La ministra de justicia, Ángela María Buitrago, se suma a la tesis del presidente Gustavo Petro sobre los vacíos que tendría el informe de la ONU sobre cultivos y producción de coca en el país. Dice la ministra que las cifras no son coherentes con la realidad de lo que se incautó y por ende se evitó que saliera del territorio, menciona también que faltan explicaciones y contexto y por eso aseguró que en 2 reuniones que se ha tenido con la oficina de naciones unidas contra la droga y el delito el Gobierno presentó 21 preguntas para que se especifiquen varios temas de dicho informe.“El informe de la UNDOC no tiene en cuenta ni incautaciones ni destrucciones de laboratorios, ni destrucciones de base, ni destrucciones de clorhidrato. ¿Qué significa que haya un nivel tan alto en incautaciones y destrucciones? Que ese material nunca salió. Para poder llegar a esa conclusión del potencial, que vuelvo y digo no es real porque no hubo ninguna verificación en ese tema, tendrían que haber descontado lo que realmente incautó, destruyó y generó”.Este pronunciamiento se da luego de conocerse el reporte anual de la oficina de naciones unidas contra la droga y el delito que reveló que la producción de cocaína en Colombia se disparó 53 % en 2023, pero además también se disparó la productividad. El presidente Gustavo Petro ya había asegurado que tenía dudas sobre dicho informe asegurando que no ha observado ningún cultivo en el mundo que duplique su productividad en un año.“Es decir que la misma área sembrada produce el doble en el 2022 que en el 2023. Solo dejo que son dudas”, puntualizó el mandatario.
Luego de la fuerte polémica que generó el artículo 7° del proyecto de ley de reforma judicial que establecía una reducción de pena a los violadores, abusadores y agresores de menores que se acojan a un principio de oportunidad o preacuerdo con la Fiscalía, los ponentes anunciaron que se logró un acuerdo para su eliminación, así lo confirmó el coordinador ponente y presidente de la Comisión Primera, Ariel Ávila.“Son siete los temas que contempla la reforma a la justicia, y tenemos un acuerdo al interior de la coordinación de ponentes en el sentido de eliminar el artículo séptimo que pretendía conceder ciertos beneficios bajo precisos parámetros de colaboración o allanamiento cargos o lo que han llamado rebaja de penas frente a delitos atroces contra menores”, señaló el ponente y vicepresidente de la Comisión Primera, Carlos Fernando Motoa.Entre los otros cambios en la ponencia que del proyecto que reforma aspectos del sistema penal acusatorio, están la modificación del concepto de “reparación integral” por “indemnización integral” a la víctima para acceder a la extinción de la acción penal, se determina el monto con el cual la víctima se sentirá reparada que será de común acuerdo o por dictamen de perito.Además, se establece que no puede aplicarse en el caso de un reincidente durante los cinco años anteriores; se modifica el hecho de que la prueba anticipada será aplicable si se aporta información para desarticulación de bandas o delincuencia organizada hasta antes de iniciar la audiencia de juzgamiento y cuando el procesado se compromete a servir como testigo contra los demás procesados, en concordancia con la prueba anticipada; se deroga el parágrafo que obligaba a que el principio de oportunidad debiera ser autorizado por el Fiscal General de la Nación, entre otros.La Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, reaccionó señalando que es importante entender que lo que se pretende con el proyecto es que haya justicia, eficiencia y agilidad.“Entendemos que en la discusión y en la construcción colectiva, hay cosas en donde efectivamente podemos disponer, ceder algunos de los artículos, construyendo y entendiendo que la reforma también apunta a otros elementos importantes. Los ponentes entendieron las razones jurídicas que se daban para este tema, creemos que la cesión de ese artículo tiene unos componentes significativos en la discusión y en el diálogo, y desde ahí también queremos seguir construyendo en colectivo y en camino de lo que también la gente y la opinión nos dicen”, agregó la ministra Buitrago.
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, defendió y explicó la propuesta de reducción de pena a quienes reconozcan que cometieron delitos sexuales contra menores de edad, manifestando que buscan reducir la impunidad en casos donde no se logran presentar las pruebas necesarias y los acusados quedan en libertad.La propuesta, que está en la reforma a la justicia, ha generado polémica en algunos sectores que manifiestan que esto sería un retroceso en los avances que ha tenido el país frente a las penas que pagan las personas que cometen delitos sexuales contra menores de edad.La jefe de la cartera de Justicia informó que esto no significaría que los acusados no paguen penas, al contrario, sería una medida que ayude a dar celeridad a casos que no han tenido conclusión por falta de pruebas.Para concluir, destacó que después de condenados, bajo el amparo de la ley de protección del menor, los abusadores no podrán recibir nuevas reducciones de penas o alguna clase de beneficios
En medio del debate sobre la reforma a la justicia, una de las propuestas que más controversia ha generado es la modificación del principio de oportunidad, una figura clave en el sistema penal. Este principio permite suspender, interrumpir o desistir de la acción penal en determinados casos a cambio de la cooperación del investigado con las autoridades.La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en una entrevista en Mañanas Blu, aclaró el alcance de esta medida dentro de la reforma y responder a las críticas que han surgido.El alcance de la reformaBuitrago subrayó que la reforma busca fortalecer el sistema de justicia y mejorar la eficiencia en la administración de casos penales.“El principio de oportunidad no desaparecerá, pero sí se ajustará para evitar abusos y garantizar que solo se aplique en situaciones donde realmente aporte a la justicia”, explicó la ministra. Esta declaración surge en respuesta a las preocupaciones de que el uso excesivo de esta figura podría llevar a la impunidad, especialmente en casos de corrupción o delitos graves.Según la ministra, actualmente hay un vacío en el control de la aplicación del principio, lo que ha permitido que algunos acusados lo utilicen como una estrategia para eludir condenas.“Es necesario regularlo de forma más estricta para que no se convierta en un mecanismo de escape para quienes deben enfrentar la justicia”, añadió.Críticas y polémicaLa propuesta de reforma no ha sido bien recibida por todos los sectores. Algunos juristas y políticos han manifestado que los cambios al principio de oportunidad podrían debilitar la cooperación en investigaciones complejas, como las relacionadas con el crimen organizado. Temen que los nuevos controles desincentiven a los implicados en estos casos de colaborar con las autoridades, afectando así la resolución de investigaciones clave.¿Qué cambiaría en el principio de oportunidad?El principal cambio que la reforma propone es limitar el alcance del principio de oportunidad en casos que involucren delitos graves, especialmente aquellos relacionados con corrupción, narcotráfico y violencia sexual.“No podemos permitir que quienes han cometido delitos de alto impacto utilicen este mecanismo como una vía rápida para evadir sanciones”, explicó la ministra Buitrago. Además, según dijo, la reforma busca incrementar la supervisión judicial y establecer criterios más estrictos para conceder estos beneficios. El Gobierno también plantea introducir un sistema más riguroso de seguimiento a quienes se acogen al principio de oportunidad, para garantizar que cumplan con los compromisos de colaboración y reparación.“La justicia no puede quedar a medias. Si un acusado colabora, debe hacerlo de manera efectiva, proporcionando información útil que permita avanzar en las investigaciones”, agregó Buitrago.El impacto en el sistema judicialLa reforma a la justicia, y en particular la modificación del principio de oportunidad se presenta en un contexto de crisis de confianza en el sistema judicial colombiano. Según datos recientes del Consejo Superior de la Judicatura, el 85% de los colombianos considera que el sistema de justicia es ineficiente, y uno de los principales problemas identificados es la falta de celeridad en los procesos penales. La ministra Buitrago confía en que la reforma ayudará a cambiar esta percepción.“Este es un paso necesario para restaurar la confianza en nuestras instituciones y asegurar que la justicia se aplique de manera equitativa y eficiente”, afirmó.
Desde Acacías, Meta, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, manifestó que el texto de la reforma que espera presentar en el Congreso aún necesita ajustes importantes. Aunque se ha promocionado como uno de los grandes proyectos del Gobierno, la reforma sigue sin ser presentada oficialmente, mientras avanzan otras propuestas como la reforma laboral y la de salud.Tras la salida del exministro Néstor Osuna, la presentación de esta reforma ha estado en pausa. Sin embargo, la ministra Buitrago espera que el documento pueda ser llevado al Congreso antes de que termine el año. Según la funcionaria, la próxima semana será clave para cumplir con este objetivo, aunque aún hay aspectos por afinar.“Le faltan muchas cosas porque cuando hablas de una reforma a la justicia, lo que siempre he dicho es: ¿qué es lo que vas a regular?”, explicó Buitrago durante su intervención en el evento en Acacías. Uno de los mayores desafíos, según la ministra, es que no se puede reformar el sistema carcelario sin tocar aspectos esenciales del derecho penal. “Cualquier cambio en un artículo puede generar una desarmonía en el sistema penal que puede ser más perjudicial que beneficioso”, advirtió.El enfoque de esta reforma estará centrado en el modelo de justicia premial, que busca agilizar ciertos procesos judiciales y, como novedad, facilitar la aplicación de principios de oportunidad. No obstante, uno de los puntos más controversiales es que esos beneficios podrían otorgarse a personas condenadas por delitos relacionados con menores de edad, lo que ha despertado críticas en diferentes sectores.Buitrago también destacó la importancia de que todos los elementos de la reforma estén en armonía antes de proceder con su trámite en el Congreso, indicando que la falta de esa coherencia podría traer más problemas que soluciones para el sistema de justicia en el país.
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, fue enfática en que quienes cometen delitos de corrupción no deben disfrutar de condiciones más favorables que otros reclusos. Sus declaraciones surgieron durante el lanzamiento del programa Renacer, un plan integral de resocialización para los internos, en la cárcel y penitenciaría de media seguridad Acacías, ubicada en el departamento del Meta.En su intervención, la ministra destacó que hay personas privadas de la libertad que, pese a haber tenido múltiples oportunidades de desarrollo profesional, como estudios avanzados o maestrías, reinciden en actos delictivos, especialmente aquellos relacionados con la defraudación de recursos públicos. Según Buitrago, esta situación refleja fallas en el sistema penitenciario que deben ser revisadas para entender qué aspectos están funcionando bien y cuáles necesitan ser corregidos.Para la titular de la cartera de Justicia, es fundamental que dentro de los centros carcelarios prevalezca la equidad. En ese sentido, señaló que los delincuentes de cuello blanco, que han sido responsables de graves actos de corrupción, no deben recibir un trato diferente al de los demás reclusos. Es decir, todos los privados de la libertad, sin importar la naturaleza de sus delitos, deben tener acceso a las mismas condiciones de detención y derechos, evitando cualquier tipo de preferencia.La ministra también recalcó la importancia de aplicar los principios de democracia dentro de las cárceles. En su opinión, el manejo adecuado y equitativo de los derechos de los internos no solo es una forma de avanzar en la lucha contra la corrupción dentro de estos espacios, sino también una manera de evitar que siga perpetuándose. Buitrago señaló que las preferencias, lejos de ser justas, son un indicio de corrupción y afectan los esfuerzos por construir un sistema penitenciario más transparente y justo.
Aunque no dio mayor detalle, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, se refirió a la mesa de diálogos de paz que instaló el Gobierno con el Clan del Golfo. Según la alta funcionaria, apenas se acaba de abrir y las solicitudes que se hagan bajo el marco de la misma, como el levantamiento de órdenes de captura contra los principales cabecillas de esa organización criminal, es una muestra de voluntad de paz.Sin embargo, mencionó la jefe de la cartera que, en caso de que no se llegue a ningún acuerdo en esas negociaciones, el camino a seguir es claro. Agregó además que aún no hay notificación por parte de la Fiscalía para levantar órdenes de captura.“Frente al tema de sometimiento, la mesa se acaba de abrir, de sentar. Las solicitudes que se hacen bajo el marco de la paz total, es importante entender que todos tenemos que poner un grano de arena para ver cuáles son los consensos, si no hay acuerdos el camino está claro”, indicó la ministra Buitrago.Aunque se decretó la conversación con el Clan del Golfo por orden del presidente, indica la ministra que, aunque los diálogos son importantes, también es indispensable que se respeten las obligaciones que se adquieren para que los grupos, como ya se ha visto, no incumplan, hechos que han llevado a tomar decisiones.
En medio del remezón ministerial del gabinete del presidente Gustavo Petro, uno de los jefes de cartera que salió de su cargo fue el ministro de Justicia, Néstor Osuna, que será remplazado por la abogada penalista Ángela María Buitrago. "Le agradezco al ministro Osuna su inmensa colaboración con nuestro Gobierno. Un verdadero jurista progresista. Nos acompañará ahora la doctora Angela María Buitrago", escribió el presidente en su cuenta de X.Buitrago fue una de las candidatas que presentó Petro en la terna para elegir a la nueva fiscal general de Colombia junto a Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo; esta última acabó siendo la elegida para el cargo. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la nueva ministra, quien aún no se ha posesionado en su cargo, entregó detalles sobre las expectativas en la cartera y el proceso de empalme con el ministro saliente.En ese sentido, la ministra entrante reconoció los problemas dentro del sistema penitenciario, el manejo de drogas y el sistema mismo de justicia, la posibilidad de una reforma a la justicia y los puntos principales que podrían ser abordados en dicha reforma. Destacó la importancia de generar consensos en beneficio de la justicia y enfatizó en la necesidad de buscar soluciones que realmente impacten el sistema. “Colombia no puede llegar a la paz si no hay justicia", dijo sobre la alta impunidad en Colombia; señaló que es fundamental para lograr la paz en el país. Finalmente enfatizó en que la justicia es una decisión de Estado y se muestra confianza en que el Congreso entiende la importancia de los cambios. "Creo que el Congreso es consciente de que el país necesita una salida. En un país que quiera cambios tiene que haber consensos de todo el mundo en beneficio de la justicia", dijo. Ángela María Buitrago La futura ministra es abogada de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca (España) y en Ciencias Criminológicas del Externado.En 2008 ocupó el cargo de fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia donde lideró casos como el de la toma del Palacio de Justicia. También ha ejercido como abogada Litigante y perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).Igualmente ha trabajado como consultora de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de Naciones Unidas y como docente del Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos (Cesjul).Escuche aquí la entrevista:
En diálogo con Néstor Morales en Mañanas Blu, Ángela María Buitrago, la nueva ministra de Justicia designada por el presidente Gustavo Petro, ofreció un detallado panorama sobre sus expectativas y planes para el sector justicia. Aunque aún no se ha posesionado formalmente, Buitrago reveló ya está en proceso de empalme con el ministro saliente, Néstor Osuna.La Asamblea Constituyente y la Constitución de 1991Respecto a la posible convocatoria de una Asamblea Constituyente, Buitrago manifestó su cautela. Aunque reconoció haber escuchado la propuesta del presidente Petro, sostuvo que la Constitución de 1991 ya ofrece las formas adecuadas para abordar los cambios necesarios."El tema de la Asamblea Constituyente yo creo que ya está resuelto por la misma Constitución. Esperaré a ver si hablando con él (el presidente) entiendo el elemento y pues después les contaré", comentó.Crisis del sistema penal acusatorioEn la conversación, también se abordó la crisis del sistema penal, destacada por el profesor Alfonso Gómez Méndez, quien criticó la transición del sistema inquisitorio al acusatorio. Buitrago señaló que, a pesar de los problemas inherentes a cualquier sistema, hay diversas propuestas en la comisión de justicia para mejorar el sistema penal actual. "Ningún sistema funciona al 100%. Lo mismo pasó con el sistema inquisitivo, pero también hubo uno mixto que tampoco funcionó", explicó.Buitrago destacó la multiplicidad de retos que enfrenta al asumir el cargo, subrayando la necesidad de abordar diversos tópicos esenciales para la funcionalidad del sistema de justicia.La ministra, con una larga trayectoria en el sistema judicial desde la década de los 80, enfatizó su compromiso de "aportar y servir para que funcionen algunas cosas" y detectar los problemas fundamentales en otras áreas.Impunidad y reforma a la justiciaUno de los puntos críticos abordados durante la entrevista fue la alta tasa de impunidad en Colombia, que ronda el 95-96%. Este tema, junto con la reforma a la justicia impulsada por el presidente Petro y el exministro Osuna, es una de las prioridades de Buitrago. Según la ministra, los principales ejes de la reforma incluyen los principios de oportunidad, mecanismos de desahogo del sistema, acceso a la justicia, y mecanismos de reparación y mediación."Hay varios puntos que se están mirando en la comisión de reforma, proyectos que están siendo discutidos por mesas en donde se ha tratado de vincular a muchas personas expertas", explicó Buitrago. Además, subrayó la importancia de la colaboración con el Congreso para implementar reformas que realmente impacten el sistema. "Las aguas tibias no nos sirven para absolutamente nada y las reformas son un desgaste muy grande", añadió.
El presidente Gustavo Petro anunció la salida del ministro de Justicia, Néstor Osuna, y confirmó el nombre de la persona que lo reemplazará. El mandatario, en el mismo posteo de X, le agradeció a Osuna su colaboración con el Gobierno y lo calificó de ser un "verdadero jurista progresista".Como jefe de la cartera de Justicia, también lo informó el presidente Petro, ahora quedará Ángela María Buitrago, quien estuvo ternada para fiscal general."Le agradezco al ministro Osuna su inmensa colaboración con nuestro Gobierno. Un verdadero jurista progresista. Nos acompañará ahora la doctora Angela Maria Buitrago", anunció el presidente Petro.>>> Lea también: Remezón en el gabinete de Gustavo Petro: salen siete ministrosÁngela María Buitrago es abogada de la universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Penal. Además, es docente en esta misma universidad. La ahora ministra Buitrago también se desempeñó como fiscal delegada para la Corte Suprema de Justicia.Velasco también dejó el Ministerio del InteriorEn la mañana del pasado 29 de junio, el presidente Petro también oficializó la salida del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en lo que es un revolcón ministerial.En dicho anuncio, el jefe de Estado afirmó que le recomendará a la persona que llegue a ese ministerio que "concrete el poder constituyente"."Hacen encuestas mentirosas para detener el poder constituyente. El próximo ministro del interior realizará los contactos necesarios para que se concrete el poder constituyente en este o en el próximo gobierno. Gracias ministro Velasco por su buen trabajo", escribió el mandatario a través de X.Velasco, también por X, le agradeció al presidente Petro por tenerlo en cuenta para el cargo: "Señor presidente, marca mi vida ser parte de un proyecto progresista y le agradezco su confianza para ayudar en este sueño colectivo, y un reconocimiento a todos los compañeros de gabinete por su solidaridad en nuestro trabajo", escribió el saliente ministro.
En la tarde de este jueves, 21 de noviembre, funcionarios de la Procuraduría adelantan una visita preventiva al Ministerio de Hacienda y al ICETEX para determinar qué está pasando con el giro de la matrícula de miles de estudiantes del país.En desarrollo...
La polémica alrededor de la sanción interpuesta al técnico de Atlético Nacional, Efraín Juárez, por presuntamente provocar a la hinchada del Deportivo Independiente Medellín en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay sigue dando de que hablar, ahora de cuenta de los inspectores de la capital de Antioquia quienes emitieron un comunicado en donde rechazan que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, haya considerado desproporcionada la sanción interpuesta por una inspectora en primera instancia.Hay que recordar que la decisión fue que el técnico mexicano deberá estar ausente de todos los estadios del país por un periodo de 36 meses y, además, le fue impuesta una multa económica 26 millones de pesos. Asimismo, según se ha podido establecer esta decisión está amparada bajo la Ley del Fútbol y es la sanción mínima que se le puede imponer a un protagonista directo de un espectáculo deportivo, en este caso el director técnico de un equipo de fútbol.Pero hay que decir que la cuestionada decisión ha causado reacciones desde varias orillas como en el Concejo de Medellín en donde el actual corporado y expresidente de Atlético Nacional, Juan Carlos De la Cuesta, solicitó que se investigue el accionar de la inspectora que, supuestamente, desconoce situaciones del fútbol."Hablar de tres años de sanción por Dios, ¿eso a quién se le ocurre? Yo sí solicito que a la mesa directiva, todo lo que tiene que ver con la política nacional de la cultura del fútbol, investiguen la actuación de esta persona que está impartiendo esta sanción, que de verdad está en todo despropósito y que aprenda por favor un poco de fútbol", denunció De la Cuesta.Ante esta petición llegaron las voces de rechazo desde los inspectores de Medellín, quienes le expresaron a Blu Radio que la decisión se tomó conforme a la ley tal y como lo aseguró la inspectora Claudia Flores, quien también manifestó que se está satanizando a los funcionarios públicos."No queremos darle ningún tipo de matiz, ni matiz de fútbol ni político. Entonces no vemos bien que se nos este satanizando o indicando que no tomamos decisiones en derecho o que son absurdas nuestras decisiones", afirmó Flores.Por su parte, otra voz de rechazo fue la de la inspectora Ana Vergara, que explicó que en las próximas horas habrá una reunión del colectivo para determinar otras acciones como, por ejemplo, una manifestación en el Centro Administrativo La Alpujarra. "Las decisiones de las autoridades de Policía deben ser respetadas y acatadas por todas las personas, incluidos el alcalde de Medellín. Para ello, las decisiones son susceptibles de los recursos", destacó la inspectora.Sin embargo, no solo la decisión de la inspectora generó polémica, puesto que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su desacuerdo y calificó la sanción como desproporcionada."Lo único que le faltó fue ese charlo de la ciudad, absurdo, claro, pueden haber sanciones, pero una sanción que me digan a mí, que quede expulsado del estadio el técnico de Nacional durante tres años, es una cosa absolutamente desmesurada, desproporcionada y que de nada contribuye a la solución", mencionó el mandatario.Precisamente estas declaraciones del mandatario podrían enredar aún más la situación, ya que según el inspector Carlos Jaramillo, Gutiérrez emitió un prejuicio que le impediría, según la ley, a la alcaldía de Medellín, en este caso a la Secretaría de Seguridad y Convivencia, dar una sanción en segunda instancia."Eso es un prejuicio y en legalidad, la ley, la ley establece que yo no puedo prejuiciar ante situaciones que a posterior voy a conocer. Eso genera un impedimento o puede ser objeto de una recusación para que nos conozcan de esa segunda instancia", manifestó Jaramillo.En este caso y si en efecto la Administración Distrital queda impedida como aseguran los inspectores, sería el Ministerio del Deporte quien entre a dar una sentencia final en contra del entrenador extranjero.Por último y como pudo conocer Blu Radio, la decisión de que todo el proceso fuera llevado hasta una Inspección de Policía habría sido tomada por el delegado de la alcaldía de Medellín en el Puesto de Mando Unificado del partido en discusión, por lo que los inspectores han evidenciado su sorpresa por las declaraciones de Gutiérrez que eventualmente complicarían mucho más el proceso contra el técnico de Atlético Nacional.
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En entrevista con Camila Zuluaga en Mañanas Blu, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), ofreció una visión crítica sobre las perspectivas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en cuanto a las negociaciones de paz con el Gobierno Nacional. Bonilla resaltó varios desafíos clave que enfrenta Colombia para lograr una paz duradera con este grupo armado.Según la experta, "la llave de la paz nunca se debe botar definitivamente", aunque advirtió que esto no implica abrir las puertas a negociaciones sin condiciones. Este tipo de enfoque, como el que se observó al inicio del actual Gobierno, podría ser contraproducente, ya que no garantizaría el control institucional sobre el país. La subdirectora destacó que "este Gobierno el ELN tuvo varios golpes como organización", lo que demuestra que su disposición a negociar está más ligada a cumplir sus demandas que a un verdadero deseo de dejar las armas.Bonilla también señaló que la guerra del ELN ha tenido un costo elevado, con un número significativo de víctimas civiles, ya que la organización busca consolidar su poder sobre los territorios en disputa. Sin embargo, destacó que el proceso de paz no ha sido lo que ha fortalecido al grupo: "Desmovilizamos un grupo, pero no somos capaces de controlar el territorio", señaló, apuntando a las debilidades institucionales en la implementación de los acuerdos.Además, la analista subrayó las fracturas internas dentro del ELN, las cuales se han profundizado por la falta de avances en los diálogos con el Gobierno. "El ELN se fortaleció en paz y en guerra, o estamos haciendo mal la paz o la guerra, o las dos", comentó, sugiriendo que el enfoque actual para tratar con este grupo no está funcionando.Finalmente, Bonilla hizo énfasis en la diferencia entre el ELN y las Farc, destacando que los ciclos de la guerra son distintos y que las herramientas usadas con las Farc no son aplicables para otros grupos armados. "En este momento ningún grupo se parece a las Farc", concluyó, reafirmando la complejidad del conflicto y la necesidad de un enfoque adaptado a cada situación.En relación a la situación política en Venezuela, Bonilla también indicó que "si ahora el Gobierno de Maduro se cae no sería para un problema en Colombia y las negociaciones, sería más un problema para el ELN". Esta declaración subraya cómo el ELN, con su presencia en la frontera colombo-venezolana, podría verse afectado por los cambios en el poder en Venezuela, afectando sus propias dinámicas y estrategias."El próximo Gobierno tiene que tener decisiones inteligentes, es importante considerar las evidencias", terminó sugiriendo Bonilla al Gobierno que sea electo como sucesor del actual, el de Gustavo Petro.
Tal y como lo había denunciado la comunidad, siete personas se encontraban retenidas en una finca de la vereda Los Trozos de Anorí, por parte de integrantes del Clan del Golfo y en las últimas horas tropas de la Brigada 14 del Ejército lograron su liberación.De acuerdo con los testimonios de los liberados, estos habían sido forzados a permanecer en allí, donde eran obligados a realizar labores de cocina para presuntos integrantes de la subestructura Jorge Mario Valle, del Clan del Golfo. A la par, más familias siguen desplazándose por los combates entre este grupo armado, las disidencias de las FARC y el ELN, en los últimos días, cifra que ya llega a las 150 que han llegado al casco urbano, por lo que las fuerzas militares mantienen la ofensiva en la zona. El coronel José Vicente Ávila Ballen, comandante de la Décima Cuarta Brigada del Ejército."Posterior a su liberación, a las personas se les brindó atención médica por parte de las tropas, verificando su estado de salud, así como el acompañamiento necesario para garantizarles la protección de sus derechos fundamentales. El Ejército Nacional continúa adelantando operaciones de esta zona del nordeste antioqueño con el fin de garantizar la protección de la población civil", manifestó.En su huida, los ilegales se llevaron tres equinos de la comunidad, exponiendo a las personas retenidas a graves riesgos, teniendo cuenta que pueden ser estigmatizadas como supuestos colaboradores de organizaciones al margen de la ley.José David Hernández Gandía, representante legal de la Asociación de Campesinos del Norte y Nordeste de Antioquia, había mostrado su preocupación por la familia retenida."Llamaba a los familiares que están acá en el municipio de Anorí y la llamada era de 20 segundos y colgaba y decía que estaba bien. Ellos están de rehenes del grupo paramilitar que se encuentra en la zona. Ya se supo por medio de un trabajador que a ellos los tienen detenidos en una vivienda", dijo en su momento.
