La Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (SCCP) ha emitido un comunicado en el que celebra la reciente decisión de la Corte Constitucional que obliga a las EPS cubrir los costos del tratamiento de retiro de biopolímeros, afirman que esta determinación judicial representa un alivio significativo para miles de colombianos que han sufrido las secuelas de procedimientos estéticos mal realizados con biopolímeros por personas no calificadas.Damaris Romero, presidente de la sociedad, destacó la importancia de esta medida para proteger el derecho a la salud de las víctimas, enfatizando que "El retiro de biopolímeros es un procedimiento complejo que debe ser realizado únicamente por profesionales de la salud capacitados y certificados para llevar a cabo este tipo de intervenciones. La SCCP reafirma su compromiso de velar porque todos los procedimientos se realicen con los más altos estándares de seguridad y calidad, protegiendo la salud y el bienestar de los pacientes en todo momento", indicó.Además, la sociedad médica insta a las autoridades y a la sociedad en general a tomar medidas preventivas contundentes para evitar nuevos casos de uso indebido de biopolímeros, reafirmando la importancia de cumplir y hacer cumplir la ley 2316 del 2023, que prohíbe la importación de estas sustancias y establece sanciones para quienes las utilicen ilegalmente.Aseguran que para un procedimiento de retiro de biopolímeros es altamente especializado y debe ser realizado exclusivamente por profesionales de la salud debidamente capacitado, y su compromiso como sociedad es de garantizar que todos los procedimientos se lleven a cabo bajo los más altos estándares de seguridad y calidad, mirando siempre el bienestar de los pacientes.
En una decisión histórica, la Corte Constitucional determinó que los procedimientos médicos para el retiro de biopolímeros están incluidos en el Plan de Beneficios de Salud (PBS).Por medio de la sentencia SU-239/24, se implica que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) deberán asumir los costos del tratamiento para el retiro de estas sustancias. Además, establece la obligación de los médicos y las EPS de diagnosticar y tratar los graves síntomas causados por cirugías estéticas, como los implantes mamarios.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el doctor Jaime Pachón, cirujano plástico especialista en retiro de biopolímeros, habló sobre los procedimientos y lo que ellos significa para los pacientes que no distingue género. Pachón reflexionó y aseguró que "desafortunadamente aquí en Colombia entran productos falsos y muchas personas se dejan inyectar por manos no calificadas". Y explicó que los procedimientos reconstructivos y de retiro de estas sustancias tienen costos millonarios y muchas veces no se trata de una sola intervención sino de varias. "Lo que que persona se realizó equívocamente, le puede costar 20 o 50 veces lo que le costó inicialmente", dijo. Sobre el papel de las EPS y los costos de dichas intervenciones, dijo que hay paciente que merecen esta atención y "lo ideal es que hubiera el dinero para retirarlo a todas las pacientes.E hizo un llamado en el que exalta que así como existe una prevención en la salud, debería haber una prevención para que esos rellenos no ingresen al país. Casos concretos de biopolímeros:El fallo responde a los casos de seis mujeres que se sometieron a procedimientos estéticos; cuatro de ellas fueron inyectadas con biopolímeros y dos se realizaron implantes mamarios. Allí, estas mujeres argumentaron que su decisión estuvo influenciada y, en algunos casos financiada, por sus parejas sentimentales. Como consecuencia, su salud física y mental se vio seriamente afectada, enfrentándose a barreras cuando intentaron obtener diagnóstico y tratamiento por parte de las EPS.Escuche aquí la entrevista:
En una decisión histórica, la Corte Constitucional determinó que los procedimientos médicos para el retiro de biopolímeros están incluidos en el Plan de Beneficios de Salud (PBS).Por medio de la sentencia SU-239/24, se implica que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) deberán asumir los costos del tratamiento para el retiro de estas sustancias. Además, establece la obligación de los médicos y las EPS de diagnosticar y tratar los graves síntomas causados por cirugías estéticas, como los implantes mamarios.Casos concretos de biopolímeros:El fallo responde a los casos de seis mujeres que se sometieron a procedimientos estéticos; cuatro de ellas fueron inyectadas con biopolímeros y dos se realizaron implantes mamarios. Allí, estas mujeres argumentaron que su decisión estuvo influenciada y, en algunos casos financiada, por sus parejas sentimentales. Como consecuencia, su salud física y mental se vio seriamente afectada, enfrentándose a barreras cuando intentaron obtener diagnóstico y tratamiento por parte de las EPS.La negativa de las EPS se basaba en la exclusión explícita de las cirugías estéticas del PBS, argumentando que las complicaciones derivadas de estos procedimientos no estaban cubiertas. Sinembargo, la Corte Constitucional concluyó que, cuando se demuestre que una cirugía estética se realiza para corregir alteraciones que afecten el funcionamiento de un órgano o para evitar perturbaciones en la salud mental y física, el procedimiento debe ser cubierto por las EPS.Fue el propio presidente de la Corte Constitucional, el magistrado José Fernando Reyes, quien señaló: “La corte no estuvo de acuerdo con las conclusiones de los señores jueces que, en alguna medida, estimaban que, dado que estos procedimientos eran asumidos voluntariamente por las pacientes, debían inclusive asumir esos riesgos y, por lo tanto, inclusive si carecieran de recursos para subrogarlos, ellas deberían, en todo caso, atenerse a las resultas”.Por último, la corte llamó la atención del Estado para que impulse medidas que garanticen que las decisiones de las mujeres para someterse a procedimientos estéticos sean libres y sin presiones estereotipadas.
Mediante un comunicado de prensa la Cancillería colombiana afirmó no tener ningún lazo con los colombianos que han participado y han sido víctimas en la guerra entre Rusia y Ucrania, y sacando que no existe ninguna alianza entre Ucrania y Colombia para enviar a estos ex miembros de las fuerzas armadas para pelear en la guerra de disputa al norte de Europa desde el año 2022“Respecto de los ciudadanos colombianos que han resultado víctimas en la guerra en Ucrania, su presencia allí obedece a decisiones de tipo personal y que no existen acuerdos bilaterales en virtud de los cuales se hace posible esa vinculación”, señaló la Cancillería de Colombia.También resaltaron que, pese a no tener un lazo con la mirada de estos exmilitares a participar como mercenarios a favor de Ucrania se han prestado atención a quienes han resultado heridos y van a seguir prestando atención a posibles otras víctimas tanto a sus familias como desde el consulado pertinente.Este comunicado puede llegar a ser considerado como una respuesta directa al ministro de relaciones Serguéi Lavrov, tras pedirle a los países latinoamericanos y detener el peligro de la participación de mercenarios de sus países en la guerra.De igual forma hay que mencionar que durante las últimas semanas varios colombianos han resultado heridos e incluso algunos han perdido la vida en medio de los combates como sucedió el 11 de febrero cuando un exmilitar colombiano falleció después de un ataque ruso con drones el pasado 11 de febrero.¿Por qué los colombianos participan en la guerra en Ucrania?La mayoría de los colombianos, quienes se han ofrecido como voluntarios para combatir en las filas de Ucrania en esta guerra que cumple ya dos años, lo hacen debido a los muy buenos salarios que ofrecen desde este país a los extranjeros que decían defenderlos siendo la razón por la que la mayoría de estos exmiembros de la fuerza pública han aceptado participar en esa guerra.De los casos más llamativos fue de la militar que anunció que iba a ir a Ucrania con el objetivo de quitarse biopolímeros que tenía en su cuerpo, viaje que al final terminó cancelando después de que un naranja anónimo le regalara 35 millones para este proceso quirúrgico, destacando que pese a que este caso terminó de buena forma y no requirió que la joven participará en la guerra, no es el caso de todos, razón de las víctimas colombianas en territorio ucraniano en el marco de esta guerra.
Son varias las medidas que tiene esta ley que sancionó el presidente Petro en materia de sanción a los médicos que usen biopolímeros, pero también tiene medidas para el retiro de las personas que tienen la sustancia en su organismo.Así lo establece el artículo 5 que obliga a que el Ministerio de Salud incluya en tres meses en el Plan de Beneficios en Salud (antes conocido como POS) el diagnóstico, los tratamientos, la rehabilitación y procedimientos de retiro o manejo de sustancias modelantes no permitidas, así como los medicamentos y los tratamientos necesarios de salud mental y apoyo psicosocial que requieran las personas afectadas.También se establece un registro de control de ventas de las sustancias “modelantes” permitidas, la publicación de un listado de entidades y profesionales médicos habilitados para procedimientos estéticos.Pero la almendra de la ley está precisamente en ese artículo 3 donde se adiciona un nuevo artículo al Código Penal, catalogado como ‘lesiones con sustancias modelantes no permitidas’.Allí, se establece que el que inyecte o infiltre en el cuerpo de otra persona sustancias modelantes no permitidas incurrirá en prisión de 32 a 120 meses y multa de 150 a 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes.“Si la conducta fuere cometida por profesional de la salud la pena será de 96 a 180 meses de prisión y multa de 200 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para el ejercicio de su profesión por un término de 5 años”, señala la ley.Y, adicionalmente, advierte que si las conductas descritas previamente se cometieren en menores de 18 años o mediante engaño sobre la sustancia modelante no permitida, “o afectare el rostro”, las penas se aumentarán de una tercera parte a la mitad.
Antes incluso de convertirse en la primera mujer transgénero del Congreso de Estados Unidos, Sarah McBride, de 34 años, dijo que contaba con encontrarse con reacciones hostiles. No se equivocaba."Puede que intenten confundirme de género, puede que intenten decir el nombre equivocado, harán lo que prevemos que hagan", declaró el mes pasado al pódcast TransLash antes de su victoria electoral del 5 de noviembre."Lo harán para provocarme y mi trabajo consistirá en no darles la respuesta que quieren", explicó la demócrata de Delaware.Incluso antes de su llegada a la Cámara de Representantes el 3 de enero, McBride fue blanco esta semana de una resolución de una congresista republicana para prohibir el acceso de las mujeres transexuales a los aseos femeninos del Capitolio."Solo porque un congresista quiera llevar minifalda no significa que pueda entrar en un baño de mujeres", escribió en las redes sociales la incendiaria Nancy Mace, de Carolina del Sur.El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, intentó ganar tiempo para debatir el tema y finalmente se mostró a favor de la prohibición, afirmando que los baños de un solo sexo estarían "reservados a individuos de ese sexo biológico".McBride, que lleva vestidos hasta la rodilla, no minifaldas, emitió un comunicado en el que afirma que respetará las normas "aunque no esté de acuerdo con ellas"."No estoy aquí para pelearme por los baños", dijo la política y activista, que hizo la transición con 21 años y se lo comunicó a sus padres el día de Navidad de 2011.- Guerra cultural -Donald Trump planteó el tema de la transexualidad en la recta final de su campaña presidencial para intentar cortejar a los votantes indecisos.Dos de los asuntos importantes sobre los que se libra una "guerra cultural" entre conservadores y progresistas son si se debe permitir a las mujeres transgénero ir a los baños de mujeres y competir en los deportes femeninos.Trump se ha burlado de las atletas transgénero y de la "ideología woke (despierto)", un término usado para referirse quienes defienden derechos de minorías frente al racismo o asuntos de género, entre otros.El magnate de 78 años prometió sacar "la locura transgénero" de los colegios y mantener "a los hombres fuera del deporte femenino".McBride ha sido durante mucho tiempo defensora de los derechos de las personas trans y ayudó a hacer campaña a favor de una ley que prohibiera la discriminación de género en su estado natal, Delaware, durante la cual la llamaron públicamente "bicho raro" y "encarnación del diablo"."Escuchar eso fue degradante y deshumanizante para mi hija", dijo su madre Sally a The Washington Post en 2018. "Todavía me cuesta asimilarlo".McBride no se inmutó. En 2020 fue elegida primera senadora estatal transgénero de Estados Unidos.- Pasantía en la Casa Blanca - Se ha referido abiertamente a sus luchas por la salud mental, su crianza como niño y su tragedia personal en una autobiografía publicada en 2018."Recuerdo que de niño rezaba por la noche en mi cama pidiendo despertarme al día siguiente y ser una niña", dijo en una charla TED en 2016.La primera vez que acaparó la atención de la opinión pública fue con una carta abierta cuando era líder estudiantil en la American University de Washington en la que anunciaba su transición.Posteriormente conoció al presidente Joe Biden y a su familia, también de Delaware, cuando se involucró en la política local.Tras hacer prácticas en la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama, consiguió una invitación para hablar en la convención del Partido Demócrata de 2016.La Casa Blanca fue también donde conoció a su marido, Andrew Cray, transexual y activista LGTBQ+.Se casaron dos años después, poco antes de que Cray muriera de cáncer.Dice que su objetivo en el Congreso es ser eficaz en las prioridades cotidianas de los votantes, como la vivienda y la inflación.Pero sabe que se verá constantemente obligada a ser portavoz -y defensora- de la comunidad trans."No puedo hacer lo correcto para la comunidad trans si no soy el mejor miembro del Congreso que puedo ser para Delaware", dijo a TransLash."Es la única manera de que la gente vea que las personas trans pueden ser buenos médicos, buenos abogados, buenos educadores, buenos miembros del Congreso. No puedo estar ahí para sacar un comunicado de prensa y tuitear cada vez que alguien dice algo".
La inseguridad en Bogotá no da tregua y los delincuentes siguen haciendo de las suyas en las vías públicas de la ciudad. En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto en el que dos ladrones que se movilizaban en moto le robaron el bolso a una mujer que se encontraba en plena vía pública del barrio Alcalá, de la localidad de Puente Aranda.Luego del violento atraco, los dos delincuentes emprendieron la huida en el vehículo; sin embargo, no se percataron que estaban en la mira de un grupo de vecinos del sector, quienes no dudaron en intervenir en el hecho para evitar que los ladrones escaparan del sitio.Fue allí donde uno de los hombres que presenció el hecho lanzó una carreta a la vía justo en el momento en el que pasaban los ladrones en la moto, lo que provocó que ambos cayeran del vehículo, algo que fue aprovechado por el grupo de vecinos del sector para empezar a golpear a los criminales.Tras un intercambio de golpes, en las imágenes se logra ver que uno de los delincuentes intenta sacar lo que parecer ser un arma, sin éxito teniendo en cuenta que fue atacado en repetidas oportunidades, por lo que tuvo que huir del lugar. Luego de esto, al parecer, la comunidad del barrio Alcalá quemó la moto de color azul a los ladrones.
El Gobierno nacional anunció su intención de renegociar cláusulas específicas en algunos tratados internacionales que afectan las inversiones extranjeras en el país. Esta decisión, según lo explicado por el ministro de Industria y Comercio, Luis Carlos Reyes, busca reafirmar la soberanía nacional y evitar que controversias entre empresas y el Estado sean dirimidas por tribunales internacionales de arbitraje, considerados por el Gobierno como desfavorables para los intereses nacionales.En una entrevista con Mañanas Blu con Néstor Morales, el ministro Reyes señaló que esta iniciativa no pretende desincentivar la inversión extranjera, sino establecer condiciones más equilibradas para todas las partes. “Lo que estamos haciendo es renegociar unos cuantos artículos en algunos tratados. Esto se puede lograr sin afectar las posibilidades de inversión en Colombia”, afirmó.El ministro destacó que muchos acuerdos bilaterales de inversión firmados por el país en el pasado otorgaron “prerrogativas muy importantes” a las empresas extranjeras, lo cual podría generar desventajas para Colombia. Retirar a Colombia del CIADIEl ministro Luis Carlos Reyes explicó que la decisión de retirar a Colombia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) está en evaluación, en línea con la directriz del presidente Petro de renegociar las cláusulas desfavorables en tratados internacionales.“Cuando se toma la decisión de salir de alguno de estos tribunales, las decisiones, los casos que están ante ellos no son retroactivos. […] Uno puede hacer un balance de la imparcialidad y la conveniencia a futuro de estar ante un tribunal. Si, eso es, y eso es lo que queremos hacer”, dijo.En cuanto a las alternativas para resolver disputas entre empresas extranjeras y el Estado colombiano, el ministro planteó que estas podrían dirimirse en tribunales nacionales, siguiendo ejemplos como el de Estados Unidos y la Unión Europea. “Entre EE.UU. y la Unión Europea, las disputas se resuelven en las cortes de cada país, respetando su soberanía. Aquí también podemos adoptar un modelo similar sin afectar la inversión extranjera”, aseguró.De acuerdo con Reyes, muchos países ya invierten en Colombia sin depender de mecanismos como el CIADI, lo que demuestra que es posible atraer capital bajo otras condiciones. “Queremos que las inversiones lleguen, pero en términos que respeten la justicia soberana y sean equitativos para todas las partes”, concluyó.Críticas a los tribunales de arbitraje internacionalesEl fallo reciente del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) en contra de Colombia por $380 millones a favor de la empresa española Telefónica fue uno de los detonantes de esta revisión. El presidente Petro calificó estos tribunales como “una justicia al servicio del socio”, en referencia a cómo algunas decisiones parecen favorecer sistemáticamente al capital extranjero.El ministro Reyes respaldó esta posición al subrayar que “la justicia debe estar en manos de los estados soberanos, no en las de tribunales privados. Una justicia que favorezca sistemáticamente al capital por encima de los intereses nacionales no puede ser considerada justa”.Sin embargo, el ministro también admitió que el problema no se limita al caso puntual de Telefónica ni al CIADI, sino a un análisis más amplio sobre la imparcialidad de estos mecanismos internacionales: “Es un balance general. No es por un fallo específico, sino porque creemos que estas instancias no siempre favorecen las condiciones óptimas para el país”.Impacto en la inversión extranjeraUno de los argumentos recurrentes contra la salida de Colombia de los tribunales de arbitraje internacionales es el posible desincentivo a la inversión extranjera. Ante esto, Reyes insistió en que no todos los países dependen de estos mecanismos para atraer capital. Citó como ejemplo la relación comercial con la Unión Europea, donde no existen cláusulas específicas de arbitraje en el tratado de libre comercio.“El hecho de que no contemos con estos tribunales no significa que la inversión extranjera desaparezca. Muchos países invierten en Colombia sin depender de ellos. Lo que queremos es establecer un modelo más justo y transparente”, argumentó.Además, el ministro adelantó que el gobierno ya está explorando opciones para sustituir estos mecanismos en caso de avanzar con la retirada. “Hay todo un rango de posibilidades. Las disputas podrían resolverse en los tribunales nacionales, como sucede en otras naciones”, señaló.¿Renegociar los TLC?Reyes reconoció que renegociar cláusulas en tratados internacionales no es un proceso sencillo y que requiere el consenso de las partes involucradas. Sin embargo, expresó optimismo sobre la posibilidad de dialogar con socios comerciales clave, incluyendo a Estados Unidos.“Creo que incluso con gobiernos como el de Donald Trump se pueden encontrar puntos de coincidencia. Muchos tratados firmados en los años 90 no están en condiciones óptimas ni para nosotros ni para ellos. Podría ser una oportunidad para revisar estos acuerdos en beneficio mutuo”, indicó.El ministro concluyó reiterando el compromiso del gobierno con la justicia y la soberanía nacional. Según Reyes, esta revisión no se basa únicamente en un fallo adverso, sino en la necesidad de establecer relaciones más justas en un escenario global. “No es cierto que tengamos que aceptar cualquier condición para atraer inversión. Queremos inversión, pero bajo términos que sean justos para todos”, puntualizó.La iniciativa marca un nuevo capítulo en la política económica y comercial de Colombia, donde la búsqueda de equilibrios entre inversión extranjera y soberanía nacional será el eje central.
Momentos de pánico vivieron habitantes del barrio Viento Libre, en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, en Nariño, luego de que un voraz incendio arrasara con al menos 27 viviendas del sector.Ómar Fernández, comandante del Cuerpo de Bomberos de esa población nariñense, dijo a Blu Radio que, de acuerdo con las primeras investigaciones, la conflagración se habría originado luego de que una menor de edad encendiera una veladora.Fernández añadió que, al parecer, el descuido de la menor produjo que las llamas se propagaran por las viviendas, todas construidas en madera, lo que impidió que la comunidad y los bomberos lograran extinguirlas a tiempo.Según el reporte del funcionario, las 27 familias, entre las cuales hay niños y personas de la tercera edad, son desplazados de la violencia que habían llegado a esa población de la subregión del Sanquianga, en busca de una mejor calidad de vida.Durante la emergencia no se registraron personas heridas ni víctimas humanas que lamentar, aseguró Fernández, añadiendo que la oportuna reacción de la comunidad, que logró evacuar las viviendas, evitó una tragedia en la zona, aunque las familias quedaron en la calle con solo la muda de ropa que llevaban puesta."Estas familias necesitan ropa, alimentos, frazadas y utensilios de cocina porque quedaron sin nada", concluyó el comandante de bomberos de Iscuandé.Así fue el incendio en Iscuandé, Nariño
El nuevo misil balístico ruso Oréshnik (Avellano) con el que Rusia atacó el jueves territorio ucraniano es uno de los últimos ejemplos del armamento hipersónico de nueva generación desarrollado por la industria militar rusa.Ni las autoridades ni la prensa había informado nunca antes sobre la existencia del Oréshnik, capaz de burlar cualquier escudo antimisiles occidental, según el presidente ruso, Vladímir Putin.En su mensaje a la nación, Putin destacó que la velocidad que alcanza el nuevo misil es de "Mach 10" o "2,5-3 kilómetros por segundo", lo que le convierte en indetectable para las defensas antiaéreas enemigas.El Oréshnik forma parte de los sistemas de armamento "sin parangón en el mundo" presentados en sociedad por Putin en 2018, en lo que muchos llamaron la nueva Guerra de las Galaxias entre Rusia y la OTAN.Los expertos rusos, que recuerdan que el Oréshnik puede portar ojivas nucleares, apuntan que el misil tiene un mínimo de seis cabezas de guiado individual.El misil, de alcance medio, podría teóricamente golpear objetivos situados a incluso miles de kilómetros de distancia con un margen de error de apenas unas pocas decenas de metros.Putin justificó el lanzamiento "de prueba" -como lo definió-, aduciendo que Estados Unidos planea el despliegue de misiles de corto y medio alcance en territorio de Europa y la región de Asia Pacífico.Recordó que Estados Unidos cometió un error cuando decidió abandonar de manera unilateral en 2019 el tratado para la eliminación de misiles de corto y medio alcance.Además, advirtió que "en caso de escalada" Rusia responderá de manera "firme" y "simétrica", y acusó a EE.UU. de destruir el sistema internacional de seguridad y de conducir al mundo a un "conflicto global" al intentar por todos los medios mantener su hegemonía.
