El conductor de un camión que transportaba gas fue asesinado en la vía hacia el Suroeste de Antioquia, generando que se incendiara su vehículo tras también chocar con una camioneta. Las autoridades confirmaron que el conductor del otro carro salió ileso.Sicarios llegaron hasta la vía que comunica Medellín con el Suroeste de Antioquia y balearon al conductor de una reconocida empresa de gas cuando pasaba por el kilómetro 48 del tramo entre los municipios de Concordia y Bolombolo, causando que el camión se rodara.La situación generó que una camioneta que venía detrás lo chocara, lo que generó un incendio en el vehículo de carga, pero por fortuna el otro involucrado en el accidente de tránsito logró salir ileso tras lo sucedido, antes de que una explosión pudiera afectarlo, según confirmó la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Antioquia.Las autoridades correspondientes están en la escena llevando a cabo las tareas de inspección y el levantamiento del cadáver. Por ahora, no se ha identificado al conductor fallecido ni se conocen las razones detrás de este homicidio.El hecho generó temor en los transeúntes y conductores en la zona, teniendo en cuenta que generaba un riesgo si se generaba explosiones derivadas del accidente. Por ahora, la conflagración ya pudo ser controlada por las autoridades en esta vía que es altamente transitada.
Mientras la Policía sigue tras la pista de los responsables del ataque armado que dejó heridos a dos docentes cuando se movilizaban hace pocos días por zona rural del municipio de Fredonia, suroeste de Antioquia, estos siguen recibiendo atención médica en la ciudad de Medellín.Así lo indicó el coronel Gerson Bedoya Piraquive, comandante encargado de la Policía en el departamento, quien aseguró que los educadores están fuera de peligro, pero siguen recibiendo acompañamiento por parte de la fuerza pública en caso de que haya intenciones de atentar nuevamente contra sus vidas."Por parte de Inteligencia Policial Oficial, le estamos brindando las garantías de seguridad para que de pronto no arremetan en caso tal de que haya sido objeto de alguna amenaza que no la tienen tampoco. Por eso es que estamos investigando", dijo.Por ahora, la principal hipótesis de lo ocurrido es que el ataque se habría producido por una equivocación por parte de los sicarios que buscaban ultimar a otras personas."Estamos en una investigación que ya avanza, estamos verificando por qué fueron atacados estos docentes, ya que uno estaba prácticamente recién llegado al municipio, al parecer fue por una confusión, pero estamos en una investigación, quiénes fueron los actores de este hecho, ellos se encuentran en centros de salud hospitalarios recibiendo los cuidados respectivos, gracias a Dios están fuera de peligro", detalló el coronel Bedoya Piraquive. Desde organizaciones como la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida, se ha solicitado la garantía de seguridad para toda la comunidad educativa en este municipio, pero además celeridad en las investigaciones.
En total son 48 vuelos los que han sufrido demoras y seis más cancelaciones por el estado meteorológico registrado en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro en la mañana de este sábado, específicamente niebla, que generó restricciones para los despegues hasta cerca de las 9 de la mañana.Aunque las condiciones están mejorando, Airplan, operador de esta terminal aérea que sirve a Medellín, detalló que las afectaciones que se registran a esta hora son en 22 vuelos saliendo que tienen demoras, además de cuatro cancelados, al igual que 26 vuelos llegando desde otras ciudades del país con retrasos y dos cancelados.Por ahora, la Aeronáutica Civil recomendó a los viajeros que tienen programados vuelos desde y hacia la capital de Antioquia revisar su estado e itinerario, ante esta situación que depende del clima en ese municipio del oriente del departamento.
Sumado a las reacciones a favor y en contra que se han generado en el suroeste de Antioquia, la resolución del Ministerio de Agricultura frente a la implementación de Zonas de Protección para la Producción de Alimentos, ahora se ha generado una nueva controversia de carácter local.Esta ocurrió en el municipio de Támesis donde cinco concejales ya pusieron en conocimiento de la Fiscalía General y la Procuraduría el supuesto uso de sus firmas sin consentimiento en una carta que el Concejo Municipal envió el pasado 15 de enero al presidente Gustavo Petro solicitando la llegada al territorio de funcionarios de alto nivel para socializar los alcances de dicha resolución que ha generado inquietud.El documento dirigido al jefe de Estado ha sido blanco de cuestionamientos toda vez que en uno de sus apartados afirma que “intereses partidistas (...) pretenden desvirtuar la esencia y los objetivo fundamentales de la resolución”. Jorge Mario Cadavid Aguirre, uno de los concejales denunciantes de la presunta irregularidad, afirma que no tuvieron la oportunidad de leer el documento que se envió."Tenemos que rechazar la forma como este comunicado fue hecho. En algunos de los casos unos compañeros no autorizaron el uso de su firma, en otros casos, los compañeros no pudieron leer textualmente o acceder a la información a la cual estaban firmando. Entonces esto va configurando una actitud delictiva", señaló el concejal Cadavid.Ante los reclamos de los concejales que consideran vulnerados sus derechos, desde la presidencia de la corporación afirmaron que es un tema que se está politizando en exceso y que sí hubo una aprobación verbal por parte de los concejales para proceder a la remisión de esta comunicación sobre la que aún no se conoce respuesta por parte del Gobierno nacional.
Un habitante del municipio de La Unión y un foráneo que trabajaba para una empresa en Barbosa que había sido reportado como desaparecido, fueron hallados sin vida en extrañas circunstancias en una vivienda de la vereda Chalarca, hasta donde llegaron funcionarios de Policía judicial y los trasladaron a la vecina localidad de La Ceja.El hallazgo ha despertado diversas hipótesis entre la comunidad del Oriente antioqueño, ya que los vecinos que alertaron a las autoridades de los cuerpos sugieren que es un doble homicidio, pero la Administración municipal dice que será Medicina Legal la que determine las causas, teniendo en cuenta que no tenían signos de violencia y que en el sitio no se hallaron armas de fuego ni cortopunzantes. Así lo explicó el secretario de Gobierno de esa localidad, Diego Patiño."Todavía es materia de investigación, verdaderamente no tenemos un indicio que lleve a determinar qué fue un hecho violento, qué fue una venganza o qué fue inclusive una muerte causada por otra persona. Se determinará siempre y cuando Medicina Legal entregue los exámenes pertinentes", detalló el funcionario.Sobre el trabajador de una empresa del municipio de Barbosa se conoce que había sido reportado como desaparecido desde hace varios días, e incluso fue buscado por las autoridades en municipios como Rionegro, La Ceja, el sector de Palmas y finalmente fue encontrado en La Unión.Este hecho se produce a menos de 24 horas de que un hombre de 73 años, identificado como Fidel de Jesús Rodríguez, y una mujer de 75 años, identificada como Elvira Rosa Tamayo de Rodríguez, fueran hallados muertos en una vivienda de San Pedro de los Milagros, Norte del departamento. El hombre fue encontrado desmembrado.
A ocho meses de que el entonces director de Corporurabá Alexis Cuesta fuera capturado por presuntamente haber abusado de una sobrina de 16 años en un hotel del municipio de Apartadó, el caso judicial sigue generando polémica.Esta vez por una audiencia solicitada por su defensa que se llevará a cabo el próximo 21 de enero y en la cual pedirán a un juez del mismo municipio que revoque la medida de aseguramiento que actualmente cumple en la cárcel Villa Inés y que le fue impuesta a finales de mayo del año anterior.La posibilidad de que el exdirectivo de la corporación ambiental quede en libertad ha generado el rechazo de familiares y allegados de la víctima quienes aseguran que el hombre es responsable del delito por el cual es procesado y que además habría intereses económicos y políticos para buscar este beneficio. Esto dijo una de las personas allegadas a la madre de la adolescente."Las niñas se respetan, y más que era su propia sobrina, o sea, de sangre. Que la niña le tenía confianza, porque la veía como una figura paterna. Ella le tenía respeto", narró.A la situación también se han sumado colectivos feministas de esta subregión antioqueña, quienes han destacado el aumento en denuncias de este tipo de delitos donde están involucradas personas de gran confianza o con algún grado de poder sobre las víctimas como tíos, abuelos, padrastros, docentes o vecinos.Sin embargo, María Moreno, integrante de una de estas organizaciones, declaró que sería un mal precedente para la confianza en las instituciones judiciales que hubiera impunidad en un caso como estos."Esta situación es muy común en Colombia, que funcionarios queden en libertad por delitos graves incluso, como si no fueran ciudadanos que infringieron la ley aún sabiendo lo que les puede ocurrir. En muchas situaciones esto hace que se desconfíe de nuestro sistema judicial", agregó Moreno. Fuentes policiales en el Urabá antioqueño aseguran que durante 2024 los casos de violencia sexual contra menores de edad aumentaron en un 8% y al menos 72 personas fueron capturadas por estos hechos.
A propósito de la suspensión de diálogos con el ELN, el gobernador Andrés Julián Rendón nuevamente cuestionó el cese al fuego con las disidencias de las Farc. Criticó el abrazo de alias ‘Primo Gay’, cabecilla del frente 36, con un ganadero secuestrado, quien fue liberado en las últimas horas en el municipio de Anorí.Recientes hechos de orden público ocurridos en El Catatumbo, pero también en Antioquia, han generado nuevamente el pronunciamiento de las autoridades regionales. Estas, además de apoyar la suspensión de diálogos con el ELN anunciada por el Gobierno nacional, están pidiendo que se aplique la misma medida con las disidencias de las Farc.Así lo evidenció un reciente trino del gobernador Andrés Julián Rendón, en el que aseguró que ninguno de estos grupos armados tiene voluntad de paz. “Su único propósito es enriquecerse a costa de las rentas ilegales, sembrando de paso terror y muerte”, afirmó el mandatario.No obstante, el gobernador hizo referencia a una situación ocurrida este jueves en el municipio de Anorí, donde precisamente el frente 36 de las disidencias de las Farc entregó al ganadero Luis Eduardo Lopera, secuestrado días antes en el municipio de Amalfi.Las circunstancias del acto humanitario, en el que intervino el Comité Internacional de la Cruz Roja, también fueron reprochadas por Rendón, quien calificó como “aterradora” la foto en la que el liberado aparece abrazando a Neider Yesid López, alias ‘Primo Gay’, cabecilla de esta estructura y mano derecha de alias ‘Firu’. Este último fue sorprendido en el pasado con armas y dinero en efectivo en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección, en el norte de Antioquia."Alias 'Primo Gay', responsable de un secuestro, y la imagen que me queda a mí, además es el secuestrador abrazado con el secuestrado, ¿entonces de qué da cuenta de eso?, del daño tan grave que se le hace a la tranquilidad de los antioqueños por cuenta del cese al fuego", indicó el gobernador.Las autoridades han ofrecido millonarias recompensas por información que conduzca a la captura de alias ‘Primo Gay’ y otros miembros de las disidencias del frente 36, debido a su presunta participación en actividades delictivas, incluyendo ataques contra soldados y el reclutamiento forzado de menores.El accionar violento de las disidencias en zonas como el Norte y el Nordeste del departamento ha generado preocupación entre las comunidades locales y las autoridades.
La sorpresiva llegada de nueve cuerpos sin vida, durante la mañana de este viernes 17 de enero a las instalaciones de Medicina Legal en Montelíbano, Córdoba, ha requerido el desplazamiento de personal especializado del CTI de la Fiscalía para atender la investigación de lo que sería el resultado de un combate entre grupos armados en Nechí, Antioquia.Sin embargo, la falta de capacidad instalada en la morgue de este municipio, obligó al Cuerpo Técnico de Investigaciones a solicitar el traslado de los restos a Montería, donde se podrían realizar las respectivas identificaciones.De acuerdo con información que conoció Blu Radio, una empresa de funeraria fue la encargada de realizar el traslado de los cuerpos desde Nechí, en Antioquia, hasta Montelíbano, Córdoba.Los cuerpos estaban dentro de bolsas negras para que se les practicaran las respectivas necropsias, tal cual y como lo indica la ley cuando se trata de una muerte violenta.De igual manera, se supo que las circunstancias de muerte son materia de investigación para las autoridades competentes.Fuentes judiciales le aseguraron a este medio que aún no hay certezas que estructuras pudieron estar detrás de este enfrentamiento, aunque tampoco se descarta que haya sido un violento atentado. Por lo cual, grupos como el Clan del Golfo están siendo analizados en las pesquisas.
El presidente Gustavo Petro de nuevo criticó al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por su negativa a la recientemente aprobada resolución del Ministerio de Agricultura, con la que se delimitan unos polígonos para la producción agraria, pero a la par limitaría el uso del suelo. En medio de voces encontradas de gremios económicos y políticos a favor y en contra, sigue el rifirrafe entre los mandatarios.Según el presidente Petro, Rendón con su postura está defendiendo la explotación minera en Jericó, donde se adelantaría un distrito minero, mientras que el Gobierno nacional está promoviendo los cultivos de café y el agro.Frente a ello, el mandatario argumentó que lo que está haciendo es defender la autonomía territorial sobre el uso del suelo, como lo dice la Constitución Política de 1991, y que “el Presidente, por más presidente que sea, no puede decirle a ningún ciudadano en Colombia qué cultiva ni puede usurparle las funciones a los entes territoriales que ya le entregó la Constitución y la ley”."Nosotros lo único que estamos defendiendo es la Constitución del 91, porque la Constitución del 91 no se puede pasar por la galleta como lo pretende hacer esta resolución. No estamos defendiendo interés particular alguno, estamos defendiendo la Constitución y la competencia que allí se le da única y exclusivamente a los Consejos Municipales para ordenar el uso del suelo y estamos defendiendo las libertades de las personas, la autonomía territorial", señaló el gobernador.Recordemos que inicialmente esta resolución abarca 250.000 hectáreas en los 23 municipios del Suroeste antioqueño. Por ahora, cursan varias acciones legales en contra de esta medida aprobada el 26 de diciembre, que buscan que se declare nula."El presidente, por más presidente que sea, no puede decirle a ningún ciudadano en Colombia que cultiva ni puede usurparle las funciones a los entes territoriales que ya le entregó la Constitución y la ley", agregó.
Estado reconocerá su responsabilidad por hechos de violencia contra Comunidad de Paz de San José de Apartadó. La población y el Gobierno nacional llegaron a un acuerdo que da fin a este litigio internacional ante la CIDH tras 25 años.Tras más de dos décadas de litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado colombiano y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó llegaron a un acuerdo que pone fin al proceso y sienta compromiso para el reconocimiento de responsabilidades y la reparación a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.La Comunidad de Paz de San José de Apartadó se constituyó en 1997 como una iniciativa de población civil que decidió no colaborar con ningún actor armado durante el conflicto. Sin embargo, desde entonces, sus miembros denunciaron ser víctimas de asesinatos, desplazamientos y otras violaciones a los derechos humanos por parte de agentes estatales, grupos paramilitares y guerrillas.César Palomino, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), quien representó al Estado en las negociaciones, manifestó que el Estado garantizará la reparación integral, además de que se comprometió a adelantar acciones para preservar la memoria y avanzar en las investigaciones judiciales. A la par, el sacerdote Javier Giraldo, defensor de derechos humanos, se refirió a lo que ha vivido hasta hoy esta población del Urabá antioqueño."En Urabá, en la Comunidad de Paz de San José, cuando se desmovilizaron las Farc, tomó posesión de todas las veredas el Clan del Golfo. Después de habernos asesinado a dos personas el mes pasado, ahora inicia la Asamblea diciendo hay que acordar cómo vamos a suprimir, a eliminar a la Comunidad de Paz", manifestó Giraldo.Los compromisos del Estado fueron un acto de reconocimiento de responsabilidad, y la creación de un grupo especial de fiscales y miembros del CTI, encargado de acelerar las investigaciones penales relacionadas con los delitos que se cometieron contra ellos.También la publicación de un libro que documenta su historia y monumentos que se construirán para rendir homenaje a las víctimas de la violencia, en memoria de las pérdidas sufridas por la comunidad. Además, se instalarán placas, murales y otros elementos en espacios designados para preservar la memoria histórica de las víctimas y educar a futuras generaciones sobre los hechos ocurridos. Finalmente, la Defensoría del Pueblo presidirá una comisión independiente que evaluará las investigaciones realizadas y propondrá recomendaciones al Estado.En el año 2000, representantes de esta comunidad llevaron su caso al Sistema Interamericano de Justicia, denunciando la falta de garantías por parte del Estado colombiano.Vale la pena recordar que en noviembre pasado, integrantes de esta Comunidad de Paz fueron blancos de amenazas de grupos armados, especialmente el Clan del Golfo, que hacen presencia en el territorio. Este tipo de realidades obligó durante el 2024 al desplazamiento de 22 familias, por temor a que se repitan hechos como los de marzo, cuando se registró un doble asesinato en una finca conocida como Las Delicias en jurisdicción de la vereda La Esperanza.
