Por medio de un comunicado la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil), condenó los atentados terroristas contra equipos de comunicación en Norte de Santander que dejaron incomunicados los municipios de El Carmen, San Calixto y Convención.Lea también: Asomóvil pide que subasta de espectro la lleve a cabo el gobierno Duque“Es un atentado que vulnera los derechos de todos los ciudadanos y se constituye en el mejor caldo de cultivo para la delincuencia, que pretende aislar a una parte del territorio nacional para evitar la presencia del Estado y de entidades privadas que sirven a la comunidad”, dijo el presidente de Asomóvil, Samuel Hoyos.Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.El gremio de telecomunicaciones afirmó que la seguridad es una condición fundamental para garantizar la conectividad del país, y este atentado afecta en su gran mayoría a las poblaciones más humildes, vulnerables y retiradas de Colombia.Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones, los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.
El gremio que reúne a Claro, Movistar y Tigo Une, Asomóvil, le solicitó al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TIC), dejar en manos del próximo Gobierno, que comienza el 7 de agosto, la subasta de espectro de 700 MHz, que tiene como objetivo ampliar la cobertura de internet y llamadas móviles, especialmente en zonas rurales.Vea también: Gobierno está interesado en vender su participación en Movistar Colombia: MinHaciendaEl Ministerio ya tiene un proyecto de resolución que establece los requisitos y ha pedido a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) un concepto sobre las condiciones que regirán la subasta.En su concepto al Gobierno, con fecha del 11 de julio, la SIC realizó varias observaciones sobre la sustentación de valores, omisiones en la metodología sobre obligaciones de cobertura, pide además revisar las fórmulas para establecer la cobertura.“Esta Superintendencia recomienda que se sopese igualmente el alcance de la política de cobertura. Desde la perspectiva de la libre competencia, tal evaluación procede en la medida que una excesiva carga de cobertura puede desincentivar a algunos operadores a subvalorar el espectro y con ello puede disminuir la intensidad del proceso competitivo durante la subasta”, dice.La autoridad también le pide al Gobierno no dejar ninguna duda en el proceso de convocatoria y términos de la subasta.“De cualquier forma, la exactitud y precisión en las reglas de juego para todos los participantes, es un elemento que fomenta la transparencia del proceso y sirve a los propósitos de que este se desarrolle de manera competitiva, ágil y dinámica”.Por ello, Asomóvil consideró que en un proceso de tal magnitud y estando a menos de 27 días del inicio del nuevo Gobierno, "no es oportuno definir de manera apresurada y sin claridad, las condiciones de la subasta, dejándole un hecho cumplido a la entrante administración, que además debe asumir las consecuencias".En enero de este año, el sector ya le había solicitado al Gobierno aplazar este proceso, mientras el ministerio tomaba las medidas necesarias para “reactivar la industria”.Escuche más noticias de economía en Negocios BLU:
Nancy Patricia Gutiérrez, presidente de Asomóvil, habló en Vive Bogotá de BLU Radio sobre las declaraciones del fiscal general en las que aseguró que “el bloqueo del IMEI no funciona en Colombia”. La presidenta de Asomóvil afirmó que el tema del robo de celulares es “bastante complejo” pues va más allá de lo que puede hacer el sector TIC. “La responsabilidad está en cabeza de las autoridades”, dijo. Le puede interesar: Hurto a bancos y robo de celulares: los delitos que más se incrementaron. Afirmó que por parte de las empresas operadoras de celulares se ha cumplido con todos y cada uno de los requerimientos solicitados para ayudar a combatir el robo de celulares. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
Nancy Patricia Gutiérrez, presidenta de la Asociación de la Industria Móvil de Colombia, desmintió que el IMEI no esté funcionando para combatir el delito de hurto de celulares, dice que las empresas, operadoras del servicio de telefonía celular han cumplido con todo e incluso, a través del registro aportan valiosa información para que la Policía tome acciones más contundentes, y que por eso la falla es en materia de seguridad. “Vale la pena hacer énfasis que los delitos conexos a la actividad de la prestación del servicio de telecomunicaciones no es una responsabilidad de la industria, es una responsabilidad de la Policía; y la industria ha hecho todo lo que le han pedido las autoridades en la lucha contra el robo de celulares, se han invertido más de 20millones de dólares en esa guerra a través del desarrollo de plataformas”, indicó Gutiérrez. Le podría interesar: El bloqueo de IMEI de celulares en Colombia no sirve: Fiscalía La presidenta de Asomovil aclaró que a través de dichas plataformas identifican los equipos que no tienen problema, pero también en otra base de datos se identifican los teléfonos hurtados y robados. Finalmente, en una última plataforma se cruzan las llamadas de todos los operadores del país y se identifican los teléfonos que han sido duplicados. La dirigente gremial aseguró que comparte la preocupación del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, sobre el aumento de robo de celulares. “Es macabro y es una mafia que maneja al año cerca de un 1 billón de pesos”, dijo, y apoyó que se esté destapado dimensión de la problemática. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
En el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) aprobado en el 2014, quedó establecido que en la ciudad no se pueden instalar torres de telecomunicaciones a menos de 250 metros entre una y otra esto con el fin de evitar que en una sola manzana de un barrio existan más de dos de estas torres. Según Nancy Patricia Gutiérrez, vocera de Asomóvil, la restricción afectará la cobertura de telefonía celular en la ciudad pues no permite desplegar la cobertura suficiente en algunos sectores, “el problema es a mediano plazo, en la medida en que la ciudad crezca verticalmente es decir que hayan más edificios, la normatividad dificultaría la instalación de antenas que puedan cubrir los pisos altos de las edificaciones”, dijo que pidieron a la alcaldía de Cali eliminar esta barrera. Según cálculos, el 70% de la ciudad tendría problemas de cobertura de celular, el problema se agudiza según Gutiérrez por las acciones de tutela que lideres comunitarios han instaurado para eliminar antenas de celulares en los barrios. “Al comienzo fue desinformación, dirigentes comunitarios no entendieron cómo funcionaban las antenas de telecomunicaciones móviles y había cierta prevención sobre las posibles consecuencias de las antenas, pero estos mitos han ido desapareciendo cuando la comunidad ha entendido que son necesarias para la comunicación” señalo la dirigente gremial. Se estima que en Cali hay más de 300 antenas de telecomunicaciones.
Nancy patricia Gutiérrez, presidente Asomóvil, dijo que de concretarse el nuevo impuesto a los servicios de telefonía celular este sería un golpe duro para el consumidor. “En este momento, la telefonía móvil paga 16% de IVA y un 4% al consumo, es decir, paga el 20 %”, dijo. Agregó que este impuesto lo que haría sería hacer imposible que los ciudadanos puedan acceder a la telefonía. “El servicio quedaría gravado con un 26% y esto hace imposible que la gente pueda acceder a ellos”, indicó. Además, expresó que este impuesto va en contravía del Plan Nacional de Desarrollo que busca expandir el acceso a internet y las nuevas tecnologías”, concluyó. Gutiérrez insistió en que este no es un servicio de lujo y que sería perjudicial elevar los impuestos, principalmente para los estratos más bajos de la población.
Argumentó que la ilegalidad del recaudo recae en que su cobro se fundamenta en una ley que fue sancionada en 1913. Que además desincentiva a la comunidad de Barranquilla "para efectos de mantener altos niveles de penetración de las telecomunicaciones móviles" y que genera desigualdad porque los barranquilleros pagarán más que los del resto del páis. "Nuestra preocupación va en dos sentidos: primero la ilegalidad del acuerdo y, en segundo lugar, la inequiedad que se presenta ara los usuarios de Barranquilla", dijo. Aseguró que por el tema ha notificado en repetidas ocasiones a la Alcaldía de Barranquilla, pero que no ha recibido mayor respuesta. "Consideramos que esta es una decisión que va en contra vía a la norma", indicó Gutiérrez, quien advirtió que las autoridades territoriales no pueden grabar impuestos sin la autorización del Congreso de la República.
