La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, confirmó que no se levantará la suspensión que pesa sobre esta infraestructura portuaria. La funcionaria aseguró que la falta de garantías en términos de protección ambiental es la principal razón para mantener la medida, resaltando que el muelle no cuenta con las condiciones legales necesarias para operar.Según Muhamad, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) detectó irregularidades en las operaciones del Muelle 13, las cuales habrían sido ignoradas durante años. En particular, destacó que el Ventura Group, operador del puerto, no reportó un aumento en el volumen y calado del muelle durante tres años, lo que implicaba un cambio en la autoridad ambiental responsable, lo que complicó la supervisión y control de las actividades.Además, la ministra anunció que se elevarán denuncias penales y disciplinarias contra quienes resulten responsables de estas omisiones. Estas acciones, según indicó, buscan proteger el derecho colectivo a un ambiente sano, puesto que las actividades del muelle podrían estar afectando gravemente el ecosistema local y la comunidad.Por su parte, la ministra de Transporte, María Constanza García, subrayó que el grupo portuario Ventura Group debió haber solicitado una licencia ambiental antes de operar el muelle, y no simplemente un plan de manejo. García recalcó que la ley establece que dicha licencia debe ser aprobada antes de otorgar la infraestructura, lo que aún no ha sucedido, limitando la capacidad del Gobierno de autorizar la administración del muelle.El conflicto ha generado gran incertidumbre en la región, especialmente respecto al empleo en Buenaventura. Sin embargo, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexánder López, trató de calmar los temores, asegurando que no se perderán empleos. Según López, Buenaventura cuenta con otros 15 muelles y dos sociedades portuarias adicionales, lo que permite que la carga que debería haber llegado al Muelle 13 sea redirigida a otras terminales. En cuanto al desabastecimiento, afirmó que no existe riesgo para el suministro en el país.Así, el futuro de Muelle 13 sigue siendo incierto, mientras las autoridades nacionales insisten en la necesidad de garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales antes de que se reanuden las operaciones.Por otro lado, sobre la visita anunciada por la Procuraduría, el director del DNP, Alexander López, aseguró que la procuradora Margarita Cabello nunca se preocupó por el bienestar de los trabajadores de la zona sino por las empresas privadas.
Ya inició un procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad Hidroituango, esto por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, quien habría evidenciado algunas irregularidades en unas obligaciones que debía cumplir el proyecto. La notificación llegó a Empresas Públicas de Medellín, misma que deberá responderle a la ANLA antes de que se tome una decisión.Según destacó la autoridad ambiental, el proceso comenzó por el presunto incumplimiento de obligaciones de la licencia ambiental del proyecto Hidroeléctrico Pescadero – Ituango, irregularidades que habrían sido evidenciadas durante el seguimiento de las actividades de Hidroituango.Por el momento únicamente se ha conocido el inicio del proceso sancionatorio, no obstante aun se desconoce cuál sería el monto que tendría que pagar EPM en caso de ser hallado responsable de los incumplimientos, de los cuales tampoco se dieron mayores detalles por parte de la ANLA.Hay que recordar que esta noticia se da cerca de un año después de que la misma Autoridad Nacional de Licencias Ambientales decidiera sancionar con 1.400 millones de pesos a Empresas Públicas de Medellín porque sustituyeron dos puentes y realizaron vertimientos sin permiso en la zona de injerencia de Hidroituango.La millonaria sanción se tomó en segunda instancia, como podría ocurrir en esta ocasión, tras decidirse que Hidroituango sí había tenido responsabilidad en las irregularidades ambientales durante la ejecución de algunas obras relacionadas con el proyecto hidroeléctrico.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) suspendió temporalmente las operaciones del Muelle 13 en Buenaventura, tras identificar graves deficiencias en las medidas de manejo ambiental. Daniel Páez, jefe de la Oficina Jurídica de la Anla, explicó en entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, los motivos detrás de esta decisión, enfatizando la necesidad de garantizar estándares ambientales actualizados para mitigar los riesgos en la zona portuaria.Según Páez, la suspensión responde a la insuficiencia de los instrumentos de control ambiental vigentes, basados en estudios antiguos que no reflejan las condiciones actuales del área. "Las medidas de manejo ambiental existentes no son adecuadas ni actuales para los impactos evidenciados en una visita técnica realizada en coordinación con el Ministerio de Ambiente", afirmó el funcionario.Entre las irregularidades encontradas, se destacan la mezcla de aguas lluvia con sustancias contaminantes y la falta de controles estrictos para evitar que estas lleguen al mar. Además, se detectó la presencia de vectores como palomas, que podrían comprometer la calidad de los productos almacenados en las bodegas del muelle.Durante una inspección conjunta con el Ministerio de Ambiente, se documentaron diversos problemas ambientales y sanitarios, incluyendo imágenes que muestran palomas sobre los granos almacenados en el muelle. Páez destacó que estos hallazgos forman parte de un informe técnico que sustentó la decisión de suspensión. "Aunque la Anla se enfoca en los aspectos ambientales, esta situación también podría tener implicaciones sanitarias, por lo que hemos informado a las autoridades de salud competentes, como el Invima y la Secretaría Distrital de Salud de Buenaventura", señaló.Por otro lado, se detectaron riesgos asociados con la contaminación del agua y el suelo debido a un manejo inadecuado de residuos, lo que refuerza la urgencia de actualizar las medidas de control en el puerto.La suspensión de la Anla al Muelle 13En respuesta a las críticas del Grupo Portuario —operador del Muelle 13—, que cuestionó la competencia de la Anla en este caso, Páez aclaró que el puerto fue clasificado como marítimo de gran calado, lo que otorga a la Anla autoridad sobre sus operaciones. Este cambio se fundamenta en datos oficiales de la Superintendencia de Puertos y la Dimar.“La Agencia de Defensa Jurídica del Estado corroboró esta clasificación, y el EPA (Establecimiento Público Ambiental) entregó el expediente al reconocer la competencia de la Anla. Por tanto, actuamos dentro del marco de la ley”, puntualizó el funcionario.En cuanto a una decisión del Tribunal Superior del Valle del Cauca favorable al operador, Páez explicó que esta se limita a aspectos contractuales y no interfiere con las facultades ambientales de la Anla.Para levantar la suspensión, la Anla exige la elaboración de un nuevo instrumento de manejo ambiental con estudios de campo actualizados. Páez insistió en la importancia de contar con medidas que mitiguen adecuadamente los impactos ambientales actuales, en lugar de apoyarse en información secundaria o desfasada.
La Procuraduría General de la Nación decidió absolver a 21 funcionarios y exfuncionarios de diferentes entidades luego de concluir que no tenían responsabilidad en la contingencia en el 2018 en Hidroituango. Hay que recordar que la emergencia puso en su momento en riesgo el megaproyecto por una situación en una de las galerías auxiliares.Cerca de 6 años después y luego de que un Tribunal Arbitral Internacional tomara la decisión que del Consorcio CCC Ituango no tenía responsabilidad alguna en el colapso de la galería auxiliar, el ente de control decidió seguir la misma línea y absolver a varias personas entre ellas Sergio Fajardo y Luis Emilio Pérez, exgobernadores de Antioquia; Aníbal Gaviria y Federico Gutiérrez, exalcalde y alcalde de Medellín; y exgerentes de EPM como Federico Restrepo y Jorge de la Cuesta.Precisamente el actual mandatario de los medellinenses, Federico Gutiérrez, destacó que siempre confío en que se tomara esta decisión pues, según él, logró solventar la crisis que pasó Hidroituango."Lo primero era proteger la vida de las personas, segundo el medio ambiente y tercero y por último el proyecto. Se lograron las tres porque en la contingencia no hubo un solo herido ni la pérdida de una sola vida humana. Algunos construyeron relatos falsos alrededor de Hidroituango. Una a una se les caen sus mentiras", destacó el mandatario.La decisión de la Procuraduría General de la Nación se basó en las investigaciones hechas durante varios años, mismas que evaluaron las acciones de los involucrados frente a la emergencia. Asimismo, en este proceso de absolución está involucrado el gerente de Empresas Públicas de Medellín, John Maya, y otros funcionarios de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.Por último, desde la Procuraduría General de la Nación se expuso que ninguna de las personas antes mencionadas tuvo responsabilidad directa en la situación que generó una inmensa evacuación y que, además, puso en riesgo la seguridad energética del país.
Hay buenas noticias para la ampliación de la Autonorte desde la calle 193 hasta la calle 245 y por la Carrera Séptima entre calles 201 y 245, y la primera con Sopó, pues la ANI confirmó que ya fue radicada la solicitud para la licencia ambiental de la obra llamaba Accesos Norte fase II.Entre los detalles ambientales del proyecto se destaca que en las Unidades Funcionales 1 a las 5 estaría contemplado un proyecto de conectividad hídrica y ecosistémica en la que se implementaría un plan de manejo ambiéntelas en los humedales Torca y Guaymaral con el que se haría la compensación de 98 hectáreas perdidas de biodiversidad.Entre tanto, también se confirmó que habré una construcción de cinco pasos de fauna que estarían alineados al Manuela de Pasos de Fauna y el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad, en el que también se tiene contemplado el uso de materiales “amigables” con el ecosistema.Cabe recordar que este proyecto estaba archivado por múltiples conflictos con las Anla por el proyecto presentado anteriormente en el que presuntamente faltaban algunos puntos claves de manejo ambiental.La ANI confirma que el proyecto de quinta generación tendrá una extensión de 17,96 kilómetros y una inversión de 1,7 billones de pesos con el que se busca descongestionar la entrada y salida de la capital hacia los municipios de Sabana Centro.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó la licencia y los permisos para explorar el pozo de Komodo - 1, un proyecto de exploración de gas y petróleo en el Caribe colombiano. Con esto, la entidad a cargo podrá reanudar sus operaciones para extraer dos de los suministros más importantes para el país.Este pozo se ubica en la zona económica exclusiva de Colombia, aproximadamente a 140 kilómetros de la costa frente a Santa Marta, y es el proyecto más profundo en el país en términos de perforación submarina. La exploración planeada alcanzaría profundidades de entre 3,800 y 4,000 metros de columna de agua solo para llegar al lecho marino, además de otros 2,000 metros de perforación adicionales.Cabe recordar que este proyecto, liderado por la empresa Anadarko Colombia, enfrentaba una suspensión desde octubre en el proceso de evaluación ambiental debido a la intervención del Ministerio de Ambiente, que solicitó detener el trámite para realizar una revisión exhaustiva dada la envergadura y complejidad del mismo.“Aquí nunca se ha generado esos pozos a esa profundidad. Es una lámina de agua de 4 kilómetros para poder llegar al subsuelo, entonces estamos mirando la situación de ecosistemas de aguas profundas y estamos mirando también las condiciones de manejo de riesgos, para que en caso de que esa licencia se dé, pues tengan todos los condicionantes. Estamos muy avanzados en el proceso, esperamos muy pronto darlos y que la ANLA tome una decisión”, dijo en su momento la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.Con todo esto, y tras el anuncio, desde la Procuraduría General de la Nación celebraron que la ANLA haya brindado la licencia ambiental. “Esperamos que este proyecto permita aportar conocimiento e información sobre nuevas fuentes y reservas de gas natural, lo cual es crucial para garantizar la seguridad energética de todos los colombianos” dijo el procurador delegado para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios, Gustavo Guerrero.
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad González, informó que en próximos días la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) expedirá la resolución para el cierre de las minas que hace una década la multinacional Eco Oro abandonó en el municipio de California, Santander. "La Anla va a expedir la medida preventiva por el cierre de los antiguos túneles de Eco Oro, que son precisamente los túneles que son hoy fuente de la minería ilícita en Santander. Se espera que con esto, con la investigación que va en camino se pueda lograr la articulación conjunta del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros crímenes ambientales, para lograr el cierre de los túneles más adelante”, aseguró la ministra. Susana Muhamad, señaló que la minería ilegal también fue combatida en el páramo de Santurbán. "Donde se desmantelaron instalaciones utilizadas para procesar material acuífero. Estas operaciones simulaban legalidad mediante documentación falsa y generaban ingresos de más de 2.000 millones de pesos mensuales".Minambiente informó que en operativos se incautaron materiales contaminantes como mercurio y explosivos en la zona minera de Soto Norte en Santander. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad , anunció la extensión del plazo para participar en la consulta pública del proyecto de resolución que definirá la zona de reserva temporal de recursos naturales renovables en el Macizo de Santurbán. La nueva fecha límite para la participación ciudadana será el 10 de febrero de 2025.La decisión responde a un acuerdo logrado durante las visitas realizadas por el Ministerio de Ambiente a los municipios de Surata, California y Vetas, donde se dialogó con alcaldes, concejales y actores clave de la región, como titulares mineros, para mejorar la comunicación y facilitar un proceso de consulta transparente sobre las implicaciones de la creación de la reserva temporal.Entre las actividades programadas, se incluyen reuniones con la Secretaría de Ambiente de Bucaramanga, el comité de defensa del páramo de Santurbán y sesiones híbridas abiertas al público. También se realizarán webinars de divulgación y visitas a los municipios de Tona, Charta y Matanza. En paralelo, se acordó con la Corporación Autónoma de Bucaramanga mejorar la comunicación sobre el tema en el Consejo Directivo.
Fue a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales que se logró identificar las presuntas irregularidades en licencia ambiental Interconexión Carrieles durante la Audiencia Pública Ambiental liderada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).Según la Procuraduría, específicamente se cuestiona la participación de Juan Gonzalo Marín, contratista del Ministerio de Ambiente, quien podría estar involucrado en un conflicto de interés debido a la relación con su pareja, Lina María Velásquez, directamente vinculada al proyecto.La polémica radica en que Lina Velásquez figura como solicitante activa de la Audiencia Pública y ha participado en eventos informativos relacionados con el proyecto, lo que podría comprometer la imparcialidad de Juan Marín en representación del Ministerio.Y es que de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 1952 de 2019, los servidores públicos tienen la obligación de declararse impedidos en situaciones que pongan en riesgo su objetividad, un principio que la Procuraduría considera vulnerado en este caso.Es por esta razón que la Procuraduría solicitó al Ministerio de Ambiente designar a otro funcionario o contratista en sustitución de Marín Fuentes para la Audiencia Pública programada el próximo 30 de noviembre de 2024. Esta medida busca preservar la confianza en el proceso y asegurar que las decisiones adoptadas estén libres de cualquier tipo de sesgo o interés particular.
El proyecto de ampliación de la Autopista Norte continúa detenido tras la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de archivar la solicitud de licencia ambiental. Rodrigo Negrete, director de la ANLA, confirmó en una entrevista con Mañanas Blu que, hasta el momento, no se ha radicado una nueva solicitud, aunque el concesionario está trabajando en los ajustes necesarios.La solicitud original fue archivada debido a serias deficiencias en los estudios de impacto ambiental presentados. Negrete explicó que se identificaron problemas importantes relacionados con la conectividad ecosistémica, un aspecto esencial en una región atravesada por quebradas y humedales. "Detectamos obras hidráulicas que no garantizaban el flujo adecuado de aguas, lo que podría afectar la biodiversidad y la sostenibilidad del área", detalló el director de la ANLA.>>> Lea también: Niños pasaron la noche en sus colegios por las inundaciones en Autopista Norte de BogotáEntidades como la Secretaría Distrital de Planeación, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Empresa de Acueducto de Bogotá respaldaron la decisión de la ANLA, señalando que los estudios carecían de medidas adecuadas y no estaban alineados con los planes de ordenamiento urbano del Distrito. Otro factor relevante es la presencia de los humedales Torca y Guaymaral, reconocidos internacionalmente, cuya protección es prioritaria.El concesionario ha informado que está ajustando los estudios de impacto ambiental y tomando medidas para cumplir con las exigencias de la ANLA. Sin embargo, la nueva solicitud de licencia aún no ha sido presentada. Una vez que se radique, la ANLA tendrá 90 días hábiles para pronunciarse, aunque este plazo puede extenderse si se requieren pronunciamientos de otras autoridades o si se solicitan audiencias públicas.El Ministerio de Ambiente, liderado por Susana Muhamad, jugará un papel clave en la decisión. La ministra, experta en temas de cambio climático y biodiversidad, ha expresado su preocupación por la necesidad de mantener la conectividad y funcionalidad ambiental de la sabana de Bogotá. Negrete subrayó que la ANLA debe considerar el pronunciamiento del Ministerio, especialmente porque los humedales Torca y Guaymaral son ecosistemas estratégicos. "Minambiente tendrá que emitir un concepto que será fundamental en la valoración ambiental", explicó.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el viceministro de Ambiente, Mauricio Cabrera, y el director de la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA), Rodrigo Negrette, por posibles irregularidades al suspender el trámite de licencia ambiental para el proyecto Komodo X-1, estratégico para el suministro de hidrocarburos.Esta decisión se da tras las denuncias de posibles irregularidades en la suspensión del proceso de otorgamiento de la licencia ambiental para el proyecto de exploración de gas natural Komodo X-1, ubicado en el bloque COL-1 del mar Caribe.Según la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público, Cabrera no habría presentado pruebas suficientes que justificaran la solicitud de detener el proyecto. Además, se señala que, desde el 30 de julio de 2024, no solicitó a la Secretaría Técnica la convocatoria del Consejo Técnico Consultivo, instancia clave para la revisión y estudio del caso.En el marco de esta investigación, la Procuraduría también ha vinculado al director general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Rodrigo Elías Negrette Montes, y a la subdirectora de Evaluación de Licencias Ambientales, Ana María Llorente Valbuena.Según el Ministerio Público, Negrette Montes podría haber omitido la obligación de someter el proyecto al análisis del Consejo Técnico Consultivo, mientras que Llorente Valbuena habría suspendido el procedimiento administrativo el 26 de julio de 2024 sin justificación documentada.El propósito de la investigación es esclarecer si los funcionarios cometieron faltas disciplinarias y si actuaron amparados por alguna causal que exima su responsabilidad. Con la recolección de pruebas, la Procuraduría busca determinar la veracidad de los hechos y la existencia de posibles sanciones.
