En Medellín no se presentaron asesinatos de defensores y líderes sociales en 2024, aunque sí amenazas, motivo por el cual el Distrito atendió a 53 de ellos.Los casos atendidos disminuyeron frente a 2023, y en total fueron protegidos con medidas 33 hombres, 19 mujeres y una persona no binaria. Las comunas con más registros fueron Doce de Octubre, Villa Hermosa y San Javier, lo que según la Alcaldía "refleja circunstancias asociadas a la violencia urbana y la desigualdad socioeconómica"."Es de recordar, en el periodo 2023 hubo más de 70 líderes amenazados, 2024 se redujo a 53 personas y líderes amenazados en la ciudad de Medellín. Es de recordar que la Alcaldía de Medellín brinda todas las rutas de atención jurídica, psicológica y albergues. Esto es para garantizar la vida de los líderes y defensores de derechos humanos", indicó el secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Arcila.Como parte de las medidas que siguen implementando para proteger a los líderes sociales, surgió la Mesa Distrital de Seguimiento para articular esfuerzos de 15 entidades en torno a amenazas, desplazamientos y agresiones."Garantizar la vida de los defensores de derechos humanos es garantizar la democracia, es garantizar la paz. La Alcaldía se compromete a defender la vida de los líderes y defensores de derechos humanos", agregó Arcila.La Administración Distrital indicó que trabaja en reducir la demora en la evaluación del riesgo por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y en fortalecer estrategias de sensibilización y prevención en los territorios.También destacó que se adelantaron programas de prevención, capacitación y sensibilización en medidas de autoprotección para comunidades en las 16 comunas y los cinco corregimientos, así como actividades de promoción, con atención jurídica y psicosocial.
Como Joselito Acosta León, de 36 años, fue identificado el hombre asesinado en el Cauca. La víctima era el presidente de la junta de acción comunal de la vereda La Diana, en Ortega del municipio de Cajibío.Las autoridades en este momento se encuentran llegando a la zona para poder realizar el levantamiento del cadáver, mientras se investigan las causas de muerte."Él resulta muerto, pero no se conocen los hechos, y apenas en este momento está logrando ingresar el Ejército, y se dice que el señor salió a hacer sus labores agrícolas en el campo, pero no sabemos como fue su muerte, estamos precisamente a la espera de que entre la fuerza publica a esa zona y retiren el cuerpo", dijo Miller Hurtado, secretario de gobierno del Cauca.La comunidad de la zona pide que se refuercen las tropas, ya que los enfrentamientos completan dos días, y temen a que hombres armados ingresen a sus viviendas donde permanecen resguardados."Nosotros ya hicimos un consejo de seguridad, porque el orden público de la zona es bastante difícil, estamos esperando que lleguen más tropas porque allá es un corredor para el narcotráfico, y hay que atacarlo con contundencia", expresó Hurtado.El Ejército Nacional, a través de un comunicado, confirmó que en la misma zona fue asesinado un soldado profesional, identificado como Jaime Penna Castillo. Pero se suman otros hechos de violencia en las últimas horas en el Cauca, como el intento de hurto de hombres armadas a la sede del Banco Agrario donde dejaron abandonada la maleta con el dinero y un chaleco con explosivos, así como también el asesinato de un menor de edad al negarse a pertenecer a los grupos armados en el Plateado.
La oficina de la ONU para los Derechos Humanos reveló que hasta el mes de noviembre de este 2024 han sido denunciados 186 casos de homicidios de líderes sociales en Colombia, 80 de esos casos ya fueron verificados por Naciones Unidas.“La oficina considera como casos verificados aquellos donde se cumplen los siguientes dos criterios: El carácter de defensor o defensora de la persona de acuerdo con la definición de la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos y que una de las hipótesis de su homicidio esté vinculada a su actividad como defensor o defensora”, explica la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.La mayoría de líderes sociales asesinados pertenecían a juntas de acción comunal, con el 24% de los casos. De los 80 homicidios que ya fueron verificados por Naciones Unidas en el Cauca se registraron 17 casos, en Arauca 15 y en el Valle 11.“Desde el 1 de enero al 30 de noviembre de 2024, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos conoció 186 alegaciones de homicidios de personas defensoras. De estas hay 80 casos verificados, 11 casos están en proceso de verificación y 95 casos son no concluyentes”, agrega Naciones Unidas.
En horas de la madrugada de este miércoles, 25 de diciembre, el reconocido líder social del municipio de Sabana de Torres, Santander, Yusifredo Alvarado Arguello, fue víctima de un atentado a bala que lo dejó gravemente herido. Según la información preliminar proporcionada por las autoridades locales, el hombre recibió varios impactos de bala en el abdomen, por lo que fue remitido de urgencia al Hospital Universitario de Santander, en Bucaramanga.El alcalde del municipio confirmó que el líder social se encuentra fuera de peligro y en estado estable, según reportes médicos recientes."Precisamente hace una hora me informaron que el hombre está estable. Es la información que recibí de nuestra fuerza pública", aseguró el mandatario local.Sobre las circunstancias del atentado, las autoridades aún investigan los hechos y manejan varias hipótesis. La Policía Nacional adelanta las pesquisas para determinar el lugar exacto del ataque y las posibles causas. El alcalde añadió que Yusifredo Alvarado había denunciado amenazas a través de redes sociales en el pasado, lo que aumenta las sospechas sobre un posible atentado premeditado.“Anoche hablé con él alrededor de las 10 de la noche. Es muy lamentable despertarnos con esta noticia, pero afortunadamente está estable”, señaló el alcalde.Yusifredo Alvarado Arguello es ampliamente reconocido en la región por su labor en defensa de los derechos de las comunidades rurales y su activismo en pro del medio ambiente.
A través de su cuenta de X, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia rechazó dos hechos ocurridos en pleno 24 de diciembre en el departamento del Cauca.Por un lado, la entidad se refirió al robo que sufrió la diputada de la Asamblea del Cauca y lideresa del movimiento campesino Fensuagro, Orgenis Viera. La mujer fue víctima de grupos criminales armados que se apropiaron de su vehículo, pues durante la jornada se lo hurtaron.Por otro lado, la ONU en Colombia rechazó el atentado contra el coordinador de guardias del resguardo San Francisco en Toribío, Neider Escué Coicué. Este hombre fue víctima de un acto criminal con arma de fuego en las últimas horas.“Solicitamos a las autoridades competentes tomar las medidas necesarias para investigar y sancionar a los responsables de estos dos hechos. Llamamos a fortalecer las medidas de protección y de prevención de la violencia en el Cauca, en particular, para personas defensoras, y líderes y lideresas”, señaló la ONU a través de sus redes sociales.En medio de su mensaje, la organización mencionó las cuentas del presidente Gustavo Petro, de la vicepresidenta Francia Márquez, del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y de la Fiscalía General de la Nación.Por último, la ONU en Colombia hizo un llamado “a fortalecer las medidas de protección y de prevención de la violencia en el Cauca, en particular, para personas defensoras, y líderes y lideresas”.
Cómo Diego Tulande Acorta, de aproximadamente 35 años e integrante de la junta de acción comunal de la vereda de Cerro Rico, zona rural del municipio de Buga, fue asesinado hace algunas horas, al parecer, por hombres armados quienes le dispararon en repetidas ocasiones. El crimen ocurrió en circunstancias aún por esclarecer, pero ha generado gran consternación en la comunidad. Por su parte, desde la Defensoría exigieron medidas inmediatas para proteger la vida y los derechos de la comunidad, y de líderes y lideresas sociales.Según la entidad ya van 19 lideresas y líderes asesinados en lo corrido del año en el departamento y la muerte de Diego se suma a las 86 víctimas por arma de fuego en la región, confirmando la materialización de la Alerta Temprana 010-24. Noticia en desarrollo...
En este fallo del alto tribunal ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP), respetar el debido proceso al evaluar los riesgos, realizando estudios cuidadosos, periódicos y técnicamente fundamentados, evitando decisiones que aumenten los riesgos existentes, además, aseguraron que se debe considerar con extrema importancia el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.En el caso de uno de los demandantes, la Corte Constitucional encontró que la reducción de su esquema de protección no fue debidamente justificada ni contextualizada, y ordenó realizar una nueva evaluación de riesgo.Por otro lado, en el fortalecimiento de su esquema de protección durante el proceso judicial llevó a declarar superada la pretensión.El alto tribunal enfatiza además en la relevancia de las personas defensoras de derechos humanos en el fortalecimiento del sistema democrático colombiano, reconociendo que su labor se desarrolla en un entorno hostil y peligroso, según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo.“Motivar sus decisiones de manera técnica, suficiente y razonable, asimismo, esta entidad debe tener en cuenta el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y determinar de qué manera los contextos identificados en ellas inciden en la valoración del riesgo de cada caso”, dice la CorteEsta decisión reafirma la importancia de proteger los derechos de quienes enfrentan amenazas por su trabajo en defensa de los derechos humanos y promueve un marco de garantías para estas labores fundamentales en el país.
La Gobernación de Santander expresó, en un comunicado, un rechazo a las amenazas recientes dirigidas contra los líderes sociales de la región y del país. En un comunicado oficial, la administración departamental destacó que estos actos de intimidación y agresión no solo atentan contra la integridad de quienes defienden los derechos humanos, sino que también constituyen un desafío directo a la democracia y la paz.“Estas agresiones, que atentan contra la integridad y la labor de quienes defienden los derechos humanos y trabajan por el bienestar de nuestras comunidades, son un atentado contra la democracia y la paz”, señaló el documento emitido por la Gobernación. La Gobernación de Santander señaló en el comunicado su compromiso con la protección de los defensores de derechos humanos y pidió a las autoridades competentes que adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los líderes sociales, asegurando así que puedan continuar con su valiosa labor.El comunicado también subraya la importancia de la cooperación entre las diferentes instancias del gobierno, las organizaciones sociales y la comunidad en general para fortalecer la seguridad y garantizar los derechos de todos los ciudadanos. “La Gobernación de Santander continuará trabajando de la mano con las autoridades nacionales y regionales, las organizaciones sociales y la comunidad en general para fortalecer la seguridad y las garantías necesarias para el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas”, reza el documento.“Es necesario reconocer la valiosa contribución de estos líderes al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa”, destacó el comunicado. Este pronunciamiento de la Gobernación se produce en un momento en que las amenazas y agresiones contra líderes comunitarios y defensores de derechos humanos se han incrementado en varias regiones de Colombia, generando preocupación entre las comunidades.
La oficina de la ONU para los Derechos Humanos reveló en las últimas horas que hasta el mes de septiembre de este 2024 había recibido 152 denuncias de homicidios de líderes sociales en Colombia. La ONU ya pudo verificar 47 casos y 44 están en proceso de verificación."La oficina considera como casos verificados aquellos donde se cumplen los siguientes dos criterios: el carácter de defensor o defensora de la persona de acuerdo con la definición de la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos. Que una de las hipótesis de su homicidio esté vinculada a su actividad como defensor o defensora", explicó la oficina de la ONU para los Derechos Humanos.El 24 % de los casos denunciados hacen referencia a miembros de Juntas de Acción Comunal (JAC) siendo los defensores que enfrentan el mayor riesgo. En cuanto a los departamentos el Cauca es uno de los que más registros presenta. Sin embargo, la situación también es compleja en Arauca.Es importante recordar que en el Cauca hay una fuerte presencia de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco, mientras que en Arauca hay presencia de ese mismo grupo y del ELN, el cual está en un proceso de paz con el Gobierno.En 2023, la oficina verificó 105 casos de homicidios de personas defensoras. Además, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024, recibió ya 98 alegaciones de homicidios de personas defensoras que está cotejando.“Observamos que esta violencia afecta en particular a miembros de Juntas de Acción Comunal, autoridades de pueblos indígenas y afrodescendientes y personas que defienden el territorio, la tierra y el medio ambiente”, señaló el director de la División de Operaciones sobre el Terreno y Cooperación Técnica de la Oficina en el país, Christian Salazar Volkmann.
La noche de este miércoles 6 de noviembre la comunidad del asentamiento humano La Bendición de Dios, en la comuna 7 de Barrancabermeja, fue escenario de un suceso que dejó sin vida a Rodolfo Enrique Rivera Tarazona, de 50 años, un reconocido líder social y vicepresidente de la junta de acción comunal de la zona.Según los testimonios de los habitantes del sector, Rivera Tarazona fue abordado por hombres armados en plena vía pública del asentamiento. Testigos afirman que, en el momento del ataque, el líder comunitario llevaba en brazos a una bebé, a quien logró proteger durante el tiroteo. A pesar de su intento por resguardar a la pequeña, Rivera Tarazona fue alcanzado por los disparos, cayendo al suelo gravemente herido.La comunidad reaccionó rápidamente y, con la colaboración de varios vecinos, trasladaron al líder social a la clínica La Magdalena, donde, lamentablemente, falleció debido a la gravedad de las heridas.La coronela Adriana Gisela Paz Fernández, comandante de la Policía del Magdalena Medio, se pronunció sobre el hecho y aseguró que ya se está trabajando para esclarecer el asesinato."Estamos registrando el asesinato de un líder social. Se trata del señor Rodolfo Rivera, quien fungía como vicepresidente de la junta de acción comunal en la jurisdicción del asentamiento humano La Bendición de Dios. Hemos colocado al cuerpo élite al frente de esta investigación, junto con las capacidades de la seccional de investigación criminal, inteligencia policial y nuestro Gaula. Todos estamos unidos para dar con los responsables de este acto criminal", señaló Paz Fernández.La oficial también hizo un llamado a la comunidad para colaborar con la investigación. "Invitamos a la ciudadanía a aportar cualquier información que pueda ayudar a ubicar a los responsables de este crimen. El apoyo de la comunidad es fundamental para que podamos esclarecer los hechos y hacer justicia por la vida de Rodolfo Rivera", agregó.La grave situación de violencia que vive Barrancabermeja ha dejado este año 133 víctimas, incluyendo a este líder social.
