El 2 de noviembre de 2022 La directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las víctimas, emitió una alerta y la Secretaría de Transparencia lideró una exhaustiva auditoría forense en el Fondo para la Reparación a las Víctimas (FRV).Esta auditoría reveló los presuntos malos manejos durante el período 2018-2022 que habrían ocasionado una pérdida estimada de $4.203.798.684,37 en los recursos provenientes del arrendamiento de bienes inmuebles.Además, se pudo identificar una presunta concentración de la contratación en grupos empresariales, totalizando la suma de $84.585.794.564,32, con diversas irregularidades en la ejecución contractual.La Secretaría de Transparencia va a solicitar una revisión minuciosa en cuanto al cumplimiento de los contratos que, según indica, muestran inconsistencias, sin embargo, el señalamiento más destacado es la selección de empresas que comparten representantes legales, direcciones e incluso socios, lo cual cobra una relevancia significativa.Se determinó un detrimento patrimonial a través de esta modalidad por valor de $63.485.289 entre la fecha del contrato de arrendamiento y la fecha del último pago del canon.Uno de los hallazgos da cuenta que los predios que generaban mayores precios cuando eran arrendados de manera englobada. Sin embargo, en algunos casos se individualizaron generando arriendos más bajos para la entidad. Y en otros casos nunca se les aumentó el canon de arrendamiento.HallazgosSe encontraron varias irregularidades en los informes del equipo de gestión predial, incluyendo la omisión del cálculo completo del área de los inmuebles para establecer el canon de arrendamiento. Esta falta ha ocasionado un perjuicio económico estimado en $3.786.954.885,3.De 80 casos que fueron analizados, el experto evaluador de los predios solo fue a tres de estos y en muchos se suscribieron los contratos por valores menores a los que se sugirieron, causando un claro detrimento a la entidad.Algunos casos se individualizaron generando arriendos mucho más bajos para esta entidad, mientras que en otros nunca se les aumentó el precio del arrendamiento.Ya se está adelantando la recuperación de estos bienes a cargo de la entidad y hasta el momento se han recuperado 425 predios, lo cual significa la recuperación de al menos 1.970 millones en recursos.
Una auditoría encargada por Volkswagen no encontró ninguna prueba de que el grupo alemán recurriera a trabajos forzados en su fábrica de la provincia china de Xinjiang, anunció el fabricante de automóviles este miércoles."No hallamos ningún indicio o prueba de trabajos forzados entre los empleados", afirmó Markus Löning, que dirige la empresa de auditoría Löning, en los resultados del examen pericial, publicados en línea en la página web del grupo.El segundo fabricante de automóviles mundial anunció en junio que estaba llevando a cabo una "auditoría independiente y transparente" en su planta situada en Urumqi, en la provincia de Xinjiang, en China, en la que organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron sospechas de trabajos forzados y maltratos a la minoría uigur.La empresa de auditoría afirmó que revisó los contratos y los sueldos de los 197 empleados de la empresa que Volkswagen fundó con el fabricante chino SAIC y que inspeccionó "libremente" la fábrica, donde realizó 40 entrevistas.Según Löning, los sueldos están "por encima de la media".Las autoridades chinas imponen desde hace más de una década en Xinjiang, en el noroeste del país, fuertes medidas de seguridad, alegando querer prevenir actos terroristas tras una serie de atentados que el gobierno achaca a algunos uigures.China es sospechosa de haber internado en "campos de reeducación" a al menos un millón de personas, sobre todo musulmanas, según varias organizaciones. Pekín lo niega.Muchas de las fábricas situadas en esta región suministran bienes a empresas multinacionales, señalan desde hace tiempo activistas por los derechos humanos."No pudimos identificar medidas de seguridad particulares", señaló Löning, aunque matizó que "la situación en China y en Xinjiang, y las dificultades relacionadas con la recogida de datos durante las auditorías son de sobra conocidas".Según un informe encargado por el grupo socialista en el parlamento Europeo y publicado este miércoles, el trabajo forzado de los uigures continúa, también en empresas chinas proveedoras de compañías europeas.Alrededor de 39 marcas de ropa presentan un "riesgo alto" de abastecerse a través de fábricas donde se somete a los uigures a trabajos forzados, según el estudio.Le puede interesar:
La Sala Plena del Consejo de Estado eligió a María Anayme Barón Durán como la nueva auditora general de la República, el órgano encargado de vigilar la gestión fiscal de los organismos de control y fijar las políticas, métodos y la forma de rendir cuentas; además, determina los criterios para la evaluación financiera.En noviembre de 2017, el entonces senador Petro a través de su Twitter aseguró que "María Anayme Barón, es asesora grado 1 de Juan Carlos Granados Granados en la Contraloría de Bogotá, fue su secretaria de Hacienda en Boyacá. Oriunda de Nobsa como Umbarila, investigada por detrimento patrimonial, cuyo esposo es contratista de los gobiernos de Juan C Granados".La nueva auditora general es contadora pública de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de Sogamoso (Boyacá). Tiene especialización en finanzas públicas de la Escuela Superior de Administración Pública de Boyacá y cursó una maestría en la Universidad Libre de Bogotá. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector público, en donde ha estado vinculada a las alcaldías de Nobsa, Firavitoba y Puerto Boyacá, la Empresa Territorial para la Salud (Etesa) y la Contraloría General de Boyacá.También fue gobernadora encargada de Boyacá en distintos momentos del 2015. Además, trabajó en la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Boyacá y como subdirectora administrativa y financiera en la Federación Nacional de Departamentos.En la Contraloría de Bogotá ejerció distintos cargos desde el 2016 como asesora de despacho, directora técnica de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, directora técnica de Reacción Inmediata, contralora auxiliar y contralora encargada. De igual forma, ha sido contratista de la Contraloría General de la República, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el Ministerio de Justicia.Le puede interesar
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado estudia una nueva petición de pérdida de investidura contra el senador Mario Castaño, condenado por escándalo de corrupción conocido como 'Las Marionetas'.En el documento, fechado el 31 de julio, el alto tribunal expidió un auto en el que acepta dicha solicitud para se anule la curul del congresista señalado por la justicia de, supuestamente, haber inducido a varios alcaldes para lograr direccional contratos a su favor.El comunicado del Consejo de Estado dice que: “Se admite la solicitud de pérdida de investidura presentada por Felipe Cardona Mayo contra el congresista Mario Castaño. Debido a que el congresista está actualmente detenido en el Complejo Carcelario de Bogotá, La Picota”.Hay que recordar que Castaño no se posesionó en su cargo en el Congreso en el término que establece la ley al estar privado de la libertad, ese es uno de los argumentos en los que se basa esta nueva solicitud del alto tribunal.En la última decisión frente a esta petición, el Consejo rechazó la nulidad debido a que la privación de libertad se dio en condición de señalado, lo que se convertiría en una razón de fuerza mayor para cumplir con su deber.Le puede interesar:
Como lo advirtió Mañanas Blu 10 AM del sonajero revelado el pasado 2 de agosto salió la terna para el cargo de auditor General de la República en reemplazo de Alma Carmenza Erazo Montenegro.La Corte suprema de Justicia se decidió por Carlos Silgado Betancourt, conocido por ser la mano derecha del condenado excontralor de Bogotá Miguel Ángel Morales Russsi. Salgado era el propietario del hotel (L’ETOILE) donde se realizaron las reuniones de Morales Russi con los contratistas del carrusel de la contratación para acordar comisiones. Más recientemente el sindicato de la Personería de Bogotá denunció irregularidades en la contratación y aseguraron que el poder en la entidad lo tiene Silgado como secretario General.María Anayme Barón Duran, fue la Secretaria de Hacienda de Boyacá durante la Gobernación de Juan Carlos Granados Becerra, magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial, a quien se le adelanta un juicio por corrupción en la Comisión de Acusaciones dentro del entramado de Odebrecht. Pero a quien además, la Procuraduría formuló pliego de cargos en enero de 2023 en su contra, luego de una investigación donde se pudo determinar un sobrecosto del 400% en la adquisición de un predio, investigación que avanza también en Fiscalía. Barón también es apoyada por el excontralor Felipe Córdoba. Muchos han visto a su hombre de confianza, Juan Fernando Castro, haciendo lobby a favor de la doctora Barón.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFLa tercera opción es Patricia Duque Cruz, exdirectora administrativa del Concejo de Bogotá en épocas de Hipólito Moreno, el exconcejal condenado por el Carrusel de la Contratación de Bogotá. Luego fue superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, con el apoyo del entonces ministro Juan Fernando Cristo, en el gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo, fue retirada del cargo por los cuestionamientos frente a la intervención de Termo Candelaria y al cuestionado contrato reforzamiento del edificio de la Superintendencia. La mayor ventaja que presenta la señora Duque es ser la mejor amiga de la actual auditora general.Ahora le corresponde al Consejo de Estado estudiar la terna y elegir o devolverla.Recordemos que este proceso comenzó en la Corte Suprema de Justicia el pasado 30 de abril con la convocatoria pública 01 que le será entregada al Consejo de Estado para que este elija al encargado de vigilar la Contraloría General, Distritales, Departamentales y Municipales del país o por el contrario devuelva la terna después de su revisión.Aunque para algunos, esta entidad ha pasado desapercibida porque nunca ha mostrado ningún resultado relevante, es de vital importancia para el correcto manejo de todos los organismos de control fiscal, que supone un proceso riguroso, pero todo indicaría que las Cortes podría terminar eligiendo a un candidato que le sirva al Contralor General y le dé con esto tranquilidad a todos los políticos que lo eligen, recordando que al Contralor lo elige el Congreso, al Departamental lo eligen las asambleas y los Concejos Distritales o Municipales a los Contralores Distritales o Municipales.En esta Convocatoria participaron cerca de 80 aspirantes, de ellos se seleccionaron inicialmente 21, pero algunos apelaron la decisión y ganaron, por lo que el listado de habilitados se amplió a 33.Vea también
El pasado 30 de abril, la Corte Suprema de Justicia presentó la convocatoria pública 01 para elegir la terna que será enviada al Consejo de Estado para que éste elija al auditor general de la República, que es el encargado de vigilar las contralorías general, distritales, departamentales y municipales del país, en reemplazo de Alma Carmenza Erazo Montenegro.Aunque para algunos esta entidad ha pasado desapercibida porque no ha mostrado resultados relevantes, esta es de vital importancia para el correcto manejo de todos los organismos de control fiscal, que suponen procesos de investigación rigurosa. Sin embargo, el ruido es porque la elección se dirija a un candidato cercano a políticos y exfuncionarios nacionales y regionales, ya es muy fuerte.En esta convocatoria participaron cerca de 80 aspirantes, de ellos se seleccionaron inicialmente 21, pero algunos apelaron la decisión y ganaron, por lo que el listado de habilitados se amplió a 33. Sin embargo, desde el comienzo del proceso ya se mencionan algunos ganadores.Estos son los cinco más sonados a conformar la terna de la AuditoríaEn los pasillos de la Corte Suprema de Justicia se da por descontado que el actual secretario general de la Personería de Bogotá, Carlos Silgado Betancourt, hará parte de la terna. Silgado fue tristemente célebre por ser la mano derecha del corrupto condenado contralor de Bogotá, Miguel Ángel Morales Russsi, durante el 'Carrusel de la Contratación' . Él era el propietario del hotel L’ETOILE donde se realizaron las reuniones con los contratistas del carrusel para acordar comisiones. Silgado fue mencionado más recientemente por el sindicato de la Personería de Bogotá que denunció irregularidades en la contratación de la entidad y aseguró que palabras más palabras menos, el dueño del bolígrafo para nombrar y sacar gente era Silgado desde su cargo como Secretario General.Asimismo, se una a la terna María Anayme Barón Durán, quien fue la secretaria de Hacienda de Boyacá durante la gobernación de Juan Carlos Granados Becerra, magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial a quien se le adelanta un juicio por corrupción en la comisión de acusaciones dentro del entramado de Odebrecht. Además, la Procuraduría formuló pliego de cargos en enero de 2023 en su contra, luego de una investigación donde se pudo determinar un sobrecosto del 400 % en la adquisición de un predio, investigación que avanza también en Fiscalía. Barón también es apoyada por el excontralor Felipe Córdoba, que andaría muy activo en la campaña de elección de Auditor. Muchos han visto a su hombre de confianza, Juan Alberto Castro, haciendo lobby a favor de la doctora Barón.En esta elección también hace sentir su poder el registrador Alexander Vega, quien tendría como candidato a Jairo Alonso Mesa Guerra, su registrador delegado para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras, que además fue superintendente de Notariado y Registro encargado. En su momento, Guerra fue cuestionado por darle millonarios contratos a la empresa Furel S.A, empresa manejada por Hernán Moreno Pérez, quien se encuentra detenido por corrupción.También intentó, sin suerte, ser contralor de la capital de Antioquia porque su papel en el tema de la revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, le cobró factura, ya que desde la delegada de la Registraduría Nacional se dice, favoreció a Quintero.Otro nombre fuerte es el de Patricia Duque Cruz, exdirectora administrativa del Concejo de Bogotá en épocas de Hipólito Moreno, el exconcejal condenado por el 'Carrusel de la Contratación' . Luego fue superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios con el apoyo del entonces ministro Juan Fernando Cristo, en el gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo, fue retirada del cargo por los cuestionamientos frente a la intervención de Termocandelaria y al cuestionado contrato reforzamiento del edificio de la Superintendencia. La mayor ventaja que presenta Duque es ser amiga de la actual auditora general.Por último, el nombre de Germán Calderón también aparece, cercano al excontralor, fue juzgado por el delito de contrato sin requisitos legales, hallado culpable en primera y segunda instancia pero dejado en libertad por la Corte Suprema de Justicia por vencimiento de términos. Fue contratado por Felipe Córdoba durante su paso por la Contraloría. También pasó por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial, donde estuvo inmerso en cuestionamientos que relacionaban sus fallos con favorecimientos a políticos amigos suyos y de sus hermanos. Cabe recordar que es hermano del cuestionado veedor de Cundinamarca, Juan Carlos Calderón España, máximo defensor de Felipe Córdoba en la demanda de nulidad de su elección y con múltiples cuestionamientos por demandas colectivas contra unos políticos para favorecer a otros en el departamento de Cundinamarca.Al igual que este martes, 1 de agosto, se hizo público un contrato de Germán Calderón España en la UTL de Susana Boreal, contrato que iría desde el 18 de julio hasta el 30 de diciembre por 95 millones.Le puede interesar
En la mira de los entes de control de Bucaramanga y Colombia se encuentra el transporte masivo Metrolínea por los $38.000 millones que le giró la alcaldía como una “salvavidas” económico tras la crisis financiera que presenta la entidad.Una denuncia del veedor ciudadano Ramiro Vásquez puso nuevamente la lupa de los entes de control sobre Metrolínea.“Hasta el momento se desconoce en que invirtió Metrolínea los $38.000 millones que le envió el alcalde Juan Carlos Cárdenas hace algunos meses para apalancar la crisis económica y administrativa que tiene el ente gestor. Metrolínea sigue en su profunda crisis, no tiene aseadores y es evidente los daños que se mantienen en la mayoría de las estaciones. Advertimos que la alcaldía no pude seguir transfiriendo recursos a una entidad que esta quebrada”, afirmó a Blu Radio el veedor Ramiro Vásquez.“El contralor delegado para la responsabilidad fiscal informó que se están tramitando dos procesos relacionados con el Sistema Integrado de Transporte Masivo Metrolínea de la ciudad de Bucaramanga, a saber: 1- PRF-2020-00146, adelantado en la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción y 2- PRF-2020- 00130, adelantado en la Gerencia Departamental Colegiada de Santander”, dice un documento sobre las investigaciones fiscales que se adelantan en Metrolínea.Estos son los documentos de la Contraloría General de la Nación, Auditoría General y Contraloría de Bucaramanga sobre las investigaciones fiscal en MetrolíneaIncluso un precandidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Manuel Parada, a través de sus redes sociales también le preguntó a Metrolínea y a la alcaldía sobre los $38.000 millones.Actualmente las estaciones de Metrolínea que fueron vandalizadas durante el estallido social de 2021 no han podido ser reparadas por falta de recursos“Hoy Metrolínea tiene una debilidad financiera que no le permite hacer las inversiones que requiere. En el último mes no hemos tenido los recursos para estos dos ítems, los funcionarios nos pusimos de acuerdo para voluntariamente hacer una jornada de aseo. Pedimos el apoyo de los alcaldes también de Piedecuesta, Girón y Floridablanca para que nos apoyen con las empresas de aseo de cada uno de los municipios, ya Bucaramanga lo ha hecho con la empresa Emab”, aseguró la gerente Yolima Espinel.Sobre los $38.000 millones girados por la Alcaldía de Bucaramanga a Metrolínea aún no hya respuesta del ente gestor.
Un nuevo escándalo rodea al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, por nombrar a Gustavo Villamizar Esteban como alcalde encargado de Suratá hasta el 31 de diciembre cuando la alcaldesa Ana Francisca Coronado está suspendida temporalmente del cargo más no destituida.Mediante la resolución 05985 del 28 marzo de 2023 es designado por Aguilar el representante del partido Cambio Radical, Gustavo Villamizar, para terminar el período constitucional como alcalde de Suratá para que el municipio no quede sin nadie que responda administrativamente.“Que mientras se surtía el procedimiento anterior y, a fin de que el despacho de la Alcaldía de Suratá no quedara acéfalo, se designó provisionalmente un alcalde en ese municipio, aclarando que, una vez se presentara la respectiva terna y como consecuencia se realizara la designación de uno de los ternados, inmediatamente concluiría el encargo”, dice el punto 10 de la resolución de la Gobernación de Santander.El abogado Daniel Caicedo, quien defiende a la alcaldesa de Suratá, aseguró que la decisión del gobernador Mauricio Aguilar de designar a una persona encargada de la alcaldía de ese municipio hasta el 31 de diciembre es irregular, “porque el encargo no es definitivo sino temporal”, mientras se define en próximos días la situación de Ana Francisca Coronado en la Contraloría Departamental que decidió suspenderla del cargo con una denuncia falsa.“Se le olvidó al gobernador o a sus asesores jurídicos que la designación del alcalde encargado de Suratá no debe ser para el resto del periodo constitucional, como si fuera una vacancia absoluta. Se les olvidó que la suspensión es una vacancia temporal y, por lo tanto, el encargado también es temporal o sea hasta que se reintegre al cargo, por eso vamos a demandar esa resolución firmada por Aguilar”, señaló el abogado Caicedo.Cabe recordar que la alcaldesa de Suratá, Ana Francisca Coronado, demandó ante la Fiscalía a funcionarios de la Contraloría Departamental de Santander, porque el proceso fiscal en su contra está basado en una falsa denuncia, por la cual la investigaron y suspendieron.“A mí me contacta un abogado y me pregunta por esa denuncia y yo no sabía de qué me estaba hablando, me envían los documentos y mi hija se da cuenta que la firma de la denuncia no es la mía, tampoco conozco a esa señora (la alcaldesa) ni tengo por qué ir a inventar cosas que ni conozco ni sé”, aseguró Alix María Quintero la supuesta denunciante.La mujer, quien trabaja como empleada doméstica para una familia en Santa Marta, dijo que nunca ha viajado a Santander, que no conoce el municipio de Suratá, y que su único trayecto fuera de la ciudad es Maicao, la Guajira.Cabe recordar que la alcaldesa de Suratá fue suspendida el pasado 23 de febrero por el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, por orden de la Contraloría de Santander a pocas horas de la elección de la nueva junta directiva de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).El motivo de la suspensión fue por posibles irregularidades en un contrato de maquinaria amarilla en el que se habría presentado un daño fiscal.Le puede interesar este contenido:
El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, criticó fuertemente la forma en que la Contraloría Departamental de Santander se está extralimitado en sus funciones, especialmente en el caso de la alcaldesa de Suratá.“Es muy preocupante lo que está sucediendo en Santander donde la Contraloría Departamental se estaría extralimitando en sus funciones, aplicando de manera incorrecta el principio de verdad y buena fe sabida para suspender a los funcionarios ya gentes fiscalizados, que se prestan para que estas situaciones comiencen a aumentar por todos los factores políticos que se manejan en los territorios. Con mayor autoridad, mayor responsabilidad”, explicó el contralor Carlos Hernán Rodríguez.La Auditoria General de la República le había solicitado a la Contraloría General asumir las funciones en la Contraloría de Santander por presuntas irregularidades en varios procesos fiscales.“En el proceso de responsabilidad fiscal iniciado en contra de la alcaldesa de Suratá, Ana Francisca Coronado, existió una presunta vulneración de los principios de imparcialidad y objetividad, al aplicar de forma inadecuada e indebida las normas establecidas para los ejercicios de vigilancia y control fiscal. La entidad de control territorial presuntamente omitió la aplicación de los artículos 39, 40 y 41 de la Ley 610 de 2000, toda vez que no se encuentran reunidos los supuestos de hecho y de derecho para proferir un auto de apertura, ya que no poseen todos los elementos probatorios que soportan el presunto daño patrimonial”, señaló la auditora nacional Alma Erazo.La Auditoría General señaló que existen inconsistencias en las investigaciones fiscales contra el alcalde de Vetas, Hernán Bautista, hechos que adelanta la cuestionada Contraloría de Santander.“Estamos evidenciando situaciones repetitivas de abuso de la figura de suspensión provisional de alcaldes y secretarios por las contralorías territoriales. La Contraloría General de la República está dispuesta a intervenir cuando sea necesario”, anunció el contralor Carlos Hernán Rodríguez.Le puede interesar:
El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, le salió al paso a las graves denuncias realizadas por la Contraloría General sobre las 125 obras en el departamento que se convirtieron en ‘elefantes blancos’.El contralor Carlos Hernán Rodríguez, afirmó en Bucaramanga que hay un preocupante panorama de proyectos de infraestructura que se han convertido en elefantes blancos y otros críticos en riesgo de convertirse en Santander.Según el contralor Rodríguez, hay 125 proyectos por cerca de $840.000 millones, “de estos, 78 proyectos se encuentran categorizados como elefantes blancos u obras inconclusas, por $369.896 millones y se tienen 47 catalogados como proyectos críticos, por $468.803 millones”.Frente a estas graves denuncias el gobernador Mauricio Aguilar afirmó que está trabajando para culminar la mayoría de esas obras inconclusas que recibió en el 2020.“Desde el inicio de nuestro gobierno comenzamos a trabajar para la reformulación de los proyectos que recibimos atrasados como los hospitales de Barichara, San Gil y Mogotes, donde encontramos obras suspendidas en el 2020 y por la pandemia se pararon los proyectos, pero ya se reiniciaron. El Hospital de San Gil esta en un 90% de construcción en la primera fase y con el Pacto Funcional se logró su financiación total con $30.000 millones”, aseveró el gobernador Aguilar.Mauricio Aguilar manifestó que tal vez era más fácil liquidar las obras atrasadas, pero se decidió “construir sobre lo construido”.“Hemos tenido contratiempos, pero les estamos haciendo seguimiento con mesas de trabajo con los contratistas para salvar las obras que hoy son catalogadas como elefantes blancos. Se ha avanzado y esperamos que las entidades de control nos acompañen. En el Hospital Universitario de Santander había tres obras que salvamos con el apoyo de sus directivas”, señaló el mandatario.El contralor Carlos Hernán Rodríguez, realizó una visita al Hospital Universitario de Santander, donde pudo evidenciar el avance de las obras en el centro asistencial.Le puede interesar:
