En los últimos datos revelados por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies) del Ministerio de Educación, se observó una tendencia divergente en la matrícula de estudiantes en las Instituciones de Educación Superior (IES) del país. Mientras que las universidades públicas han experimentado una disminución en su número de estudiantes, las instituciones privadas han mostrado un notable crecimiento.Este contraste resulta particularmente interesante dado el contexto de los últimos dos años bajo la administración del presidente Gustavo Petro, período durante el cual se han prometido y anunciado múltiples reformas y políticas en el ámbito educativo.Pues para el cierre de 2023, el total de matrículas en educación superior ascendió a 2.475.833, lo que representa un incremento de 9.605 estudiantes respecto a los 2.466.228 reportados en 2022. Sin embargo, al examinar los datos más detalladamente por nivel de formación, se evidencia una caída en las matrículas de pregrado, que incluyen carreras profesionales, técnicas y tecnológicas. En contraste, los niveles de posgrado, que abarcan especializaciones, maestrías y doctorados, han experimentado un crecimiento significativo.Víctor Manuel Gómez, profesor retirado de sociología de la Educación de la Universidad Nacional, indicó que esto solo muestra que los problemas de la educación superior no son solamente económicos, sino de capacidad de gobernanza y liderazgo para adecuar la oferta de formación a nuevas realidades ocupacionales y nuevas cualificaciones en el actual mercado de trabajo."Muchas Universidades grandes, de prestigio y tradiciones, padecen serios problemas burocráticos para ofertar nuevos programas y modalidades, mientras otras más ágiles y menos sometidas a carreras tradicionales pueden tomar decisiones curriculares más rápidamente y con programas percibidos por estudiantes como más cortos, modernos, actualizados y pertinentes al mercado de trabajo", puntualizó.Datos del 2023 (considerando el retraso habitual en la publicación de cifras educativas), revelaron que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno nacional para fortalecer las universidades y otras instituciones públicas, y de las políticas destinadas a aumentar en 500.000 los cupos disponibles durante el cuatrienio, así como la implementación de la política de gratuidad en la matrícula, las cifras generales muestran una realidad compleja."Para muchos jóvenes ya no es atractivo el modelo de carreras largas (4-5 o 6 años), excepto en Medicina. Así muchos jóvenes están buscando carreras cortas o secuencias de micro certificaciones en áreas modernas de la técnica y la tecnología", agregó.Mientras el Gobierno ha enfocado sus esfuerzos en aumentar los cupos en las instituciones públicas y promover la educación gratuita, los datos reflejan un aumento en las matrículas de posgrado y una disminución en el pregrado dentro del sector público.
En el municipio de Malambo para disminuir la deserción escolar, a través de la Secretaría de Educación, implementaron la estrategia de regalar zapatos colegiales nuevos a los niños y niñas que se matriculen durante todo el mes de marzo.Este programa también se destinó a la población escolar más necesitada del municipio para apoyar a las familias en su economía y mejorar las condiciones de los niños para asistir a la escuela.Elizabeth Castro, secretaria de educación de Malambo, afirmó que la meta es matricular en estos últimos días más de 1.000 estudiantes.“Estamos haciendo una gran campaña de donar un par de zapatos a todos los padres que matriculen a sus hijos en las instituciones educativas oficiales donde aún tenemos cobertura, para que nuestros niños no se queden sin estudiar. Tenemos 900 zapatos para niñas y 100 para niños”, dijo Castro.Según la funcionaria, la mayoría de los niños que hacen falta para matricular corresponden a muchos niños venezolanos que retornaron con su grupo familiar a sus lugares de orígen o migraron a otras ciudades.Le puede interesar este contenido:
Subió una vez más el costo de vida en Colombia, sin encontrar un techo, como sí está ocurriendo en otros países. La inflación anual, en febrero del 2023, fue de 13,28%; su punto más alto desde inicios de 1999. El dato de enero había sido de 13,25%.Los sectores que más ayudaron aumentar el costo de vida fueron los de educación, con 8.50%; artículos para el hogar, con 2.04%; transporte, con 1.99%; mientras que las de menor variación fueron las de información y comunicación, con -0.07.“La adición al gasto que más contribuyó para febrero del 2023 en la variación del IPC fue la de educación, por todo el inicio del calendario escolar; luego le siguen los artículos para el hogar y su conservación, como jabones en barra, de losa y detergentes. Pero, también, el servicio doméstico y esta variación fue del 2.04 por ciento", explicó el subdirector del DANE, Leonardo Trujillo Oyola.De acuerdo con el funcionario, luego le siguen el tema de transporte, por todos los incrementos en los sistemas integrados de transporte en las ciudades que cuentan con este servicio.Por su parte, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de Twitter sobre las nuevas cifras entregadas por el Dane."Se ha llegado al techo de la inflación en Enero y ha comenzado la desaceleración. Es altamente importante que ya no son los alimentos lo que jalona la inflación. Es posible una mayor disminución del incremento de precios para el mes entrante", señaló el mandatario.Las ciudades que más variación fueron Tunja, con 2.12%, y Bogotá, con 1.89%; mientras que las que menos variaron fueron Riohacha, con 1.16%, y Sincelejo, con 1.0%.Le puede interesar:
La Pontificia Universidad Javeriana señaló en un comunicado que, luego de reevaluar las diferentes implicaciones de la coyuntura económica del país y teniendo en cuenta los análisis económicos del Ministerio de Educación Nacional, decidió definir el aumento de las matrículas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, el 12,22 % para el próximo año.Hace unas semanas la institución había comunicado que el aumento para el 2023 sería del 13,9 % en el valor de las matrículas de pregrados y posgrados, por razones como la devaluación del peso colombiano, la inflación de octubre 2021 a 2022 y el aumento del salario mínimo que, agregó la universidad, impacta el sueldo de más de 2.000 empleados. Esta determinación había provocado malestar en la comunidad educativa y los estudiantes participaron en varias manifestaciones.Más temprano, la Universidad de los Andes también había comunicado que teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad estudiantil y reconociendo la situación económica que vive Colombia, la institución también tomó la decisión de limitar el aumento de las matrículas para el próximo año al IPC (12,22 %).El pasado viernes, 18 de noviembre, al menos 120 universidades privadas y algunas públicas adscritas a ASCUN, ya habían llegado a un acuerdo mayoritario para el aumento de matrículas, del que no hicieron parte Los Andes y la Javeriana, pues señalaron que debían consultar la decisión dentro de sus consejos directivos.Escuche el podcast: Historias detrás de la historia
Con la polémica que se ha generado en diferentes instituciones educativas por el aumento de las mátriculas para el 2023, cientos de estudiantes se han pronunciado en contra del Gobierno Nacional y han salido a las calles a protestar.En diálogo con Blu Radio, el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, habló de la reunión que sostuvo con algunos sectores educativos, en especial con los rectores de universidades. El funcionario confirmó que se llegó a un acuerdo previo de que el aumento no será superior al IPC (inflación) del 31 de octubre, según él, tal cual "rige la ley".“Las universidades tienen toda la potestad de subir las matrículas hasta el IPC. En caso de incumplir esto, deben dar razón del porqué ante el Ministerio de Educación (...) Lo que aducen los rectores es que el 70 % de esos costos son mano de obra y los salarios van a subir el próximo año un valor muy similar al IPC”, informóCabe recordar que, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) es de 12,22% a octubre. Gaviria confirmó que algunos universidades se reunirán para dar una respuesta pronta, pero con toda la actitud de llegar a un acuerdo. "Cuando el Dane calcula el IPC hace una especie de divisiones sectoriales y no tanto a los costos de la educación superior, sino a los precios que han vivido los ciudadanos. Nosotros tuvimos esa discusión con los rectores, con razón. (...) Por ley, el artículo 122 de la ley 30 del 1992, asegura que el alza de matrículas no puede ser superior a la inflación, si el aumento supera esto ahí es donde el ministerio tiene que intervenir", informó.Gaviria considera que a finales de diciembre la inflación en Colombia bajará considerablemente y para esa época va a existir una cifra real del aumento con respecto al IPC.
El ministro de Educación, Alejandro Gaviria, intenta mediar para buscar un menor aumentó en las matrículas de las universidades privadas.Previo al encuentro con rectores y comunidad estudiantil, el ministro reveló que las universidades que realicen incrementos por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) deberán presentar un informe detallado de la inversión y gestión de los nuevos recursos, y el Ministerio de Educación tendrá la última palabra frente si autoriza, o no, el aumento.“Cada universidad debe decir, primero, cuántos son los recursos adicionales que se van a conseguir por ese aumento para que eso sea coherente y consistente con los fines del sector. El ministerio recibe el informe justificatorio de las universidades y la Subdirección de Inspección y Vigilancia toma la decisión si aprueba, o no, esos aumentos; hay un plazo hasta el 15 de diciembre, se han anunciado aumentos en las matrículas, pero todavía no hemos recibido ninguno de los informes”, explicó Gaviria.Este viernes, 18 de noviembre, el ministro se reunirá con los rectores de las universidades privadas para hablar del tema, luego que se conociera que las universidades privadas aumentarían entre un 11 y un 13 % el valor de sus matrículas para el próximo año.Las universidades privadas han sostenido que los aumentos en el costo de la matrícula son consecuencia de la situación económica que enfrenta el país, siendo una de las razones la devaluación del peso colombiano, la inflación y las negociaciones del salario mínimo.Escuche el podcast: Corazón Leopardo
El encarecimiento de las matrículas es como una amenaza al asecho de los estudiantes de universidades privadas. La sugerencia del Gobierno Nacional es que la educación privada no aumente más allá del IPC, pero eso, a cierre de octubre, es hasta un 12.2% de más.¿Qué dicen los estudiantes?Para los estudiantes estas alzas se han convertido en una gran preocupación, tal como lo dice Daniel Correa, estudiante de la Universidad Luis Amigó, quien explicó lo siguiente a Blu Radio: "Viendo estos grandes aumentos a veces uno se ve a gatas o amarrado por este gran aumento que se da día a día con la inflación y el dólar cómo aumenta".En el caso de Alejandra Abello, estudiante Universidad EAFIT, dijo que "no todo el mundo ya puede pagar este tipo de incremento y que hay que tomar ciertas medidas". Para el caso de los aprendices de la Pontificia Bolivariana, en Medellín, el aumento ya fue anunciado y será del 13%, lo que ha generado molestias en un grupo grande de estudiantes."El aumento que nos están mostrando la verdad es bastante, a mí se me aumentó casi millón y medio la matrícula", explicó Pablo Loaiza, vocero estudiantil UPB.Estudiantes de este claustro abogan por un ajuste, porque la medida podría dejar sin estudio a más de uno."Tendrían que salir o al menos dar un pare en sus carreras. Tengo un amigo que le tocó hacer un pare y le toca trabajar y estudiar porque económicamente no le da".Para el caso de la UPB, los aumentos aplican para estudiantes de pregrado y postgrados universitarios.Le puede interesar:
El sacerdote Luis Felipe Gómez, rector de la Universidad Javeriana de Cali, dijo en mañanas Blu que la institución entiende la molestia de los estudiantes por el alza de las matrículas, que en ocasiones puede llegar hasta el 14%, pero insistió en que estas obedecen a la inflación.“Comprendemos la protesta. Sabemos que el aumento de la matrícula es alto con relación a cuando la inflación era muy pequeñita. Este año nos jalonó el aumento fuertemente. 12.5% es la inflación y el 1.4% se debe a que tenemos que pagar los salarios a los profesores. Más del 70% de los gastos van destinado a los salarios”, dijo.Gómez manifestó que muchas universidades, como el caso de la Javeriana, han apostado por la calidad y eso significa tener profesores que cumplan con determinados estándares, por lo que agregó: “Eso cuesta plata”.Asimismo, el rector manifestó que el costo de equipos y licencias de software, solo para dar un ejemplo, están atados al precio del dólar, que ha subido considerablemente en los últimos meses.“Si yo no aumentara eso, me parece que sería irresponsable con los mismos muchachos porque, de una manera u otra, iremos reduciendo la calidad de la universidad”, puntualizó.El rector manifestó que la universidad ofrece a los estudiantes la posibilidad de pagar, al inicio del semestre, el 85% de la matrícula y en marzo el restante.De acuerdo a la lista de precios actuales, en la sede de Cali de la Universidad Javeriana, carreras en pregrado de Comunicación pasarán de 8.6 millones de pesos a 9.8 millones; Ingeniería Civil, que para junio de 2022 costaba 9.3 millones, a partir de enero de 2023 costará 10.6 millones y en el caso de Medicina, la carrera más costosa de la universidad, pasará de 17.6 millones a 20.1 millones de pesos el valor del semestre académico.En los últimos días, estudiantes de distintas universidades privadas del país han protestado por la subida que tendrán los costos de los semestres en 2023, que en algunos caso llega hasta 5 millones de pesos.Le puede interesar:
Tras el malestar que ha suscitado el aumento en el valor de las matrículas en las universidades privadas para el 2023 y que en algunos casos es de 13.9 %, sumado las múltiples marchas que se han dado principalmente en Bogotá y en otras ciudades del país, el Ministerio de Educación confirmó que el próximo viernes 19 de noviembre se reunirá con algunos de los rectores de esas instituciones para tratar el tema.Aunque aún no se conocen cuáles serían los rectores que participarían en este encuentro, lo cierto es que es posible que estén los de universidades como la Javeriana, Los Andes, la Libre, porque han sido instituciones en las que sus estudiantes han salido a las calles y este miércoles, 16 de noviembre, protagonizaron marchas en Bogotá.Las universidades han argumentado que el aumento en los precios de las matrículas se da por cuenta de la situación económica que vive el país, entre eso, la devaluación del precio colombiano, la inflación y las negociaciones del salario mínimo. Además, que esas instituciones dieron subsidios y auxilios económicos a sus estudiantes durante y después de la pandemia.Ante toda esta polémica el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, ha reiterado que la resolución que expidió su cartera fue una sugerencia, pero que no es momento de incrementos por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC)."Creo que las universidades deberían entender el momento difícil, coyuntural y económico del país y no deben haber aumento reales en las matrículas universitarias en Colombia. Eso es una recomendación, las universidades podrían en algún caso esgrimir algún tipo de razones, pero considero que ese caso debería ser la excepción, no la regla", dijo Gaviria.
En entrevista con Camila Zuluaga en Mañanas Blu, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), ofreció una visión crítica sobre las perspectivas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en cuanto a las negociaciones de paz con el Gobierno Nacional. Bonilla resaltó varios desafíos clave que enfrenta Colombia para lograr una paz duradera con este grupo armado.Según la experta, "la llave de la paz nunca se debe botar definitivamente", aunque advirtió que esto no implica abrir las puertas a negociaciones sin condiciones. Este tipo de enfoque, como el que se observó al inicio del actual Gobierno, podría ser contraproducente, ya que no garantizaría el control institucional sobre el país. La subdirectora destacó que "este Gobierno el ELN tuvo varios golpes como organización", lo que demuestra que su disposición a negociar está más ligada a cumplir sus demandas que a un verdadero deseo de dejar las armas.Bonilla también señaló que la guerra del ELN ha tenido un costo elevado, con un número significativo de víctimas civiles, ya que la organización busca consolidar su poder sobre los territorios en disputa. Sin embargo, destacó que el proceso de paz no ha sido lo que ha fortalecido al grupo: "Desmovilizamos un grupo, pero no somos capaces de controlar el territorio", señaló, apuntando a las debilidades institucionales en la implementación de los acuerdos.Además, la analista subrayó las fracturas internas dentro del ELN, las cuales se han profundizado por la falta de avances en los diálogos con el Gobierno. "El ELN se fortaleció en paz y en guerra, o estamos haciendo mal la paz o la guerra, o las dos", comentó, sugiriendo que el enfoque actual para tratar con este grupo no está funcionando.Finalmente, Bonilla hizo énfasis en la diferencia entre el ELN y las Farc, destacando que los ciclos de la guerra son distintos y que las herramientas usadas con las Farc no son aplicables para otros grupos armados. "En este momento ningún grupo se parece a las Farc", concluyó, reafirmando la complejidad del conflicto y la necesidad de un enfoque adaptado a cada situación.En relación a la situación política en Venezuela, Bonilla también indicó que "si ahora el Gobierno de Maduro se cae no sería para un problema en Colombia y las negociaciones, sería más un problema para el ELN". Esta declaración subraya cómo el ELN, con su presencia en la frontera colombo-venezolana, podría verse afectado por los cambios en el poder en Venezuela, afectando sus propias dinámicas y estrategias."El próximo Gobierno tiene que tener decisiones inteligentes, es importante considerar las evidencias", terminó sugiriendo Bonilla al Gobierno que sea electo como sucesor del actual, el de Gustavo Petro.
Tal y como lo había denunciado la comunidad, siete personas se encontraban retenidas en una finca de la vereda Los Trozos de Anorí, por parte de integrantes del Clan del Golfo y en las últimas horas tropas de la Brigada 14 del Ejército lograron su liberación.De acuerdo con los testimonios de los liberados, estos habían sido forzados a permanecer en allí, donde eran obligados a realizar labores de cocina para presuntos integrantes de la subestructura Jorge Mario Valle, del Clan del Golfo. A la par, más familias siguen desplazándose por los combates entre este grupo armado, las disidencias de las FARC y el ELN, en los últimos días, cifra que ya llega a las 150 que han llegado al casco urbano, por lo que las fuerzas militares mantienen la ofensiva en la zona. El coronel José Vicente Ávila Ballen, comandante de la Décima Cuarta Brigada del Ejército."Posterior a su liberación, a las personas se les brindó atención médica por parte de las tropas, verificando su estado de salud, así como el acompañamiento necesario para garantizarles la protección de sus derechos fundamentales. El Ejército Nacional continúa adelantando operaciones de esta zona del nordeste antioqueño con el fin de garantizar la protección de la población civil", manifestó.En su huida, los ilegales se llevaron tres equinos de la comunidad, exponiendo a las personas retenidas a graves riesgos, teniendo cuenta que pueden ser estigmatizadas como supuestos colaboradores de organizaciones al margen de la ley.José David Hernández Gandía, representante legal de la Asociación de Campesinos del Norte y Nordeste de Antioquia, había mostrado su preocupación por la familia retenida."Llamaba a los familiares que están acá en el municipio de Anorí y la llamada era de 20 segundos y colgaba y decía que estaba bien. Ellos están de rehenes del grupo paramilitar que se encuentra en la zona. Ya se supo por medio de un trabajador que a ellos los tienen detenidos en una vivienda", dijo en su momento.
A pesar de la presencia de la Fuerza Pública en El Plateado, corregimiento del municipio de Argelia, Cauca ubicado en el corazón del Cañón del Micay, las disidencias de alias “Iván Mordico” sigue atemorizando a la población civil.Esta semana, según lideres de la comunidad, el grupo armado ilegal se llevó 15 menores de edad que estudiaban en la Institución Educativa Técnica Miguel Zapata.Los padres de cinco de estos niños alertaron sobre el reclutamiento, los demás no han interpuesto la denuncia por temor a una represalia.La Defensoría del Pueblo reveló un informe según el cual cerca de 200 niños han sido reclutados en el Cauca este año y el gobernador del departamento, Octavio Guzmán, asegura que podrían ser más de 350 niños reclutados por estos grupos criminales."El reclutamiento en nuestra región hoy nos pone en el primer lugar del mayor numero de casos en el país, según la Defensoría del pueblo van 210 niños reclutados en lo corrido del 2024, pero las organizaciones sociales señalan que son mas de 350 niños reclutados y tenemos que enfrentar eso", dijo el mandatario.No sólo las disidencias de las Farc, también el ELN estaría reclutando niños en el Cauca en medio de la disputa por el control de esa zona del suroccidente colombiano.
El director de Asoportuaria, Lucas Ariza, aseguró que es "bastante delicada" la alerta que lanzó la Contraloría sobre la posibilidad de que haya una terminación anticipada de este contrato de obras en el Canal del Dique.Advierte que esto genera "un problema, primero, para las comunidades, porque este es un proyecto ambiental de mitigación de efectos del cambio climático" y esto sería "quitarle la oportunidad a las personas de tener una solución segura, para que no vuelvan a sufrir una inundación".Agrega que "este es un contrato que se adjudicó y cumplía con todos los requisitos", por lo tanto, "debe respetarse" por el bien del país."Al final termina perdiendo el país, porque si aquí hay un tema de terminación anticipada del contrato, seguramente tendremos que estar expuestos a indemnizaciones y demás. Es una mala noticia", dijo.En este mismo sentido se pronunció el director ejecutivo de la Cámara Colombia de Infraestructura capitulo norte, Héctor Carbonell, quien ha pedido que se facilite el camino para que el megaproyecto se ejecute a favor de todos.
Una fuente reservada respondió a varios interrogantes sobre el papel que jugó el general Jorge Luis Vargas, quien era director de la Policía Nacional en el año 2021 en la llegada de los miembros de NSO Group, desarrolladores de Pegasus en medio de la polémica por la compra del software. Vargas, hace unos días se presentó ante la Fiscalía y, tras una citación, decidió “guardar silencio”.Blu Radio pudo establecer, según informaron fuentes reservadas, que miembros de NSO Group llegaron al aeropuerto de Catam tras una solicitud extendida por la oficina de asuntos multilaterales de la CIA, adscrita a la embajada de Estados Unidos, en el marco de la colaboración existente entre ambos países(Colombia, EE.UU.)El objetivo de esta colaboración era adquirir una herramienta informática para combatir el narcotráfico, mejorar la operatividad y capacitar al personal. Este proceso fue notificado por un oficial de alto rango de Estados Unidos a su homólogo, el general Jorge Luis Vargas, explicando las razones de la visita de la comitiva israelí.Como respuesta, Vargas dio trámite a la solicitud, delegando al entonces general Norberto Mujica, director de la dirección de Inteligencia Policial(Dipon) para que brindara el apoyo necesario. Finalmente, se acordó un acompañamiento como parte de los convenios de policía judicial a nivel internacional, asegurando que el equipo contara con todas las facilidades durante su estadía y los diferentes viajes realizados entre junio y septiembre de 2021 mientras se desarrollaban las capacitaciones sobre el software. Ese acompañamiento estuvo a cargo de un coronel de la institución.El pasado 8 de noviembre, el fiscal sexto delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Hernando Barreto, el general Jorge Luis Vargas, exdirector de la Policía, guardó silencio frente a todo lo relacionado con el programa espía Pegasus, señalando que todo esto forma parte del marco de algunas operaciones reservadas manejadas por la Policía Nacional, razón por la cual decidió no hablar.La investigación en Fiscalía y las ‘chuzadas’ que denunció el magistrado IbáñezEl cese de operaciones de la herramienta Pegasus por parte de los Estados Unidos en el año 2021, cuando establecieron que NSO Group había vendido el software a otro cliente que estaba usándolo en su contra, deja un interrogante frente a la investigación que aperturó la Fiscalía tras la denuncia que presentó el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Toro Ramírez, por interceptaciones ilegales y que alertó a las autoridades.El 5 de septiembre de 2024, la Fiscalía anunció que abría investigación por Pegasus por medio de un acto administrativo que firmó la fiscal Luz Adriana Camargo, designando al fiscal delegado ante la Corte, Hernando Barreto Ardila, para que liderara el caso.“Luego de tomar atenta nota del contenido de la denuncia presentada en la alocución del presidente Gustavo Petro Urrego, la Fiscalía incorporó la información revelada públicamente por el Jefe de Estado a la indagación de los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía por un magistrado de la Corte Constitucional”, informó en un comunicado el ente acusador.Sin embargo, la denuncia del presidente Petro en una alocución con la denuncia del uso indebido de Pegasus y la denuncia del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez, también por ‘chuzadas’, no coincide en los tiempos, pues los hechos que informó el togado corresponden a 2024, mientras que la herramienta Pegasus dejó de utilizarse antes de que Gustavo Petro se instalara en el Palacio de Nariño en 2022 según el Gobierno estadounidense.
