Avon es una de las empresas de cosmética más importantes del mundo y cuenta con una amplia red de vendedoras en Colombia. Durante muchos años, la compañía ha tenido una presencia significativa en el mercado colombiano y su modelo de venta directa ha permitido a muchas mujeres generar ingresos adicionales. Sin embargo, su casa matriz en Estados Unidos se declaró en quiebra para hacer frente a su deuda y a las responsabilidades legales derivadas de demandas que afirmaban que sus productos a base de talco estaban contaminados con sustancias cancerígenas, según se informó en un comunicado.¿Qué pasará con Avon en Colombia?La empresa seguirá operando normalmente, según se lo dijo a Blu Radio un vocero de la compañía y las vendedoras podrán seguir trabajando con sus productos. "Las operaciones de Avon fuera de EE.UU., que continúan avanzando en iniciativas estratégicas, no están incluidas en los procedimientos del Capítulo 11, y las actividades continúan con normalidad en los mercados internacionales de Avon", señaló la empresa. Natura & Co, una empresa con sede en Brasil, adquirió Avon en 2020 y firmó un acuerdo para comprar las participaciones de capital en las operaciones de la firma fuera de Estados Unidos por 125 millones de dólares.El grupo brasileño se comprometió a financiar a Avon con 43 millones de dólares como deudor en posesión, lo que, según el comunicado, proporcionará "liquidez suficiente para cumplir con las obligaciones de Avon Products durante el proceso"."Seguimos enfocados en impulsar nuestra estrategia comercial a nivel internacional, lo que incluye modernizar nuestro modelo de venta directa y revitalizar la marca para acelerar el crecimiento", expresó Kristof Neirynck, director ejecutivo de Avon, quien agregó que cada vez se siente "más motivado" por la fortaleza y las oportunidades de la empresa cosmética.En diciembre de 2022, un jurado de Los Ángeles ordenó a Avon pagar más de 50 millones de dólares a una mujer de Arizona que afirmó haber desarrollado cáncer tras usar productos cosméticos que contenían talco contaminado con amianto.El mes pasado, un jurado otorgó 24,4 millones de dólares a un hombre del área de Chicago que trabajaba como conserje en una planta de fabricación de Avon en Illinois, tras ser diagnosticado con mesotelioma.Sin embargo, Avon ha negado las acusaciones de que sus productos con talco causen cáncer.
Natura, Avon, Yanbal, Zrii, entre otras empresas, son cadenas multinivel que funcionan en Colombia y según advirtió el superintendente, ninguna podrá pagarle a sus empleados por llevar más personas para trabajar. “Hay unas que lo hacen legalmente pero otras se amparan en la fachada de una compañía multinivel para hacer captación ilegal de recursos y definitivamente el Gobierno no va a permitir esta clase de situaciones”, manifestó Reyes. (Lea también: Empresas multinivel deberán tener sucursal en Colombia para funcionar) “No se le puede pagar a unas personas por traer a otras a participar en el esquema, eso es lo que caracteriza y la gente conoce como una pirámide, que son los mecanismos de captación ilegal”, añadió. Explicó que la remuneración que reciben las personas que trabajan en un multinivel debe estar relacionada con las ventas de productos y servicios y no con pagos por cada persona que ingresa a la red. (Lea también: Superfinanciera revela nombres de firmas con aparentes esquemas piramidales) “Eso desnaturaliza completamente el esquema de comercialización y convierte esto en un esquema piramidal de captación de recursos”, agregó. Finalmente, enfatizó en que el decreto también obliga a que cada compañía extra debe tener una sucursal domiciliada en Colombia o una sociedad constituida ante la cual se pueda reclamar en caso de que se presente algún problema. “Hemos visto que con un simple portal de internet, dirección electrónica en Skype o cualquier correo electrónico vienen a realizar esta clase de actividades y ahí es donde comienzan las defraudaciones”, finalizó. El superintendente de Sociedades dijo que la idea del nuevo Decreto 24 de enero de 2016, busca poner en cintura y evitar que se desvirtúe el multinivel para entrar en el ámbito de la captación ilegal de recursos.
Son nueve oficiales de la Policía los que fueron llamados a calificar servicios a través de la resolución 5034 de 2024 firmada por el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Entre la lista se encuentra una coronel, seis tenientes coroneles y dos mayores de la institución.La lista la encabeza la coronel Lizeth Marina Casas, quien fue Jefe de la Oficina de Talento Humano de la Metropolitana de Bogotá y además ocupó el cargo de directora de la Escuela de Policía Rafael Reyes, la primera mujer en ocupar este cargo. También figura en el listado el teniente coronel Carlos Arley Salamanca, comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, y el teniente coronel Marcelo Ricardo Villarte, comandante de la Policía en el departamento de Arauca.Sale también de la Policía el teniente coronel Jader Llerena, quien fue el primer comandante de la Policía del Sistema Masivo de Transporte TransMilenio en Bogotá y que salió de ese cargo por un escándalo relacionado con dos patrulleros en Soacha, por lo cual le abrieron una investigación por peculado por uso y abandono de cargo. Fue llamado también a calificar servicios el teniente coronel Juan de Jesús Cristancho y el teniente coronel Julián Manrique Quiroga, este último de la Policía en Bucaramanga.Los dos mayores que también saldrán de la Policía en los próximos días son el mayor Jhon Mario Ayala, quien formó parte de la Dirección de Tránsito y Transporte en el departamento de Antioquia y el mayor Omar Leonardo Durán.“Retirar del servicio activo de la Policía Nacional por llamamiento a calificar servicios al personal de oficiales que se relaciona, a partir de la comunicación del presente acto administrativo”, indica el documento.
Billy Escobar, superintendente de Sociedades, entregó la mañana de este viernes un parte de tranquilidad frente a la estabilidad jurídica y financiera de la empresa colombo-venezolana Monómeros, luego de una visita realizada en las instalaciones de la compañía para constatar cómo se encuentra en materia societaria.Escobar, en medio del Congreso de Empresarios del Gran Caribe que sigue realizándose en Barranquilla, reveló que buscan hacer una indagación “más cercana” respecto a la intención de venta y privatización que hace casi dos semanas anunció el gobierno del presidente Nicolás Maduro, dado a que existen acreedores y trabajadores que “hay que proteger”.Así las cosas, el funcionario aseguró que aunque Monómeros “es un paciente que está en observación”, por el momento se descarta que pueda entrar en liquidación.No obstante, advirtió que si el Gobierno Petro llega a encontrar una circunstancia de gravedad que amerite un paso adicional como enviarlo a reorganización y/o liquidación, no les temblara la mano en hacerlo.“Con la misma amabilidad con la que estoy hablando, si nosotros llegamos a encontrar una circunstancia de gravedad que amerite un paso adicional, no nos temblará la mano en hacerlo. Por el momento, todo está estable”, dijo Escobar.Aunque desconoce si el presidente Gustavo Petro ha tenido acercamientos con su homólogo Nicolás Maduro para hablar de intención de venta y privatización de Monómeros, insistió en que la postura del Gobierno sigue siendo “proteger a la empresa”, sobre todo, por su componente de seguridad alimentaria para el país.Inclusive, confirmó que antes de ayer se reunió con diez trabajadores del sindicato de Monómeros y les entregó ese mismo parte de tranquilidad, asegurándoles que cualquier actuación que se haga estará “dentro del marco de legalidad”.
Un millonario robo a un carro de valores se registró en el municipio de Convención, Norte de Santander, dejando además dos policías heridos.De acuerdo con el reporte conocido, el vehículo llevaba el dinero desde el casco urbano hacia la base militar para ser extraído vía aérea. Sin embargo, en medio del recorrido terrestre, fue interceptado junto a la escolta policial que lo acompañaba. En medio de esa interceptación al vehículo, los policías fueron atacados y dos de ellos resultaron heridos, por lo que los delincuentes lograron su cometido y robaron cerca de 2.760 millones de pesos del carro que los transportaba.Incluso, en videos aficionados de los habitantes donde se registró el millonario hurto, quedaron captadas las ráfagas de disparos generadas en medio del robo.
La Corte Constitucional volvió a hacer un pronunciamiento sobre la eutanasia, en esta oportunidad, cuestionó que se exijan signos terminales o de agonía para aplicar el procedimiento y ratificó que la eutanasia ya no se limita a las enfermedades terminales.Esto, tras fallar una tutela a favor de una mujer de 66 años que enfrentaba un intenso dolor debido a un adenocarcinoma con metástasis. Ella decidió ir a que le practicaran este procedimiento tras varios tratamientos que, según la misma paciente, fueron infructuosos para tener una vida digna.La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional falló a favor de la mujer al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales a la dignidad, la vida digna y el libre desarrollo de la personalidad.El Comité Técnico-Científico de la Fundación Valle del Lili había negado su solicitud basándose en criterios contrarios a la jurisprudencia vigente, como exigir signos terminales o priorizar cuidados paliativos antes de autorizar el procedimiento.De igual manera, el alto tribunal recordó que la Sentencia C-233 de 2021 amplió el derecho a morir dignamente a personas con enfermedades graves e incurables que generan sufrimientos intensos, eliminando el requisito de estar en fase terminal.El tribunal también enfatizó que los cuidados paliativos deben ser una opción, no una condición previa para acceder a la eutanasia.“La negativa de las instituciones de salud a cumplir con estos lineamientos desconoce los efectos generales de las sentencias de constitucionalidad y vulnera los derechos de los pacientes”, dice la Corte.Incluso le hacen un llamado reiterado al Congreso de la República para que puedan avanzar en la protección del derecho a una muerte digna con el único propósito, dice la Corte, para eliminar las barreras que aún existen para el libre ejercicio de la muerte.
El riesgo en el que se encuentran los personeros de Colombia, en materia de seguridad, es uno de los principales temas que se debatió este viernes en Barranquilla durante el Primer Encuentro de Oficinas de Derecho Disciplinarios.Allí, en su discurso de apertura, la procuradora General Margarita Cabello se mostró "preocupada y triste" por el reciente asesinato del personero Jimmy Rosero, de Cumbitara (Nariño), e instó al Gobierno la urgente necesidad de brindarles a los 1.104 personeros verdaderas garantías de seguridad.“Un chaleco, un botón de seguridad o un pito no son suficientes para garantizar la seguridad de las personeras y los personeros en el país. La labor que realizan es vital para el fortalecimiento de la democracia y la protección de los derechos fundamentales, pero en muchas ocasiones termina enfrentándose a riesgos mortales”, afirmó Cabello Blanco.El pronunciamiento de la procuradora se dio minutos después del insistente llamado que hizo el personero distrital de Barranquilla, Miguel Alzate, en su calidad de presidente de la Asociación de Personería de Capitales.Alzate recordó que en estos momentos hay 110 personeros amenazados en el país y temen seguir siendo asesinados por ejercer sus funciones, como su colega de Nariño, a quien encontraron sin vida con un cartel que decía: "por sapo".Piden autonomía financieraLa procuradora Margarita Cabello fue insistente en que conviene sacar adelante "un proyecto de ley que legitime y vuelva a las personerías órganos autónomos e independientes", de modo que cada una "maneje su presupuesto y sus actuaciones no estén limitadas por el jefe de turno de cada uno de los municipios".Consideró que esto evitaría que una actuación en contra de los alcaldes de turno les implique a los personeros falta de pago o presiones en su contra.La propuesta de entrada fue respaldada por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien escuchó la petición y compartió la posición de la procuradora."Sí, vamos a aceptar el reto de presentar un proyecto de ley en ese sentido, dándole autonomía financiera y esa creo que sería la base definitiva para las 1104 personerías municipales que existen en el país", dijo Cepeda.