Por el crimen del líder sindical y exconcejal Luis Carlos Olarte Gaviria, ocurrido el 3 de octubre de 2003, fue capturado el exalcalde de Segovia, Antioquia, Albert José Rodríguez Luján, por su presunta participación en este crimen. El arresto se produjo en el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla, donde fue detenido por funcionarios del CTI de la Fiscalía para que atendiera una medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario impuesta en su contra por su presunta participación intelectual en dicho crimen. Es de recordar que este crimen fue perpetrado por el Bloque Central Bolívar de las extintas AUC, quienes tomaron por sorpresa al líder sindical, al interceptarlo cuando se movilizaba en una motocicleta para dispararle hasta causarle la muerte. Al parecer, el ataque sicarial fue en retaliación por las denuncias que Olarte Gaviria estaba realizando sobre la presunta práctica de minería ilegal en el nordeste antioqueño. "Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos vinculó formalmente al exmandatario municipal a una investigación por el delito de homicidio agravado y le resolvió la situación jurídica de acuerdo con los parámetros de la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal)", indicó la Fiscalía a través de un comunicado de prensa. "Por estos hechos, recientemente fue condenado el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, a 23 años, un mes y seis días de prisión por los delitos de homicidio en persona protegida, actos de terrorismo y concierto para delinquir agravado", agregó el ente investigador.
La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de Rubén Giraldo Giraldo, conocido como alias Raúl o Germán, exjefe del Frente Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La detención se llevó a cabo en una zona rural de Palomino, La Guajira, con el propósito de hacer efectiva la condena de 25 años de prisión en su contra por los delitos de homicidio y desplazamiento forzado.Un juez penal especializado de Santa Marta emitió la sentencia que también impone una multa de 1.100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por 10 años. Según el fallo, Giraldo Giraldo ordenó el asesinato del edil y presidente de la Junta Administradora Local (JAL) del corregimiento Taganga, Rafael Pinto Navarro, ocurrido el 27 de febrero de 2003.La Fiscalía, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, presentó pruebas que demostraron que alias Raúl, en su rol como cabecilla paramilitar, dirigió estructuras armadas responsables del homicidio de Pinto Navarro y promovió amenazas que forzaron a varios líderes sociales y representantes comunitarios a abandonar sus tierras.Rubén Giraldo Giraldo es sobrino de Hernán Giraldo Serna, alias 'El Patrón' o alias 'Taladro', máximo líder del Frente Resistencia Tayrona. Además, está vinculado a múltiples procesos judiciales por homicidios y otras actividades criminales. Aunque se desmovilizó en 2006 y fue postulado a la Ley de Justicia y Paz, fue expulsado del proceso al incumplir compromisos de confesión, reparación y colaboración con la justicia.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz, condenó al entonces máximo cabecilla del extinto Bloque Catatumbo de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso y a 45 exintegrantes de esa organización ilegal por 1.323 hechos criminales ocurridos entre mayo de 1999 y diciembre de 2004, en Norte de Santander.La decisión da cuenta 568 hechos de homicidios, entre ellos los perpetrados durante las masacres de Villa del Rosario, Arboledas, Los Patios, El Tarra y Tibú; 55 casos de desaparición forzada, la mayoría relacionados con población civil y representantes de las comunidades que fueron retenidos en zona rural y sobre los cuales se desconoce su paradero; y 700 eventos asociados con desplazamientos forzados.Para la Fiscalía, las diferentes estructuras armadas del Bloque Catatumbo, por directriz de los máximos cabecillas, adoptaron patrones de macrocriminalidad constitutivos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como masacres, homicidios selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, secuestros, amenazas y accesos carnales violentos. Las víctimas de estas conductas fueron personas protegidas, entre población civil y representantes de las comunidades, quienes fueron instrumentalizados para ejecutar actos delictivos en la región o señalados equivocadamente de colaborar con otros grupos armados al margen de la ley.Los condenados deberán pagar multas de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Sobre todos aplica la pena alternativa de 8 años de prisión, de acuerdo con los parámetros definidos en la Ley de Justicia y Paz. El fallo conocido ordena a los exintegrantes de las AUC reparar patrimonialmente los daños morales y materiales causados a las víctimas acreditadas en el proceso.
El presidente Gustavo Petro designó a 18 excomandantes de las Autodefensas como gestores de paz. El Gobierno va a revisar el proceso de paz que se hizo durante el Gobierno Uribe con los paramilitares, con el objetivo de determinar cuáles son los puntos que están rezagados. Por su parte, los exjefes de las Autodefensas han dicho que la situación jurídica de algunos de ellos no se ha definido tras 20 años de la desmovilización.Al respecto, Blu Radio habló con Edward Cobos, conocido como ‘Diego Vecino’ y quien comandó el bloque Héroes de Montes de María de las Autodefensas, quien aseguró que el proceso con las AUC aún no se ha cerrado.“El país no puede olvidar que el proceso de paz con las extintas Autodefensas Campesinas de Colombia inició desde diciembre del 2002 y hoy, 22 años después, el proceso no ha concluido, el proceso sigue inconcluso y eso no le hace bien al país, a las víctimas y no es sano para la sociedad. Pero también, y especialmente, no genera confianza en los procesos de paz que están en curso. Lo segundo es que el señor presidente hizo un anuncio desde el año 2023, desde Barrancabermeja, en el que expresó que estaba dispuesto a reunirse con la excomandancia de las extintas Autodefensas Campesinas para que, a través de un balance sobre el proceso de paz y sobre Justicia y Paz, se le pudiera presentar al país cuáles han sido los verdaderos resultados del proceso de paz hasta ahora y cuál ha sido el resultado de Justicia y Paz. El presidente ha reconocido que el proceso hay que terminarlo, el Estado debe honrar su palabra; es la única manera que envía mensajes de confianza a quienes persisten en la violencia para esos procesos de paz que están en curso”, aseguró Cobos.El presidente Petro ha dicho que el proceso de paz con las AUC no terminó porque la reparación a las víctimas y la entrega de bienes no ha concluido. Sobre este punto también se pronunció Cobos.“El éxito de un proceso de paz depende de dos objetivos principales: la satisfacción de las víctimas, que si bien es cierto en ningún proceso es 100 % cumplible, creemos que en Justicia y Paz se ha avanzado mucho en cuanto a verdad, justicia, reparación y no repetición. Dos, el éxito de un proceso de paz es la reintegración plena del combatiente que deja las armas y se reintegra a la sociedad civil; esos combatientes, después de tomar esa equivocada decisión de levantarnos en armas, ahora regresamos al seno de la sociedad, pero ¿cómo hablar de un proceso concluido cuando hoy seguimos siendo sub judice, todavía estamos clamando por proyectos productivos que permitan la reintegración plena de los combatientes? ¿Cómo hablar de un proceso concluido cuando hoy no solamente seguimos sub judice, sino que un buen número de excombatientes están privados de la libertad? Los procesos se miden por su reintegración y satisfacción de las víctimas y aquí, en materia de satisfacción de víctimas, hemos avanzado, falta camino; en reintegración plena ha sido un fracaso total el proceso de paz con las extintas Autodefensas”, agregó ‘Diego Vecino’.Una de las polémicas que se ha generado con la designación de estos 18 exjefes paramilitares como gestores de paz tiene que ver con Hernán Giraldo, este exjefe paramilitar fue expulsado de Justicia y Paz por abuso sexual contra menores. Es por eso que desde diferentes sectores y organizaciones se oponen a la designación de Giraldo como gestor de paz.“Entiendo esa preocupación y le puedo decir al país que el señor Hernán Giraldo lleva más de 18 años privado de la libertad en cárceles de máxima seguridad respondiendo por unos hechos que la justicia le ha imputado. Al señor Hernán Giraldo no se le va a modificar su situación jurídica, pero aquí también hay que decir algo: el Gobierno ha ido más allá; es muy lamentable los episodios de violencia basada en género que han sido materia de imputación a Hernán Giraldo. Él está respondiendo por esos hechos, pero aquí hay que mirar también su importancia en el contexto de la paz en la región del Magdalena, de la Guajira, de la Sierra Nevada, donde operó el bloque bajo su mando, siendo el uno de los comandantes más antiguos. ¿Qué pasa con las víctimas que hoy quieren que Hernán Giraldo les dé la cara y les explique qué pasó con sus seres queridos, por qué los hechos? ¿Dónde puede haber fosas para encontrar a personas que fueron desaparecidas? ¿Qué pasó con los bienes que Hernán Giraldo y su Bloque entregaron? ¿Cuánta necesidad tienen las víctimas de estar frente a quien fue el comandante del bloque que los victimizó para que él dé las explicaciones del caso? Respetando el profundo dolor de las víctimas, también debemos entender el dolor de las víctimas, porque quien fue el comandante de la estructura que los victimizó les dé una explicación. También su experiencia y recorrido en la guerra seguramente es importante para que pueda él ser un facilitador de paz de las nuevas estructuras que hoy persisten con el alzamiento de armas en esa región. Todos esos ítems seguramente los habrá tenido en cuenta el presidente para la designación, no solo a Hernán, sino a otros excomandantes”, señaló Cobos.Por último, el exjefe del bloque Héroes de Montes de María respondió a quienes consideran que esta designación es una estrategia política contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.“La información que tenemos está consignada en los anaqueles de la justicia, principalmente de Justicia y Paz, más de 18 años de estar acudiendo a miles de horas de versiones libres, a cientos de horas de audiencia de imputación y de legalización de cargos, cientos de sentencias, cientos de miles de víctimas reconocidas en esas sentencias y más de 4,500 bienes entregados en reparación”, dijo Cobos.Y agregó que la verdad no solo debe ser de conocimiento de la justicia, también de todo el país para que se conozca lo sucedido durante el conflicto armado.“Ahí hay un cúmulo importante en Justicia y Paz, lo que está diciendo el presidente es que hagamos un balance sobre todo eso, la parapolítica nació de las versiones de los postulados, la judicialización de terceros civiles, de militares y policías inició de las versiones de Justicia y Paz, procesos que no tenía la Fiscalía. Paralelamente, hemos sido llamados por la justicia, testigos principales en los procesos de los aforados de la parapolítica, es decir, la verdad está ahí; lo que el presidente plantea es mostrémosle al país. Celebramos esa decisión porque hoy se nos sigue llevando a cuestas la cruz de la verdad y la verdad está en los anaqueles de la justicia. El informe de la Comisión de la Verdad tuvo participación importante de desmovilizados de las extintas Autodefensas; en todos los sistemas de justicia hemos estado con el compromiso de verdad. ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Yo creo que beneficia al país, no puede perjudicar a nadie, beneficia a las víctimas que conozcan qué ha pasado con los bienes entregados; si esa verdad perjudica a alguien quiere decir que entonces ese alguien no quería que el país supiera la verdad”, finalizó ‘Diego Vecino’.
El juez primero especializado de Antioquia absolvió a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, de los delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado. Esta decisión llega tras un extenso proceso judicial relacionado con la supuesta conformación del grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles, que operó en el municipio de Yarumal, Antioquia, en la década de 1990.El veredicto se emitió después de tres años de espera desde la finalización de las audiencias del juicio, el 9 de febrero de 2021. Durante este tiempo, el caso estuvo bajo el escrutinio público y fue objeto de diversas manifestaciones políticas y sociales.El proceso judicial contra Santiago Uribe comenzó en febrero de 2016, cuando fue detenido en el barrio El Poblado, en Medellín. La Fiscalía lo investigaba por presuntamente haber participado en la creación y financiación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, vinculado con el asesinato de varias personas acusadas de colaborar con grupos guerrilleros. A lo largo del juicio, Uribe negó las acusaciones, asegurando que no tuvo ninguna relación con la organización.>>> Lea también: Así reaccionó el expresidente Álvaro Uribe a la absolución de su hermano Santiago UribeEste caso ha estado rodeado de testimonios controvertidos. Uno de los más relevantes fue el del mayor retirado de la Policía Nacional, Juan Carlos Meneses Quintero, quien en 2010 declaró ante la Fiscalía que Santiago Uribe había fundado y financiado Los 12 Apóstoles y que incluso le ordenó asesinatos específicos, incluidos líderes sociales.El expresidente Álvaro Uribe Vélez, en defensa de su hermano, aseguró que el proceso estuvo influenciado por motivaciones políticas. En un video publicado el 18 de enero, afirmó que incluso el presidente Gustavo Petro había contribuido a crear una imagen negativa de Santiago Uribe. “Santiago ha sido perfilado de manera contraria a lo que es, como en su momento lo hizo el presidente Petro. Esto ocurre cuando la información de la justicia se obtiene por enemigos políticos distantes del acontecer y del medio del acusado”, expresó el exmandatario.Álvaro Uribe también argumentó que estas presiones han sido evidentes en diferentes momentos del proceso judicial, lo que ha generado un clima de polarización política en torno al caso.¿Qué es el caso de los 12 apóstoles?El caso de los 12 apóstoles es un caso judicial que investiga la presunta creación y financiación de un grupo paramilitar por parte de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez.Los 12 Apóstoles fue un grupo paramilitar que operó en el norte del departamento de Antioquia, Colombia, durante la década de 1990. El grupo estaba acusado de asesinar a decenas de personas, incluidos civiles, líderes sociales y sindicalistas.En 2010, el mayor retirado Juan Carlos Meneses Quintero, un exagente de la Policía Nacional, testificó ante la Fiscalía General de la Nación que Santiago Uribe Vélez había creado y financiado Los 12 Apóstoles. Meneses afirmó que Uribe Vélez le había ordenado asesinar a varias personas, incluidas dos líderes sociales.La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra Santiago Uribe Vélez por los cargos de concierto para delinquir, homicidio agravado y desaparición forzada. El juicio contra Uribe Vélez comenzó en 2017 y aún está pendiente de resolución.
Por no aportar suficiente información que superara lo conocido ya por la justicia ordinaria, la JEP decidió rechazar la solicitud de sometimiento a ese tribunal del exalcalde de San Pedro de Urabá entre 2001 y 2003, Eugenio Hoyos De La Ossa, así como del exconcejal en 2001, Jorge William Pérez Alvis, y del exsecretario de Educación y técnico de Educación y Cultura, de 2001 a 2006, de ese mismo municipio antioqueño.Los tres exservidores públicos ya habían sido condenados por la justicia ordinaria, luego de que se les comprobara que, durante sus campañas electorales, contribuyeron a la estrategia de apoyo político que pretendió implementar el Bloque Elmer Cárdenas de las extintas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.Durante el proceso al que se sometieron ante la JEP, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas encontró que ninguno de los tres postulados a pertenecer a esta jurisdicción aportó información nueva y relevante para las víctimas y la sociedad en general con respecto a los delitos por los que, inicialmente, fueron condenados: concierto para delinquir agravado, en la modalidad de promoción de grupos al margen de la ley.También la JEP tuvo en cuenta que estas personas presentaron tres años después sus escritos de compromiso claro, concreto y programado con la verdad que les solicitaron en cuatro ocasiones.Tras considerar estos hechos, la JEP informó que la Sala de Definición ordenó remitir la decisión de inadmisión a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que continúe la demanda de casación que estaba en curso, ya en la jurisdicción ordinaria.
La Jurisdicción Especial de Paz respondió positivamente a la solicitud de los hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio de comparecer ante ese tribunal por varios hechos violentos ocurridos a finales de los noventa en Antioquia y cuyos responsables serían miembros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).Se trata de las masacres de La Granja y El Aro ocurridas en 1996 y 1997, respectivamente, en el municipio de Ituango, y donde estos hermanos aseguraron que tienen intención de aportar información para esclarecer lo sucedido.También se espera que los hermanos Angulo Osorio amplíen información Que permita el esclarecimiento del asesinato del reconocido abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, crimen ocurrido en febrero de 1998, por el cual fueron condenados en 2013 y cuyo fallo fue ratificado en segunda instancia cuatro años después por el Tribunal Superior de Medellín.Desde la JEP informaron que aún está pendiente la fecha en la que se llevará a cabo esta diligencia y que toda la información aportada respecto a estos casos será objeto de investigación y contrastación por parte del tribunal.
La Sala de Reconocimiento de la JEP citó a rendir versión a los generales en retiro Leonardo Barrero, excomandante de las Fuerzas Militares; Óscar Enrique González Peña, excomandante del Ejército; y Justo Eliseo Peña, para que proporcionen información sobre los casos de falsos positivos ocurridos en el Valle del Cauca."La JEP ha recaudado información sobre numerosos casos de asesinatos presentados como bajas en combate por agentes del Estado en el departamento del Valle del Cauca. Según investigaciones del Grupo de Análisis de la Información (Grai), entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016, se registraron 307 muertes en este departamento que fueron ilegítimamente presentadas como bajas en combate", señala la JEP.Junto a los generales, también fueron llamados a rendir versión un coronel y tres oficiales en retiro. Los siete miembros del Ejército fueron mencionados en varios informes entregados a la JEP por organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos.La Sala ordenó el llamado a versión de los siete militares basándose en la información obtenida en otras diligencias del Caso 05. Esta investigación abarca violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en la región, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas, violencia sexual, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas y afectaciones al medio ambiente, ocurridas entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016.Además, se investiga una posible alianza entre miembros de la fuerza pública y el Bloque Calima de las AUC. Hasta ahora, 52 miembros de la fuerza pública han sido citados a versión en este macrocaso, explica la JEP.
Autoridades capturaron a dos exintegrantes de AUC encargados de homicidios, extorsiones y desplazamientos en un grupo delincuencial que opera en los barrios Villa Hermosa y Buenos Aires de Medellín. Uno de ellos era el exjefe de sicarios de la estructura conocida como La oficina en la capital antioqueña durante el 2010.Un trabajo investigativo de más de 11 meses por parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá permitió dar con la captura de cuatro integrantes del grupo delincuencial Caicedo que opera especialmente en las comunas Villa Hermosa y Buenos Aires de Medellín.Se trata de tres coordinadores y un sicario, quienes se encargaban de realizar diferentes actividades como extorsiones, microtráfico de drogas y homicidios selectivos al servicio de esta organización delincuencial.Dos de los coordinadores, identificados como alias ‘Yeris’ y alias ‘La Pija’, son desmovilizados de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia."Son desmovilizados de lo que en ese momento se llamaba como las Autodefensas Unidas de Colombia AUC dentro de esas desmovilizaron también durante tiempo atrás", señaló el alcalde de Medellín, Federico GutiérrezAdemás, el alcalde confirmó que alias ‘Yeris’ también había pertenecido al grupo delincuencial conocido como La Oficina, siendo el jefe de sicarios y mano derecha del cabecilla de esta organización en el año 2010."En el año 2010 habría hecho parte de la línea de alias 'Sebastián' cuando se dio esa confrontación violenta en la ciudad de Medellín entre alias 'Sebastián' y alias 'Valenciano' y este justamente era el coordinador de sicarios de 'Sebastián' o sea que esta captura tiene relevancia es una persona con un pasado criminal muy fuerte", añadió el mandatario local.Las autoridades señalaron que la captura del sicario conocido como alias ‘La Máscara’ permitió esclarecer el homicidio de un integrante de este mismo grupo delincuencial a inicios de este año en lo que aparentemente fue un ajuste de cuentas.En este procedimiento se logró la incautación de más de 12 mil gramos de estupefacientes, una escopeta, un arma traumática, cinco celulares, más de seis millones de pesos en efectivo y variedad de munición.
Este miércoles, 18 de septiembre, durante el juicio del coronel (r) Hernán Mejía, la Unidad de Investigación y Acusación, es decir, la Fiscalía de la JEP, interrogó a un testigo que estuvo bajo el mando de Mejía en el Batallón La Popa, con sede en Valledupar.El mayor (r) Heber Gómez aseguró que el primer caso de una ejecución militar se dio cuando Mejía llegó a comandar el batallón y pidió que fueran a recoger un cuerpo a 10 minutos de Valledupar.Según el testimonio del testigo, llegaron al lugar algunos militares y se hicieron algunos disparos al aire, posteriormente, el cuerpo de la persona que ya estaba ahí habría sido recogido.El mayor aseguró que no se presentó ningún combate, pues en el punto la persona ya estaba muerta. Además, agregó que él le comentó la situación a Mejía y que el coronel le habría respondido “no se preocupe que es un bandido”.Posteriormente, Gómez aseguró que ya cuando Mejía entró en confianza le habría dado la orden directa de ir a recoger cuerpos que eran dejados en algunos puntos cerca a Valledupar por parte de las Autodefensas. Así mismo, los cuerpos habrían sido llevados a la morgue y reportados como bajas en combate.“Ya la orden era precisa y yo sabía que iba a salir a recoger uno o varios cuerpos que ya habían dejado allí las Autodefensas ilegales, el comandante del Batallón ya entrado en más confianza, el señor Coronel Mejía, ya me lo comentaba y me lo decía. Una hora o media hora antes de salir a recoger esos cadáveres, yo ya sabía por qué el comandante del batallón me llamaba al comando del batallón con los mismos soldados del teniente Llanos y ya sabíamos a qué íbamos”, aseguró Gómez.El coronel (r) Hernán Mejía fue imputado por la JEP por 75 casos de falsos positivos, sin embargo, él no aceptó su responsabilidad en esos hechos y ahora enfrenta un juicio adversarial, si es vencido, podría pagar 20 años de prisión.
