El presidente Gustavo Petro designó a 18 excomandantes de las Autodefensas como gestores de paz. El Gobierno va a revisar el proceso de paz que se hizo durante el Gobierno Uribe con los paramilitares, con el objetivo de determinar cuáles son los puntos que están rezagados. Por su parte, los exjefes de las Autodefensas han dicho que la situación jurídica de algunos de ellos no se ha definido tras 20 años de la desmovilización.Al respecto, Blu Radio habló con Edward Cobos, conocido como ‘Diego Vecino’ y quien comandó el bloque Héroes de Montes de María de las Autodefensas, quien aseguró que el proceso con las AUC aún no se ha cerrado.“El país no puede olvidar que el proceso de paz con las extintas Autodefensas Campesinas de Colombia inició desde diciembre del 2002 y hoy, 22 años después, el proceso no ha concluido, el proceso sigue inconcluso y eso no le hace bien al país, a las víctimas y no es sano para la sociedad. Pero también, y especialmente, no genera confianza en los procesos de paz que están en curso. Lo segundo es que el señor presidente hizo un anuncio desde el año 2023, desde Barrancabermeja, en el que expresó que estaba dispuesto a reunirse con la excomandancia de las extintas Autodefensas Campesinas para que, a través de un balance sobre el proceso de paz y sobre Justicia y Paz, se le pudiera presentar al país cuáles han sido los verdaderos resultados del proceso de paz hasta ahora y cuál ha sido el resultado de Justicia y Paz. El presidente ha reconocido que el proceso hay que terminarlo, el Estado debe honrar su palabra; es la única manera que envía mensajes de confianza a quienes persisten en la violencia para esos procesos de paz que están en curso”, aseguró Cobos.El presidente Petro ha dicho que el proceso de paz con las AUC no terminó porque la reparación a las víctimas y la entrega de bienes no ha concluido. Sobre este punto también se pronunció Cobos.“El éxito de un proceso de paz depende de dos objetivos principales: la satisfacción de las víctimas, que si bien es cierto en ningún proceso es 100 % cumplible, creemos que en Justicia y Paz se ha avanzado mucho en cuanto a verdad, justicia, reparación y no repetición. Dos, el éxito de un proceso de paz es la reintegración plena del combatiente que deja las armas y se reintegra a la sociedad civil; esos combatientes, después de tomar esa equivocada decisión de levantarnos en armas, ahora regresamos al seno de la sociedad, pero ¿cómo hablar de un proceso concluido cuando hoy seguimos siendo sub judice, todavía estamos clamando por proyectos productivos que permitan la reintegración plena de los combatientes? ¿Cómo hablar de un proceso concluido cuando hoy no solamente seguimos sub judice, sino que un buen número de excombatientes están privados de la libertad? Los procesos se miden por su reintegración y satisfacción de las víctimas y aquí, en materia de satisfacción de víctimas, hemos avanzado, falta camino; en reintegración plena ha sido un fracaso total el proceso de paz con las extintas Autodefensas”, agregó ‘Diego Vecino’.Una de las polémicas que se ha generado con la designación de estos 18 exjefes paramilitares como gestores de paz tiene que ver con Hernán Giraldo, este exjefe paramilitar fue expulsado de Justicia y Paz por abuso sexual contra menores. Es por eso que desde diferentes sectores y organizaciones se oponen a la designación de Giraldo como gestor de paz.“Entiendo esa preocupación y le puedo decir al país que el señor Hernán Giraldo lleva más de 18 años privado de la libertad en cárceles de máxima seguridad respondiendo por unos hechos que la justicia le ha imputado. Al señor Hernán Giraldo no se le va a modificar su situación jurídica, pero aquí también hay que decir algo: el Gobierno ha ido más allá; es muy lamentable los episodios de violencia basada en género que han sido materia de imputación a Hernán Giraldo. Él está respondiendo por esos hechos, pero aquí hay que mirar también su importancia en el contexto de la paz en la región del Magdalena, de la Guajira, de la Sierra Nevada, donde operó el bloque bajo su mando, siendo el uno de los comandantes más antiguos. ¿Qué pasa con las víctimas que hoy quieren que Hernán Giraldo les dé la cara y les explique qué pasó con sus seres queridos, por qué los hechos? ¿Dónde puede haber fosas para encontrar a personas que fueron desaparecidas? ¿Qué pasó con los bienes que Hernán Giraldo y su Bloque entregaron? ¿Cuánta necesidad tienen las víctimas de estar frente a quien fue el comandante del bloque que los victimizó para que él dé las explicaciones del caso? Respetando el profundo dolor de las víctimas, también debemos entender el dolor de las víctimas, porque quien fue el comandante de la estructura que los victimizó les dé una explicación. También su experiencia y recorrido en la guerra seguramente es importante para que pueda él ser un facilitador de paz de las nuevas estructuras que hoy persisten con el alzamiento de armas en esa región. Todos esos ítems seguramente los habrá tenido en cuenta el presidente para la designación, no solo a Hernán, sino a otros excomandantes”, señaló Cobos.Por último, el exjefe del bloque Héroes de Montes de María respondió a quienes consideran que esta designación es una estrategia política contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.“La información que tenemos está consignada en los anaqueles de la justicia, principalmente de Justicia y Paz, más de 18 años de estar acudiendo a miles de horas de versiones libres, a cientos de horas de audiencia de imputación y de legalización de cargos, cientos de sentencias, cientos de miles de víctimas reconocidas en esas sentencias y más de 4,500 bienes entregados en reparación”, dijo Cobos.Y agregó que la verdad no solo debe ser de conocimiento de la justicia, también de todo el país para que se conozca lo sucedido durante el conflicto armado.“Ahí hay un cúmulo importante en Justicia y Paz, lo que está diciendo el presidente es que hagamos un balance sobre todo eso, la parapolítica nació de las versiones de los postulados, la judicialización de terceros civiles, de militares y policías inició de las versiones de Justicia y Paz, procesos que no tenía la Fiscalía. Paralelamente, hemos sido llamados por la justicia, testigos principales en los procesos de los aforados de la parapolítica, es decir, la verdad está ahí; lo que el presidente plantea es mostrémosle al país. Celebramos esa decisión porque hoy se nos sigue llevando a cuestas la cruz de la verdad y la verdad está en los anaqueles de la justicia. El informe de la Comisión de la Verdad tuvo participación importante de desmovilizados de las extintas Autodefensas; en todos los sistemas de justicia hemos estado con el compromiso de verdad. ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Yo creo que beneficia al país, no puede perjudicar a nadie, beneficia a las víctimas que conozcan qué ha pasado con los bienes entregados; si esa verdad perjudica a alguien quiere decir que entonces ese alguien no quería que el país supiera la verdad”, finalizó ‘Diego Vecino’.
El juez primero especializado de Antioquia absolvió a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, de los delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado. Esta decisión llega tras un extenso proceso judicial relacionado con la supuesta conformación del grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles, que operó en el municipio de Yarumal, Antioquia, en la década de 1990.El veredicto se emitió después de tres años de espera desde la finalización de las audiencias del juicio, el 9 de febrero de 2021. Durante este tiempo, el caso estuvo bajo el escrutinio público y fue objeto de diversas manifestaciones políticas y sociales.El proceso judicial contra Santiago Uribe comenzó en febrero de 2016, cuando fue detenido en el barrio El Poblado, en Medellín. La Fiscalía lo investigaba por presuntamente haber participado en la creación y financiación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, vinculado con el asesinato de varias personas acusadas de colaborar con grupos guerrilleros. A lo largo del juicio, Uribe negó las acusaciones, asegurando que no tuvo ninguna relación con la organización.>>> Lea también: Así reaccionó el expresidente Álvaro Uribe a la absolución de su hermano Santiago UribeEste caso ha estado rodeado de testimonios controvertidos. Uno de los más relevantes fue el del mayor retirado de la Policía Nacional, Juan Carlos Meneses Quintero, quien en 2010 declaró ante la Fiscalía que Santiago Uribe había fundado y financiado Los 12 Apóstoles y que incluso le ordenó asesinatos específicos, incluidos líderes sociales.El expresidente Álvaro Uribe Vélez, en defensa de su hermano, aseguró que el proceso estuvo influenciado por motivaciones políticas. En un video publicado el 18 de enero, afirmó que incluso el presidente Gustavo Petro había contribuido a crear una imagen negativa de Santiago Uribe. “Santiago ha sido perfilado de manera contraria a lo que es, como en su momento lo hizo el presidente Petro. Esto ocurre cuando la información de la justicia se obtiene por enemigos políticos distantes del acontecer y del medio del acusado”, expresó el exmandatario.Álvaro Uribe también argumentó que estas presiones han sido evidentes en diferentes momentos del proceso judicial, lo que ha generado un clima de polarización política en torno al caso.¿Qué es el caso de los 12 apóstoles?El caso de los 12 apóstoles es un caso judicial que investiga la presunta creación y financiación de un grupo paramilitar por parte de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez.Los 12 Apóstoles fue un grupo paramilitar que operó en el norte del departamento de Antioquia, Colombia, durante la década de 1990. El grupo estaba acusado de asesinar a decenas de personas, incluidos civiles, líderes sociales y sindicalistas.En 2010, el mayor retirado Juan Carlos Meneses Quintero, un exagente de la Policía Nacional, testificó ante la Fiscalía General de la Nación que Santiago Uribe Vélez había creado y financiado Los 12 Apóstoles. Meneses afirmó que Uribe Vélez le había ordenado asesinar a varias personas, incluidas dos líderes sociales.La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra Santiago Uribe Vélez por los cargos de concierto para delinquir, homicidio agravado y desaparición forzada. El juicio contra Uribe Vélez comenzó en 2017 y aún está pendiente de resolución.
Por no aportar suficiente información que superara lo conocido ya por la justicia ordinaria, la JEP decidió rechazar la solicitud de sometimiento a ese tribunal del exalcalde de San Pedro de Urabá entre 2001 y 2003, Eugenio Hoyos De La Ossa, así como del exconcejal en 2001, Jorge William Pérez Alvis, y del exsecretario de Educación y técnico de Educación y Cultura, de 2001 a 2006, de ese mismo municipio antioqueño.Los tres exservidores públicos ya habían sido condenados por la justicia ordinaria, luego de que se les comprobara que, durante sus campañas electorales, contribuyeron a la estrategia de apoyo político que pretendió implementar el Bloque Elmer Cárdenas de las extintas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.Durante el proceso al que se sometieron ante la JEP, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas encontró que ninguno de los tres postulados a pertenecer a esta jurisdicción aportó información nueva y relevante para las víctimas y la sociedad en general con respecto a los delitos por los que, inicialmente, fueron condenados: concierto para delinquir agravado, en la modalidad de promoción de grupos al margen de la ley.También la JEP tuvo en cuenta que estas personas presentaron tres años después sus escritos de compromiso claro, concreto y programado con la verdad que les solicitaron en cuatro ocasiones.Tras considerar estos hechos, la JEP informó que la Sala de Definición ordenó remitir la decisión de inadmisión a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que continúe la demanda de casación que estaba en curso, ya en la jurisdicción ordinaria.
La Jurisdicción Especial de Paz respondió positivamente a la solicitud de los hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio de comparecer ante ese tribunal por varios hechos violentos ocurridos a finales de los noventa en Antioquia y cuyos responsables serían miembros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).Se trata de las masacres de La Granja y El Aro ocurridas en 1996 y 1997, respectivamente, en el municipio de Ituango, y donde estos hermanos aseguraron que tienen intención de aportar información para esclarecer lo sucedido.También se espera que los hermanos Angulo Osorio amplíen información Que permita el esclarecimiento del asesinato del reconocido abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, crimen ocurrido en febrero de 1998, por el cual fueron condenados en 2013 y cuyo fallo fue ratificado en segunda instancia cuatro años después por el Tribunal Superior de Medellín.Desde la JEP informaron que aún está pendiente la fecha en la que se llevará a cabo esta diligencia y que toda la información aportada respecto a estos casos será objeto de investigación y contrastación por parte del tribunal.
La Sala de Reconocimiento de la JEP citó a rendir versión a los generales en retiro Leonardo Barrero, excomandante de las Fuerzas Militares; Óscar Enrique González Peña, excomandante del Ejército; y Justo Eliseo Peña, para que proporcionen información sobre los casos de falsos positivos ocurridos en el Valle del Cauca."La JEP ha recaudado información sobre numerosos casos de asesinatos presentados como bajas en combate por agentes del Estado en el departamento del Valle del Cauca. Según investigaciones del Grupo de Análisis de la Información (Grai), entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016, se registraron 307 muertes en este departamento que fueron ilegítimamente presentadas como bajas en combate", señala la JEP.Junto a los generales, también fueron llamados a rendir versión un coronel y tres oficiales en retiro. Los siete miembros del Ejército fueron mencionados en varios informes entregados a la JEP por organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos.La Sala ordenó el llamado a versión de los siete militares basándose en la información obtenida en otras diligencias del Caso 05. Esta investigación abarca violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en la región, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas, violencia sexual, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas y afectaciones al medio ambiente, ocurridas entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016.Además, se investiga una posible alianza entre miembros de la fuerza pública y el Bloque Calima de las AUC. Hasta ahora, 52 miembros de la fuerza pública han sido citados a versión en este macrocaso, explica la JEP.
Autoridades capturaron a dos exintegrantes de AUC encargados de homicidios, extorsiones y desplazamientos en un grupo delincuencial que opera en los barrios Villa Hermosa y Buenos Aires de Medellín. Uno de ellos era el exjefe de sicarios de la estructura conocida como La oficina en la capital antioqueña durante el 2010.Un trabajo investigativo de más de 11 meses por parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá permitió dar con la captura de cuatro integrantes del grupo delincuencial Caicedo que opera especialmente en las comunas Villa Hermosa y Buenos Aires de Medellín.Se trata de tres coordinadores y un sicario, quienes se encargaban de realizar diferentes actividades como extorsiones, microtráfico de drogas y homicidios selectivos al servicio de esta organización delincuencial.Dos de los coordinadores, identificados como alias ‘Yeris’ y alias ‘La Pija’, son desmovilizados de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia."Son desmovilizados de lo que en ese momento se llamaba como las Autodefensas Unidas de Colombia AUC dentro de esas desmovilizaron también durante tiempo atrás", señaló el alcalde de Medellín, Federico GutiérrezAdemás, el alcalde confirmó que alias ‘Yeris’ también había pertenecido al grupo delincuencial conocido como La Oficina, siendo el jefe de sicarios y mano derecha del cabecilla de esta organización en el año 2010."En el año 2010 habría hecho parte de la línea de alias 'Sebastián' cuando se dio esa confrontación violenta en la ciudad de Medellín entre alias 'Sebastián' y alias 'Valenciano' y este justamente era el coordinador de sicarios de 'Sebastián' o sea que esta captura tiene relevancia es una persona con un pasado criminal muy fuerte", añadió el mandatario local.Las autoridades señalaron que la captura del sicario conocido como alias ‘La Máscara’ permitió esclarecer el homicidio de un integrante de este mismo grupo delincuencial a inicios de este año en lo que aparentemente fue un ajuste de cuentas.En este procedimiento se logró la incautación de más de 12 mil gramos de estupefacientes, una escopeta, un arma traumática, cinco celulares, más de seis millones de pesos en efectivo y variedad de munición.
Este miércoles, 18 de septiembre, durante el juicio del coronel (r) Hernán Mejía, la Unidad de Investigación y Acusación, es decir, la Fiscalía de la JEP, interrogó a un testigo que estuvo bajo el mando de Mejía en el Batallón La Popa, con sede en Valledupar.El mayor (r) Heber Gómez aseguró que el primer caso de una ejecución militar se dio cuando Mejía llegó a comandar el batallón y pidió que fueran a recoger un cuerpo a 10 minutos de Valledupar.Según el testimonio del testigo, llegaron al lugar algunos militares y se hicieron algunos disparos al aire, posteriormente, el cuerpo de la persona que ya estaba ahí habría sido recogido.El mayor aseguró que no se presentó ningún combate, pues en el punto la persona ya estaba muerta. Además, agregó que él le comentó la situación a Mejía y que el coronel le habría respondido “no se preocupe que es un bandido”.Posteriormente, Gómez aseguró que ya cuando Mejía entró en confianza le habría dado la orden directa de ir a recoger cuerpos que eran dejados en algunos puntos cerca a Valledupar por parte de las Autodefensas. Así mismo, los cuerpos habrían sido llevados a la morgue y reportados como bajas en combate.“Ya la orden era precisa y yo sabía que iba a salir a recoger uno o varios cuerpos que ya habían dejado allí las Autodefensas ilegales, el comandante del Batallón ya entrado en más confianza, el señor Coronel Mejía, ya me lo comentaba y me lo decía. Una hora o media hora antes de salir a recoger esos cadáveres, yo ya sabía por qué el comandante del batallón me llamaba al comando del batallón con los mismos soldados del teniente Llanos y ya sabíamos a qué íbamos”, aseguró Gómez.El coronel (r) Hernán Mejía fue imputado por la JEP por 75 casos de falsos positivos, sin embargo, él no aceptó su responsabilidad en esos hechos y ahora enfrenta un juicio adversarial, si es vencido, podría pagar 20 años de prisión.
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro, se refirió al caso y a la negociación del abogado Paul Wolf, quien llegó a un acuerdo por 12.8 millones de dólares para la reparación de las víctimas; sin embargo, a estas se les entregaría un monto mucho menor que no sobrepasaría los 1.300 dólares cuando sea un caso no documentado en la Unidad de Víctimas.Sobre esto, el presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de X: "La vida en Colombia no vale USD $1.300. Si adoran tanto el mercado, vale lo que vale una póliza de vida en los EEUU. Si quieren el progresismo, la vida es invaluable, no es un bien de mercado. La indemnización de Chiquita Brands al pueblo colombiano es la propiedad de su empresa y las condiciones de vida para toda la población del Urabá".El mandatario agregó que quienes ordenaron el asesinato masivo de miles de sindicalistas deben ir a la cárcel y ser tratados como delincuentes de lesa humanidad.Chiquita Brands era una multinacional relevante para la producción de plátano en el mundo. Esta empresa fue condenada por un jurado de Florida y se le ordenó pagar más de 38 millones de dólares a las familias de ocho víctimas de las AUC. Esto se logró luego de una larga batalla legal.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, da un nuevo paso en busca de cumplir su promesa de paz total en Colombia: delegados de su gobierno comienzan a negociar el lunes en Caracas con representantes de la disidencia de las FARC conocida como Segunda Marquetalia.Los diálogos con el grupo al mando del ex número dos de la extinta guerrilla, alias Iván Márquez, quien fuera uno de los mayores guías ideológicos de la poderosa organización rebelde, son la tercera apuesta de paz del mandatario izquierdista, quien considera que la salida al conflicto armado de seis décadas en Colombia son los acuerdos.En 2022 empezó a negociar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Caracas, Ciudad de México y La Habana. Además, instaló una mesa con el Estado Mayor Central (EMC), otra facción de desertores del acuerdo de paz con las FARC suscrito en 2016.No hay mayores detalles de la agenda en Caracas con la Segunda Marquetalia, más allá de un documento fundacional firmado el 5 de junio en la capital venezolana enfocado en "promover cambios y reformas democráticas para la paz en la que las poblaciones y los territorios sean la prioridad, fortaleciendo la movilización social", según el gobierno.El documento habla del establecimiento de comisiones negociadoras para alcanzar "el desescalamiento del conflicto, la construcción de territorios de paz", así como la atención de víctimas."No se identifica que alias Iván Márquez o la Segunda Marquetalia estén buscando una pista hacia lo político", explicó a la AFP Francisco Javier Daza, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES).A diferencia de las negociaciones que resultaron con el acuerdo de 2016, esta instancia "busca un desescalamiento de la violencia en los territorios donde ellos operan: la idea de llegar al poder, del poder estatal, no figura en la agenda de lo que se va a negociar".Antes de iniciar los diálogos, el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Helder Giraldo, adelantó que "hay acercamientos" para llegar a un cese al fuego bilateral.El 1 de enero de 2023 Petro, él mismo un ex guerrillero de la extinta M-19, anunció una tregua por parte de las fuerzas del Estado que duró seis meses.- "Vieja guardia" El documento de Caracas tiene la firma de Iván Márquez, quien era el segundo hombre más importante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cuando esa guerrilla firmó la paz para convertirse en partido político.Luciano Marín, su nombre real, fue el jefe negociador por los rebeldes y permaneció algunos años dentro del proceso después de la firma, pero desertó y en 2019 reapareció en un video anunciando una nueva revolución armada.En 2023, medios locales especularon con su muerte en Venezuela tras sufrir un atentado. Luego, el gobierno de Petro aseguró que estaba en ese país recuperándose de las heridas.El pasado 11 de mayo, Márquez reapareció en un video manifestando su apoyo a Petro, con el que acordó en febrero entablar negociaciones.Márquez es "de las pocas cabezas vieja guardia que quedan" con "fuertes bases ideológicas", añadió Daza. Y eso "tiene un peso" y "puede que contribuya a que una negociación sea mucho más rápida, mucho más eficaz" que las que el gobierno tiene abiertas con el ELN y el EMC.-"Pista" política La Segunda Marquetalia tiene unos 1.660 combatientes, según cálculos de inteligencia militar. Analistas consideran que es una guerrilla débil en comparación con las disidencias del Estado Mayor Central a cargo de alias Iván Mordisco, un cabecilla que no firmó la paz en 2016, y con el Ejército de Liberación Nacional.Petro conversa con el EMC desde octubre del año pasado, antes de que el grupo se dividiera en dos en abril. La mitad de los guerrilleros al mando de Mordisco se apartaron, mientras que el otro 50% siguen en diálogo.De cualquier forma, este acercamiento ha sido criticado. "Se lee en clave de que el gobierno está siendo permisivo con los grupos armados o con aquellos desertores de la paz", indicó Daza.Entre los escépticos está el senador Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno del premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos en el acuerdo de 2016."¿Quien garantiza que (Márquez) no nos vuelve a incumplir, que falte a su palabra como lo hizo después de la firma del acuerdo?", dijo en un video publicado en la red X De la Calle. "Ellos tuvieron su oportunidad. Yo creo que el camino que les queda es el del sometimiento"
En las últimas horas, se conoció una decisión del Tribunal del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, en la cual se determinaba que la multinacional Chiquita Brands había financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia entre 1997 y 2002, en Urabá y el Magdalena Medio. Es por esto que la justicia norteamericana ordenó la indemnización de las víctimas.En Colombia este proceso lo lleva el juzgado sexto penal del Circuito Especializado de Antioquia, sin embargo, los representantes de víctimas alertan que en el país el juicio lleva 3 años y que el 17 de septiembre de 2025 podrían prescribir estos hechos, tras un proceso que ha durado 18 años."Esto sucedió hace 30 años ya, y llevamos 18 años en procesos judiciales. En 2007 se conocen las primeras denuncias y en 2012 quedan en firme y pasan a juzgados, en 2019 y después de las apelaciones ya se pasa a juicio y llevamos 3 años en juicio. Audiencias y más audiencias, testimonios y testimonios y vamos es para la prescripción de los hechos. Pedimos a las autoridades judiciales que de manera pronta tomen decisión sobre los casos de la financiación a los paramilitares por empresas en la región del Urabá", asegura Gerardo Vega, directivo de la organización Forjando Futuros.Por otro lado, desde el Centro Nacional de Memoria Histórica se refirió a esta sentencia. Desde la entidad aseguraron que este es un mensaje para las empresas que violan los derechos humanos."Este veredicto envía un mensaje contundente a las empresas que violan derechos humanos: sus actos no quedarán impunes. La fortaleza de estas familias colombianas logró un triunfo en el sistema judicial, según Marco Simons, director jurídico de EarthRights, que acompañó a las víctimas", señaló el CNMH.
La Corte Penal Internacional (CPI) dictó este jueves órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Nentayahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza al menos desde el 8 de octubre del año pasado.Los jueces también aprobaron la orden de arresto de Mohammed Deif, un alto cargo de Hamas considerado jefe de su ala militar, aunque Israel ya lo declaró muerto en un ataque israelí lanzado el pasado junio contra la Franja, un fallecimiento que nunca fue confirmado por el grupo islamista. EFE
Luego de que la ministra de Transporte, María Constanza García, le hiciera llegar una carta al alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, pidiendo una explicación sobre cómo se le dará continuidad a la prestación del servicio de transporte masivo tras aprobarse la liquidación del ente gestor Metrolínea, la alcaldía, a través del jefe de gobernanza Richard Caicedo, respondió.Lo primero que explicó es que un grupo de profesionales prepara la respuesta respecto de la prestación del servicio de transporte masivo, “la información de cómo se realizará el recaudo de la tarifa, la operación del sistema de control y gestión de flota y el cumplimiento de las obligaciones del convenio de cofinanciación por parte de la alcaldía de Bucaramanga”, señaló Caicedo.El funcionario también aclaró que desde hace seis meses la Alcaldía de Bucaramanga trabajó en el proyecto de acuerdo para solicitar al Concejo Municipal las facultades para la liquidación del ente gestor, así como las soluciones que permitirán que el sistema de transporte masivo se mantenga en la ciudad.“Hace seis meses se viene trabajando en el proyecto de Acuerdo, pero también hemos venido trabajando en las alternativas de solución que permitirán que el sistema de transporte masivo se mantenga en Bucaramanga”, manifestó.Igualmente explicó que, mientras que esté en proceso la liquidación de la sociedad Metrolínea, será el Área Metropolitana de Bucaramanga, como autoridad de transporte, la entidad encargada de presentar el esquema operativo para el funcionamiento de transporte público masivo y de contratar el estudio para la reorganización del sistema público de transporte masivo del Área Metropolitana de Bucaramanga.“Hay recursos para responder frente al convenio de cofinanciación que tenemos actualmente suspendido con el Ministerio de Transporte para las obras que permitían la infraestructura que necesitaba el Sistema de Transporte, Metrolínea”, aclaró el jefe de Gobernanza, Richard Caicedo.Cabe anotar que, aunque la ministra de Transporte, María Constanza García, en la carta enviada al alcalde de Bucaramanga, indica que la decisión de liquidar el ente gestor, en este caso Metrolínea, es una decisión autónoma del ente territorial, su preocupación es sobre la operación y la prestación del servicio, por eso la solicitud de información y explicación sobre cómo el municipio de Bucaramanga garantizará el servicio.En la carta, la ministra María Constanza García, le recuerda al alcalde de Bucaramanga que el Gobierno Nacional en el 2025 suscribió un convenio de cofinanciación para la construcción de las obras del Sistema de Transporte Masivo de Bucaramanga por $975.000 millones.Actualmente, la sociedad Metrolínea, ente gestor del sistema de transporte masivo de Bucaramanga, tiene un déficit que alcanza los $600.000 millones.
Este jueves, 21 de noviembre, se registraron algunos trancones en Bogotá, especialmente en la carrera Séptima, por cuenta de los enormes charcos que se crearon por las fuertes lluvias. En horas de la mañana, sobre las 7:00, se reportó normalidad en la movilidad. Según el reporte del Ojo de la Noche de Blu Radio y Noticias Caracol, las inundaciones por el aguacero, que prolongó desde la noche de este miércoles hasta la madrugada de este jueves, fue sobre la Carrera Séptima con calle 116 hasta las 122.Conductores reportaron que había, incluso, buses del SITP y vehículos particulares atrapados en la zona, esto, desde las 12:00 de la noche. Además de algunos carros varados, por lo que grúas llegaron al ligar para intentar sacarlos.El trancón se generó, entre otras cosas, por los charcos que se forman sobre el deprimido natural que hay allí.Por otro lado, desde Movilidad Bogotá reportan esta mañana una alta congestión vehicular sobre la calle 80, sentido oriente-occidente, por algunas labores de mantenimiento vial que se adelantan en la carrera 96 (entrada al portal). Según avisaron, se generó "afectación de un carril de la calzada mixta y un carril de la calzada exclusiva". También se reportaron afectaciones en la movilidad por la caída de árboles en el kilómetro 2,5 de la vía Bogotá - La Calera y en la calle 103 con carrera 9 en Usaquén. El cuerpo de Bomberos trabaja en la mañana de este jueves en remover los escombros que afectan la el flujo vehicular en la zona.
La temporada de fin e inicio de año suele ser un momento clave para los colombianos que planean viajar por tierra, y entre los destinos más visitados, al menos por los ciudadanos de Bogotá y alrededores, se encuentra Villavicencio. Sin embargo, quienes opten por desplazarse desde Bogotá utilizando la vía al Llano (que es la mejor manera de llegar) deberán prepararse para enfrentar incrementos consecutivos en las tarifas de los cuatro peajes de esta ruta: Boquerón I, Boquerón II, Naranjal y Pipiral.Nuevos incrementos en peajes de vía al LlanoSegún declaraciones de la ministra de Transporte, María Constanza García, a Noticias Caracol las tarifas de los peajes aumentarán en dos ocasiones:1 de diciembre de 2024: un ajuste del 4.64 %, pendiente desde enero de 2023.1 de enero de 2025: un aumento adicional estimado en un 6 %, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) proyectado para el cierre de 2024.Esto implica un incremento acumulado cercano al 12 % en menos de dos meses.Precio peajes vía al Llano 2025Con los nuevos ajustes, las tarifas de los peajes en esta ruta quedarían de la siguiente manera:Categoría I: carros, camperos, camionetas y microbuses con ejes de llanta sencillaBoquerón I y II: de $16.500 pasa a $17.264 en diciembre y $18.299 en enero.Naranjal: de $14.100 pasa a $14.754 en diciembre y $15.639 en enero.Pipiral: de $23.000 pasa a $24.063 en diciembre y $25.507 en enero.Categoría II: buses, busetas con eje trasero de doble llanta y camiones de dos ejes.Boquerón I y II: de $48.500 pasa a $50.748 en diciembre y $53.793 en enero.Naranjal: de $36.500 pasa a $38.194 en diciembre y $40.486 en enero.Pipiral: de $45.100 pasa a $47.193 en diciembre y $50.025 en enero.Categoría III: camiones y vehículos de pasajeros de tres y cuatro ejes.Boquerón I y II: de $24.500 pasa a $25.637 en diciembre y $27.175 en enero.Naranjal: de $27.500 pasa a $28.776 en diciembre y $30.503 en enero.Pipiral: de $30.900 pasa a $32.332 en diciembre y $34.272 en enero.Cuánto costaría viajar al LlanoCabe recordar que son cuatro los peajes que hay en la vía al Llano, pero solo se pagan tres dependiendo por donde salga de Bogotá: Boquerón I o Boquerón II, mientras que Naranjal y Pipiral son los otros dos.Un conductor de un vehículo particular (Categoría I) que realice un viaje ida y vuelta entre Bogotá y Villavicencio deberá pagar unos 56.000 pesos por los tres peajes en diciembre y cerca de 60.000 pesos a partir de enero. Otro cobro en la vía al Llano subiráAdemás, las tarifas diferenciales en los peajes de esta vía, aplicables a usuarios con beneficio especial, fueron actualizadas desde el 16 de noviembr por las autoridades. Boquerón I y II: tarifas diferenciales serán de $800 para las categorías IE y IIIE, $2.600 para la categoría IEE, $9.100 para la categoría IEEE y $16.800 para la categoría IIE.En el peaje Naranjal: todas las categorías beneficiadas pagarán $900Peaje Pipiral: categorías IE, IEE y IIIE tendrán valor preferencial de $5.100¿Por qué volverán a subir los peajes?El Gobierno enfrenta un hueco fiscal de más de $400.000 millones, derivado de la decisión en 2023 de congelar las tarifas de los peajes. Esta medida generó demandas de concesionarios y atrasos en los ajustes contractuales."Estamos viendo las consecuencias de esa decisión. Ahora, para cumplir con los compromisos financieros de las concesiones, debemos realizar estos incrementos consecutivos", explicó la ministra.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se reunió con delegados de la Unión Europea para explorar proyectos de renovación urbana, en torno a la construcción de la primera fase del Tren de Cercanías que va de Jamundí al Terminal de Cali y que contribuiría a fortalecer la Galería de Santa Elena.“Se ha pensado que un proyecto muy importante para generar renovación urbana y mejoramiento de la calidad de vida de la gente va a ser en la galería Santa Elena. Por supuesto, tiene una fase técnica, la cual ellos van a evaluar, pero esperamos que nos den los recursos para poder hacer renovación urbana de la galería Santa Elena, además de mejorarla para que, de esa manera, podamos tener mejores condiciones de vida para esa comunidad”, aseguró la mandataria de los vallecaucanos.Por su parte, los representantes de Unión Europea expresaron su interés en apoyar esta iniciativa, misma que es considerada por ser una infraestructura sostenible que contribuirá a mejorar la de la calidad de vida de los ciudadanos.“Este proyecto tiene todos los ingredientes para lograr una colaboración. Es un proyecto verde porque el tren no afecta el medioambiente, es fuente de empleo y además tiene un componente social importante”, indicó Andrea Ferrari-Bravo, jefe de departamento de para las Autoridades Locales de la Unión Europea.¿Cuánto valdría el Tren de Cercanías en el Valle?A la reunión también asistió el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien destacó que el Tren de Cercanías “es una apuesta de región" y que el proyecto en su primera fase, que comprende el tramo entre Cali y Jamundí, representa una inversión de más de un billón de euros, además de que generaría entre 5.000 y 10.000 empleos, y atraería empresas a la región.
