Seguramente usted ha pensado en comprar un nuevo televisor porque el que tiene no cuenta con la tecnología Smart TV, privándose así de ver contenidos exclusivos y que llamen su atención.Pues eso ya no será más un problema, ya que con uno de estos sencillos dispositivos usted podrá darle una segunda vida a su viejo televisor y convertirlo en uno con mayor tecnología.En Amazon, por poco menos de 100 mil pesos (precio de oferta) usted podrá conseguir el Fire TV Stick Basic Edition, un dispositivo que al insertarlo en la conexión HDMI del televisor dará la posibilidad de transformarlo por completo.Tenga en cuenta que el Fire TV Stick deberá contar con una conexión WiFi y solo está disponible para clientes Prime de Amazon.Cabe señalar que está pensado para ser usado con Amazon Prime Video (gratuito para miembros Prime), Netflix, Spotify y varias aplicaciones como iWebTV, pero no tiene compatibilidad con YouTube.Sin embargo, este no es el único conector que existe en el mercado para tal fin.Le puede interesar: Hasta Smart TV utilizan las agencias estatales para espiar, dice expertoChromecast o Mi Box son otras dos buenas opciones de decodificadores, que sí cuentan con la plataforma YouTube. Su costo rodea los 80 euros aproximadamente (250 mil pesos).Así funciona:
Los partidos de oposición tendrán derecho a la réplica luego del discurso del presidente de la República, Iván Duque, en la instalación del Congreso de este 20 de julio.En las últimas horas se conoció una comunicación de la ANTV a RTVC en el que le solicita habilitar la señal para el derecho a la réplica a la cual tiene derecho los partidos Alianza Verde, Polo Democrático, Unión Patriótica, Mais, Colombia Humana y Partido Farc.“El derecho a la respuesta o intervención, en un espacio de 20 minutos, ante la declaración oficial del presidente de la República, Iván Duque, en la instalación del Congreso, debe ser garantizado por la mesa directiva de la respectiva corporación y el medio de comunicación que realizará la transmisión oficial del evento”, asegura la ANTV.Lea también: ¿Quién es el Lidio García, el virtual presidente del Congreso?El derecho a la réplica puede ser al término del discurso del presidente o en el momento en que decida la mesa directiva del Congreso de acuerdo al orden día. Sin embargo, en lo publicado por la corporación, la oposición no aparece dentro de las intervenciones.
Juan Pablo Bieri, en entrevista con BLU Radio, se refirió al escándalo que motivó su renuncia a la gerencia de la RTVC, Sistema de Medios Públicos, por un aparente intento de censura al programa ‘Los Puros Criollos’ en el canal Señal Colombia. "El presidente Iván Duque es un garante de la libertad de prensa", sostuvo el funcionario al asumir toda la responsabilidad sobre los hechos. La polémica de Bieri se detonó tras la revelación de audios, por parte de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Liga contra el silencio, correspondientes a una reunión en la que se escucha una conversación en la que se habla de “matar la producción”. Vea también: Flip acusa a Juan Pablo Bieri de censurar programa Los Puros Criollos en RTVC Preguntado por Camila Zuluaga sobre las condiciones de su renuncia a la gerencia de la RTVC, Bieri contestó que su decisión obedece a que siente que le hace más bien al Gobierno y a la televisión pública, así como a él mismo, "estando por fuera que mantenerme atornillado a un cargo".
La Autoridad Nacional de Televisión adjudicó al consorcio Promesa Futura Plural Comunicación la frecuencia del Canal Uno de Colombia, por una cifra de 107 mil 500 millones de pesos. El consorcio reúne a cuatro empresas que actualmente transmiten en el Canal Uno: NTC, RTI, CM& y HMTV. Estos ganadores deberán asumir la programación del canal adjudicado desde primero de mayo de 2017. La licitación otorgada por la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) es por los próximos 10 años con opción a ampliarlo una década más. El consorcio ganador fue el único que se presentó ante la ANTV, encabezada por su directora, Ángela María Mora, y el ministro de las Tecnologías e Información, David Luna.
En el Centro de Convenciones de Bogotá comenzó la audiencia pública para la adjudicación de los espacios del Canal UNO. Aunque el Gobierno ha señalado que no se tratará de un tercer canal, los opositores al proceso indican que al adjudicar la totalidad de los espacios a un solo oferente es prácticamente lo mismo. El consorcio al que serán otorgados los espacios está conformado por CM&, Noticias Uno, y RTI. Durante la instalación de la audiencia se conoció que el ciudadano Dagoberto Bohórquez radicó una recusación en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra el ministro TIC, David Luna, y contra la directora de la Agencia Nacional de Televisión, Ángela María Mora, al considerar que se ha vulnerado el debido proceso y no ha sido transparente. Con esta acción el demandante es que se suspenda esta licitación mientras se corrigen lo que serían, según opositores, falencias o violaciones al debido proceso en esta adjudicación.
El Consejo de Estado suspendió la sentencia del Tribunal de Cundinamarca que declaraba cumplidos ciertos requisitos impuestos a la ANTV para la licitación del Canal UNO. La comisión de verificación, entre ellos Eduardo Noriega, interpuso un recurso ante el Tribunal que ahora fue aprobado. En entrevista con BLU Radio, Noriega explicó que “la licitación del Canal UNO no puede seguir y no debió iniciarse”. “No es posible que la Autoridad Nacional de Televisión el 30 de noviembre adjudique el canal. Por el contrario, lo que tiene que hacer es revocar el auto de apertura porque el proceso no podía iniciarse”, añadió. Entre tanto, la directora de la ANTV, Ángela Mora, confirmó que ya fueron notificados de la decisión, pero aclaró que se trata de una acción popular. “Es una acción popular contra el tema del tercer canal donde el tema del Canal UNO no estaba en juego, no era materia. La autoridad se tomará el tiempo que se necesite y una vez tenga la decisión se informarán a la ciudadanía”, añadió. Mora afirmó que Canal UNO es “una concesión de espacios que tiene un régimen legal completamente diferente”.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) negó las medidas cautelares a Programar Televisión que pedía suspender el proceso de licitación del Canal uno demandando a RTI, NTC y CM& por presuntas prácticas anticompetitivas, al asegurar que los otros oferentes se habrían puesto de acuerdo para no dejar participar en la licitación del Cana Uno a la firma Programar Televisión. Sin embargo, la SIC consideró que es prematuro afirmar si hay o no prácticas anticompetitivas en dicho proceso y, por lo que, la entidad dio vía libre a que continúe con el proceso licitatorio. "Una vez analizada la solicitud cautelar presentada, así como el acervo probatorio contenido en el expediente, este Despacho encuentra que las medidas solicitadas por Programar Televisión resultan improcedentes por cuanto no se encuentra acreditado con la suficiencia probatoria que se requiere, la existencia de una práctica restrictiva de la competencia que deba ser suspendida para la preservación de la efectividad de una eventual decisión de fondo de esta entidad sobre el caso" , señala el fallo de la Superindustria.
El senador del Centro Democrático Alfredo Ramos solicitó a la Autoridad Nacional de Televisión medidas cautelares para impedir que el presidente de la República siga “abusando” del uso de la señal de televisión para “repetir lo mismo”. Según el legislador, la ley permite a la figura presidencial interrumpir la programación para comunicar algo importante de interés nacional, sin embargo, Ramos considera las 12 intervenciones del presidente desde el 2 de octubre, fecha del plebiscito por la paz, son un abuso. “Desde el 2 de octubre ha habido 12 intervenciones presidenciales, son para repetir temas que no son urgentes, no modifican la realidad nacional sino se basa en repetir unos temas, hay un afán de propagandas que es un abuso”, indicó el legislador. Para Ramos, Santos debe valerse del canal institucional y de los demás medios que tiene la presidencia para dar a conocer la información que considere necesaria y aseguró que el presidente “está abusando el espectro electromagnético que pagamos todos los colombianos”.
A propósito, Ángela Mora, directora de la Autoridad Nacional de Televisión, dijo en Mañanas BLU que esto no significa que los oferentes hayan ganado la licitación. “Si ellos ofertan por debajo del precio del valor base de referencia que ha fijado la Universidad Nacional en su estudio, la licitación hay que declararlo desierta”, manifestó. Agregó que de darse esa circunstancia sería necesario iniciar un nuevo proceso, con las revisiones respectivas. “No se trata de una subasta, no hay puja. Es un valor que tiene que estar por encima de la que ha fijado el Estado y así se logra maximizar”, indicó. Mora también dijo que Jorge Barón Televisión no se presentó en la licitación porque, tal como lo había dicho en BLU Radio, no tenía el músculo financiero para entrar en la puja. De otro lado, Mery Gutiérrez, representante legal de Programar Televisión, explicó por qué la programadora presentó una denuncia penal contra David Luna, ministro de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. “El ministro dijo mentiras a la Corte Constitucional y con base en eso se expidió un fallo de exequibilidad. Le estamos demostrando a la Fiscalía que Programar nunca ha renunciado a sus espacios y que, por el contrario, pidió la prórroga de los mismos, puntualizó.
El abogado Eduardo Noriega, apoderado de Jorge Barón, explicó en entrevista con BLU Radio en qué consiste la petición de su cliente a la Autoridad Nacional de Televisión. “Es una petición que formuló Jorge Barón desde el año 2013 y es una petición de prórroga de su contrato de concesión de espacio por otros 10 años, que es el término legal para este tipo de concesiones”, manifestó. Explicó que la ANTV hace tres años dijo que no tenía los elementos necesarios para decidir la prórroga o la licitación y en ese momento se tomó una decisión que era adicionar el plazo en 40 meses, que vencen el próximo 30 de abril. “Por eso antes de que la ANTV anunciara la apertura de la licitación Jorge Barón radicó una solicitud de prórroga que a mi juicio debe ser estudiada antes de seguir adelante con el proceso de licitación”, añadió. El abogado Eduardo Noriega dijo que “la Autoridad Nacional, de manera muy sospechosa, tiene cierto afán en adjudicar el Canal Uno de televisión”. “Es conocido que el grupo Sarmiento está inscrito, por lo tanto es bien probable que esa licitación esté marcada y tenga nombre propio, lo cual me parece muy dañino para el pluralismo informativo. Según el jurista, “negar el estudio de prórroga a Jorge Barón sería un error garrafal para toda la televisión”.
Un juzgado especializado condenó este viernes a Edwin Raúl Murcia Rodríguez y Kevin Sebastián Hernández Socha por el delito de terrorismo agravado, tras comprobarse su responsabilidad en el ataque al CAI del barrio La Aurora, sur de Bogotá, durante el estallido social, la noche del 4 de mayo de 2021. En el lugar se encontraban refugiados 15 policías, y los agresores emplearon piedras, palos y bombas incendiarias para llevar a cabo el ataque.La sentencia se basó en pruebas contundentes presentadas durante el juicio. Los videos de las cámaras de seguridad, el reconocimiento fotográfico y los testimonios de las víctimas señalaron a Murcia Rodríguez y Hernández Socha como los responsables del ataque. Además, se encontró que los artefactos explosivos incautados en la vivienda de Murcia Rodríguez coincidían con las sustancias empleadas contra las instalaciones policiales.El juez desestimó las pruebas presentadas por la defensa, y las calificó de inconsistentes y contradictorias. En su fallo, afirmó que quedó demostrado “más allá de toda duda razonable” que los acusados actuaron con dolo y que las conductas punibles fueron ejecutadas con premeditación y violencia.El Ministerio Público también respaldó la condena. El procurador enfatizó que no se trató de una protesta social, como argumentaba la defensa, sino de un acto deliberado de terrorismo destinado a intimidar y generar temor. “Se comprobó la materialidad de las conductas y la responsabilidad penal de los procesados”, afirmó, añadiendo que el allanamiento realizado en la vivienda de Murcia Rodríguez cumplió con todos los protocolos legales.
La Superintendencia Nacional de Salud encabezada por Giovanni Rubiano, ha decidido adelantar la toma de posesión de la EPS Coosalud en Cartagena tras ordenar su intervención forzosa para la administración. Esta medida se fundamenta en una serie de hallazgos que según la entidad evidencian serias falencias, esta EPS tiene a más de 3.3 millones de afiliados.La intervención llega en el momento en el que Coosalud se encuentra dentro de las cuatro EPS que están siendo investigadas por la Fiscalía General de la Nación, a raíz de las denuncias presentadas por Luis Carlos Leal, el anterior superintendente por presunta corrupción.En un contexto de grandes reformas al sistema de salud, el presidente Gustavo Petro había declarado con firmeza durante la posesión de Giovanni Rubiano como nuevo superintendente, que la vigilancia de las EPS es una de las tareas cruciales en el marco de la reforma al sector. "Antes de la aprobación del proyecto de reforma a la salud, la Superintendencia debe vigilar las EPS" había dicho el mandatarioY es que recordemos que durante esta posesión el mandatario solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar a fondo nuevas denuncias sobre corrupción en EPS. Al respecto, se refirió a la EPS Coosalud "Esta EPS no responde a las intervenidas, hoy por hoy es privada, aunque en mi opinión debería ser intervenida", señaló PetroLa intervención de Coosalud es la octava de este tipo y es la primera intervención ordenada por Rubiano desde su nombramiento. Durante la intervención el superintendente posiciono como agente interventor a Mauricio Camaro Fuentes. Coosalud es una de las EPS más grandes del país, ocupando la quinta posición en número de afiliados, con un total de 3.369.583 personas cubiertas bajo su servicio.
Un accidente de tránsito dejó tres personas lesionadas, dos de ellas de consideración grave, en un choque múltiple que involucró tres motocicletas y un bus. El incidente ocurrió en el kilómetro 14+180 de la vía Medellín-Bogotá, en el sector conocido como Peñolsito.De acuerdo con las primeras versiones y un video difundido en redes sociales, el accidente se presentó en condiciones de baja visibilidad debido a la niebla. En el siguiente video se observa cómo un bus se detiene en la vía, momento en el que uno de los motociclistas no logra frenar a tiempo y choca contra la parte trasera del vehículo. Tras el impacto, el motociclista cae sobre la calzada, provocando que las otras dos motocicletas que venían detrás también se estrellaran y terminaran en el suelo.Las autoridades de tránsito acudieron rápidamente al lugar para atender la emergencia y coordinar el traslado de los heridos a centros asistenciales cercanos. Se informó que dos de los lesionados presentan heridas de consideración y están bajo observación médica, mientras que el tercero sufrió lesiones menores.El tráfico en el sector se vio afectado durante varias horas mientras se realizaban las labores de atención y limpieza de la vía. Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para extremar las precauciones, especialmente en condiciones de baja visibilidad, y recordaron la importancia de mantener distancias seguras y respetar los límites de velocidad para evitar este tipo de accidentes.
La Sección de Apelación de la JEP decidió declarar improcedente la solicitud de nulidad que presentó el general en retiro Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército, quien fue imputado por su responsabilidad en casos de falsos positivos que se registraron en Antioquia mientras él comandó la Brigada Cuarta.“La Subsala consideró que tenía bases suficientes para señalar, entre otros, al compareciente MONTOYA URIBE como máximo responsable en calidad de autor por crímenes de guerra de homicidio en persona protegida y desaparición forzada y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada, en su calidad de comandante de la Brigada IV del Ejército Nacional, dada su posición de garante por competencia institucional y en atención al ejercicio de tal calidad en la configuración de los patrones macrocriminales analizados por la SRVR en el ADHC”, explicó la JEP.Montoya pidió anular dicha imputación y en una primera medida esa solicitud fue negada, por lo que su abogado volvió a apelar.“Mediante escritos del 17 y 24 de mayo de 2024, el representante judicial del compareciente interpuso de forma oportuna el recurso de apelación contra el auto 024 del 6 de mayo de 202445. Fundamentó su inconformidad en cuatro ejes temáticos: (i) Sobre la imputación como autor por instigación a título de dolo, cuestionó la decisión de la SRVR pues en su criterio los títulos de “autor” e “Instigador” usados por la Sala de justicia implican una mixtura de figuras legales, en tanto el primer vocablo alude al dominio del hecho y el segundo no. Situación que resulta confusa, incoherente e incomprensible para el compareciente y deviene en un vicio del consentimiento de cara a una posible aceptación46. (ii) La falta de enunciación de los hechos” explica la JEP.La defensa aseguraba que algunos hechos imputados se encuentran fuera del rango temporal en el que Montoya ejerció la comandancia en dicha Brigada y que habría violaciones a los derechos en el proceso.“ninguno de los disensos que elevó el representante judicial del señor MONTOYA URIBE configura una violación a sus garantías y derechos fundamentales, pues de lo conocido por la SA en el trámite, no es posible acreditar los principios, reglas y subreglas que regulan las nulidades ante la JEP. Por un lado, esta Sección referirá que lo alegado respecto al ADHC son aspectos sustanciales que no pueden ser objeto de nulidad pues hacen parte de la esfera valorativa de la SRVR, lo que deviene inevitablemente en una improcedencia de la solicitud de nulidad respecto a la controversia tanto en la imputación realizada por la Sala de Justicia como por la forma en que relacionó los hechos jurídicamente relevantes en el ADHC. Luego de analizar los argumentos de disenso, el a quo consideró que el procedimiento dialógico adelantado cumplió con las garantías procesales que le asisten al compareciente y que, contrario a lo sostenido por el recurrente, no hubo afectación de los derechos fundamentales al debido proceso. Como quedó reseñado, en la solicitud de nulidad se realizó una amplia serie de reproches, por lo que cabe aclarar que la SA sólo se ocupará de verificar el cumplimiento de los requisitos para la procedibilidad de los cargos de nulidad, en los que se insiste en la vulneración de garantías procesales por la indebida valoración de ciertos elementos materiales probatorios y por otra parte, debido a la ausencia de traslado de algunas versiones voluntarias que lo incriminan”, resolvió la JEP.Ante esta situación la Sección de Apelación declaró desierta la solicitud de Montoya.“REVOCAR el numeral CUARTO del auto SUB-D SUBCASO ANTIOQUIA- 024 del 6 de mayo de 2024 y en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad presentada por el representante judicial del compareciente señor Mario MONTOYA URIBE, frente a los cargos de formulación de imputación, determinación de los hechos y conductas y valoración probatoria, por las razones anotadas en la parte motiva de este proveído.Segundo.- DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación interpuesto por el abogado del compareciente MONTOYA URIBE en relación con la vulneración del debido proceso por la ausencia de traslado probatorio deprecado, al no cumplirse por parte del apelante la carga argumentativa conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.Tercero.- En firme esta providencia, DEVOLVER las diligencias a la Subsala D de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, para lo de su competencia”, dice el auto.De esta manera el general en retiro Mario Montoya deberá enfrentar un juicio adversarial, de ser vencido podría pagar 20 años de prisión.
Luis Fernando Llano se ha convertido en una de las voces que ha denunciado a lo largo de los años al sacerdote Darío Chavarriaga. Públicamente, Llano, de 62 años, lo acusó de abuso sexual, delito que, aseguró, se repitió en varias ocasiones y que también cometió contra sus siete hermanas, cuando eran todos menores de edad.En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, Llano contó su historia. Según recordó, los abusos por parte de Darío Chavarriaga, quien falleció en 2015, ocurrieron cuando tan solo tenía 14 años y era estudiante en el Colegio San Bartolomé de Bogotá en 1976.En ese entonces, el sacerdote, que era el segundo al mando, le otorgó una beca por su rendimiento académico y, de a poco, se ganó su confianza y la de su familia al punto de que Llano se llegó a quedar a dormir en los aposentos de Chavarriaga varias noches, donde ocurrieron parte de los abusos.Cadena de complicidadHoy, años después, Llano se pregunta cómo fue posible que en ese momento nadie, incluyendo sacerdotes, preguntara por las conductas inapropiadas que tenía Chavarriaga con él. Por eso, dijo que eso lo hace pensar en que, tal vez, se dieron cuenta, pero “guardaron silencio”.“Hubo gente alrededor, porque es muy raro que llegue un niño al colegio a las 11:00 de la noche a dormir, es algo muy raro. De esto puedo dar fe, que cuando bajábamos en la mañana, que yo bajo con el pelo mojado y mis libros, me siento en la mesa donde estaban sacerdotes y gente de la comunidad, cómo es posible que ninguno de ellos se haya levantado a preguntarle: ¿usted qué hace en el cuarto con este niño?”, comentó Llano.El día que se reencontró con su abusador: un hecho que lo animó a denunciar públicamenteLlano contó que fue en el 2014, en un evento al que asistió con parte de su familia, que se reencontró por casualidad al sacerdote Darío Chavarriaga. Cuando lo vio solo tuvo el impulso de irse contra él para enfrentarlo e, incluso, golpearlo por todo lo que le había hecho en la infancia, pero uno de sus sobrinos lo detuvo y lo calmó, pese a que nadie entendía qué pasaba.“No tenía previsto ese encuentro. Era un capítulo en mi vida que tenía sepultado, tapado con cerrojo, pero las circunstancias de la vida me llevaron a reaccionar de esa manera (…) Él me vio y vio mi reacción, se dio vuelta y subió a sus aposentos”, detalló.Denuncia al padre Francisco De RouxLuego de eso, Llano decidió denunciarlo y no seguir guardando silencio con su caso. Ese mismo año, lo acusó ante el padre Francisco De Roux, quien en ese entonces era el jefe de la comunidad en Colombia. Unos años más tarde lo hizo también ante el sacerdote alemán Hans Zollner, profesor en la Universidad Gregoriana de Roma y muy cercano al papa Francisco.“Él (De Roux) tomó unas medidas canónicas. Dijo que iba a obtener toda la información posible para una máxima sanción, pero, como lo dice en nuestra carta, la solicitud de llevarlo a la Fiscalía pues no se habló; era presentarlo a las autoridades, pensamos que con eso ya quedaba resuelta la solicitud”, agregó.Insistió que por la gravedad de los delitos denunciados, era suficiente para que Chavarriaga fuer apuesto en manos de la justicia ordinaria.“Yo pienso que él ha de ir más lejos porque los delitos que se estaban denunciando no eran simples faltas disciplinarias o una cuestión muy leve. Así como pedimos que llevara esto a las autoridades, esperábamos que fuera un paso más adelante. No lo juzgo, pero las cosas pudieron hacerse de otra manera en ese momento”, recalcó.Otros abusos: un recuerdo dolorosoFue año después de ese incidente que su hermana Sofia, en una conversación mientras conducía, le preguntó qué había pasado esa vez. Luis Fernando decidió contarle que había sido abusado por el cura.En ese momento, según recordó, su hermana “se tacó a llorar” y le reveló que ella también había sido abusada por él.Cuatro de los hermanos Llano, a partir de ahí, dijeron: “A mí también me pasó” y luego los demás. “Es muy difícil decirlo”, añadió sobre su lucha todos estos años.
