Las autoridades capturaron a José Eduin Gómez Wilches, alias 'Orejas' o 'Petacas', un peligroso delincuente, integrante del frente ‘Domingo Laín’ del ELN, responsable del atentado terrorista que acabó con la vida de 22 cadetes de la Policía en la Escuela General Santander en enero de 2019. Este hombre cayó en el municipio de Tame, Arauca.“¡Cae vinculado a atentado terrorista que segó la vida de 22 cadetes! En Tame, Arauca, capturamos a José Eduin Gómez Wilchez, alias ‘Petacas’, señalado integrante de la red sicarial y del comando urbano del Frente ‘Domingo Laín’ del ELN, investigado por su presunta participación en el atentado terrorista del 17 de enero de 2019 contra la Escuela de Cadetes ‘General Francisco de Paula Santander’”, indicó el general Salamanca.De acuerdo con el director de la Policía, alias 'Orejas' también está relacionado con el homicidio, en 2016, de los patrulleros Nelson Osorno Castillón y Pedro Elías Rolón Vaca, en Saravena, Arauca, y con el ataque a una patrulla, en ese mismo municipio, donde el año pasado murió el patrullero de policía Roberto Pabón Ojeda y resultó herido su compañero Jean Carlos Hernández.También, según destaca la investigación, este peligroso integrante del ELN articulaba acciones delictivas contra la infraestructura petrolera y dinamizaba el cobro de cuotas extorsivas, especialmente en Tame, Saravena y Fortul, Arauca. Su captura fue coordinada con la Fiscalía.“Esto ratifica el compromiso institucional de dar con el paradero de asesinos de policías y llevarlos ante la justicia, como homenaje a la memoria nuestros héroes caídos. Jamás habrá refugio seguro para criminales”, agregó el general Salamanca.
Frustran atentado que iba a ser cometido con dos carros bomba en Jambaló, Cauca. En un operativo conjunto entre la Policía y las Fuerzas Militares, fueron ubicados dos vehículos que tenían más de 600 kilos de explosivos, metralla y dos sistemas de activación.En medio de la ofensiva ordenada por el presidente Gustavo Petro contra las disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’, la Policía y las Fuerzas Militares lograron evitar un atentado que, de haberse cometido, generaría afectaciones peores que las del atentado contra la escuela General Santander en Bogotá.Según el reporte de las autoridades, en zona rural de Jambaló, Cauca, fueron ubicados dos camionetas que ya estaban acondicionadas y almacenaban más de 600 explosivos, metralla y dos sistemas de activación.Los elementos fueron ubicados gracias a varias labores de inteligencia en las que se determinó que alias ‘Esteban’, cabecilla del bloque ‘Jacobo Arenas’ de la estructura ‘Dagoberto Ramos’, ordenó la fabricación y adecuación de 10 cilindros con explosivos.“Este golpe muestra cuál es el nivel que tenemos en la inteligencia militar, en la inteligencia policial, cómo produce resultados importantes de protección a la comunidad… (...) Estos atentados, que aparecen por lo menos en los planteamientos de estos grupos criminales como dirigidos contra la fuerza pública, en realidad afectan a toda la población. Las consecuencias, especialmente con las prácticas terroristas, se extienden a las comunidades y, por eso, siempre reclamamos de las comunidades la mayor colaboración”, dijo el ministro de Defensa, Iván Velásquez.En la operación participaron 48 comandos, cuatro técnicos antiexplosivos, el avión fantasma y la plataforma Dipol. Todo se desarrolló desde las 4:00 a.m. de este jueves, 30 de mayo, avanzando tanto con desplazamientos terrestres y aéreos coordinados.El material explosivo incautado, que ya fue destruido, supera ocho veces la cantidad utilizada en el atentado a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander en 2019.
El 17 de enero de 2019 en un acto cobarde, fue llevada una camioneta llena de explosivos dentro de las instalaciones de la Escuela de Cadetes de Policía General Santander en Bogotá La carga fue denotada y dejó una cifra de 22 uniformados muertos y otros 89 heridos.Este caso es noticia nuevamente luego de que La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, decidió inadmitir una demanda interpuesta por la defensa de Ricardo Andrés Carvajal Salgar, quien actuó como cómplice en la bodega donde se armó la camioneta con explosivos que posteriormente fue llevada a la Escuela de Policía General Santander en la ofensiva terrorista orquestado y perpetrado por el ELN.La complicidad del condenado radica en que el ya condenado por estos actos, estuvo pendiente de la logística de la bodega en donde se armó la camioneta con el material explosivo y por esta razón fue condenado a título de cómplice.La defensa de Carvajal Salgar presentó un recurso extraordinario de casación alegando que, hubo una equivocada sustentación normativa; no obstante la Corte no tuvo en cuenta la demanda de casación para ser objeto de estudio argumentando que hubo falencias en el proceso de casación.El enfoque con el cual la defensa presentó el recurso fue precisamente encaminado a determinar que hubo una indebida valoración de prueba. En este caso, la Corte decidió inadmitir el recurso de casación por tanto, se mantiene la condena en contra de uno de Ricardo Carvajal.Le puede interesar:
A través de un comunicado, la Fiscalía General de Nación confirmó que un juez penal especializado de Bogotá dictó fallo condenatorio en contra de Wilson Arévalo Hernández, conocido como alias ‘El Quesero’ o Chaco’ por la participación del atentado contra la Escuela de Cadetes General Santander y que ya había sido condenado por delito de rebelión y financiamiento al terrorismo.Las evidencias confirman que el guerrillero, perteneciente al ELN, fue el encargado de conseguir la camioneta Nissan Patrol 1993 en la que se cargaron los explosivos para luego hacerlo detonar dentro de la institución. Además, se confirmó que ‘El Quesero’ viajó en el mencionado vehículo desde Arauca hasta Bogotá los días 23 y 24 de noviembre del 2018 y lo dejó escondido en una bodega ubicada en el sur de la capital en el barrio Tejares.Las investigaciones arrojan que José Aldemar Rojas, señalado de conducir e introducir la camioneta a la escuela, arrendó la bodega donde dejaron y adaptaron el vehículo con 80 toneladas de pentolita que posteriormente explotaría a las 9:30 de la mañana dentro de la escuela dejando 22 víctimas mortales.Según la Fiscalía, por este atentado ya se han condenado cinco personas más.Por el atentado también condenaron al EstadoEn marzo de 2023 se conoció un fallo donde se condenó al Estado colombiano por la muerte del cadete santandereano Cesar Alberto Ojeda Gómez, quien murió en el atentado terrorista perpetrado por el ELN el 17 de enero de 2019El Juzgado 60 Administrativo del Circuito de Bogotá determinó que hubo una omisión por parte de las autoridades en la implementación de adecuadas medidas de seguridad para evitar este atentado.
Colombia es un país condenado a girar eternamente en torno a los no pocos momentos violentos de su historia, sin lograr la suficiente verdad ni la suficiente justicia que le permitan una verdadera reconciliación con el fin de “pasar la página” y mirar hacia el futuro.En las últimas horas, la conmemoración del robo de la espada de Bolívar, de la toma del Palacio de Justicia y del atentado del ELN contra la Escuela de Policía General Santander, fueron una muestra de esa realidad que afrontamos los colombianos y que como sociedad estamos en la obligación de cambiar.Sobre el robo a la Espada de Bolívar, “mito fundacional” de la guerrilla del M-19 y que fue cometido el 17 de enero de 1974, la polémica giró en torno a las voces que consideraron que un acto convocado por el ministerio de Cultura en el que llamó a resignificar la que calificaron como “recuperación” de la espada, podría ser considerado una apología a la lucha armada, lo cual fue negado por el ministro-El otro escenario de confrontación política y mediática se produjo por cuenta de la decisión del Ministerio de Defensa de retirarle las condecoraciones que había recibido el excomandante de la Brigada 13 del Ejército, general Jesús Armando Arias Cabrales, por haber sido condenado por el Holocausto del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.Aunque el presidente Gustavo Petro defendió esa decisión argumentando que se hizo con base en un decreto del año 2015, la coincidencia de la determinación con los actos conmemorativos del robo de la Espada de Bolívar por parte del M-19 y con mensajes del jefe de Estado a través de redes sociales, catalogando la toma del Palacio como una “demanda armada”, relativizando la responsabilidad del grupo guerrillero al que él perteneció, llevaron a que sobre todo desde sectores políticos opositores lanzaran duras críticas en su contra.Para completar el complejo panorama de conmemoraciones de actos violentos, este miércoles se cumplieron 5 años del atentado terrorista del ELN contra la Escuela General Santander de Bogotá en el que fueron asesinados 22 cadetes, en medio de las voces de sus familiares denunciando no solamente impunidad sino también ausencia de una reparación efectiva por parte del Estado.La conclusión a la que se puede llegar tras recordar estos tres episodios violentos de nuestra historia reciente es que las heridas siguen vivas porque ninguno de los actores responsables de estos terribles crímenes ha dicho la verdad ni tampoco ha pedido perdón a sus víctimas: ni el M-19 ni el Ejército han hecho un necesario acto de contrición por la toma y retoma del Palacio de Justicia, ni el ELN ha hecho lo propio tras el atentado a la Escuela General Santander. A eso hay que apuntarle y podría ser una buena idea incluirlos dentro de la “paz total”.
Doris Barbosa, la madre de Juan Diego Lozano, indicó que el hecho se registró en la Escuela de Cadetes General Santander, en el sur de Bogotá. “Me llamaron el lunes (24 de julio) que mi hijo se había suicidado y pues la verdad son unas versiones que no coinciden con nada”, aseguró.Según la denuncia de la mujer, ella había visitado a Juan Diego el domingo en la Escuela y en esa visita ella no notó nada raro, ya que estuvieron compartiendo almuerzo e, incluso, él tenía “muchos planes de vida como para que ellos vengan a decir que se suicidó”.En este momento, de acuerdo con Doris Barbosa, nadie se ha comunicado con la familia para explicarle qué fue lo que pasó con su hijo, sino que solo le han expresado especulaciones alrededor del caso.“En este momento me dirijo a Medicina Legal porque me habían dicho que mi hijo me lo entregaban el viernes, pero por irregularidades que están pasando con las prendas de mi hijo, evidencias que quieren quemar, que quieren desaparecer, no lo sacamos. Yo hice el reclamo y de una vez mi hijo lo tuvieron más tiempo en Medicina Legal”, agregó la madre del joven.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFJuan Diego era un joven de apenas 18 años, quien estaba prestando su servicio militar y solo le faltaban cinco meses para terminar su labor en la Policía.“En este momento me dirijo a Medicina Legal para ver si una juez me da la autorización de sacarlo y que las prendas se vayan bajo custodia de Fiscalía; la verdad solamente espero que se esclarezcan los hechos porque esto es muy verraco tener un hijo uno allá sin ninguna explicación”, expresó.Le puede interesar:
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la libertad por vencimiento de términos de cinco personas involucradas en el atentado terrorista a la Escuela de Cadetes General Santander, ocurrido el 17 de enero de 2019. Además, el alto tribunal negó, por improcedente, una tutela con la que buscaban la recaptura de los investigados.Se trata de Miguel Antonio Castillo Rodríguez, Angie Lorena Solano Cortés, Andrés Felipe Oviedo Espinel, Carlos Arturo Marín Ríos y Jessica Catherine Barrientos Castilla, supuestos miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).Esta libertad ya había sido otorgada por un juez el pasado 20 de febrero; la noticia es que la Corte no solo deja en firme la libertad por vencimiento de términos, sino que rechaza una tutela por improcedente, con la que se buscaba la recaptura de esas cinco personas investigadas por el atentado terrorista a la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, que dejó 22 cadetes muertos y 80 personas heridas.A propósito del tema, es importante mencionar que el jueves 11 de mayo fue condenado a 17 años de cárcel Wilson Arévalo Hernández, alias ‘Chaco’, pues un fiscal demostró que esta persona perteneció al frente Domingo Laín Sáenz del ELN.Este personaje constituyó la empresa de lácteos Villa Esperanza como fachada para transformar dineros producto del cobro de extorsiones y secuestros en el oriente del país. Además, para usar las ganancias de la venta de quesos y distintos productos para cubrir económicamente varios actos terroristas como el atentado de la escuela de cadetes.También, quedó en evidencia que este hombre transportó en los vehículos de su industria láctea a cabecillas del ELN, armas, explosivos, equipos de comunicación y material de intendencia.Cabe recordar que la primera condena por ese atentado se dio el 16 de marzo de 2022, cuando Andrés Ricardo Carvajal Salgar fue declarado culpable de alquilar la bodega en la que se acondicionó el vehículo con más de 80 kilos de explosivos con el que se perpetró el ataque en Bogotá.Le puede interesar:
Un juez penal especializado de Yopal, Casanare, condenó a Wilson Arévalo Hernández, alias ‘Chaco’, a 17 años y 3 meses de cárcel y al pago de una multa equivalente a 4.900 salarios mínimos mensuales legales vigentes.Según el fallo condenatorio, alias ‘Chaco’ es responsable de los delitos de rebelión, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de delincuencia organizada, por lo que un fiscal demostró que alias ‘Chaco’ perteneció al frente Domingo Laín Sáenz de ELN.Además, según la entidad, frecuentó los campamentos en zona de frontera con Venezuela, llevó víveres y otros elementos, ocultó dineros ilícitos y obtuvo nuevos recursos para sostener las distintas estructuras ilegales en Arauca y Casanare.Por su parte, la Fiscalía reveló que alias ‘Chaco’ constituyó la empresa de lácteos Villa Esperanza como fachada para transformar dineros producto del cobro de extorsiones y secuestros en el oriente del país y, para usar las ganancias de la venta de quesos y distintos productos para cubrir económicamente varios actos terroristas, como el atentado a la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, que dejó 22 cadetes muertos y varios heridos el pasado 17 de enero de 2019.Además, quedó en evidencia que este hombre transportó en los vehículos de su industria láctea a cabecillas del ELN, armas, explosivos, equipos de comunicación y material de intendencia.Los análisis contables y otras actividades investigativas demostraron que la empresa Villa Esperanza fue creada con un capital de apenas 3’500.000 pesos y con un único empleado, Wilson Arévalo Hernández, y que, entre 2012 y 2017, recibió 337 consignaciones por 4.530 millones de pesos y dejó de declarar ante el Estado una cifra superior a 5.000 millones de pesos que corresponderían a ingresos por actuaciones ilícitas.
Un informe de agencias de inteligencia de cinco páginas advierte que el ELN estaría preparando una respuesta militar para generar impacto mediático nacional. El hecho tiene en alerta máxima a las autoridades."Se generan unas alertas principalmente en zonas urbanas a través de uno de los componentes de los famosos frentes de guerra del ELN de los cuales la Policía, la Fiscalía y las fuerzas militares vienen realizando una prevención en 16 ciudades del país y en 15 ciudades descentralizadas principalmente en la región de frontera como Arauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y el sector aledaño a Caquetá”, indicó el brigadier general Tito Castellanos, jefe Nacional del Servicio de Policía.En el documento reservado se indicó que el ELN busca demostrar su incidencia en el país y “vigencia en su accionar político y retomar fortalecido las exigencias en la mesa de diálogo en México a partir del 13 de febrero del año en curso donde confidencialmente se abordará el tema del cese al fuego bilateral, como en enero de 2019, cuando atacaron la Escuela de Policía General Santander”.Además, la misiva indica que este grupo guerrillero estaría planeando un atentado similar a la bomba que explotó en la Escuela de Cadetes General Santander, el 17 de enero de 2019. El sangriento atentado dejó como saldo 22 muertos y 64 heridos.Las acciones que tendría planeadas esa guerrilla en el país también serían en respuesta a las recientes capturas de algunos cabecillas y piezas clave de ese grupo armado al margen de la ley que, además, reconoció en las últimas horas el asesinato de dos uniformados en Norte de Santander.Le puede interesar:
En enero del año 2019 se presentó un atentado en la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá, en el cual 22 cadetes de la Policía perdieron la vida y al menos 80 personas resultaron heridas.El atentando, según las autoridades, fue responsabilidad de la guerrilla del ELN y esto llevó a que el expresidente Iván Duque anunciara la suspensión de los diálogos de paz con ese grupo.Este jueves la Fiscalía acusó formalmente al comando central del ELN por este hecho, entre los que se encuentran algunos delegados del equipo negociador de esa guerrilla como ‘Pablo Beltrán’ y ‘Gabino’.Sin embargo, en medio de los diálogos que entabló el actual Gobierno con esa guerrilla, el presidente Gustavo Petro autorizó suspender las órdenes de captura contra los negociadores que se encuentran en La Habana con el fin de retomar las negociaciones, es por esto por lo que el fiscal general, Francisco Barbosa, aseguró que, si en este caso llega una solicitud del presidente, él va a cooperar con el Gobierno.“Lo que haré de forma inmediata, en caso de que se presente una solicitud de ese nivel por parte del Gobierno nacional, el compromiso mío es cooperar rápidamente en el marco de mis competencias para que se levanten las órdenes de captura que tengan que hacerse”, señaló Barbosa.Sin embargo, el fiscal también explicó que hasta el momento no ha llegado al ente de control una solicitud del Gobierno nacional en este sentido.Le puede interesar:Escuche el podcast: el monje que cambió la historia religiosa
