicas y las instituciones correspondientes, busca modernizar el sector agroalimentario del país y garantizar que la producción de alimentos en Colombia sea no solo suficiente, sino también sostenible y equitativa.
Siguen los desafíos para el Distrito ante la presencia de la población indígena y campesina en Bogotá, que ya tiene tintes alarmantes. En diálogo con Mañanas Blu, Isabelita Mercado, consejera para las Víctimas de Bogotá, habló sobre la comunidad emberá en la ciudad, de los cuales, muchos aún se encuentran en refugios temporales y esperan la reubicación prometida. "El Distrito ha invertido más de 17 mil millones en atención a la población emberá en lo que va del año", afirmó Mercado, resaltando el compromiso económico a pesar de los incumplimientos de la Unidad de Víctimas en el traslado de las personas. Compromisos del GobiernoLo que resulta preocupante es la falta de avances en el cumplimiento de los acuerdos adquiridos. Mientras que algunos compromisos del distrito se han cumplido, la Unidad de Víctimas no ha logrado reubicar a las 130 personas que debería haber trasladado desde noviembre. "La población no es la que está protestando, pero hay un incumplimiento claro en otros frentes que necesitamos atender ya", añadió la doctora. Atención a los niños en riesgo Particularmente preocupante es la situación de más de 200 niños que se encuentran en las protestas. El Distrito está brindando apoyo en términos de salud y bienestar, pero Mercado señala que el ambiente de protestas no es adecuado para su desarrollo. "Necesitamos celeridad en la atención a estas familias y sobre todo a los niños", reiteró.En agosto más de 800 indígenas emberá retornaron a sus territorios desde Bogotá tras casi un año viviendo bajo carpas de plástico y precarias condiciones en el céntrico Parque Nacional para reivindicar las garantías de paz en sus tierras, de los que salieron debido al conflicto armado y la violencia. Escuche aquí la entrevista:
En la mañana de este martes, 26 de noviembre, amaneció cerrada la vía nacional entre los municipios de San Alberto y Aguachica, Cesar, debido a una protesta de campesinos. En imágenes, obtenidas por Blu Radio, se observa el bloqueo organizado por los manifestantes y el monumental trancón que se registra esta mañana en la zona.Esa vía comunica al centro y oriente del país con los departamentos de Cesar, Magdalena y toda la costa Atlántica. La manifestación sería organizada por reclamantes de tierras. En desarrollo…
La Alcaldía de Bogotá informó que más de 40 buses llegarán en la medianoche de este 25 de noviembre a la capital con miembros de diferentes grupos campesinos y comunidades embera con el objetivo de dialogar con el Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro y expresarle sus inquietudes en sus territorios.De acuerdo con el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, estos buses vienen de los departamentos de Chocó y Risaralda. Asimismo, se estima que sean, aproximadamente, 2.000 personas las que lleguen a la capital.Por eso, desde el Distrito hacen un llamado al Gobierno nacional para que este diálogo avance a "buen ritmo" y responda oportunamente a los requerimientos de estas poblaciones."La información al momento da cuenta de más de 40 buses que vienen desde Chocó y Risaralda. Todos buscan dialogar con el Gobierno nacional frente a temas que les preocupan de sus territorios. Bogotá garantiza su derecho a la movilización, pero es muy importante que la Nación les brinde las condiciones materiales suficientes mientras resuelven sus peticiones", escribió Quintero en su cuenta de X.El secretario general, Miguel Silva, recalcó que las ocupaciones que se presentaron en el Parque Nacional o las UPI La Rioja o en el parque la Florida "no deben volver a presentarse"."Esto se suma a las más de 1700 personas de esta comunidad que llevan varios años en Bogotá, esperando una acción del Gobierno nacional", concluyó Silva.
En el corregimiento de Mandinguilla, jurisdicción de Chimichagua, Cesar, el predio La América, de 1.455 hectáreas, se convirtió en ejemplo de la recuperación territorial en Colombia. Este terreno, antes vinculado a actividades ilícitas, fue entregado por la Agencia Nacional de Tierras y la Sociedad de Activos Especiales al Fondo de Tierras, beneficiando a 150 familias campesinas en el marco de la Reforma Agraria.Durante la diligencia judicial, en la que participaron 150 hombres de la Policía Nacional, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Ministerio Público e ICBF, se caracterizó a las seis familias que ocupaban el predio. Tras ser informadas sobre el proceso, estas desalojaron voluntariamente el lugar, con acuerdos para retirar sus bienes muebles. Felipe Harman, director de la ANT, afirmó “Damos por culminada la aprehensión material del predio La América, sin usar la fuerza. Este es un paso importante para garantizar justicia y avanzar hacia la paz rural”. El terreno llamado "La América" está plagado de vínculos con actividades delictivas. En su historial de propietarios figuran personajes como el Ñeñe Hernández, asociado al narcotráfico y el paramilitarismo; Jaime Blanco Maya, procesado por ordenar asesinatos de sindicalistas; y Hugues Rodríguez, alias Comandante Barbie, condenado por desplazamiento forzado y solicitado en extradición por los Estados Unidos.En 2007, la Fiscalía embargó la empresa Inversiones Rodríguez Fuentes, relacionada con el predio. En 2023, este fue adjudicado al Fondo de Víctimas por orden judicial, aunque la empresa nunca abandonó el terreno. Finalmente, el Gobierno Nacional logró recuperar el terreno que pasó a la ANT para su redistribución a comunidades campesinas.Además de La América, el presidente Gustavo Petro y la ANT entregaron 7.500 hectáreas a organizaciones campesinas en Aguachica, Astrea, Gamarra, La Gloria, San Martín y Valledupar. Estas tierras, distribuidas entre 739 familias, incluyen a víctimas de casos emblemáticos como el de la hacienda Bellacruz, donde más de 200 familias fueron desplazadas por la violencia paramilitar.Por otra parte, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, calificó el evento como un día histórico: “Estas tierras, antes epicentro de la violencia, serán la base para convertir al Cesar en una potencia agroalimentaria y un modelo de paz. Este Gobierno está saldando una deuda histórica con el campesinado”.Entre las asociaciones beneficiadas destacan la Federación de Campesinos de Chimichagua (Fedecamchi), la Asociación de Víctimas Agrovicmar y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Colectivos que impulsan proyectos de seguridad alimentaria y desarrollo rural.“Estamos devolviendo la tierra al campesinado, haciendo justicia social y garantizando que estas tierras sean usadas para producir alimentos y construir paz”, expresó el presidente Gustavo Petro durante la ceremonia de entrega.Por otra parte, el director Felipe Harman denunció la oposición del alcalde de Chimichagua, quien según la ANT intentó obstaculizar el desalojo: “En las más de 200.000 hectáreas entregadas en el país, no había visto un alcalde que se opusiera a un procedimiento legítimo”. Además, se detectaron irregularidades en el folio de matrícula inmobiliaria del predio, que mostraba una inscripción exprés a favor de un reclamante.En total, el Cesar ha recibido 22.500 hectáreas en lo que va del año, consolidando uno de los avances más significativos de la Reforma Agraria en el país.
