A través de una resolución firmada el 7 de enero del 2025, y con la firma del vicepresidente de Infraestructura de la ANI, Luis Eduardo, el Gobierno confirmó que se suspende la licitación del megaproyecto APP del ferrocarril entre La Dorada y Chiriguaná, “en aras de promover la pluralidad de oferentes y la transparencia en el proceso de adjudicación de la APP”, según expresó la resolución.Entre tanto, según la ANI, la decisión se toma para evitar dar más largas a la agenda del proyecto. Sin embargo, aseguran que, si no hay empresarios con intención de invertir, el proyecto podría ser declarado como desierto. Esta suspensión se da hasta el 20 de enero del 2025.Por su parte, hay preocupación en el sector de carga, ya que este proyecto tiene como objetivo final agilizar el proceso de transporte de carga pesada interdepartamental, específicamente desde el centro del país hacia los puertos del caribe” y reducir los costos operativos.
El reciente bloqueo vial a la altura del corregimiento de Arroyo de Piedra y las manifestaciones realizadas alrededor de la caseta de cobros en Sabanagrande, Atlántico, han tenido eco en el Gobierno nacional.Puesto que, recientemente, se confirmó una reunión en el Atlántico para este viernes en la que estarán presentes directivos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Gobernación y miembros del Comité No Peaje, principales líderes de los movimientos sociales adelantados.La intención es llegar a un acuerdo para ponerle fin a las diferencias suscitadas en el último tiempo, así lo explicó el secretario de interior del Atlántico, Jose Antonio Luque en conversación con Blu Radio.“Después de las alteraciones por los paros en los peajes de Sabanagrande y en el área donde se construiría el peaje de Arroyo de Piedra, y como eso es un tema de resorte nacional, pues tendremos una reunión con presencia de directivos de la Agencia Nacional de Infraestructura, alcaldes de la jurisdicción y miembros del Comité No Más Peaje en las zonas comentadas. Esa cita está prevista para el próximo viernes a las 10:00 de la mañana en Sabanagrande”, mencionó el funcionario.Es precisamente en ese peaje, ubicado en Sabanagrande, en el que se contabilizan tres días sin hacer efectivos los cobros por tener las talanqueras levantadas, algo que según Jose Antonio Luque es una acción no autorizada protagonizada por miembros del comité No Más Peaje, sabiendo que no hay una autorización directa de la ANI o el Ministerio del Transporte para hacerlo.En contraparte, el secretario de Interior atlanticense mencionó que la posición de la comunidad es clara. Decretar la liquidación de la concesión Autopistas del Caribe por no cumplir con los plazos establecidos para el cierre financiero del proyecto.Ruben Llanos, miembro del mencionado comité No Más Peaje, declaró que seguirán firmes en su posición, pese a haber concretado esta cita con directivos de la ANI. De no ser escuchados, se negarán a frenar sus manifestaciones.“De ser así seguiremos en las calles, no hay más nada que decir o indicar. Estamos demostrando que no podemos pasar 35 años esperando que la concesión consiga el cierre financiero. Es imposible y pasa los límites de cualquier ordenamiento legal”, sostuvo.Llanos también advirtió que de reiniciarse las labores de instalación para el peaje en Arroyo de Piedra, la comunidad volvería a cerrar las vías de acceso a este corregimiento.
El Gobierno logró un acuerdo con seis concesionarias viales para congelar el aumento en los precios de los peajes durante seis meses y solo subir una parte del porcentaje, a pesar de haber firmado los contratos en 2014.El acuerdo prevé que se congelará el aumento en las estaciones de: Fusca - Chía, a la salida de Bogotá; Los Andes, Unisabana, en la Autopista Norte de Bogotá; El Placer, vía Rumichaca–Pasto, en Nariño; Cisneros, en Antioquia; Carmen de Bolívar, concesión Puerta El Hierro; la Autopista al Mar, noroccidente antioqueño y Transversal del Sisga–Machetá, en Cundinamarca.Francisco Ospina, presidente de la Agencia Nacional de infraestructura (ANI), habló al respecto en Mañanas Blu con Camila Zuluaga. Según explicó, la definición de este aumento se basa en dos indicadores principales: el IPC del año anterior y algunos acuerdos contractuales específicos para ciertos proyectos.Existen procesos y condiciones que determinan cómo y cuándo se realizan estos ajustes. En ese sentido, Ospina aclaró que los incrementos no son producto de prácticas negligentes por parte de los concesionarios.Por el contrario, se acordaron en un marco legal y son necesarios para asegurar la financiación de los proyectos de infraestructura, según dijo."En los contratos está dispuesto que en el año inmediatamente posterior se hace un incremento natural, un incremento contractual del valor del IPC. Por otro lado, solo algunos proyectos, algunos contratos y para algunos peajes han dispuesto unos incrementos contractuales requeridos para hacer los cierres financieros de los diferentes proyectos”, detalló.“Entonces, si bien a cabo una autorización del Ministerio de Transporte para un incremento de actualización del IPC, hubo otros proyectos dentro de la legalidad, conforme lo acordado en los años 2014-2015", añadió.Así será el incremento"Un incremento de 2.8 % el 1 de enero para algunos proyectos. Para otros proyectos este incremento fue del 4.64 % y esa diferencia entre el 2.8 y 4.64, para esos proyectos que no se incrementaron, será el primero de abril. En conclusión, serán dos incrementos", precisó.Esto ha generado confusión entre los ciudadanos, quienes sienten que están pagando tarifas excesivas en comparación con otros países de la región.Según los datos presentados, el país ha mantenido un enfoque donde los usuarios de las carreteras son responsables por el mantenimiento y desarrollo de las vías. Aunque el aumento se considera necesario y legal, la ANI también busca alternativas para gestionar la carga a los usuarios, evitando incrementos desmedidos.
A los transportadores de pasajeros de Antioquia ya se les volvió una amarga fiesta la ida y vuelta al Suroeste, pues mientras aumentan los pasajeros a esa zona altamente turística, el tramo hacia el peaje de Amagá genera un embotellamiento que resulta en horas de trancones.La petición de que se habiliten las ocho casetas con las que cuenta el peaje ha sido reiterativa hacia la concesión Pacífico 1, pero la solución no estaría a la vuelta de la esquina, sino que tardaría por lo menos seis meses.Juan Pablo Acosta, director ejecutivo de Utrans, señaló que los trancones no son solo en fin de semana de alta afluencia de vehículos como este puente de Reyes, también cada ocho días, generando hasta dos horas de retraso."La operación en muchos momentos se nos vuelve un poco compleja para operar y hace que, pues no sean tan efectivas la atención a nuestros usuarios. Muchas empresas han dispuesto más vehículos para poder ser más efectivos y poder darle solución, pero los trancones son efectivamente muy largos."Por su parte, la Gobernación de Antioquia le solicitó al Invías y a la Agencia Nacional de Infraestructura que actúe ante esta problemática, que según el secretario Horacio Gallón lleva más de cinco años, en este tramo entre el intercambio Primavera hasta el peaje de Amagá."Requerimos que la ANI, el envías tomen la decisión pronta de ampliar, ese peaje a las 8 casetas con los que está diseñado. Lamentablemente, hemos tenido que padecer durante más de 5 años ese trancón por el embotellamiento cuando llegamos de doble calzada a una calzada."La concesión Pacífico 1 indicó que dispondrá de más personal para agilizar el recaudo del peaje. Además, el Ministerio de Transporte y la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia estarán atentos a autorizar la unidireccionalidad en sentido Suroeste – Valle de Aburrá o viceversa, en cualquier momento, de acuerdo al flujo de vehículos, como por ejemplo este puente festivo.
En la página del Ministerio de Transporte ya está publicado el proyecto de resolución para el aumento en los precios de los más de 100 peajes pertenecientes a Invías y la ANI, que tendrían un incremento del 4,64 %. Esto mismo lo había anunciado la ministra, María Constanza García, para completar el monto de la inflación del 2023.Cabe recordar, que el entonces ministro de hacienda, Ricardo Bonilla, mencionó que había una posibilidad para que el aumento de los peajes se hiciera en enero del 2025, más no en el cierre del año 2024. Sin embargo, con el proyecto de resolución, se buscaría que antes del 31 de diciembre se haga el ajuste respectivo del 4,64 % con el que las concesiones tendrían más ingresos para el mantenimiento de las vías de la ANI e Invías.“Artículo 1o: Incrementar, a partir del 31 de diciembre de 2024, el porcentaje restante para completar el 9,28 % correspondiente al IPC registrado en el año 2023, las tarifas de peaje aplicables a los vehículos que transiten por el territorio nacional por las estaciones a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)", menciona el proyecto de resolución del Ministerio de Transporte.Entre tanto, el Ministerio de Transporte no confirma si para el primer semestre el 2025 se haría otro incremento en el costo de los peajes, ya que las posiciones están divididas entre la cartera de transporte y la cartera de hacienda y crédito público.
Desde las 6:00 de la mañana de este lunes, habitantes de municipios ubicados en la banda oriental del Atlántico se encuentran apostados en el peaje de Sabanagrande, donde levantaron las talanqueras para que los vehículos pasen sin pagar.Esta es una protesta que se viene dando desde el pasado 6 de diciembre con la que la comunidad está pidiendo el "desmonte total" y la liquidación del contrato Autopistas del Caribe.“Llevamos prácticamente 15 días en alzamiento de talanquera ininterrumpidamente hasta que llegue el día 21 de enero y el Gobierno nacional declare la liquidación del contrato ‘autopista trocha Caribe’, para ver de qué está hecho el gobierno del cambio”, dijo Rubén Llanos, líder del comité no al peaje.La concesión Autopistas del Caribe, a través de un comunicado, esclareció que el contrato de concesión se encuentra vigente desde el año 2021 y que los recursos recaudados en las estaciones de peaje son esenciales para financiar una inversión de $4,3 billones destinada al mantenimiento y construcción de infraestructura importante en Atlántico y Bolívar. Esto incluye conexiones estratégicas como el Canal del Dique, el aeropuerto de Bayunca y otros megaproyectos clave para la región.Hace un llamado urgente a las autoridades departamentales y locales para que actúen con firmeza en la protección del orden público y garanticen la seguridad de nuestros colaboradores y usuarios. Es inaceptable que estas situaciones se perpetúen, comprometiendo no solo la operatividad de las vías sino también el bienestar de miles de personas que dependen de este proyecto para su movilidad y desarrollo económico”, se lee en el comunicado.
Hay buenas noticias para la ampliación de la Autonorte desde la calle 193 hasta la calle 245 y por la Carrera Séptima entre calles 201 y 245, y la primera con Sopó, pues la ANI confirmó que ya fue radicada la solicitud para la licencia ambiental de la obra llamaba Accesos Norte fase II.Entre los detalles ambientales del proyecto se destaca que en las Unidades Funcionales 1 a las 5 estaría contemplado un proyecto de conectividad hídrica y ecosistémica en la que se implementaría un plan de manejo ambiéntelas en los humedales Torca y Guaymaral con el que se haría la compensación de 98 hectáreas perdidas de biodiversidad.Entre tanto, también se confirmó que habré una construcción de cinco pasos de fauna que estarían alineados al Manuela de Pasos de Fauna y el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad, en el que también se tiene contemplado el uso de materiales “amigables” con el ecosistema.Cabe recordar que este proyecto estaba archivado por múltiples conflictos con las Anla por el proyecto presentado anteriormente en el que presuntamente faltaban algunos puntos claves de manejo ambiental.La ANI confirma que el proyecto de quinta generación tendrá una extensión de 17,96 kilómetros y una inversión de 1,7 billones de pesos con el que se busca descongestionar la entrada y salida de la capital hacia los municipios de Sabana Centro.
La ministra de Transporte, María Constanza García, explicó en entrevista en Mañanas Blu cómo se llevarán a cabo los próximos incrementos en las tarifas de peajes, una decisión que podría representar un golpe al bolsillo de muchos conductores en Colombia.Cómo subirá el precio de peajes en 2025La ministra anunció que se llevarán a cabo dos incrementos distintos. El primero será del 4.64 %, que entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2025, ajuste que es el resultado de la regulación del IPC correspondiente al año 2024. Además, se anticipa otro ajuste basado en el IPC de 2024, que se prevé estará cerca del 5.5 %. Según García, "a 31 de diciembre de 2024 deben estar normalizadas las tarifas", cumpliendo así con las directrices del decreto 050.Cómo afectará incremento de peajesEl tema del incremento ha cobrado relevancia tras el congelamiento de tarifas, donde reconoció que se tomó la medida para controlar una inflación que alcanzó el 13.12 %. La ministra defendió la decisión, afirmando que fue una manera de mitigar el impacto inflacionario sobre la población. "El congelamiento de las tarifas fue una medida antiinflacionaria necesaria en su momento", sentenció.La ministra también fue cuestionada sobre el hueco fiscal generado por esta medida. Reveló que el Gobierno tuvo que hacer una adición al presupuesto de la ANI de 500.000 millones de pesos para cubrir los costos derivados de la congelación de tarifas.Si se suman ambos incrementos, los usuarios podrían experimentar un alza total cercana al 10 % en sus gastos de transporte. La ministra ha afirmado que esta normalización es fundamental para restablecer el equilibrio en el sistema de tarifas, asegurando que la inflación ha sido controlada en los últimos meses.Voces críticasSin embargo, surgen voces críticas que cuestionan la decisión de congelar las tarifas en primer lugar. "De algún lado tenía que salir la plata, porque la gente se ahorró ese incremento pendiente o esos incrementos pendientes en los peajes, los usuarios, los dueños de vehículos. Pero esa plata salió de otro lado, del presupuesto general de la nación para pagarles a los concesionarios o si no se ponían en riesgo, los cierres financieros de estas obras de infraestructura", comentó el periodista económico Victor Grosso.
La audiencia de acusación contra Andrés Torres, Camilo Mendoza y Jaime López, exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) vinculados a irregularidades en la licitación del tramo Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol II, volvió a aplazarse. La juez 62 penal del circuito de Bogotá criticó duramente las constantes dilaciones por parte de la defensa, señalando que estas han impedido avanzar en el proceso durante más de seis meses.“Llevamos seis meses tratando de hacer la audiencia de acusación”, afirmó la jueza, quien además hizo un llamado a los abogados para que cesen las excusas. Durante la diligencia, convocada para que la Fiscalía presentara el escrito de acusación por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, la defensa de los imputados solicitó un nuevo aplazamiento, argumentando conflictos de agenda.Uno de los abogados justificó su solicitud diciendo: “Mi cliente me ha contratado a mí, y no considero adecuado obligarlo a cambiar de abogado por cumplir una fecha específica”. Sin embargo, la jueza respondió tajantemente: “No quiero escuchar más excusas (…) no quiero escuchar que ninguno viene preparado”.Este nuevo aplazamiento posterga la audiencia para el próximo 27 de enero luego de que no se lograra concertar una nueva diligencia antes del cierre de este año.Cabe mencionar que ante la serie de retrasos de la investigación, la Fiscalía reestructuró el equipo a cargo de la corrupción ligada a la multinacional brasileña Odebrecht este año.
En un ambiente tenso y en medio de serias advertencias de protesta por parte de las comunidades de Atlántico y Bolívar, la Concesión Autopistas del Caribe comenzó a socializar a estas poblaciones el proyecto con el que busca instalar un nuevo peaje en la vía La Cordialidad, a la altura del corregimiento de Arroyo de Piedra, jurisdicción del municipio de Luruaco.La concesión está intentando demostrarle a la ciudadanía “los alcances y beneficios de la caseta”, sin embargo, el sentir del pueblo es que no quieren su instalación pues no se ha llegado a una negociación con los pobladores de los municipios cercanos."Hay un buen grupo aquí en la socialización, mostrando su rechazo. Ellos (la concesión) pueden socializar todo lo que quieran, porque están en su libre derecho, pero aquí nadie viene a negociar, acá todos al unísono estamos diciendo no a la construcción de la caseta de peaje", expresó el abogado Enildo Altamar, vocero del comité no al peaje.Es tal el inconformismos que los habitantes de los municipios de Sabanagrande, Repelón, Luruaco y sus corregimientos, además de moradores de Turbaco, Bolívar, habían contemplado la idea de hacer un paro en el kilómetro 78 de la vía La Cordialidad, entre Molinero y Arroyo de Piedra, en rechazo a la instalación de un peaje en este punto.La comunidad insiste en que este peaje afectará la economía de las poblaciones cercanas y que por eso hace 9 años están en la lucha para impedir que se ubique la caseta en este sector. Advierten que están dispuestos a irse a un cierre indefinido de la vía el día en que inicie la instalación de la primera piedra de la obra.
