Al menos 36 personas se encuentran desaparecidas a raíz de un corrimiento de tierra en una mina de jade en el norte de Birmania.Los mineros estaban excavando el domingo en busca de jade en la ladera de la montaña cuando les sorprendió el corrimiento, que les arrastró a un lago, en Hpakant, una remota zona montañosa del estado septentrional de Kachin, según dijo un miembro de la Organización de Rescate de Birmania (Myanmar) que prefirió guardar el anonimato.El rescatista aseguró que el deslizamiento ocurrió en unos días "en los que llueve sin parar" y afirmó que las tareas de búsqueda continúan.Este tipo de sucesos son frecuentes en Hpakant, epicentro de las minas de jade más lucrativas y extensas del mundo y donde los mineros trabajan en condiciones extremadamente precarias.En julio de 2020 una avalancha sepultó a más de 160 mineros mientras estaban extrayendo jade de las laderas excavadas en medio de una lluvia torrencial, y un año antes al menos 54 personas murieron a causa de un corrimiento de tierras en otro punto del complejo minero, localizado unos 800 kilómetros al norte de la capital, Naypyidó.Las minas de jade son un imán para miles de birmanos empobrecidos procedentes de todo el país, pero en la mayoría de los casos los beneficios son escasos y los riesgos son elevados.Birmania es el mayor productor mundial de jadeíta, una preciada variedad de jade que se extrae principalmente en las montañas de Kachin y está especialmente codiciada en la vecina China, adonde van a parar la mayoría de las exportaciones.También le puede interesar:
El bombardeo aéreo contra los asistentes a un festival de música el domingo en el norte de Birmania, provocando entre 50 y 80 víctimas mortales, es la última prueba de la escalada de violencia de la junta militar birmana y de su supuesta "desesperación" por mantener el poder.Era el turno de Aurali, un famoso cantante de la etnia minoritaria kachin, cuando el domingo por la noche cuatro aviones de combate del ejército birmano transformaron un festival de música en una masacre, matando e hiriendo a decenas de civiles, en el que se considera como el peor ataque aéreo desde la asonada del 1 de febrero de 2021.Aurali sucumbió al fuego de artillería en el escenario, según el portal Kachin News, mientras conmemoraba el 62 aniversario de la fundación de la Organización para la Independencia de Kachin (KIO), en una región lindante con China controlada por una guerrilla de la etnia homónima que lleva décadas enfrentada al ejército birmano."Para los militares, toda la población kachin está conectada con la KIO (que tiene un brazo armado, el Ejército para la Independencia de Kachin), de modo que no distinguen ente civiles y rebeldes", dice a EFE un portavoz del Gobierno de Unidad Nacional (NUG, por sus siglas en inglés).El NUG, formado en parte por miembros del gobierno civil de la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, derrocado en 2021 por los militares, condenó rápidamente el ataque por parte del que tilda de "ejército terrorista".DESESPERACIÓN"Es posiblemente una táctica movida por la desesperación: cuanto más fuerte ataquen a la población, creen que antes se rendirán", dice este portavoz desde el exilio, quien considera que el Ejército "está perdiendo terreno frente a los rebeldes y ya solo les queda utilizar sus fuerzas aéreas, de las que no dispone ningún grupo".Un análisis prácticamente imposible de verificar desde Birmania (Myanmar), pues el país ha quedado sometido a un semi apagón informativo desde el golpe, con una renovada persecución a disidentes, periodistas y un sistema de telecomunicaciones disfuncional que lo mantiene a oscuras.Más aún en los lugares atacados: la localidad de Hpakant, donde ocurrió el bombardeo, se encuentra cercada y las telecomunicaciones cortadas, confirman a EFE fuentes desde el terreno que guardan el anonimato, que aseguran que los militares no permiten que los heridos sean trasladados a hospitales cercanos."Se habla de entre 50 y 80 fallecidos, pero es una cifra que previsiblemente va a crecer, porque hay muchos heridos graves y no pueden ser atendidos", dicen estas fuentes.El ataque, en general uno de los más cruentos desde que los militares se instalaron en el poder, poniendo fin a una década de transición democrática, ha sido condenado por representantes diplomáticos de diversos países, entre ellos Australia, España, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, así como varias ONG.En un inusual comunicado, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) expresó hoy su "grave preocupación" por la reciente escalada de violencia en Birmania e hizo un "llamamiento urgente a todas las partes involucradas" a tomar "medidas concretas".La declaración del grupo (formado por Birmania, Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos, Filipinas, Indonesia, Singapur, Malasia y Brunéi) se produce en la víspera de su reunión de emergencia este jueves en Yakarta para estudiar la situación en Birmania.En ella se espera que se revisen los cinco puntos de consenso alcanzados en abril del año pasado por los mandatarios de la ASEAN y el líder de la junta militar birmania, Min Aung Hlaing, entre los que se encuentra el "cese inmediato de la violencia" contra civiles.Le puede interesar:CONDENA INTERNACIONALUn objetivo que, a tenor de lo ocurrido el domingo, parece difícil de alcanzar, entre críticas a la ASEAN y a la comunidad internacional por la falta de acción ante un conflicto con visos de enquistarse.El golpe de Estado militar ha sumido a Birmania en una profunda crisis política, social y económica, abriendo una espiral de violencia con nuevas milicias civiles, entre ellas el brazo armado del NUG, que ha exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.Desde el 1 de febrero de 2021, cerca de 2.400 civiles han muerto en manos de las fuerzas de seguridad birmanas, según la Asociación para la Asistencia de Prisioneros Políticos de Birmania."Durante más de un año y medio, la junta ha perpetrado graves abusos contra millones de personas que se oponen a su mando, cometiendo crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra", advierte en un comunicado sobre el ataque aéreo del domingo la organización Human Rights Watch (HRW)."¿Cuánto más -añade HRW- tiene que subir el contador de muertes para que los gobiernos del mundo impongan medidas que impacten en el comportamiento de la junta?".Escuche el Podcast “Zorros y Erizos” y conozca por qué Petro subió 20 puntos en desaprobación según la última INVAMER Poll:
Al menos ocho personas han muerto y 18 resultaron heridas tras una explosión registrada este miércoles en la prisión Insein, en Rangún, la mayor del país y donde se encuentran la mayoría de los presos políticos de Birmania desde el golpe de Estado militar de febrero de 2021.La detonación se produjo alrededor de las 9:40 hora local cerca de la sala donde el personal de la cárcel recoge los paquetes de comida y ayuda enviados a los reos por sus familiares, junto a la entrada principal del penal, señaló en un comunicado la junta militar."El terrorista puso la bomba dentro de los paquetes y se produjo la explosión", señala el texto, que añade que, cuando el personal de seguridad evacuó la zona, encontraron "otra bomba dentro de otro paquete y la desactivaron".En el incidente fallecieron tres trabajadores del penitenciario y cinco civiles, mientras que la mayoría de los 18 heridos son civiles, a excepción de cinco funcionarios de la prisión, precisaron en el comunicado los militares.Imágenes de la estancia afectada muestran charcos de sangre y cristales de ventanas rotos por las deflagracionesSegún el medio independiente Myanmar Now, al bombazo siguieron ráfagas de tiros, supuestamente realizados por guardas de la prisión desde una torre de control, lo que provocó la huida de los visitantes.Otro testigo indicó que los disparos fueron "indiscriminados" contra la población y que las balas alcanzaron a varias personas, recoge este medio, de lo que no informa la junta.Las autoridades han cerrado las visitas a Insein, la cárcel más grande de Birmania con alrededor de 10.000 presos y asentada en el noroeste de Rangún -antigua capital y ciudad más poblada del país-, y han aumentado la seguridad alrededor del penal tras el incidente.Según los medios locales, ningún grupo ha reclamado de momento la responsabilidad del ataque, mientras la junta aseguró que "tomará medidas contra los terroristas de acuerdo a la ley".Desde la sublevación militar del 1 de febrero de 2021 que puso fin al gobierno democrático encabezado por la nobel de la paz, Aung San Suu Kyi, grupos de opositores al régimen castrense han optado por tomar las armas para plantar cara al Ejército birmano.El autodenominado Gobierno de Unidad Nacional, leal a Suu Kyi, ha creado sus propias fuerzas armadas -que suelen actuar en las zonas fronterizas controladas por milicias étnicas o con gran oposición al régimen-, mientras también han surgido otros pequeños grupos armados que atacan a los uniformados.Tras la asonada se han registrado varios ataques en Rangún, aunque de menor escala respecto al incidente en el penal.Según las últimas cifras de la Asociación para la Asistencia de los Presos Políticos (AAPP) de Birmania, al menos 2.367 personas han muerto por la represión de las autoridades y más de 12.600 están bajo arresto de forma arbitraria, entre ellas Suu Kyi, quien se encuentra en un penal de la capital birmana.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca qué pasa con la grave crisis migratoria del Tapón del Darién:
La junta militar de Birmania ejecutó a cuatro opositores, incluyendo a un antiguo diputado del partido de la exdirigente Aung San Suu Kyi, siendo la primera aplicación de la pena de muerte en el país en décadas, informó la prensa estatal el lunes.Las ejecuciones provocaron una condena generalizada, aumentaron los temores de que se ejecuten más penas de muerte y generaron llamados a la comunidad internacional para que tome medidas más severas contra la junta ya aislada.Los cuatro, entre los que figura otro prominente activista por la democracia, fueron condenados a muerte y ejecutados por encabezar "actos de terror brutales e inhumanos", reportó diario estatal Global New Light of Myanmar.El periódico dijo que las ejecuciones se hicieron según "el procedimiento de la prisión", sin detallar cuándo ni cómo se llevaron a cabo. Un portavoz de la junta no contestó a la solicitud de la AFP.La junta militar ha sentenciado a muerte a decenas de activistas antigolpistas como parte de su represión de la disidencia tras tomar el poder el año pasado, pero Birmania no había practicado una ejecución en décadas.Phyo Zeya Thaw, de 41 años, quien fue parlamentario del partido Liga Nacional por la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés) de Aung San Suu Kyi, fue detenido en noviembre y sentenciado a muerte en enero por violar la ley antiterrorismo.Este pionero del hip hop en Birmania, cuyas letras criticaban al ejército desde comienzos de la década del 2000, estuvo detenido en 2008 por pertenecer a una organización ilegal y posesión de divisas. Obtuvo un escaño como diputado en las elecciones de 2015, durante la transición del gobierno militar al civil.La junta lo acusó de haber orquestado varios ataques contra el régimen, incluyendo un ataque contra un tren en el que murieron cinco policías en agosto pasado en Rangún.Kyaw Min Yu, conocido como "Jimmy", un prominente activista por la democracia de 53 años, recibió la misma sentencia del tribunal militar."Jimmy" era un escritor y opositor de larga data del ejército, conocido por su papel en el levantamiento estudiantil de 1988 contra la junta militar de la época. Fue detenido en octubre y condenado en enero."Delitos vagos"Según los medios locales, miembros de las familias de los dos primeros se plantaron ante la prisión de Insein en Rangún, con la esperanza de recuperar sus cuerpos sin vida.Los otros dos fueron sentenciados a muerte por el asesinato de una mujer que, según ellos, era una informante de la junta en Rangún.La junta fue duramente criticada por las potencias internacionales cuando anunciaron el mes pasado su intención de llevar a cabo las ejecuciones.La última ejecución capital en Birmania se remonta a 1988, según un informe de expertos de la ONU de junio pasado, que contabilizó 114 condenas a muerte desde el golpe de Estado.Los expertos subrayaron que la ley marcial otorgaba a los militares la posibilidad de pronunciar la pena de muerte por 23 "delitos vagos y definidos en forma amplia" y, en la práctica, por toda crítica contra el poder. Advirtieron que las ejecuciones podrían acelerarse si la comunidad internacional no reaccionaba.
Aung San Suu Kyi fue condenada este lunes en Birmania a cuatro años de prisión por incitar al desorden público e incumplir las restricciones anticovid, la primera sentencia de una serie de procesos que amenazan con décadas de cárcel a la depuesta líder.La nobel de la Paz, de 76 años, se encuentra detenida desde que los militares depusieron su gobierno el 1 de febrero, poniendo fin a un breve período de democracia en Birmania.Desde entonces, la junta estableció una serie de acusaciones contra ella, incluyendo violación de la ley de secretos oficiales, corrupción y fraude electoral.Varios expertos denuncian que este es un proceso político para neutralizar a la política que resultó ganadora de las elecciones en 2015 y 2020.El lunes Suu Kyi "fue sentenciada a dos años de prisión bajo la sección 505(b) y dos años de prisión bajo la ley de desastres naturales", dijo a la AFP Zaw Min Tun, portavoz de la junta militar que gobierna el país.El expresidente Win Myint también fue condenado a cuatro años por los mismos cargos, indicó el portavoz, quien aclaró que aún no serán llevados a prisión."Enfrentarán otros cargos en los lugares donde permanecen ahora", en la capital Naipyidó, agregó sin dar más detalles.Los cargos por incitación están relacionados con las declaraciones de su partido, la Liga Nacional por la Democracia (LND), condenando el golpe de Estado poco después de que los militares tomaran el poder.Las acusaciones relacionadas con la pandemia conciernen a las elecciones del año pasado, en las cuales arrasó el partido de Suu Kyi, pero los detalles no están claros, ya que el gobierno impone una orden de silencio en los procesos judiciales.Los periodistas no tienen acceso al tribunal especial en la capital birmana y los abogados de Suu Kyi tienen prohibido hablar con la prensa.En las últimas semanas, otros miembros de la LND fueron condenados a duras penas de cárcel.Un exministro fue sentenciado este mes a 75 años de prisión y un allegado de Suu Kyi deberá pasar 20 años en la cárcel."Asfixiar las libertades"La sentencia fue condenada por la organización Amnistía Internacional, que denunció un intento de la junta de "asfixiar las libertades" con el encarcelamiento de Suu Kyi."Las severas sentencias infligidas a Aung San Suu Kyi por estas falsas acusaciones son el último ejemplo hasta ahora de la determinación del ejército para eliminar y asfixiar las libertades en Birmania", afirmó Amnistía en un comunicado.La Premio Nobel de la Paz se expone a décadas de prisión si resulta condenada por todos los cargos.El asesor principal para Birmania del centro de estudio International Crisis Group Richard Horsey explicó a la AFP que las sentencias "son una forma para que los militares muestren su poder"."Sería sorprendente, sin embargo, que fuera enviada a prisión. Lo más probable es que cumpla esta y las próximas condenas en su casa o en un régimen especial de 'residencia de huéspedes'", agregó.Más de 1.300 personas han muerto y más de 10.000 han sido detenidas en la represión de los disidentes desde el golpe, según un grupo local de monitoreo.Los militares que han gobernado durante décadas en Birmania defendieron el golpe de Estado afirmándose en denuncias de fraude en las elecciones del año pasado.La presión internacional para que la junta militar restaure la democracia no parece afectar a los generales y la violenta represión contra las protestas sigue azotando al país.
Al menos cinco jóvenes han muerto en Birmania (Myanmar) tras saltar desde un edificio de apartamentos de Rangún, la ciudad más poblada, para huir de las fuerzas de seguridad, informaron este miércoles medios locales.Según relató el medio digital Khit Thit citando a un testigo, el incidente ocurrió el martes por la tarde en el distrito Botahtaung de Rangún, cuando los cinco jóvenes se metieron dentro del apartamento para huir de los militares y saltaron al verse acorralados, mientras que al menos otros dos fueron golpeados y arrestados.La imagen de los cinco cuerpos yacentes sobre el asfalto se ha hecho viral en las últimas horas en las redes sociales birmanas, donde el incidente ha reavivado la indignación de los opositores a la junta militar que tomó el poder por un golpe de Estado el pasado 1 de febrero.Desde entonces, el Ejército y la Policía han matado a al menos 965 personas, mientras que han arrestado de manera arbitraria a más de 7.130 opositores al régimen, según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos del país.Uno de los colectivos más golpeados es el sanitario, con 25 trabajadores muertos, 37 heridos y 190 detenidos en los primeros seis meses tras la sublevación militar, según los datos publicados el martes por analistas de Insecurity Insight, la oenegé Physicians for Human Rights y la Universidad estadounidense Johns Hopkins.El Ejército justifica la toma de poder por un presunto fraude masivo durante las elecciones generales del pasado noviembre, cuyo resultado ha sido anulado y en las que arrasó el partido liderado por la premio nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, quien permanece arrestada, con el aval de observadores internacionales.
Una pequeña ciudad china fronteriza con Birmania ha comenzado a utilizar cámaras de reconocimiento facial para controlar los movimientos de los residentes y erradicar así cualquier brote de COVID-19.Las cámaras de vigilancia ya están omnipresentes en los espacios públicos de China, donde las metrópolis son en general seguras y los actos de violencia contra las personas son poco frecuentes.Las nuevas tecnologías también se usan en la lucha contra el coronavirus, con la puesta en marcha desde principios de 2020 de las aplicaciones móviles de seguimiento de los desplazamientos.Pero, las autoridades nunca habían informado oficialmente del uso de las cámaras de reconocimiento facial para controlar movimientos y el estado de salud de la gente, cuando entran o salen de ciertas zonas de una ciudad.Es lo que está ocurriendo en Ruili, una urbe cercana a la frontera con Birmania y donde se han detectado 115 casos de coronavirus en diez días, algunos de ellos de la variante Delta.Entre los contagiados hay muchos birmanos, a pesar del teórico cierre de fronteras.Esta situación preocupa a las autoridades chinas, puesto que Birmania es uno de los países del mundo donde la propagación de la epidemia se ha acelerado más en las últimas semanas.Además, Birmania ha sufrido graves disturbios desde el golpe militar el pasado 1 de febrero, un factor que podría empujar a los birmanos a cruzar las fronteras para huir de los combates.Con el nuevo dispositivo, cualquier persona que quiera entrar o salir de un área residencial, supermercado o de cualquier otra zona muy frecuentada de Ruili tendrá que dejar que su rostro sea escaneado por una cámara, indicaron las autoridades.Los datos están asociados a un código QR único que permitirá vigilar de manera automática los desplazamientos de una persona. Los dispositivos de reconocimiento facial, que gestionan las autoridades locales, también son capaces de tomar la temperatura de las personas, según la radio nacional CNR.El uso de esta tecnología y la omnipresencia de la vigilancia en China genera críticas por parte de grupos de derechos humanos que consideran que invade la vida privada de los ciudadanos.China notificó este martes 29 nuevos casos por covid, incluidos 27 de los llamados "importados", es decir, debido a personas que vienen del extranjero y se encuentran en cuarentena en un hospital.
Los opositores al golpe de Estado en Birmania desafiaron el domingo al régimen militar con huevos de Pascua con mensajes políticos, al tiempo que el Papa expresó su "cercanía" con los jóvenes y las aspiraciones democráticas del país.Más de 550 civiles, entre ellos mujeres y niños, han muerto a manos de las fuerzas de seguridad desde el golpe de Estado del 1 de febrero que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi, según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP).Pero el número de víctimas podría ser mucho mayor. Unas 2.700 personas han sido detenidas, y muchas de ellas, detenidas en secreto, sin acceso a sus familiares o a sus abogados, están desaparecidas.A pesar de ello, la movilización prodemocrática continúa, con decenas de miles de trabajadores en huelga y sectores enteros de la economía paralizados.Coincidiendo con el Domingo de Pascua, el movimiento de desobediencia civil encontró una nueva forma de protesta con la publicación en las redes sociales de fotos de huevos decorados con mensajes contra el régimen como "Salvemos a Birmania", "Queremos democracia" o "Quítate de en medio MAH", en referencia al líder de la junta militar Min Aung Hlain."La creatividad, la valentía y el coraje de nuestro pueblo son el futuro de Birmania", tuiteó el Dr. Sasa, enviado especial ante la ONU del gobierno civil depuesto.En su tradicional mensaje de Pascua, el papa Francisco expresó su "cercanía" con los jóvenes birmanos que "están comprometidos con la democracia, haciendo oír su voz de forma pacífica"."Jesús ha resucitado: Aleluya, Birmania resucitará", tuiteó por su parte Charles Bo, el primer cardenal de Birmania, un país mayoritariamente budista.Otros cuatro civiles murieron a tiros el sábado y un hombre de 30 años fue asesinado por disparos el domingo en el extremo norte del estado birmano de Kachin.La junta aseguró a los medios de estatales que las fuerzas de seguridad estaban "demostrando la máxima contención".La petrolera Total se queda en BirmaniaAnte el constante deterioro de la situación, oenegés internacionales y locales, así como algunos políticos en Francia, pidieron a la petrolera francesa Total, presente en Birmania desde 1992, que abandone el país.Pero la compañía mantendrá su producción de gas que "suministra electricidad a una población muy numerosa en Rangún", la capital económica, dijo el domingo su director general, Patrick Pouyanné.El grupo afirmó que tampoco quiere exponer a sus empleados locales al riesgo de "trabajo forzado" si abandona el país.Total pagó unos 230 millones de dólares a las autoridades birmanas en 2019 y 176 millones en 2020, en impuestos y "derechos de producción", según sus documentos financieros.Bloquear esos pagos expondría "a los gestores de nuestra filial al riesgo de ser detenidos y encarcelados", afirma Pouyanné en un artículo publicado en el semanario francés Le Journal du Dimanche, y se compromete a financiar a las oenegés de derechos humanos de manera equivalente a lo que pague al Estado birmano.La compañía eléctrica francesa EDF tiró la toalla a mediados de marzo y suspendió un proyecto de 1.500 millones de dólares para construir una presa hidroeléctrica.Cortes de internetLos generales birmanos hacen oídos sordos a las condenas occidentales.El acceso a internet sigue cortado para una gran mayoría de la población desde que los militares ordenaron la suspensión de las conexiones de datos móviles e inalámbricas.Los generales también están estrechando el cerco judicial sobre Aung San Suu Kyi, acusada entre otros de corrupción y de haber violado una ley sobre secretos de Estado de la época colonial.Si es condenada, la exdirigente de 75 años, que está incomunicada pero se encuentra "en buen estado de salud" según sus abogados, se arriesga a ser inhabilitada y a pasar muchos años en prisión.Además se emitieron órdenes de detención contra 60 celebridades birmanas, incluyendo cantantes, modelos y personas influyentes en las redes sociales, acusados de difundir información que podría provocar un motín en las fuerzas armadas.Tres miembros de una familia que hablaron con una corresponsal de la CNN fueron detenidos.El derramamiento de sangre contra los civiles ha enfurecido a muchas de las facciones étnicas rebeldes del país.Diez de ellas dieron el sábado su apoyo a la movilización democrática, sin poner en cuestión el alto el fuego firmado con los militares desde 2015.Otro grupo, la poderosa Unión Nacional Karen (KNU), tomó la semana pasada una base militar del sureste del país, matando a diez soldados.El ejército respondió con bombardeos aéreos, los primeros perpetrados en esa región en dos décadas, causando varias víctimas y numerosos desplazados.Otros rebeldes ya habían amenazado con retomar las armas.La enviada de la ONU para Birmania, Christine Schraner Burgener, advirtió de un riesgo "sin precedentes" de "guerra civil".
El presidente estadounidense, Joe Biden, instó el jueves a los generales birmanos, que derrocaron el gobierno civil de Aung San Suu Kyi, a "renunciar al poder" sin condiciones, mientras los llamados a resistir al golpe de Estado se propagaban por el país."Los militares birmanos deben renunciar al poder que han tomado, liberar a los activistas y funcionarios que detuvieron, levantar las restricciones a las telecomunicaciones y abstenerse de la violencia", declaró Biden.Unas horas antes, la Casa Blanca había anunciado que se planteaba imponer "sanciones específicas" contra los militares golpistas.Estos últimos ordenaron el jueves el bloqueo del acceso a Facebook, un instrumento esencial de comunicación en Birmania, tres días después de su golpe de Estado.El ejército puso fin a la frágil transición democrática del país el lunes, imponiendo el estado de emergencia por un año y deteniendo a Aung San Suu Kyi y a otros dirigentes de su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND).La líder de 75 años, que se cree que se encuentra bajo arresto domiciliario en la capital, Naipyidó, según su movimiento, ha sido acusada de haber violado una norma comercial.Este jueves, cientos de partidarios del ejército se reunieron en la capital. "No queremos más traidores nacionales vendidos a países extranjeros" y "Tatmadaw [las fuerzas armadas] ama a la gente", podía leerse en las pancartas.No lejos de allí, 70 diputados de la LND firmaron un "compromiso para servir al pueblo" y organizaron una sesión parlamentaria simbólica para denunciar la toma de control del parlamento.En las calles se multiplican las señales de resistencia contra el golpe de Estado, condenado por la ONU y muchos gobiernos occidentales.En Mandalay (centro), tuvo lugar una pequeña manifestación con pancartas que decían "¡Protesta del pueblo contra el golpe de Estado militar!". Cuatro personas fueron detenidas, según medios locales. La AFP no pudo confirmar esa información ante las autoridades.El miedo a las represalias persiste en este país que ha vivido bajo la dictadura militar durante casi 50 años desde su independencia en 1948.En Rangún, la capital económica, los habitantes hicieron sonar las bocinas y armaron un estruendo golpeando cacerolas por tercera noche consecutiva. Algunos coreaban: "¡Viva Madre Suu!" (Aung San Suu Kyi).Los abogados protestaron con lazos rojos con los colores de la LND y hacían el saludo con tres dedos, un gesto de resistencia adoptado por activistas prodemocracia en Hong Kong o Tailandia.Los profesionales sanitarios también se sumaron a la protesta.En Facebook, una red social muy popular en el país, se crearon grupos que piden "desobediencia civil".La compañía estadounidense informó el jueves que algunos de sus servicios estaban "perturbados" y exhortó a las autoridades a "restablecer la conexión", declaró a la AFP una portavoz de la plataforma.Las autoridades militares ya habían emitido una advertencia a la población para que no dijera ni publicara nada que pudiera "fomentar disturbios o una situación inestable". Negociaciones en la ONU El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que haría cuanto pudiese para que la comunidad internacional "ejerza suficiente presión" sobre Birmania para garantizar un "fracaso" del golpe de Estado.Por su parte,, el Consejo de Seguridad expresó su "profunda preocupación" y pidió "la liberación de todos los detenidos".Sin embargo, China y Rusia se opusieron en el seno del máximo órgano de la ONU a una condena explícita del golpe de Estado.Pekín sigue siendo el principal respaldo de Birmania en la ONU. Durante la crisis de los rohinyás, obstaculizó todas las iniciativas al considerar ese conflicto un asunto interno birmano.De su lado, Estados Unidos está evaluando "sanciones específicas" contra entidades que canalizan apoyo financiero a los militares de Birmania, dijo el asesor de seguridad nacional del presidente Biden, Jake Sullivan.La Unión Europea también planea nuevas sanciones contra el país. Ambición personal El jefe del ejército birmano, Min Aung Hlaing, que ahora concentra la mayor parte del poder, justificó el golpe de Estado alegando que hubo fraudes masivos durante las elecciones legislativas de noviembre.Los comicios, en los que se impuso por una aplastante mayoría la LND, transcurrieron sin problemas, según observadores internacionales.Min Aung Hlaing, un paria a nivel internacional desde la crisis de los rohinyás, también derrocó a la dirigente por ambición política personal, añaden esos expertos.Los militares acusan a la Premio Nobel de la Paz de 1991 de violar una ley birmana de importación y exportación, informó la LND, después que las autoridades encontraran walkie-talkies no registrados en su casa.Y al expresidente Win Myint lo acusan de haber violado la ley de gestión de catástrofes del país por incumplir las medidas contra el coronavirus.
Son nueve oficiales de la Policía los que fueron llamados a calificar servicios a través de la resolución 5034 de 2024 firmada por el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Entre la lista se encuentra una coronel, seis tenientes coroneles y dos mayores de la institución.La lista la encabeza la coronel Lizeth Marina Casas, quien fue Jefe de la Oficina de Talento Humano de la Metropolitana de Bogotá y además ocupó el cargo de directora de la Escuela de Policía Rafael Reyes, la primera mujer en ocupar este cargo. También figura en el listado el teniente coronel Carlos Arley Salamanca, comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, y el teniente coronel Marcelo Ricardo Villarte, comandante de la Policía en el departamento de Arauca.Sale también de la Policía el teniente coronel Jader Llerena, quien fue el primer comandante de la Policía del Sistema Masivo de Transporte TransMilenio en Bogotá y que salió de ese cargo por un escándalo relacionado con dos patrulleros en Soacha, por lo cual le abrieron una investigación por peculado por uso y abandono de cargo. Fue llamado también a calificar servicios el teniente coronel Juan de Jesús Cristancho y el teniente coronel Julián Manrique Quiroga, este último de la Policía en Bucaramanga.Los dos mayores que también saldrán de la Policía en los próximos días son el mayor Jhon Mario Ayala, quien formó parte de la Dirección de Tránsito y Transporte en el departamento de Antioquia y el mayor Omar Leonardo Durán.“Retirar del servicio activo de la Policía Nacional por llamamiento a calificar servicios al personal de oficiales que se relaciona, a partir de la comunicación del presente acto administrativo”, indica el documento.
Billy Escobar, superintendente de Sociedades, entregó la mañana de este viernes un parte de tranquilidad frente a la estabilidad jurídica y financiera de la empresa colombo-venezolana Monómeros, luego de una visita realizada en las instalaciones de la compañía para constatar cómo se encuentra en materia societaria.Escobar, en medio del Congreso de Empresarios del Gran Caribe que sigue realizándose en Barranquilla, reveló que buscan hacer una indagación “más cercana” respecto a la intención de venta y privatización que hace casi dos semanas anunció el gobierno del presidente Nicolás Maduro, dado a que existen acreedores y trabajadores que “hay que proteger”.Así las cosas, el funcionario aseguró que aunque Monómeros “es un paciente que está en observación”, por el momento se descarta que pueda entrar en liquidación.No obstante, advirtió que si el Gobierno Petro llega a encontrar una circunstancia de gravedad que amerite un paso adicional como enviarlo a reorganización y/o liquidación, no les temblara la mano en hacerlo.“Con la misma amabilidad con la que estoy hablando, si nosotros llegamos a encontrar una circunstancia de gravedad que amerite un paso adicional, no nos temblará la mano en hacerlo. Por el momento, todo está estable”, dijo Escobar.Aunque desconoce si el presidente Gustavo Petro ha tenido acercamientos con su homólogo Nicolás Maduro para hablar de intención de venta y privatización de Monómeros, insistió en que la postura del Gobierno sigue siendo “proteger a la empresa”, sobre todo, por su componente de seguridad alimentaria para el país.Inclusive, confirmó que antes de ayer se reunió con diez trabajadores del sindicato de Monómeros y les entregó ese mismo parte de tranquilidad, asegurándoles que cualquier actuación que se haga estará “dentro del marco de legalidad”.
Un millonario robo a un carro de valores se registró en el municipio de Convención, Norte de Santander, dejando además dos policías heridos.De acuerdo con el reporte conocido, el vehículo llevaba el dinero desde el casco urbano hacia la base militar para ser extraído vía aérea. Sin embargo, en medio del recorrido terrestre, fue interceptado junto a la escolta policial que lo acompañaba. En medio de esa interceptación al vehículo, los policías fueron atacados y dos de ellos resultaron heridos, por lo que los delincuentes lograron su cometido y robaron cerca de 2.760 millones de pesos del carro que los transportaba.Incluso, en videos aficionados de los habitantes donde se registró el millonario hurto, quedaron captadas las ráfagas de disparos generadas en medio del robo.
La Corte Constitucional volvió a hacer un pronunciamiento sobre la eutanasia, en esta oportunidad, cuestionó que se exijan signos terminales o de agonía para aplicar el procedimiento y ratificó que la eutanasia ya no se limita a las enfermedades terminales.Esto, tras fallar una tutela a favor de una mujer de 66 años que enfrentaba un intenso dolor debido a un adenocarcinoma con metástasis. Ella decidió ir a que le practicaran este procedimiento tras varios tratamientos que, según la misma paciente, fueron infructuosos para tener una vida digna.La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional falló a favor de la mujer al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales a la dignidad, la vida digna y el libre desarrollo de la personalidad.El Comité Técnico-Científico de la Fundación Valle del Lili había negado su solicitud basándose en criterios contrarios a la jurisprudencia vigente, como exigir signos terminales o priorizar cuidados paliativos antes de autorizar el procedimiento.De igual manera, el alto tribunal recordó que la Sentencia C-233 de 2021 amplió el derecho a morir dignamente a personas con enfermedades graves e incurables que generan sufrimientos intensos, eliminando el requisito de estar en fase terminal.El tribunal también enfatizó que los cuidados paliativos deben ser una opción, no una condición previa para acceder a la eutanasia.“La negativa de las instituciones de salud a cumplir con estos lineamientos desconoce los efectos generales de las sentencias de constitucionalidad y vulnera los derechos de los pacientes”, dice la Corte.Incluso le hacen un llamado reiterado al Congreso de la República para que puedan avanzar en la protección del derecho a una muerte digna con el único propósito, dice la Corte, para eliminar las barreras que aún existen para el libre ejercicio de la muerte.
El riesgo en el que se encuentran los personeros de Colombia, en materia de seguridad, es uno de los principales temas que se debatió este viernes en Barranquilla durante el Primer Encuentro de Oficinas de Derecho Disciplinarios.Allí, en su discurso de apertura, la procuradora General Margarita Cabello se mostró "preocupada y triste" por el reciente asesinato del personero Jimmy Rosero, de Cumbitara (Nariño), e instó al Gobierno la urgente necesidad de brindarles a los 1.104 personeros verdaderas garantías de seguridad.“Un chaleco, un botón de seguridad o un pito no son suficientes para garantizar la seguridad de las personeras y los personeros en el país. La labor que realizan es vital para el fortalecimiento de la democracia y la protección de los derechos fundamentales, pero en muchas ocasiones termina enfrentándose a riesgos mortales”, afirmó Cabello Blanco.El pronunciamiento de la procuradora se dio minutos después del insistente llamado que hizo el personero distrital de Barranquilla, Miguel Alzate, en su calidad de presidente de la Asociación de Personería de Capitales.Alzate recordó que en estos momentos hay 110 personeros amenazados en el país y temen seguir siendo asesinados por ejercer sus funciones, como su colega de Nariño, a quien encontraron sin vida con un cartel que decía: "por sapo".Piden autonomía financieraLa procuradora Margarita Cabello fue insistente en que conviene sacar adelante "un proyecto de ley que legitime y vuelva a las personerías órganos autónomos e independientes", de modo que cada una "maneje su presupuesto y sus actuaciones no estén limitadas por el jefe de turno de cada uno de los municipios".Consideró que esto evitaría que una actuación en contra de los alcaldes de turno les implique a los personeros falta de pago o presiones en su contra.La propuesta de entrada fue respaldada por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien escuchó la petición y compartió la posición de la procuradora."Sí, vamos a aceptar el reto de presentar un proyecto de ley en ese sentido, dándole autonomía financiera y esa creo que sería la base definitiva para las 1104 personerías municipales que existen en el país", dijo Cepeda.
