Guardacostas de la Armada Nacional fueron los encargados de reportar un cadáver que, este viernes 17 de enero, se encontraba flotando en el río Magdalena, a la altura del conocido Malecón del Río en Barranquilla.El cuerpo en alto grado de descomposición fue divisado y rápidamente rescatado por las autoridades que más tarde realizaron las respectivas labores forenses, para luego llevarlo hasta las instalaciones de Medicina Legal donde se determinará su identidad.La persona presuntamente asesinada portaba una camisa color azul y una sudadera gris, de igual manera se intenta verificar si murió en las zonas colindantes con el Río Magdalena o si es un cuerpo que viene desde otra jurisdicción.En esa línea, hay un grupo investigativo de la Policía que trabaja para definir las circunstancias alrededor de este hallazgo.Aunque es el primer cadáver divisado en el presente año, esta es una práctica que se vio reiteradamente en el 2024. Por ejemplo, el pasado viernes 26 de diciembre fue encontrado en inmediaciones al barrio Siape el cuerpo de Reinel Alexander Blanco Rodríguez, quien era buscado por sus familiares y tenía varios signos de violencia.En los últimos dos años, según datos recolectados por este medio, por lo menos 20 personas fueron asesinadas y luego arrojadas al río Magdalena.
A disposición de la Fiscalía General de la Nación fueron puestos los presuntos responsables del abuso sexual de dos menores de edad en Barranquilla, una adolescente de 13 años y una niña de solo 5.Los casos fueron en los barrios El Santuario y Carrizal respectivamente, siendo el segundo de ellos el más grave por amenazas que el presunto agresor le habría hecho a su hijastra adolescente diciéndole que si lo denunciaba mataría a su progenitora.Este capturado tiene tres anotaciones judiciales por daño en bien ajeno, porte ilegal de estupefacientes y acceso carnal violento; y ahora recibirá la judicialización de este mismo delito pero con circunstancias de agravación y violencia.En el otro episodio, un padre, según la Policía, aprovechó que su hija pequeña quedó bajo cuidado para abusar de ella. Todo sucedió el pasado 5 de enero y familiares fueron los encargados de hacer la denuncia.
Unidades del Departamento de Policía del Atlántico lograron la captura de un hombre de 28 años de edad llamado Harold Ayola Ruiz, quien será judicializado por el delito de lesiones personales tras protagonizar una violenta riña a machete con su vecino.El procedimiento se adelantó en las instalaciones del Hospital municipal de Luruaco, donde llegaron los uniformados, luego de ser alertados de la contienda ocurrida minutos antes en la primera manzana del barrio Abraham Juan, del sector mencionado.Este medio conoció que la pelea se desencadenó, luego de una discusión que Miguel José Tovar Serra, de 26 años, tuvo con familiares de Harold, quien llegó minutos después de que le avisaron que su casa estaba recibiendo múltiples pedradas. Tovar, al parecer, vio con malos ojos que le pidieran bajar el volumen de su equipo de sonido.El primero de los mencionados fue quien se llevó la peor parte con tres machetazos en diferentes partes del cuerpo, uno de ellos provocandole una herida de al menos 15 centímetros en el costado derecho de su cabeza. Por lo cual, los médicos autorizaron su remisión hasta el Hospital Departamental de Sabanalarga, donde permanece estable hasta el momento.Ayola Ruiz se entregó a las autoridades con el arma cortopunzante utilizada y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de lesiones personales.A su vez, Harold presenta dos anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio, Spoa, por los delitos de injurias por vías de hecho y también lesiones personales. Tanto él como su vecino estaban bajo los efectos de bebidas embriagantes de acuerdo a los reportes suministrados.
La empresa Air-e reportó que uno de sus trabajadores recibió un audio amenazante por parte del cantante vallenato, Alex Manga, luego de que la compañía diera a conocer un supuesto fraude que detectó la energética en una casa campo en la que al parecer reside el artista en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico.El hecho fue rechazado por la empresa, la cual también especificó que no es la primera vez que identifica irregularidades en uno de sus predios. Según una comunicación oficial, Manga ya enfrenta acciones penales por el delito de fraude de fluidos, conocido como robo de energía.Estas fueron las palabras mencionadas en el audio: “Oye, hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Compa, habla con Alex Manga. Entiendo que es tu trabajo, pero también debes ser honesto con lo que haces. Me parece una falta de respeto la de ese señor de Air-e. El mismo día que revisó, sacó las cuentas de cuánto debía; y tú, sin más allá, mandas eso a los medios”.“De verdad que seguimos con el mismo cuento. Pasó en la finca que sacaron un informe que no era, mira cómo terminó todo. Esto es peligroso, estoy arrendado allí. Esa casa no es mía para que sepas, así que mi vida puede correr riesgo por culpa de ustedes, por sus atrevimientos”, agregó.Finalmente, Alex declaró, entre malas palabras, que “mirarán como vamos a hacer” ,pues entonces se verá obligado a tomar acciones legales.El caso fue dado a conocer por el grupo de investigaciones especiales de la empresa Air-e, el pasado 15 de enero. De acuerdo a los hallazgos, se trataba de un medidor tipo 4 electromecánico con dos puentes externos que proyectaba un consumo no facturado de 2055 KWh/mes.En otras palabras, fueron $2.342.700 dejados de pagar mensualmente, lo que adaptándolo a la línea de tiempo de seis meses sumó $14.056.200 dejados de facturar.
Un total de 418 transformadores instalados ilegalmente fueron detectados por parte de personal especializado de la empresa Air-e en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira en 2024.De acuerdo con un comunicado de la energética, estos equipos fueron colocados sin autorización de la compañía para alimentar clientes residenciales, comerciales e industriales, ocasionando pérdidas económicas por $8.590 millones al año, lo que representó $715 millones mensuales y más de $23 millones diarios.Adicionalmente, según Air-e, la práctica ilegal puso en riesgo la prestación del servicio de energía y la seguridad de los clientes que reciben el servicio desde estos equipos que no estaban registrados.La empresa siguió informando que del total de los 418 transformadores instalados ilegalmente, en los últimos cuatro meses de 2024 fueron detectados 210.Cabe mencionar que, con la energía hurtada, que correspondía a 9.8 Gigavatios hora/mes, Air-e pudo suministrar electricidad a 3.288 familias de estratos 1 y 2 en una ciudad como Barranquilla.Por otro lado, los ingenieros encargados de detectar transformadores ilegales determinaron que los municipios de Santo Tomás, Tubará y Sabanagrande (Atlántico), y Zona Bananera (Magdalena) son las poblaciones con el mayor número de hallazgos.Dentro de las revisiones se logró determinar que estos equipos no cumplían con las normas técnicas y, además, carecían del certificado RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), lo que representaba un grave riesgo para las comunidades.A su vez, Air-e también encontró que 13.436 usuarios accedían al servicio de energía en forma “pirata”, es decir, se conectaban a la red directamente sin tener contrato, lo que implica que no recibían la factura en sus casas o establecimientos comerciales.
Más de 24 horas desaparecido completa el joven Kevin Cera, de 21 años, quien la mañana del miércoles se hundió en el mar, a la altura de Puerto Velero, Atlántico, cuando se encontraba pescando con una cometa en compañía de varios amigos.El joven que no sabía nadar, al sostener la cometa, fue arrastrado por una ráfaga de viento que lo llevó a una zona profunda del mar, detalló el capitán Juan Ricardo Ortegón Vega, comandante de la estación de Guardacostas de Barranquilla, quien lidera la búsqueda del pescador.“El joven no sabía nadar y por las condiciones meteomarinas de la zona, la corriente en la en el sector de Puerto Velero la corriente es bastante fuerte, la brisa en el sector estaba bastante fuerte, con una velocidad de entre 25 y 30 nudos y posiblemente fue arrastrado a una zona profunda donde lastimosamente, posiblemente, el joven se ahogó”, dijo el oficial.Ante este incidente, que se habría presentado por un acto de imprudencia, el comandante de Guardacostas reiteró la invitación a los pescadores y navegantes a informar su zarpe o reportar el sitio donde realizarán su actividad de pesca, pues por la temporada los vientos esta semana soplan con velocidades entre los 46 y 55 kilómetros por hora.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel El Bosque a Ever Enrique Faix Díaz, alias 'El Sobri', el hombre que fue capturado luego de que el pasado lunes protagonizó una cinematográfica persecución en un carro rojo, con el que arrolló a tres personas, entre ellas un policía, en Soledad, Atlántico.La investigación permitió establecer que inicialmente, alias 'El Sobri', al parecer, arrolló con un vehículo a un hombre y se dio a la fuga. La comunidad alertó a la Policía del hecho y dos uniformados lograron interceptarlo más adelante.Dice la Fiscalía que en el momento que le solicitaron que se bajara del automotor, Faix Díaz retrocedió el carro y arrolló a un patrullero, quien quedó gravemente herido. Este momento quedó grabado por ciudadanos que se acercaron a la escena. Tras el incidente, alias ‘El Sobri’ huyó nuevamente, y atropelló a una tercera persona.A este hombre una fiscal seccional le imputó los delitos de tentativa de homicidio agravado, lesiones personales culposas, falsedad personal y daño en bien ajeno.El señalado delincuente el día de la captura se identificó ante la Policía con una cédula de ciudadanía falsa con la que pretendió ocultar que era la persona que buscaban autoridades con un circular roja, por haberse fugado de dos estaciones de Policía en medio de la investigación por el intento de asesinato de un comerciante en el barrio los Nogales, de Barranquilla.
Solo dos días fue el plazo que les otorgó el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sabanalarga al Ministerio de Transporte, Invías, la concesión Autopistas del Caribe y a la ANI para presentar un informe detallado en el que sustenten que realizaron la debida consulta previa a las comunidades afro de Luruaco, antes de empezar con las labores de la instalación del peaje en Arroyo de Piedra.Esto debido a una acción de tutela que fue radicada por el representante Gersel Pérez y las comunidades étnicas del Atlántico, cuya posición es contraria a la libre construcción de esta caseta de cobros.“Nos complace que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sabanalarga haya decidido admitir esta acción de tutela que se interpuso para poder defender los derechos no solamente de las comunidades negras, sino también de las indígenas que se encuentran asentadas en Luruaco y Sabanalarga”, declaró Pérez a Blu Radio.“Esperamos que pronto se pueda fallar a favor para garantizar los derechos constitucionales y legales de las minorías étnicas. Ellas tienen derecho a la consulta previa, la cual no fue realizada por el Ministerio de Transporte y la ANI, quienes vienen adelantando las acciones correspondientes a la implementación de un peaje en el municipio de Luruaco”, agregó.Esto retrasa mucho más los planes de estas autoridades viales, teniendo en cuenta que ya habían sido objeto de protestas por los ciudadanos justo en la zona en la que se piensa instalar este peaje.De no entregar este viernes los documentos relacionados al motivo de la tutela, la jueza Rosa Amelia Rosania tendrá 10 días para tomar una decisión de fondo al respecto.Recordemos que el representante Gersel Pérez también radicó una acción de tutela, por los mismos motivos, contra el proyecto del cobro de la valorización en la Vía al Mar. Sin embargo, aún espera respuesta del juzgado.El DANE estableció que en el municipio de Tubará, por ejemplo, un 64 % de la población es descendiente Mokaná, sin embargo, no más de un 10 % de los predios de esta zona fueron excluidos del cobro.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura Regional Norte anunció en las últimas horas que las deudas de aproximadamente $1 billón de pesos que mantiene el Instituto Nacional de Vías (Invías) con firmas de construcción, consultoría e interventoría afectarían la estabilidad de las empresas del sector de infraestructura del Caribe.La principal consecuencia de ello es que se despertaría una amenaza con retrasar o suspender la ejecución de proyectos viales claves para esta región.La CCI precisó, por medio de un comunicado, que en esta zona del país la crisis impacta con mayor fuerza a las pequeñas y medianas empresas por cuanto constituyen el 99% del total de las compañías de este sector registradas formalmente, siendo el 80,8% microempresas y el 19% pequeñas y medianas.Solo en Atlántico y Bolívar, en la cadena de valor del sector de la infraestructura, hay 762 empresas constructoras, 779 de proveeduría y 67 de consultoría, de acuerdo con datos del Registro Único de Proponentes de estos dos departamentos.La Cámara recordó que aunque no se ha establecido qué proyectos podrían paralizarse por la falta de pagos de Invías a sus contratistas, en la Región Caribe son responsabilidad de dicho instituto los viaductos de la doble calzada Barranquilla-Ciénaga; la variante de Ciénaga, y un tramo importante de la doble calzada Cartagena-Barranquilla.“La situación es más crítica porque entidades territoriales y otras del orden nacional, como el Departamento de Prosperidad Social, DPS, también han incumplido pagos a firmas que hacen la interventoría en obras a cargo de juntas de acción comunal, lo que está obligando a los contratistas a suspender sus actividades, con lo cual se acentúan las parálisis de los proyectos viales”, sostuvo el ente.“Esta situación acentuará el rezago que tiene la región Caribe en materia de infraestructura y afectará el transporte y la comercialización de bienes e insumos del sector productivo y de consumo de los hogares, con el consiguiente efecto en alzas de los productos y de la operación logística”, finalizó.
El asesinato a bala de un adolescente de 16 años en Barranquilla, haría parte del duro panorama de reclutamiento de menores que afecta a esta zona del país, donde incluso le estarían ofreciendo sueldos a estos niños para entrenarlos como extorsionistas y sicariosSe trata del crimen de Deiner Camargo, de 16 años, un adolescente al que un sicario asesinó a bala este martes 14 de enero en horas de la tarde, en el barrio Rebolo de Barranquilla, cuando estaba caminando por la calle. Por el modo en el que se dio el homicidio, no se descarta que sea un caso que podría estar relacionado con posibles retaliaciones entre bandas criminales.Aunque las autoridades no confirman si Deiner sería miembro de un grupo delincuencial, su caso podría estar conectado con el reclutamiento de menores que estaría siendo realizado en zonas del suroriente y suroccidente de la ciudad, con adolescentes desde los 13 años.Según conoció Blu Radio, investigadores han podido establecer que a estos les ofrecen sueldos que van desde los $500 mil mensuales. A estos inicialmente los presionarían con amenazas de asesinar a un familiar o incluso a ellos mismos y posteriormente los entrenan para cometer extorsiones y homicidios. Uno de los casos más notables es el de alias 'Bebé', un menor de 17 años que fue recientemente capturado y quien reconoció a las autoridades que participó en el asesinato de 11 personas en los últimos años, luego de recibir órdenes de miembros de bandas delincuenciales. Muriel Jiménez, investigadora de la Universidad del Atlántico, recientemente realizó un informe para Unicef en el que detectó que a pesar de lo difícil que es darle números al reclutamiento de menores en Barranquilla, pudo determinar a partir de cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio que en los últimos cuatro años más de 1.100 menores han sido aprehendidos, de los que un 63% de los casos correspondían a porte ilegal de armas de fuego."Es llamativo que antes de 2021 la mayor parte de los datos ingresados correspondían a aprehensiones por hurto, pero ahora la gran mayoría es por fabricación y porte de arma de fuego. Vemos cómo están cambiando los delitos. Instrumentalizan a los menores porque ellos enfrentan penas más bajas. Aprovechan que en el sistema los niños entran y salen más rápido. Además, son más rentables, pues desde la lógica de estas bandas ellos son cuestan menos", cuenta la investigadora.
