Amnistía Internacional presenta este martes en el Teatro Colón de Bogotá, el informe “Transformar los dolores en derechos: Riesgos, amenazas y ataques a las mujeres buscadoras en Colombia”, que documenta la realidad que viven las mujeres que dedican su vida a buscar a las víctimas de desaparición forzada en Colombia, y la importancia de que la sociedad las reconozca y las autoridades garanticen sus derechos, ante los graves obstáculos que enfrentan al exigir verdad y justicia.En diálogo con Mañanas Blu, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, habló sobre lo que sería el informe y destacó por qué resulta ser un día crucial en materia de derechos humanos. Asegura que el principal avance que hay hoy y uno de los elementos fundamentales del informe es la aprobación de la Ley de Mujeres buscadoras, que se aprobó hace unos meses en Colombia. "Esa ley, a nuestro juicio, avanza en la dirección correcta, establece protecciones de derechos tanto para su labor de búsqueda como sus derechos económicos y sociales. También para impedir que los ataques de las que ellas son víctimas queden en la impunidad. Pero pasa todavía que es una ley muy reciente y que la implementación de la ley es lo que va a ser fundamental para ver si realmente ayuda y protege a las mujeres buscadoras de la manera que en el papel dice que lo va a hacer", señaló. El fenómeno de mujeres buscadoras en Colombia es alarmante. De acuerdo con la Comisión de la Verdad, se estima que alrededor de 210,000 personas están desaparecidas en Colombia, y muchas de ellas son buscadas por sus madres, hermanas e hijas. El informe no solo busca visibilizar esta problemática, sino también ofrecer un marco legal que ayude a proteger a estas mujeres y a restablecer sus derechos. "Es importante que se reconozca la labor de búsqueda, ya que no solo se trata de encontrar a un ser querido, sino de buscar justicia y reparación", afirmó Ana Piquer. La realidad de las madres buscadorasA menudo, estas mujeres son vistas como excesivas o exageradas en sus demandas por parte de la sociedad, lo que expone una clara misoginia en la narración. La falta de reconocimiento de su papel como defensoras de derechos humanos complica aún más su situación.
Las autoridades fallaron al no adoptar acciones para proteger a los defensores de derechos humanos que están en riesgo, razón por la cual Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado al gobierno para que tome medidas que permitan que su actividad no se convierta en algo mortal.Así se desprende del informe "Esperanza bajo riesgo: la falta de un espacio seguro para defender derechos humanos en Colombia continúa", publicado este jueves por esta organización y en el que se alerta que el Estado ha respondido de forma insuficiente en los últimos cinco años a los "graves riesgos" que enfrentan los defensores."Amnistía Internacional ha recibido innumerables denuncias de personas defensoras de derechos humanos que sufren ataques y amenazas por la labor que desempeñan", expresó la directora para las Américas de AI, Ana Piquer.Agregó que entre 2020 y 2023 han observado que "las autoridades han fallado en adoptar acciones estatales para garantizar la protección colectiva de personas que defienden los derechos humanos, en particular, quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente en distintas zonas del país"."Ante esta crisis, nuestra investigación deja clara la necesidad de una respuesta institucional fuerte, integrada y coordinada", advirtió.Cifras preocupantesAl recopiló las cifras que entidades estatales y ONG han publicado sobre los asesinatos de defensores de derechos humanos.Según el Programa Somos Defensores, por ejemplo, 199 líderes sociales fueron asesinados en 2020, 139 en 2021 y 197 en 2022.Entre tanto, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) había documentado hasta septiembre el asesinato de 127 líderes sociales y defensores de derechos humanos.En ese sentido, al relatar en su informe cinco casos de ataques y amenazas a defensores en cuatro regiones del país, uno de los cuales es el de la Federación de Pescadores Artesanales Ambientalistas y Turísticos de Santander (Fedepesan).Esta organización, que defiende los cuerpos de agua del Magdalena Medio y la forma de vida de los pescadores de las ciénagas que rodean el municipio de Barrancabermeja, en el departamento de Santander, "persiste en su defensa del ambiente en un contexto de ataques y amenazas", según el documento.Amnistía advierte que Yuly Velásquez, su presidenta, ha sido atacada por lo menos tres veces por personas armadas en los últimos años.Cierre del Gobierno de Duque y primer año de PetroManifestó que durante el cierre del Gobierno de Iván Duque, que fue presidente entre 2018 y 2022, el ejecutivo adoptó "medidas contraproducentes" para proteger a los defensores y se resistió a cumplir los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz, firmado por el Gobierno y la guerrilla de las Farc en 2016, para proteger a estas personas.Lea también: Le puede interesar:
Amnistía Internacional (AI) pidió hoy un alto el fuego inmediato con el objetivo de evitar más pérdidas de vidas y civiles y garantizar la entrada de ayuda vital en la Franja de Gaza para abordar la "catástrofe humanitaria sin precedentes" que padece el enclave palestino por los incesantes bombardeos israelíes desde el 7 de octubre."Es necesaria una acción urgente para proteger a la población civil y evitar que se alcancen nuevos niveles asombrosos de sufrimiento humano. Instamos a todos los miembros de la comunidad internacional a que se unan para exigir a todas las partes en el conflicto un alto el fuego humanitario inmediato", dijo la secretaria general de AI, Agnès Callamard, en un comunicado.En la nota, lamentó que en las dos últimas semanas y media el mundo haya sido testigo del "horror que se ha desatado a una escala inimaginable en Israel y en los Territorios Palestinos Ocupados", y consideró que "ante tal devastación y sufrimiento sin precedentes, la humanidad debe prevalecer".Al menos 7.028 palestinos han muerto y 18.484 han resultado heridos por los ataques israelíes contra la Franja de Gaza, controlada por Hamás, desde el inicio de la guerra el 7 de octubre entre Israel y el grupo islamista palestino, informó este jueves el Gobierno de Sanidad del enclave.Entre los fallecidos en la Franja hay al menos 2.913 niños, 1.709 mujeres y 397 ancianos."Es probable que la inminente ofensiva terrestre de las fuerzas israelíes en Gaza tenga consecuencias cataclísmicas para la población para la población civil de Gaza, como presagian las ominosas amenazas lanzadas por el Ejército israelí a los civiles que permanecen en el norte de Gaza", añadió el comunicado.Asimismo, la organización afirmó haber documentado "indicios de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas israelíes y Hamás y otros grupos armados", que deben ser investigados de forma independiente para "poner fin a la prolongada impunidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad".Ante estas circunstancias, con la petición del alto el fuego AI se une al relator especial sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967 y a las agencias de la ONU que trabajan en Palestina, entre otros defensores de los derechos humanos.A sus reclamaciones, AI añadió que Israel permita de inmediato el suministro sin trabas de ayuda humanitaria a la población civil de la Franja de Gaza y levante el bloqueo ilegal que mantiene sobre el enclave desde hace 16 años, y pidió a la comunidad internacional que "imponga un embargo total de armas a todas las partes en conflicto".También solicitó una investigación a la Corte Penal Internacional, la liberación de todos los rehenes por parte de Hamás y otros grupos armados, así como la liberación de los palestinos retenidos por Israel.Le podría interesar:
Amnistía Internacional (AI) pidió este viernes la investigación urgente de varios ataques del Ejército de Israel en Gaza que ha documentado y considera que pueden constituir crímenes de guerra.La organización de derechos humanos, que sigue recabando información sobre el terreno, ha dado detalles de cinco casos en los que el Estado israelí ha bombardeado objetivos "indiscriminados" sin tomar presuntamente las precauciones debidas para proteger a la población.Por este motivo, AI, que ha reunido testimonios y sometido a análisis imágenes de satélite, exige a Jerusalén en un comunicado que "ponga fin a los ataques ilegales y respete el derecho internacional humanitario".Demanda que revoque la orden de evacuación de los palestinos; acabe con el bloqueo de suministros a la Franja, que califica de "castigo colectivo"; y permita la entrada de ayuda humanitaria.También pide que permita el acceso inmediato a la Comisión Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de la ONU para que pueda recopilar pruebas y testimonios.Amnistía, dirigida por Agnès Callamard, solicita asimismo a la comunidad internacional, y en particular a los aliados de Israel Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, que "impongan un embargo de armas integral a todas las partes en conflicto".Les exige "abstenerse de cualquier declaración o acción que, aunque sea indirectamente, legitime los crímenes e infracciones de Israel en Gaza" y que presionen al Estado judío para que "levante su bloqueo ilegal de 16 años a la Franja de Gaza, que "es un crimen de guerra y un aspecto clave del sistema de apartheid de Israel".AI pide además a la fiscalía de la Corte Penal Internacional que "acelere la investigación sobre la situación de Palestina y los presuntos crímenes cometidos por todas las partes".A Hamás y otros grupos armados, les exige "poner fin de inmediato a los ataques deliberados contra civiles, al lanzamiento indiscriminado de cohetes y a la toma de rehenes", a los que "deben liberar incondicional e inmediatamente".Amnistía investigó cinco ataques israelíes contra Gaza entre el 7 y el 12 de octubre en los que supuestamente el Estado judío violó la ley, aunque dice que hay muchos más ejemplos.Asimismo, ha documentado el bombardeo el 7 de octubre de un edificio de viviendas de tres plantas en el barrio de al-Zeitoun, donde murieron quince miembros de una familia, siete de ellos niños.El 8 de octubre, un ataque aéreo israelí alcanzó el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja, matando a varios civiles, y el 9 de octubre bombardeó un mercado en el campo de refugiados de Jabalia, con la muerte de al menos 69 personas.El 10 de octubre, otro ataque aéreo mató a 12 miembros de la familia Hijazi y a cuatro de sus vecinos en la calle al-Sahaba de la ciudad de Gaza, dice AI.El mismo día, otro bombardeo alcanzó un edificio de seis plantas en Sheikh Radwan, que lo destruyó completamente y mató al menos a 40 civiles.La investigación de Amnistía halló que un miembro de Hamás residía en una de las viviendas, pero no estaba allí durante el ataque. La organización señala que "la pertenencia a un grupo político no convierte por sí mismo a un individuo en un objetivo militar"."Incluso si esa persona fuera un combatiente, su presencia en un edificio civil no convierte al edificio ni a ninguno de los residentes en un objetivo militar", dice la organización, que asegura que Jerusalén no emitió las advertencias adecuadas ni facilitó la protección de los vecinos."Con su intención declarada de usar todos los medios para destruir a Hamás, las fuerzas israelíes han mostrado un asombroso desprecio por las vidas de los civiles", declara Callamard en el comunicado."Han pulverizado calle tras calle de edificios residenciales, matando a civiles a gran escala y destruyendo infraestructura esencial, al tiempo que las restricciones impuestas significan que Gaza se está quedando rápidamente sin agua, medicinas, combustible y electricidad", añade."Durante 16 años, el bloqueo ilegal de Israel ha convertido Gaza en la prisión al aire libre más grande del mundo", dice la activista, que pide a la comunidad internacional "actuar ahora para evitar que se convierta en un cementerio gigante".Le podría interesar:
Amnistía Internacional (AI) advirtió que el número de venezolanos reconocidos como refugiados en Colombia hasta junio pasado es bajo si se compara con la cifra total de migrantes que hay en el país andino."Si bien las personas solicitantes de la condición de refugiado están protegidas contra la devolución a su país de origen, no tienen el derecho de trabajar, lo que sin duda se convierte en un obstáculo para la supervivencia de las personas con necesidad de protección internacional en el país", aseguró AI en el informe "Regularizar y Proteger: Obligaciones Internacionales de Protección de Personas Venezolanas".Según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (Plataforma R4V), Colombia es el país que alberga el mayor número de ciudadanos del país caribeño."Según la Plataforma R4V, esta población alcanzaba unas 2.477.588 personas. Sin embargo, si se tiene en cuenta la información recopilada por el Migration Policy Institute, esta cifra llegaría a 2.894.593 y representa el 40 % de las personas venezolanas refugiadas en América Latina y el Caribe y el 93 % de las personas extranjeras en Colombia", agregó el documento de AI.De ese total, apenas 47.796 personas venezolanas han realizado solicitudes de asilo entre 2016 y 2022, de las cuales sólo fueron otorgadas 1.367.Estatuto temporal de protecciónSin embargo, en 2021 fue creado el Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos (ETPV) y a él, hasta octubre de 2022, habían accedido 1.627.005 personas.Este mecanismo "ofrece una solución durable en tanto otorga a las personas venezolanas un estatus migratorio regular por 10 años, e incluso les permite luego optar por otros tipos de residencia", así como "les autoriza a trabajar y acceder a servicios de salud y educación"."Sin embargo, existe ambigüedad respecto de la protección que este programa ofrece frente a la devolución de personas venezolanas a su país de origen, donde existen riesgos para su integridad y otros derechos. Además, las exigencias documentales y limitaciones de fecha para inscribirse para el ETPV excluyeron a un gran número de personas", detalló Amnistía.La organización también lamentó las demoras en el proceso para acceder al estatuto, que son superiores a un año, y que sean rechazadas "personas que habían sido sancionadas por infracciones no penales también conocidas como medidas correctivas, previo a inscribirse al ETPV"."Causan preocupación los reportes de personas obligadas por personas funcionarias a desistir del ETPV por tener pendiente una solicitud de asilo o a la inversa, en tanto puede dejar a las personas venezolanas desprotegidas", manifestó AI.RecomendacionesAmnistía Internacional recomendó al Gobierno "garantizar el derecho de solicitar el reconocimiento de la condición de persona refugiada para todas las personas venezolanas, incluyendo el acceso efectivo y sin demoras al procedimiento".Igualmente le pidió garantías al Gobierno para que los venezolanos no sean retornados de forma forzada a su país y "respetar el principio de no devolución en todas las circunstancias".También sugirió que todos los venezolanos puedan "solicitar tanto el acceso al ETPV como al asilo y el Estado colombiano no los presente como excluyentes". Le puede interesar:
Varias ONG defensoras de los derechos humanos pidieron este lunes en una carta abierta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que la cumbre sobre Venezuela que planea acoger el mandatario esta semana ponga el foco sobre el Estado de derecho y la situación de los presos políticos en el país."Consideramos fundamental que las conversaciones de Bogotá procuren que Venezuela recorra el camino hacia el restablecimiento del Estado de derecho como elemento esencial para superar la crisis de derechos humanos que atraviesa desde hace años", dijeron las organizaciones, entre las que se encuentra Amnistía Internacional.En concreto, los grupos pidieron que las autoridades venezolanas se comprometan a luchar contra la impunidad, y valoraron el objetivo promulgado por Petro de que el país presidido por Nicolás Maduro vuelva al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (IDH).También exigieron que se establezca una hoja de ruta para liberar a las personas encarceladas "por motivos políticos". "En la actualidad se estiman alrededor de 300 personas detenidas arbitrariamente", dice la carta.Por último, las organizaciones criticaron el proyecto de ley para fiscalizar la actuación y financiación de las ONG que aprobó en enero el Parlamento venezolano, y pidieron que "estas propuestas legislativas que limitan la defensa de derechos humanos" sean "desechadas".Con todo, los grupos elogiaron la celebración de la cumbre y desearon que se convierta en "un espacio fructífero".La carta abierta la firmaron, además de Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas, la Washington Office on Latin America (WOLA), el Global Centre for the Responsibility to Protect (GCR2P) y el International Service for Human Rights (ISHR).El encuentro en Bogotá sobre Venezuela se realizará este martes, y contará con la asistencia de cancilleres o delegados de alrededor de 20 países, incluidos representantes de Estados Unidos.
Tres años después de que iniciara la pandemia de la COVID-19, América Latina sigue sufriendo las consecuencias "devastadoras": una gran recesión económica, gobiernos que no garantizan los derechos básicos y la intensificación de tácticas represivas para acallar las protestas, informó Amnistía Internacional (AI) en su informe anual sobre derechos humanos."Las autoridades no garantizaban (en 2022) el acceso de millones de personas a los derechos básicos a la alimentación, el agua y la salud, y los sistemas de atención de la salud seguían adoleciendo de una grave falta de fondos. En un contexto de recesión económica, en muchos países las autoridades intensificaron el uso de tácticas represivas para acallar la disidencia y numerosas formas de protesta", se lee en el documento, que analizó la situación de 2022 en las regiones y en los países del mundo."Los gobiernos deben tomar medidas inmediatas que aseguren la asignación del máximo posible de recursos disponibles para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones básicas mínimas en materia de derechos económicos, sociales y culturales", consideró la organización.Varios gobiernos declararon estados de excepción que dieron lugar a graves violaciones de los derechos humanos, como detenciones, juicios injustos y homicidios ilegítimos, agregó AI.Además, la represión se ejecutó usando fuerza excesiva contra quienes ejercían su derecho a protestar, sometiendo a vigilancia ilegítima y seguimiento a activistas, y atacando a periodistas.En varios países, informa el documento, activistas y movimientos sociales salieron a la calle para reclamar derechos económicos y sociales básicos, el fin de la violencia de género y la excarcelación de las personas detenidas de forma injusta, y para defender el medioambiente.Asimismo, agregó la organización, sectores de la población discriminadas como personas negras o pueblos indígenas fueron víctimas "de manera desproporcionada" de violaciones de derechos humanos, como abusos policiales y tortura y otros malos tratos en los centros de detención de personas migrantes.Por otra parte, AI aseguró que "en la región se produjeron importantes retrocesos en relación con los derechos sexuales y reproductivos" y, en varios países, las autoridades aprobaron medidas que menoscababan el acceso al aborto y prohibían la educación sexual integral.La violencia contra las mujeres y las niñas continuaba siendo generalizada, y las personas LGBTI seguían corriendo peligro. En algunos países se registró un nivel sin precedentes de asesinatos de personas transgénero.Las autoridades no protegieron a las mujeres y las niñas contra la arraigada violencia de género ni abordaron la impunidad por esos delitos."Los gobiernos de toda la región deben tomar medidas urgentes para prevenir los femicidios y feminicidios y los asesinatos de personas LGBTI, llevar a quienes sean responsables de esos crímenes ante la justicia y garantizar que se establecen garantías de no repetición", opinó AI.La impunidad, un gran problema en muchos países de América Latina, continúa arraigada. Sobre el cambio climático, AI consideró que los gobiernos no cumplieron sus compromisos relativos al cambio climático.Por último, la migración y "los nivele históricos" de personas en busca de refugio continuaron en aumento y las autoridades aplicaron "políticas regresivas que menoscababan los derechos de las personas refugiadas y migrantes y contravenían el derecho internacional", aseguró AI.Le puede interesar:
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, habló en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, sobre las votaciones en Nicaragua este fin de semana que dieron como ganador a Daniel Ortega.Rosas calificó l nueva era de ese gobierno como un “terror” para las personas que aún siguen defendiendo el país y que pone en jaque a las organizaciones defensoras de derechos humanos.“Amnistía Internacional no está en Nicaragua porque el régimen de Daniel Ortega no permite nuestra presencia, pero hemos escuchado que hubo poca afluencia en los pestos de votaciones y los que fueron, participaron por el acoso para votar por el único candidato que sabía había”.“La perspectiva de otro gobierno de Daniel Ortega es de terror. Sabemos lo que ha pasado en los últimos años de su gobierno, graves violaciones a los derechos humanos, inclusive, actos que se consideran crímenes de lesa humanidad”, añadió.La directora denunció que durante los comicios se reportaron, por lo menos, 21 detenciones de ciudadanos, incluyendo periodistas.“Detenciones arbitrarias, personas tras las rejas de manera ilegal. Se han reportado, por lo menos, 21 detenciones arbitrarias en la jornada de votaciones. Esto es de mucho terror y miedo para las personas que aún defienden este país y para las organizaciones”.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:Escuche las noticias del momento en el podcast de BLU Radio:
Amnistía Internacional (AI) ha pedido una reunión con la Premier League para hablar sobre las políticas de aceptación de dueños en la competición después de la compraventa del Newcastle United.El club inglés ha sido adquirido por un fondo saudí ligado al gobierno del país, puesto en duda por sus crímenes contra los derechos humanos como el descuartizamiento del periodista Jamal Khashoggi en la embajada saudí en Estambul.La presidenta de Amnistía Internacional en el Reino Unido, Sacha Deshmukh, ha escrito al presidente ejecutivo de la Premier, Richard Masters, pidiendo una reunión para tratar cambios en las políticas de dueños y presidentes de la competición."La forma en la que la Premier League ha permitido este acuerdo abre muchas preguntas sobre lavado de imagen en el deporte, derechos humanos e integridad en el fútbol inglés", dijo Deshmukh."¿Cómo puede estar bien que las políticas actuales de la Premier League no digan nada sobre los derechos humanos? El fútbol es un deporte global que necesita actualizar sus reglas para evitar que aquellos implicados en violaciones de los derechos humanos puedan comprar su entrada en el fútbol inglés", añadió.Según explicó la Premier League, recibió "garantías judiciales" de que Arabia Saudí no controlará el club, por lo que pudo dar luz verde a la operación.Escuche las noticias deportivas destacadas en BLU Radio:
El Secretariado Internacional de la Oficina Regional para Las Américas de Amnistía Internacional le envió una carta al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en la que manifiesta su preocupación por los perfilamientos que desde la administración estarían haciendo a activistas sociales, periodistas y algunos ciudadanos. En la carta, Amnistía Internacional asegura que, señalar a un movimiento de derechos humanos como “atacantes”, puede incrementar el riesgo al que se exponen los líderes en un país como Colombia. Lea también: No son perfilamientos, sí monitoreos: Hassan Nassar por polémico listado de personajesLa ONG hace referencia al caso puntual del movimiento Ríos Vivos, que ha defendido y se ha opuesto abiertamente al proyecto Hidroituango por sus afectaciones ambientales. “Hacemos un llamado a su gestión que tome las medidas necesarias para crear un espacio seguro para que el Movimiento Ríos Vivos pueda continuar su labor de proteger los derechos humanos, y se abstenga de tomar acciones que puedan contribuir para la estigmatización e incremento del riesgo del Movimiento”, se lee en el documento. La vocera del movimiento Ríos Vivos aseguró que "el alcalde no tiene que pagar millones de pesos para conocer nuestras denuncias" y le pidió Quintero que los escuche en una reunión.
