El Departamento Administrativo de Presidencia informó que el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, recibió amenazas de muerte en su casa a través de una corona fúnebre.La amenaza fue rechazada por el Gobierno nacional que destacó que estas amenazas “no detendrán la misión de descubrir y exponer actos de corrupción que están alejados de este Gobierno".Desde la Presidencia están llamando a la ciudadanía a apoyar esta investigación, suministrando información a las autoridades que les permitan dar con los responsables de estas amenazas.Estos hechos se dan después de que la Secretaría de Transparencia llamara a las demás entidades del estado a presentar los casos de corrupción que se hallan reportado en los últimos 6 años.El nombre de Andrés Idárraga estuvo en la lupa pública al haber sido mencionado por Olmedo López, quien afirmó que el secretario actuó como facilitador de reuniones, sin embargo, el funcionario aclaró que su única función fue ayudar a conectar a los alcaldes y gobernadores con la antigua cabeza de la Unidad de Gestión del Riesgo.
Son nueve oficiales de la Policía los que fueron llamados a calificar servicios a través de la resolución 5034 de 2024 firmada por el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Entre la lista se encuentra una coronel, seis tenientes coroneles y dos mayores de la institución.La lista la encabeza la coronel Lizeth Marina Casas, quien fue Jefe de la Oficina de Talento Humano de la Metropolitana de Bogotá y además ocupó el cargo de directora de la Escuela de Policía Rafael Reyes, la primera mujer en ocupar este cargo. También figura en el listado el teniente coronel Carlos Arley Salamanca, comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, y el teniente coronel Marcelo Ricardo Villarte, comandante de la Policía en el departamento de Arauca.Sale también de la Policía el teniente coronel Jader Llerena, quien fue el primer comandante de la Policía del Sistema Masivo de Transporte TransMilenio en Bogotá y que salió de ese cargo por un escándalo relacionado con dos patrulleros en Soacha, por lo cual le abrieron una investigación por peculado por uso y abandono de cargo. Fue llamado también a calificar servicios el teniente coronel Juan de Jesús Cristancho y el teniente coronel Julián Manrique Quiroga, este último de la Policía en Bucaramanga.Los dos mayores que también saldrán de la Policía en los próximos días son el mayor Jhon Mario Ayala, quien formó parte de la Dirección de Tránsito y Transporte en el departamento de Antioquia y el mayor Omar Leonardo Durán.“Retirar del servicio activo de la Policía Nacional por llamamiento a calificar servicios al personal de oficiales que se relaciona, a partir de la comunicación del presente acto administrativo”, indica el documento.
Billy Escobar, superintendente de Sociedades, entregó la mañana de este viernes un parte de tranquilidad frente a la estabilidad jurídica y financiera de la empresa colombo-venezolana Monómeros, luego de una visita realizada en las instalaciones de la compañía para constatar cómo se encuentra en materia societaria.Escobar, en medio del Congreso de Empresarios del Gran Caribe que sigue realizándose en Barranquilla, reveló que buscan hacer una indagación “más cercana” respecto a la intención de venta y privatización que hace casi dos semanas anunció el gobierno del presidente Nicolás Maduro, dado a que existen acreedores y trabajadores que “hay que proteger”.Así las cosas, el funcionario aseguró que aunque Monómeros “es un paciente que está en observación”, por el momento se descarta que pueda entrar en liquidación.No obstante, advirtió que si el Gobierno Petro llega a encontrar una circunstancia de gravedad que amerite un paso adicional como enviarlo a reorganización y/o liquidación, no les temblara la mano en hacerlo.“Con la misma amabilidad con la que estoy hablando, si nosotros llegamos a encontrar una circunstancia de gravedad que amerite un paso adicional, no nos temblará la mano en hacerlo. Por el momento, todo está estable”, dijo Escobar.Aunque desconoce si el presidente Gustavo Petro ha tenido acercamientos con su homólogo Nicolás Maduro para hablar de intención de venta y privatización de Monómeros, insistió en que la postura del Gobierno sigue siendo “proteger a la empresa”, sobre todo, por su componente de seguridad alimentaria para el país.Inclusive, confirmó que antes de ayer se reunió con diez trabajadores del sindicato de Monómeros y les entregó ese mismo parte de tranquilidad, asegurándoles que cualquier actuación que se haga estará “dentro del marco de legalidad”.
Un millonario robo a un carro de valores se registró en el municipio de Convención, Norte de Santander, dejando además dos policías heridos.De acuerdo con el reporte conocido, el vehículo llevaba el dinero desde el casco urbano hacia la base militar para ser extraído vía aérea. Sin embargo, en medio del recorrido terrestre, fue interceptado junto a la escolta policial que lo acompañaba. En medio de esa interceptación al vehículo, los policías fueron atacados y dos de ellos resultaron heridos, por lo que los delincuentes lograron su cometido y robaron cerca de 2.760 millones de pesos del carro que los transportaba.Incluso, en videos aficionados de los habitantes donde se registró el millonario hurto, quedaron captadas las ráfagas de disparos generadas en medio del robo.
La Corte Constitucional volvió a hacer un pronunciamiento sobre la eutanasia, en esta oportunidad, cuestionó que se exijan signos terminales o de agonía para aplicar el procedimiento y ratificó que la eutanasia ya no se limita a las enfermedades terminales.Esto, tras fallar una tutela a favor de una mujer de 66 años que enfrentaba un intenso dolor debido a un adenocarcinoma con metástasis. Ella decidió ir a que le practicaran este procedimiento tras varios tratamientos que, según la misma paciente, fueron infructuosos para tener una vida digna.La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional falló a favor de la mujer al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales a la dignidad, la vida digna y el libre desarrollo de la personalidad.El Comité Técnico-Científico de la Fundación Valle del Lili había negado su solicitud basándose en criterios contrarios a la jurisprudencia vigente, como exigir signos terminales o priorizar cuidados paliativos antes de autorizar el procedimiento.De igual manera, el alto tribunal recordó que la Sentencia C-233 de 2021 amplió el derecho a morir dignamente a personas con enfermedades graves e incurables que generan sufrimientos intensos, eliminando el requisito de estar en fase terminal.El tribunal también enfatizó que los cuidados paliativos deben ser una opción, no una condición previa para acceder a la eutanasia.“La negativa de las instituciones de salud a cumplir con estos lineamientos desconoce los efectos generales de las sentencias de constitucionalidad y vulnera los derechos de los pacientes”, dice la Corte.Incluso le hacen un llamado reiterado al Congreso de la República para que puedan avanzar en la protección del derecho a una muerte digna con el único propósito, dice la Corte, para eliminar las barreras que aún existen para el libre ejercicio de la muerte.
El riesgo en el que se encuentran los personeros de Colombia, en materia de seguridad, es uno de los principales temas que se debatió este viernes en Barranquilla durante el Primer Encuentro de Oficinas de Derecho Disciplinarios.Allí, en su discurso de apertura, la procuradora General Margarita Cabello se mostró "preocupada y triste" por el reciente asesinato del personero Jimmy Rosero, de Cumbitara (Nariño), e instó al Gobierno la urgente necesidad de brindarles a los 1.104 personeros verdaderas garantías de seguridad.“Un chaleco, un botón de seguridad o un pito no son suficientes para garantizar la seguridad de las personeras y los personeros en el país. La labor que realizan es vital para el fortalecimiento de la democracia y la protección de los derechos fundamentales, pero en muchas ocasiones termina enfrentándose a riesgos mortales”, afirmó Cabello Blanco.El pronunciamiento de la procuradora se dio minutos después del insistente llamado que hizo el personero distrital de Barranquilla, Miguel Alzate, en su calidad de presidente de la Asociación de Personería de Capitales.Alzate recordó que en estos momentos hay 110 personeros amenazados en el país y temen seguir siendo asesinados por ejercer sus funciones, como su colega de Nariño, a quien encontraron sin vida con un cartel que decía: "por sapo".Piden autonomía financieraLa procuradora Margarita Cabello fue insistente en que conviene sacar adelante "un proyecto de ley que legitime y vuelva a las personerías órganos autónomos e independientes", de modo que cada una "maneje su presupuesto y sus actuaciones no estén limitadas por el jefe de turno de cada uno de los municipios".Consideró que esto evitaría que una actuación en contra de los alcaldes de turno les implique a los personeros falta de pago o presiones en su contra.La propuesta de entrada fue respaldada por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien escuchó la petición y compartió la posición de la procuradora."Sí, vamos a aceptar el reto de presentar un proyecto de ley en ese sentido, dándole autonomía financiera y esa creo que sería la base definitiva para las 1104 personerías municipales que existen en el país", dijo Cepeda.
